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Ya entró en vigencia nueva reglamentación para instalar antenas

En el decreto quedó establecido que para que se instale esta infraestructura deberá solicitarse autorización ante Planeación.

12 de octubre de 2015 Por: Redacción de El País.

En el decreto quedó establecido que para que se instale esta infraestructura deberá solicitarse autorización ante Planeación.

Ya entró en vigencia el decreto por medio del cual se establece la nueva reglamentación para la instalación de torres para  antenas de telecomunicaciones en Cali, informaron voceros de la Dirección de Planeación. Con la medida, el Municipio  busca tener control sobre la ubicación de estas infraestructuras y establecer parámetros a las empresas de telefonía que quieran adecuarlas en predios privados y bienes fiscales del Municipio. En el decreto, que fue firmado por el Alcalde de Cali el pasado 7 de octubre, quedó establecido que para que se instale esta infraestructura deberá solicitarse autorización ante Planeación, presentando documentos que den cuenta, entre otras, de tamaño y dimensiones de lo que se va a instalar y copia del registro TIC del Ministerio de Tecnologías de la Información que habilita la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones. Se mantiene el parámetro de 250 metros de distancia entre estructuras o soportes de antenas y se establecen sanciones por incumplir las normas urbanísticas. Igualmente, se exigirán plan de manejo y permiso ambiental para el caso de las infraestructuras que se vayan a instalar en zonas de protección ambiental; igual que planes de mimetización para torres que se instalen en bienes de interés cultural. De acuerdo con el decreto, las infraestructuras instaladas hasta ahora que no cuenten con autorización o uso del suelo favorable deberán acogerse al proceso para solicitar el permiso. Si este es negado, Planeación Municipal podrá ordenar el desmonte o reubicación de la misma. Se estima que en Cali hay por lo menos 2500 antenas prestando el servicio de telefonía. Este año, Ordenamiento Urbanístico investigaba a propietarios de 177 infraestructuras instaladas irregularmente.

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