Así fue la gestión de Alejandro Ordóñez al frente de la Procuraduría

Así fue la gestión de Alejandro Ordóñez al frente de la Procuraduría

Septiembre 07, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Elpaís.com.co l Colprensa

Más allá de la polémica, mientras Ordóñez estuvo al frente de la entidad, se caracterizó por la rapidez en la expedición de sanciones a los servidores públicos con rapidez.

Más allá de la polémica, Alejandro Ordóñez, como procurador general de la Nación se caracterizó en casi ocho años en el cargo por expedir sanciones a los servidores públicos con rapidez.

Prefirió el proceso verbal, caracterizado por su agilidad y así, desde 2009 hasta el 2015, sancionó a 11 senadores, 5 representantes a la Cámara, 94 gobernadores, 1627 alcaldes, 22 diputados y 1128 concejales.

Lea también: Consejo de Estado anuló reelección del procurador Alejandro Ordoñez

Ese fue el balance que Ordóñez presentó en junio de este año, cuando ya estaba cantada su salida del cargo. Solo en 2015, la entidad que dirigía recibió 107.979 quejas y denuncias, de las cuales se gestionaron 89.861 (83,2 %) y las otras fueron remitidas a otras entidades. De estas, 16.991 dieron inicio a indagación preliminar y 932 condujeron a apertura de investigación disciplinaria, tanto en el proceso ordinario como en el verbal.

Igualmente, se formularon 1632 pliegos de cargos, se impusieron sanciones a 1171 personas en primera y única instancia (entre ellos 324 servidores públicos de elección popular) y otras 690 sanciones quedaron en firme y registradas en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI).

Es así como, por ejemplo, por temas de corrupción, esta Procuraduría sancionó por el llamado ‘Carrusel de la Contratación’ a los senadores Germán Olano con destitución y quince años de inhabilidad e Iván Moreno con destitución e inhabilidad por 20 años.

Lo mismo sucedió con funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, que enfrentaron también procesos penales como Liliana Pardo e Inocencio Mélendez, y falta iniciar el proceso por estos hechos contra el exalcalde Samuel Moreno quien en su momento solo recibió una suspensión de un mes y, ahora, tres años después, afronta un pliego de cargos por presiones a la hora de hace la cesión de un contrato para la construcción de un tramo de Transmilenio en la Calle 26.

Lea también: Alejandro Ordoñez, un procurador inmerso en la polémica

Pero resaltan además sanciones de destitución e inhabilidad de doce años por irregularidades en contratación en contra del cuestionado y detenido exgobernador de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez; así como contra el alcalde de Yopal, William Celemín, por haber pagado a los funcionarios de la administración kits de masajes estéticos que se hicieron pasar como bienestar de los empleados.

Se trata de casos también no tan conocidos pero sí representativos como la destitución e inhabilidad por 15 años dictada en abril de 2013 en contra de la exalcaldesa de Maicao (Guajira) Daissy Lorena Hernández de Fernández, por gastarse los dineros de las regalías para comprar 3 mil medias veladas.

Mención aparte merece el capítulo de la ‘parapolítica’, sobre el que la gestión de Ordóñez ha sido ampliamente cuestionada.  Así, en primer lugar destituyó a los congresistas Eleonora Pineda, Rocío Arias, Dieb Maloof, Miguel de la Espriella, Álvaro García, Luis Fernando Almario, Luis Alberto Gil, Luis Eduardo Vives, Salomón Náder, Dixon Tapasco, Alfonso Riaño Castillo, Enrique Barco y Alfonso Campo.

No obstante, no pasó lo mismos con otros senadores que sí fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia por parapolítica como Álvaro Araújo (nexos con ‘Jorge 40’), Luis Humberto Gómez Gallo (Bloque Tolima), Ciro Ramírez (Bloque Central Bolívar), Eric Morris (pagar a las AUC con dinero público) y Jairo Enrique Merlano (Jorge 40), entre otros.

El largo listado, además, lo completan exfuncionarios del DAS por ‘chuzadas', militares por ‘falsos positivos’ y al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, a quien destituyó, pero pidió absolución en la Corte Suprema de Justicia. Cabe resaltar que a los también exministros Sabas Pretelt de La Vega y Diego Palacio los absolvió apenas llegó a la Procuraduría el tema de la compra de votos para aprobar la reelección de Álvaro Uribe.

