¿A qué apostarle en una reforma a la Justicia?, expertos analizan

¿A qué apostarle en una reforma a la Justicia?, expertos analizan 

Junio 09, 2019 - 08:50 a.m. Por:
Colprensa
Congreso de la República / Imagen de referencia

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Cada ministro de Justicia llega al cargo con su propuesta de reforma debajo del brazo. Lo intentó Gloria María Borrero en los nueve meses en los que estuvo al frente de la cartera tras la designación del presidente Iván Duque Márquez y se prevé que Margarita Cabello, su reemplazo, haga lo propio.

Su decreto de posesión saldrá el próximo martes, según fuentes de la entidad que señalan que el tema desde ya se está moviendo y que se estructurará de la mejor manera para no ser un fracaso en el Congreso.

Desde varios sectores coinciden en que el sector atraviesa por una crisis por lo que un revolcón debe tener como principal eje una función que le sirva más al ciudadano del común ya que la percepción es que la Justicia no solo cojea, sino que nunca llega.

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A esta mala imagen hay que sumarle los escándalos de corrupción como el cartel de la toga o los reportes de jueces o funcionarios judiciales de diferentes rangos inmiscuidos en líos de diversa índole.

En concepto de Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia de la Justicia, una verdadera reforma debe destacarse por ser más ágil en los términos para producir las sentencias y que se aligere la congestión judicial evitando la morosidad o el tiempo máximo para resolver conflictos.

A su juicio esto se lograría mediante una reingeniería de los Códigos Penales y Procedimentales “para eliminar tanto recurso inservible que a veces termina dilatando la acción judicial”.

Herrera también plantea que una modificación tendría que estar sustentada bajo el fundamento de un cambio estructural y contempla, por ejemplo, que a las altas cortes se le quiten las facultades electorales que actualmente manejan como en el caso de la elección del Registrador, Procurador, auditor general y Fiscal.

“Pensamos dentro de un marco que los magistrados y los jueces están para aplicar y fallar en derecho, no para prestar servicios electorales en lo que tiene que ver con estas facultades que no han dignificado a las cortes, sino que muchas de las veces lo que ha hecho es deteriorar su imagen por los conflictos internos para elegir a estas personas”, expone el jurista.

Agrega a su premisa que es bastante el desgaste que se lleva en recibir una terna, estudiarla, aceptarla o devolverla, luego escuchar a los candidatos, debatir sobre las propuestas de los aspirantes y luego tomar una decisión es un tiempo valioso en el que los magistrados y sus equipos podrían estar empleando en su función principal que es la de administrar Justicia.

Otra cosa piensa el exmagistrado del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, quien apunta su tesis a que debatir si una Corte debe o no ser un nominador de cargos es una materia secundaria frente a las verdaderas preocupaciones que acarrea la Justicia colombiana.

Gómez piensa en que primero ha de resolverse la prontitud en la resolución de procesos de cara a que se convierta en un sistema que beneficie a los ciudadanos.

“La justicia tiene serios problemas de oportunidad. La transparencia en los jueces es muy precaria, no hay controles, tenemos un aparato de justicia que es un aparato burocrático”, indica.

Añade que al detenerse en lo que él considera asuntos menores, como el de la política, hace que piense más en el “que dirán” de parte de los otros poderes. De allí que el grueso de su propuesta apunte a una reforma de la ley estatutaria de la administración de la justicia y hacer más operativa la carrera judicial.

“Son demasiado burocráticos, hacen paros, no los califican, duran hasta los 70 años, tienen una buena remuneración. Los mejores salarios de la función pública los tiene la rama judicial y no corresponden con las demandas de Justicia que los ciudadanos tienen”, explica.

El tema de los recursos ha sido un tire y afloje en la rama. Las exigencias económicas que siempre exponen desde Asonal van desde mejoras salariales hasta la adecuación de mejores espacios de trabajo de los despachos judiciales.

Pero el tema económico sí es fundamental para el penalista Francisco Bernate quien enfatiza que el cambio “no debe ser de normas sino de recursos para dignificar la administración de Justicia en el sentido de nivelación salarial, mejor tecnología, más jueces, más fiscales”.

Sobre el particular señala que con una Justicia “que tenga jueces mejor remunerados” la sociedad se verá beneficiada pues dirimirá de mejor manera sus conflictos.

