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Conozca los retos, las fortalezas y las debilidades del nuevo Fiscal

Con su elección como reemplazo de Viviane Morales como máxima autoridad de la Fiscalía General de la Nación, Eduardo Montealegre tiene el reto de no retroceder en los procesos contra la corrupción. Dijo que hay que rejuvenecer el Código Penal.

23 de marzo de 2012 Por: Redacción de El País y Agencias

Con su elección como reemplazo de Viviane Morales como máxima autoridad de la Fiscalía General de la Nación, Eduardo Montealegre tiene el reto de no retroceder en los procesos contra la corrupción. Dijo que hay que rejuvenecer el Código Penal.

Por 16 votos, de 23 posibles, y luego de tres rondas de votaciones, la Corte Suprema de Justicia eligió este jueves nuevo fiscal General de la Nación al expresidente de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre Lynet. Montealegre, abogado penalista, fue elegido de una terna enviada a la Corte, el pasado 13 de marzo, por el presidente Juan Manuel Santos, en la que también estaban las abogadas María Luisa Mesa y Mónica De Greiff.Le mostramos las propuestas del nuevo Fiscal General de la Nación, así como los retos, las fortalezas y las debilidades que debe enfrentar para poder hacerlas una realidad.PropuestasDefensa de los Derechos Humanos. Eduardo Montealegre propuso el diseño de una política criminal de la Fiscalía General, en coordinación con la Corte Suprema de Justicia y demás órganos del Estado. En ese sentido, Montealegre pretende plantear ante el Congreso de la República una ley estatutaria que permita la ampliación de la protección de los Derechos Humanos. “Con base en una ley estatutaria podríamos seguir avanzando en un estatuto que permita incluir las estructuras de imputación internacional”, afirmó.Reforma al Código Penal colombiano. A su juicio, el Código Penal del país tiene grandes falencias, tras señalar que no incorpora los avances del derecho penal internacional: “En materia internacional el modelo de imputación para las graves violaciones se fundamenta en un modelo de doble imputación. Es decir, que además de la perspectiva individual, de atribución de responsabilidad, se debe tener en cuenta el hecho total”.Reorientación a la Justicia transicional. Con el fin de avanzar en la protección de las víctimas, quienes, aseguró, “entran a ser uno de los protagonistas más importantes del proceso penal”.Al respecto, Montealegre insistió en que no basta con saber los autores de las violaciones a los derechos sino también el contexto en los que se dan.Los retosDe acuerdo con analistas, el nuevo fiscal General, Eduardo Montealegre, debe fortalecer el ente investigador para avanzar con idoneidad en los diferentes procesos. El nuevo fiscal entra a liderar los casos más sonados de corrupción en los últimos meses en el país, como el de Agro Ingreso Seguro, AIS, y las ‘chuzadas’ a magistrados, opositores, periodistas y defensores de DD.HH.En el caso AIS, por ejemplo, el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias ya fue acusado y está en juicio ante la Corte Suprema de Justicia, pero apenas hay una condena: la del exviceministro, Juan Camilo Salazar.También tiene pendiente el caso de las investigaciones por las ‘chuzadas’ del DAS, que a juicio de algunos analistas poco se ha avanzado, aunque el ex secretario general de la Presidencia Bernardo Moreno y la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado fueron acusados por la Corte Suprema.Asimismo continuar con las investigaciones por los ‘falsos positivos’.FortalezasSu destacada trayectoria como abogado penalista y catedrático, así como su formación académica son algunas de las fortalezas que auguran una buena gestión para Eduardo Montealegre, como nuevo titular de la Fiscalía General.A esa conclusión llegaron algunos analistas, quienes consideran que la experiencia tanto académica como profesional en el campo del Derecho Penal de Montealegre es una carta que jugará a su favor durante el período en el que permanecerá en el ente investigador.“Tiene una fuerte influencia en Derecho Penal Internacional y de allí que su discurso en la Corte Suprema de Justicia estuviera muy fundado en temas de la doctrina internacional sobre Derechos Humanos y la necesidad de asumir esa doctrina desde el punto de vista normativo en Colombia”, indicó el exvicefiscal Francisco José Sintura.Sintura también reconoce que Montealegre ha estado pendiente de los procesos de reforma a la Justicia del país y de los proyectos que ha presentado el Gobierno recientemente en esa materia.Asimismo, expertos destacan como otro punto positivo que el nuevo Fiscal conozca el sistema penal en Colombia, la estructura y forma de operar de ese ente.“El doctor Montealegre reúne plenamente los requisitos legales constitucionales, lo que le va a permitir desempeñar esta función”, aseveró el exfical Alfonso Gómez Méndez.DebilidadesLos servicios jurídicos que Montealegre le habría prestado a la cuestionada EPS Saludcoop, en el proceso por el desfalco a los dineros de la salud, es uno de los lunares con los que asumirá Montealegre la cabeza del ente acusador, según lo reveló en su momento Noticias Uno. “Ese tema es muy delicado, pero no fue considerado por la Corte, ya la decisión se tomó y le tocará a él (Montealegre) dar confianza y demostrar que ese no es un elemento que lo lleve a sesgarse en el momento de adelantar una investigación que afecte a aquellos que en un momento dado fueron clientes de él”, indicó el analista Fernando Giraldo.En cambio, para el exvicefiscal Sintura, Montealegre “es una persona que ha ejercido exitosamente la profesión de abogado” y asegura que ese mismo éxito profesional no puede ser una limitante para ejercer su cargo de Fiscal. “Para eso precisamente existen instituciones como el impedimento o la recusación”, señaló.Su cercanía con Carlos Palacino, el ex presidente de esa EPS, es vista por algunos analistas como un ‘handicap’ para la gestión de Montealegre en la Fiscalía.Otro punto en contra son sus vínculos con el actual Gobierno, del cual ha sido asesor en diferentes temas, entre ellos el proyecto de reforma a la Justicia Penal Militar, lo que le podría restar independencia a la hora de investigar posibles conductas punibles de funcionarios del Ejecutivo.

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