Acciones contra otros actores políticos

La conjugación disciplinaria de los escándalos que arrastraba el país por el ‘Carrusel de la Contratación’, la ‘Parapolítica’ y las irregularidades y actos de corrupción de funcionarios del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, dio paso a dos nuevos focos.

El primero, el proceso contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien fue destituido e inhabilitado por quince años para el ejercicio de funciones públicas por el cambio de esquema en la recolección de basuras de la capital, en un proceso que generó un abierto enfrentamiento político.

El último periodo de su gestión se caracterizó por las investigaciones disciplinarias hacia altos funcionarios del estado como la suspensión en el cargo del defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, inmerso en un escándalo de supuesto acoso sexual; así como el pliego de cargos en contra del entonces director de la Policía Nacional por su presunta responsabilidad disciplinaria al tratar de influir para que el Coronel, Reinaldo Alfonso Gómez, se retractara de una denuncia que había radicado en su contra por supuesto acoso sexual y pretensiones amorosas.

Se suma a estas decisiones, la apertura de investigación formal contra el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, el comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez; el comandante del Ejército, general Alberto Mejía; así como a dos generales y tres coroneles más por el despeje del corregimiento de Conejo, en La Guajira, a donde llegaron el 17 de febrero las FARC para hacer proselitismo armado.

A esto se suma las investigaciones disciplinarias en contra del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, por su presunta participación en el llamado ‘Carrusel de Contratos’ durante la alcaldía de Samuel Moreno, así como una indagación preliminar por presunta participación en política, tras unas declaraciones previas a las elecciones del 25 de octubre de 2015.

Igualmente es investigado el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, por su supuesta relación con el escándalo de los sobrecostos de más de 4.000 millones de dólares en las obras de remodelación de Reficar. Por este caso también está siendo investigado el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverri.

Por otro lado, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, tiene un proceso por una compulsa de copias, derivada de una tutela en la Corte Constitucional.

Temas ambientales, llamados preventivos, elecciones

Pero no se puede reseñar la labor de Ordóñez sin tocar otros temas claves como por ejemplo, las labores preventivas realizadas por temas ambientales.

Resaltan por ejemplo los llamados de atención al Ministerio de Ambiente por la crisis de basura en Bucaramanga, por la contaminación de la bahía de Cartagena o por el proyecto de explotación de oro a cielo abierto en el Tolima, conocido como 'La Colosa'.

Los llamados de atención a las administraciones locales también pasaron por el manejo de los hornos crematorios en Bogotá, por el cambio climático para que los alcaldes adecúen los Planes de Ordenamiento Territorial, por la minería en Marmato (Caldas) y por el programa de saneamiento, manejo y recuperación ambiental de la cuenca alta del río Cauca, y a los efectos de la minería ilegal en la cuenca media y baja del río Dagua, en Valle.

Se destacan acciones judiciales y de acompañamiento en múltiples temas como por ejemplo, el diseño y obras de mantenimiento de la pista y plataforma del aeropuerto de San Andrés, la selección de contratista para planta de tratamiento agua potable en Yopal, la adquisición de semáforos para la regulación del tránsito de Bogotá, o bien la licitación  de la construcción del túnel del Toyo en Antioquia.

Además, bajo la procuraduría de Ordóñez, se crearon delegadas para la Restitución de Tierras y para la Atención a las Víctimas, que cumplen con un proceso de acompañamiento al proceso de la Ley de Víctimas. En el tema tierras, la entidad reiteró el hallazgo de supuestas falencias en el proceso por lo cual se hicieron visitas a 18 sedes de la Unidad de Tierras, 36 Juzgados y cinco Tribunales de Tierras y formuló una serie de recomendaciones sobre la entrega de zonas para poder iniciar los procesos y el trámite de denuncias.

Otros de los acompañamientos destacados tiene que ver con la atención en salud puesto que la entidad recibe múltiples quejas para permitir el acceso a los servicios de salud, con mayor frecuencia a las citas con especialistas, entrega de medicamentos o realización de tratamientos médicos y quirúrgicos.

VER COMENTARIOS
CONTINÚA LEYENDO
Publicidad