Comerciantes payaneses se preparan para enfrentar decreto 1630

El pasado 8 de junio algunos representantes de los comerciantes de celulares de Popayán se reunieron en Bogotá con otras asociaciones de vendedores de celulares para analizar el decreto 1630.

El Decreto 1630del 19 de mayo de 2011, emitido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones , busca restringir la comercialización ilegal de celulares, esperando con esto disminuir el índice de robos de estos dispositivos móviles, que en el año 2010 dejó más de un millón de celulares robados.Según este decreto se establecerá la legalidad de los equipos móviles por medio de su IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil), su número único de identificación. Cuando un celular sea hurtado o extraviado, su IMEI se incluirá en una base de datos negativa; de igual forma existe una base de datos positiva en la cual se incluyen los IMEI de los celulares que se adquieran legalmente. Estas bases de datos se compartirán con otros países para evitar que los celulares hurtados o ilegales entren y salgan de nuestro país.Aunque el Gobierno Nacional asegura que con esta medida se combate la delincuencia común evitando que los celulares robados sean comercializados. Los ciudadanos y los comerciantes de celulares aseguran que esto no disminuye el robo de celulares, por el contario afecta a miles de familias colombianas que viven de este negocio.“Esta ley no va a disminuir el robo, los ladrones van a seguir haciendo de las suyas, lo que va a hacer es aumentar la informalidad, tenemos que trabajar a las escondidas y los celulares se van a seguir vendiendo por que las autopartes siguen funcionando y se compran aunque sea para repuestos. El gobierno debe adoptar otras medidas para la seguridad sin afectar al sector comercial”, asegura Marlon Benavides, comerciante de celulares de Mundo Center. Al igual que muchos otros comerciantes, Marlon considera que los programadores encontrarán muy pronto la forma de alterar dichas bases de datos, por lo tanto este decreto solo incrementará la informalidad, ya que al exigirle a cada vendedor un permiso especial proveniente del Ministerio de Comunicaciones para poder trabajar, los comerciantes trabajarán en la informalidad porque el diligenciar este permiso implica que tengan que pasar del régimen simplificado al régimen común, empezaran a facturar con IVA, dejando sus equipos celulares al mismo costo de las compañías de telefonía móvil, lo cual lleva a la monopolización de la comunicación.Según Yubier Ortiz, uno de los representantes de los comerciantes de celulares de Popayán, son más de cien vendedores, solamente en el centro histórico de la ciudad, quienes se ven afectados con el decreto 1630. Yubier asegura que hasta el momento no se les ha explicado a fondo el funcionamiento del decreto, sin embargo ellos saben las consecuencias que esto puede traer a su trabajo, por lo tanto en los últimos días se han estado reuniendo para conformar una asociación legal de vendedores de celulares en la ciudad, han buscado asesoría jurídica y han viajado hasta Bogotá para recibir el apoyo de asociaciones de vendedores de celulares de ciudades como Cali, Santa Marta, Medellín y Bogotá, y juntos hacerle el frente a este decreto que según Yubier afecta no solo a los vendedores si no también a la ciudadanía.“No estoy de acuerdo con el decreto por que uno encuentra un celular en buen estado mucho más barato con los vendedores que en las misma empresa de Comcel, y ellos le dan más garantías y le evitan los papeleos y las vueltas y no creo que disminuya el robo porque a los ladrones no les importa si el celular va a quedar sirviendo o no, ellos roban lo que sea y si no es el celular le roban a uno cualquier cosa.”, opina una de las clientes de estos comerciantes.“¿El presidente habrá pensado qué va a hacer para darnos trabajo a los miles desempleados que vamos a quedar en el país? ¿Qué va a hacer cuando reclamemos nuestro derecho al trabajo? Nosotros podríamos trabajar con telefonía celular importada, con el manifiesto de la Dian, pagaríamos la importación, la telefonía entraría legal al país y no nos puede decomisar, esa es una opción si no nos solucionan los efectos negativos de este decreto y se afectarían estas empresas porque de cierta forma, nosotros les ayudamos a vender a ellas”, asegura el señor Nelson López, otro de los vendedores del centro comercial que se encuentra preocupado por la implementación de esta ley.Hasta el momento el decreto está empezando a regir; mientras unos apuestan por la disminución de la delincuencia, otros aseguran que solamente aumentará la informalidad y el desempleo. Por su parte las empresas de telefonía móvil no dan su declaración frente a este asunto y los comerciantes se organizan para analizar la mejor forma de hacerle frente a este decreto.