Así fue el proceso penal contra exministro Andrés Felipe Arias, condenado por caso AIS

La Corte Suprema dice que existe "certeza a toda prueba" sobre la responsabilidad de Arias en dos delitos: peculado por apropiación en favor de terceros y contrato sin el cumplimiento de requisitos.

Un proceso que inició en junio de 2011, con la imputación de cargos en su contra, culminó finalmente tres años después con la declaratoria de responsabilidad del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, por sendas irregularidades a la hora de concebir y ejecutar el programa Agro Ingreso Seguro. La audiencia de juicio oral en su contra se caracterizó por ser un fuerte cruce de acusaciones entre la defensa y la Fiscalía, que por momentos pasaban del material probatorio al contenido político. Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía que se destacaron está el material hallado en los computadores del Ministerio, bajo la referencia “Familias X”, que señalaba que el 17% de los subsidios de AIS en el 2007 y el 23% del 2008 estuvieron dirigidos a destacadas familias de la Costa Caribe colombiana. Se trata de las familias Dávila Abondano, Dávila Jiménez, Vives Lacouture y Vives Pinedo, que recibieron miles de millones de pesos en subsidios. “En los CD se encontraron estudios realizados por el Ministerio en los que clasificaba de manera específica a los grupos familiares (…) ‘Apoyos económicos Familias X’, es la identificación que el mismo Ministerio le dio”, dijo en su momento un investigador de la Fiscalía. Otro elemento relevante expuesto por los investigadores de la Fiscalía fue una carta encontrada en el Ministerio de Agricultura, en la que Arias le agradecía a Alfonso Dávila Abondano el apoyo económico a su campaña electoral para la Presidencia de la República. “Quiero agradecer su apoyo económico a la campaña electoral, este apoyo me ha llenado de esperanza, usted sabe que llevo más de ocho años conociendo Colombia y he presenciado los logros del país, pero también he visto que nos falta mucho, yo voy a seguir el ejemplo de Álvaro Uribe”, indica un aparte de la carta enviada por Arias al empresario. El Grupo Daabon, uno de los beneficiados con la entrega irregular de subsidios, reconoció en el juicio que hizo aportes a la campaña presidencial pero aseguró que los mismos fueron devueltos pocos días después. El Grupo Daabon señaló que Alberto Dávila Díaz-Granados y Alfonso Dávila Abondano, hicieron un aporte por 10 millones y 8 millones 300 mil pesos, respectivamente. “La mencionada campaña tomó la decisión de devolver el total de ese monto algunos días después. Tanto el egreso como la devolución de la donación están debidamente soportados y se ajustan completamente al marco jurídico colombiano y a las normas del Consejo Nacional Electoral para los aportes a campañas políticas”, afirmó el grupo en un comunicado revelado durante el transcurso del proceso. En su defensa, el propio Arias señaló constantemente que no conocía de los fraccionamientos de los predios para recibir más beneficios de AIS y que, en este caso, se indujo al error al Estado. “Como en el Ministerio de Agricultura nunca se nos advirtió de esos fraccionamientos, los funcionarios del Ministerio, del ministro hacia abajo, siempre actuamos de manera honrada y honorable”, señaló en su momento. Pero más allá de las pruebas, Arias insistió en que fue usado por la entonces fiscal, Viviane Morales; incluso dijo que la Fiscalía alteró pruebas para probar su teoría del caso por lo que estimaba que la Corte debía “poner en cintura” al ente acusador, por dedicarse a hacer “narrativa”. “No solo voy a pedir que me absuelvan sino que, sus señorías, a la Fiscalía hay que meterla en cintura cuando hace este tipo de investigaciones”, señaló Arias en los alegatos de conclusión. El anuncio llevó a un pequeño enfrentamiento y a una reacción inmediata del fiscal que llevaba el caso, Martín Moreno Sanjuán: “No acepta la Fiscalía que se diga que hubo una tergiversación, mutilación, distorsión, que se haya mutilado la integralidad de la prueba o atentado contra la existencia de la prueba. No es posible hablar de mutilación de pruebas, cercenamiento, cuando en este juicio (…) las pruebas fueron presentadas, debatidas y controvertidas”. En los alegatos, la Procuraduría sorprendió y dijo que la Fiscalía nunca pudo probar que Arias había actuado con dolo, por lo que pidió a la Corte que absolviera a Arias, a pesar que esa entidad lo sancionó por los mismos hechos con destitución en el cargo e inhabilidad de 16 años para ejercer funciones públicas. Para el procurador del caso, Jairo Salgado, era claro que Arias pudo actuar con negligencia, pero no con dolo. No obstante, tuvo finalmente más fuerza la investigación de la Fiscalía, que había pedido la condena de Arias, al estimar que claramente sabía que estaba cometiendo un delito al no celebrar una licitación, sino hacer de manera directa contratos de ciencia y tecnología con el IICA. "Al momento de celebrar el convenio tenían claro que debían cumplir la decisión del ministro de adelantar apresuradamente ese trámite para la celebración de convenios con el IICA y era necesario justificar la forma de contratación directa. Por esa razón la realidad que refleja el texto de los contratos es distinta a la que aquí, con tanta vehemencia, pero con poco rigor jurídico y poca espontaneidad, declararon los asesores jurídicos y coimputados", señaló el fiscal en los alegatos de conclusión. Ahora Arias enfrenta una pena entre los 8 años y los 33 años y 9 meses de prisión. Dineros entregados, según la FiscalíaEl documento leído en la Corte durante el proceso indica que la familia Dávila Abondano recibió en la convocatoria de 2007, 1350 millones de pesos y 440, en el 2009. “Dávila Jimeno; papá, y Dávila Fernández de Soto; hijo, en el 2008, les entregaron subsidios por 2213 millones de pesos y para el 2009, 307”, leyó el investigador. De acuerdo con el perito, el grupo Lacouture Dangond en 2007 recibió subsidios por 2343 millones y en el 2008 por un total de 2888 millones de pesos. Sobre el grupo Vives Lacouture, el perito dijo que recibió subsidios por 435 millones de pesos en el 2007 y por 6285 millones en el 2008.