En el campo estructural, Bernate es partidario de que se revalúe el tema de la tutela y que no sea empleada contra sentencias judiciales.

“También debe revaluarse todo el sistema de oralidad que se ha implementado y que se considere regresar a los procesos escritos usando las nuevas tecnologías”, anotó.

Herrera, por su parte, asegura que cualquier tipo de reforma debe propender a fortalecer la tutela y no a limitarla o debilitarla.

Para el profesor Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, de Bogotá, una reforma a la tutela no puede ser pensada solo desde la perspectiva de las altas Cortes, sino también “con el trabajo que desarrollan diariamente los jueces de tribunales y juzgados del país, quienes tendrían mucho que decir sobre el funcionamiento de este mecanismo de protección constitucional”.

El factor Congreso

La Reforma a la Justicia fue uno de los pilares de campaña del presidente Iván Duque. Fue radicada el año pasado por la entonces ministra de Justicia, Gloria María Borrero, sin embargo se hundió por falta de trámite.

Pero ya antes otras reformas se han hundido. Pese a las ideas que han llevado los ministros de turno, siempre el Congreso de la República ha sido visto como un palo en la rueda para que avance o no una reforma.
Dilaciones, falta de quórum o agendamientos son algunas de las maniobras que se han visto por parte de los legisladores para no dar un debate que exige a gritos el país.

Herrera considera que los congresistas no le han querido jalar al tema de la reforma “porque no encuentran provecho o beneficio” en las propuestas que han presentado los jefes de esa cartera. Otro de los aspectos es que no ha habido un consenso interpartidista en los aspectos fundamentales de la reforma propuesta.

“También uno de los aspectos clave en este punto son los tiempos con los que a veces se ha presentado la iniciativa y que no permiten el suficiente análisis en temas que son complejos y tan discutidos como lo son cada uno de los elementos que conforman el sistema de la justicia”, concluye.
Así, el Congreso de la República se resiste a reformar la Justicia pese al reconocimiento de sus fallas y de la necesidad de transformarla.

Cambiar su función

Hernando Herrera es partidario de que las universidades a través de sus facultades de Derecho, de Economía o de Contaduría, según sea el caso, tomen partido en la elección de altas dignidades que hoy están a cargo de las altas Cortes.

“Las universidades no están permeadas ni por temas de corrupción ni afectadas en su institucionalidad, por eso sí se puede ver con buenos ojos que las facultades de derecho intervengan y determinen cuál puede ser la mejor persona para ejercer uno de estos cargos. También podemos pensar los colegios de abogados ya que todos son buenos en ello”, anotó.

¿Qué hacer con el Consejo Superior de la Judicatura?

El exmagistrado Gustavo Gómez propone una reorganización de ese ente y que sea suprimido como corporación para darle paso a una estructura funcional de tipo administrativa que tenga la competencia de evaluar el rendimiento de esos jueces o magistrados.

“Así se garantizaría que se ganan el sustento trabajando”, anota Gómez.

La renuncia de Gloria Borrero a su cargo como ministra de Justicia se produjo en un momento turbulento para la Justicia, que muchos tildaron de crisis institucional.

Iván Duque dijo que la nueva Ministra
de Justicia tendrá la inmensa responsabilidad de avanzar en todas las reformas que se requieran para la modernización del aparato judicial.

La crisis

El político conservador Roger Carrillo, sostiene que ”la justicia colombiana atraviesa por una de sus más profundas crisis; se ha minado la credibilidad ante la sociedad, a causa de la politización, o la congestión y consecuente demora en los fallos, y la impunidad. También, la aquejan dificultades en el diseño constitucional y la jurisprudencia, males en la jurisdicción dentro de la misma rama, las tutelas desenfrenadas en los litigios, la falta de seguridad jurídica y la ausencia de moralidad pública en algunos magistrados de las altas corporaciones”.

En las últimas mediciones entre los colombianos, las instituciones relacionadas con el sector de justicia, son las que alcanzan las cifras más altas de desconfianza.

Incluso, la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, que entró en funcionamiento hace poco más de un año y que sirve para investigar y condenar por los hechos ocurridos en medio del conflicto armado, también tiene una calificación deficiente entre los ciudadanos.

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