Congresistas del Centro Democrático señalan que las Farc han incumplido el acuerdo

El debate de control político que se desarrolló el lunes en el Senado sobre los incumplimientos de los integrantes de las extintas Farc en la implementación del Acuerdo del Teatro Colón generó un nuevo choque entre el uribismo y los defensores de la Paz.

En la sesión, la senadora citante María del Rosario Guerra dijo que “después de tres años de firmado el Acuerdo en la Habana, ni una sola víctima ha sido reparada con bienes de las Farc”.

Agregó que “a la fecha, la Sociedad de Activos Especiales, SAE, solo tiene información veraz de 196 de los 722 bienes reportados por las Farc. Si en tres años no han entregado las coordenadas, las esperanzas de que lo hagan son niñas”.

La también citante Paloma Valencia indicó que “los bienes de las Farc están inventariados en $900 mil millones, pero solo entregaron $33 mil millones”.

Además habló de la “politización” de la Jurisdicción Especial para Paz, JEP, y afirmó que algunos de sus integrantes “celebran” los ataques en contra el expresidente y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe.

Valencia también señaló que la esposa del senador del Polo Democrático Iván Cepeda está vinculada al sistema.

El primero en responder fue Cepeda, quien le pidió a Uribe no utilizar el Congreso para seguirlo atacando por el hecho de que su esposa trabaje en la JEP.

“No siga utilizando el escenario del Congreso para lidiar estos asuntos, yo sé que usted está en una situación muy difícil, este no es el escenario. Todas esas afirmaciones sobre la JEP y que la JEP hizo parte de un montaje en su contra, utilizando a la senadora Valencia, me parecen inapropiadas”.

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Por su parte, Carlos Antonio Lozada, senador por el partido Farc, dijo sentirse “anonadado” por las denuncias de las senadoras y acusó al Centro Democrático de ver con nostalgia la desaparición de esa guerrilla.

“Está demostrado que necesitan que existan las Farc como una amenaza para mantener el miedo y poder gobernar como lo han venido haciendo”, sostuvo.

Al debate estuvieron citados los ministros de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y del Interior, Alicia Arango, y fueron invitados el alto consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila; el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa; la gerente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, María Virginia Torres; el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y la presidenta de la JEP, Patricia Linares.

De acuerdo con la Gerente de la SAE, en “dinero efectivo había un ítem de $12.000 millones, pero al restar una serie de observaciones más de $9500 millones no estaban reglados, si bien estaban registrados habían sido sustraídos”.

A su turno, el consejero Archila sostuvo que por concepto de dólares y oro, que también entregaron, se tienen otros recursos.

María Virginia Torres recordó que las Farc habían hecho un inventario de entrega de bienes por $967.000 millones, que estaban reportados en inmuebles, armamento, infraestructura, semovientes, muebles, enseres, joyas, pero que entre las armas y la infraestructura eso era más del 44 % de todo el registro, sin que se pudiera monetizar por varias razones.

Explicó, además, que ese inventario era muy impreciso, porque cada frente de la extinta guerrilla entregaba una cifra sin que se pudiera
calcular.

Citó como ejemplo que se reportaron más de 300 vehículos, pero que al revisar los documentos y los mismos muchos estaban robados, otros dañados y algunos habían incautados por el Ejército.

Incluso la funcionaria señaló que, en esta última etapa, los bienes, en especial los inmuebles, no se han podido recibir porque el coronavirus ha afectado también la movilidad tanto de los exmiembros de las Farc como del personal de la SAE para identificarlos, sumado al hecho de que muchos de esos predios no están identificados en los municipios o las coordenadas que dieron sobre ellos resultaron equivocadas.