109 congresistas tienen denuncias pendientes con la Corte Suprema de Justicia

Álvaro Uribe Vélez, Claudia López, Bernardo Elías, Hernando Padaui y Wilmer Carrillo encabezan la lista con más denuncias.

En el 2017 la Corte Suprema de Justicia tendrá una ardua labor en lo que se refiere a congresistas y excongresistas puesto que 109 de ellos tienen algún pendiente en dicha Corporación.

Se trata de procesos que están en su gran mayoría en investigaciones preliminares que corresponden al trámite que la Corte debe darle a cualquier denuncia que se presente, sin que eso signifique que sean responsables de algún delito.

Incluso, hay procesos quietos desde 2007. No obstante, algunos sí están más avanzados, nueve en específico. Por ejemplo, Roy Barreras tiene cinco procesos abiertos entre 2013 y 2016, pero solo uno está en etapa de instrucción.

Igualmente, le aparecen cinco procesos a Jorge Iván Ospina de los cuales solo uno está en instrucción desde agosto de 2016.

Ahora bien, entre los congresistas con más indagaciones preliminares se encuentran el expresidente Álvaro Uribe Vélez con 10; Claudia López con 8, Bernardo Elías con 7;  Hernando Padaui y Wilmer Carrillo con 6; Horacio Serpa, Musa Besaile y Roy Barreras con cinco cada uno.

Denuncias archivadas

Así como se presentan denuncias contra los congresistas, la Corte Suprema expidió a finales de 2016 varios archivos de investigaciones al encontrar que las denuncias no tenían méritos suficientes o que no había lugar a continuar un proceso en contra de los dirigentes políticos.

Por ejemplo, se archivó una investigación en contra de Horacio Serpa quien había sido denunciado por tres ciudadanos quienes cuestionaron la expedición de un comunicado de prensa en el cual el Partido Liberal afirmaba que respetaban un fallo del Consejo de Estado que anuló los estatutos de esa colectividad.

También se archivó una investigación en contra de Antonio Navarro Wolff que se había originado luego que un veedor ciudadano cuestionara su gestión, como gobernador de Nariño, en relación a un convenio suscrito con el Municipio de Samaniego para la pavimentación vial y del cual se alegaba la existencia de irregularidades.

La Corte también se inhibió de continuar un proceso contra el gobernador del Amazonas, Manuel Antonio Carabilla, luego que se lo denunciara por supuestamente influir, cuando fue congresista, en un procurador delegado para que archivara una investigación a Everth Bustamente cuando este fue alcalde de Zipaquirá entre 2001 y 2003.

Carebilla, cabe recordar, fue llamado a juicio por la Corte en agosto pasado por  presuntamente inscribir de manera irregular y cobrar para posesionar a los miembros de su Unidad de Trabajo (UTL) cuando fungió como representante a la Cámara para los períodos 2006-2010 y 2010-2014.

La Corte también archivó una denuncia penal presentada en contra del excongresista Juan Manuel Corzo por el delito de tráfico de influencias, relacionado con su presunta interferencia en la elección de Luis Lizcano como director de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental ‘Corponor’ en el 2006. Por estos mismos hechos, el Consejo de Estado desestimó en 2015 una demanda de pérdida de investidura presentada contra Corzo.