¿Cómo levantar el prestigio de la justicia?

Cambios ‘de última hora’ a la Reforma de Equilibrio de Poderes no serían la salvación, dicen analistas.

- “La justicia en Colombia cada vez que avanza un paso, retrocede diez”.

- “La justicia en este país actúa como una prostituta. Se vende al mejor postor”.

- “Qué nivel tan bajo en el que ha caído la justicia en Colombia. Qué triste y vergonzosa la honorabilidad de los magistrados”.

- “La justicia en Colombia es amañada  y falta de garantías”.

El listado de comentarios desobligantes en contra del sistema judicial del país podría llenar las páginas de este periódico. Desde que estalló el escándalo de corrupción en el que  está implicado el suspendido presidente de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, los colombianos inundan las redes sociales con expresiones de desprestigio.

Ministros, senadores, representantes a la Cámara, exfiscales y hasta magistrados piden la renuncia del hombre del que se dice recibió dinero a favor de un fallo de tutela; que utiliza sus influencias para beneficiar a terceros; que tiene haciendas en terrenos que pertenecían a campesinos y les fueron arrebatados por paramilitares y que el pasado viernes, según algunos sectores, mostró su lado más prepotente al advertir que no se irá de la Corte, a menos que sus colegas se vayan con él.

En un intento por detener la crisis, el Gobierno Nacional lanzó el pasado jueves una tabla de salvación que contiene algunas modificaciones a la Reforma de Equilibrio de Poderes, que ya contempla la eliminación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que hoy por hoy tiene  que hacerle frente a este tipo de casos.

El presidente Juan Manuel Santos, dijo entonces, que para “fortalecer y corregir nuestras falencias y permitir que el pueblo colombiano recobre su confianza en la institucionalidad”, se pondrán más requisitos para acceder al cargo de magistrado y se creará el Tribunal de Aforados para que juzgue a los magistrados, porque “nadie puede quedarse sin un juez”.

También, que en la segunda vuelta del estudio del proyecto de reforma, se incluirá la creación de  inhabilidades para acabar con la ‘puerta giratoria’ en las altas cortes. Es decir, que si alguien ya estuvo en la Corte Constitucional no podrá pasar en el siguiente periodo a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y viceversa.

“Todos los procesos de selección se harán por meritocracia. Eso tendrá un impacto muy positivo en la medida en que se dan garantías para la escogencia de las personas con los mejores procesos posibles. Así fortalecemos la justicia”, insistió el Presidente.

Pero para algunos analistas, esas medidas solo constituyen una improvisación más del Gobierno porque solo toma decisiones al ritmo de las presiones de los medios de comunicación.

El exfiscal General de la Nación, Alfonso Valpieso, considera que es fundamental que los cambios que requiere la Justicia sean abordados directamente por los fiscales, magistrados, jueces, quienes deben hacerse “un autoexámen” y a partir de medidas internas recuperar esa confianza.

Según él, que el Gobierno decida implementar reformas dentro de las instituciones no es prenda de garantía y menos, como piden algunos, que se vayan los actuales magistrados para darle paso a una nueva generación.

 “Eso de borrón y cuenta nueva no va conmigo. Cuando se revocó el  Congreso a partir de la Constituyente el país no vio mejores congresistas”, dice.

El expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández aclara que no le tiene  prejuicios a las reformas que proponga el Gobierno, pero también cree que mantener el prestigio de una institución depende más de las personas que de las normas. Dice que tal y como quedó aprobado en primer debate el equilibrio de poderes, “no va a solucionar mayor cosa”.

Además se respalda en el Artículo 375 de la Constitución Política que indica que en segunda vuelta —paso que le sigue al proyecto—  no se le pueden introducir  normas o disposiciones que no hayan  sido presentadas y discutidas en primera vuelta. Por lo que indica que el Gobierno tuvo que haber hecho una propuesta concreta desde el primer momento y no  “colgarle cosas” al documento para ajustarse a los requerimientos que hacen los periodistas a través de sus denuncias.

Para Hernández, una forma de recobrar el prestigio es quitarles a las cortes la competencia para elegir funcionarios y para hacer ternas y listas porque eso ha contribuído a politizar la justicia. 

El director del Centro de Pensamiento Liberal, Héctor Riveros, comenta que el escándalo de la Corte no pudo haber ocurrido en mejor momento. No es que lo celebre —explica— pero asegura que la actual situación  ayudó a revelar la importancia y las necesidades de un proyecto de reforma que pocos entendían.  

Mientras que el exmagistrado de las cortes Suprema de Justicia y Constitucional, Alfredo Beltrán, dice que la solución sí debe ser radical y no se soluciona cambiando las normas al paso de las emergencias que aparezcan.

Es este caso, explica, el magistrado Jorge Pretelt se mostró “desafiante y peligroso” con las declaraciones que dio el pasado viernes, por lo que  lo mejor que puede pasar  para recobrar la confianza de la Justicia colombiana es alejar  del servicio público a todas aquellas personas que estén cuestionadas.

Solicitud de las Farc

Este sábado a través de un comunicado, las Farc insistió en la necesidad de realiza una Asamblea Nacional Constituyente para realizar cambios estructurales en las instituciones de la justicia.

Pastor Álape, quien leyó el documento, sostuvo que  la corrupción en el país no solo se evidencia en escándalos como el que protagoniza el magistrado Jorge Pretelt, sino que afectan las condiciones humanitarias de miles de reclusos, así como el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos.

“Dicha degradación de la justicia atraviesa todo el sistema (…) hoy nuestra lucha transita por los caminos del diálogo hacia una salida política y planteamos la necesidad de cambiar ese orden injusto e inhumano, convocando a una Asamblea”.