Vuelve la polémica: casi 6 mil licencias de construcción frenadas por restricciones de la FAC

La discusión por las construcciones en altura volvió a generar debate en Cali, luego de que se alertara desde el Concejo Municipal sobre 5817 licencias retenidas o suspendidas por las restricciones de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC.

El concejal Carlos Andrés Arias aseguró que la ciudad está paralizada en materia constructiva por las medidas cautelares que se dieron a la FAC, a raíz de una acción popular, las cuales ordenaron la suspensión de las licencias de construcción de más de 12 metros de altura en un área de 4 kilómetros alrededor de la pista de la Base Aérea Marco Fidel Suárez. Asimismo, se estableció la exigencia de un concepto de altura de la FAC, para cualquier construcción que se vaya a hacer en el perímetro en mención.

“El llamado es a que se defina rápidamente si realmente existe o no esa medida de los cuatro kilómetros, no hay una justificación técnica que indique que son cuatro, dos o uno... no podemos parar el desarrollo, mientras todas las ciudades están pensando en edificación en altura, nosotros estamos siguiendo la línea de acabar con nuestro medio ambiente, mire lo que está pasando en Pance, en la Comuna 17, nuestros cerros tutelares se nos siguen llenando de edificios, cuando tenemos la solución aquí abajo tan fácil”, afirmó Arias y señaló que es necesaria la presentación de un estudio por parte de la FAC.

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El concejal cuestionó que en 18 años y en dos Planes de Ordenamiento TErritoriales, POT, aprobados por el Concejo, la FAC no se pronunció y solo lo hizo cuando se estudiaban las Unidades de Planificación Urbana UPU. “No se entiende entonces por qué guardaron silencio durante 18 años, para luego solicitar medidas cautelares que afectan a 6755 empleos, 10 planes parciales de renovación urbana, el corredor verde, más de 7415 unidades totales, 27 en preventa, 29 planes en construcción y 3033 unidades que ya fueron vendidas”, advirtió el concejal Arias.

Luis Eduardo Ulabarrio, propietario de un apartamento en el proyecto la Gran Vía 1, ubicado en la Carrera 4C No. 69C-32, es una de las personas que asegura estar perjudicada por este conflicto.

“Tienen frenada la segunda parte de la construcción, y al no tener eso no nos hacen entrega de todo lo que nos vendieron en el proyecto como son nuestras zonas comunes, piscina, a la unidad le faltan algunos acabados, por ejemplo no tenemos acceso decente a las torres, la piscina la tienen que vaciar constantemente, de hecho ya tenemos una plaga de zancudos... No dan definición de cuándo van a entregar eso y lo único que dicen es que están esperando un fallo”, aseguró el señor, quien también es Presidente del Consejo Administrativo del condominio.

Al respecto, Fernando Ruiz, gerente general Constructora Ruiz Arévalo SA Corasa, encargada del proyecto La Gran Vía, recordó que debido a las medidas cautelares por la acción popular de la FAC tuvieron la licencia suspendida por 8 meses, al igual que los desembolsos de los bancos y debieron tramitar una nueva licencia, disminuyendo la altura de dos torres de 14 pisos a 9 pisos, perdiendo 80 apartamentos.

“Estamos próximos a tener nuevamente esos documentos al día y a proceder a entregar a partir del mes de abril la tercera torre. Falta la torre 4, que se encuentra en construcción en este momento. Aspiramos que si no se presentan más anomalías desde el punto de vista jurídico y técnico debemos tener terminado esa etapa del proyecto en diciembre”, reveló Ruiz y aseguró que procederán con una demanda contra las autoridades, por los daños que se les ha ocasionado.

Por su parte, Alexandra Cañas, gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción, capítulo Valle, señaló que la situación actual genera incertidumbre jurídica frente al desarrollo de proyectos constructivos en la ciudad.

“No se pueden basar sobre la norma del POT en cuanto a mayor edificabilidad que puedan tener porque todo está supeditado al concepto de la Fuerza Aérea, es decir, que el ordenamiento en este momento en materia de edificaciones está en cabeza de la Fuerza Aérea y no del Municipio como tal”, expresó Cañas.

La líder gremial añadió que en el trámite de solicitud de conceptos de altura ante la FAC se están realizando exigencias como planos de levantamiento topográfico con informe, calibración de equipos, plantas de los edificios y perfiles, “te exigen prácticamente enviar el proyecto como si lo fueras a desarrollar, cuando estás en una etapa de prefactibilidad”.

“La propuesta nuestra ha sido sectorizar la ciudad como ocurre en toda Colombia, sectorizan de acuerdo a donde estén ubicados los aeropuertos, aeródromos y demás, entonces cogen por sectores las ciudades y de una vez van dando como unos metros posibles sobre los cuales se podrían elevar las edificaciones. Cuando usted tiene esos mapas va saber qué se puede hacer en determinada zona y no tiene que ir caso por caso a la Fuerza Aérea a solicitar ese concepto”, afirmó Cañas.

“Deberíamos lograr el traslado del Comando Aéreo”

El director de Planeación de Cali, Roy Alejandro Barreras, manifestó que están a la espera del fallo definitivo sobre la acción popular interpuesta por la FAC y mientras el proceso avanza “estamos defendiendo el derecho del municipio a dictar las directrices de ordenamiento sobre su territorio”.

El funcionario indicó que reconocen el aporte que la Escuela Militar de Aviación ha hecho a la historia de la ciudad, pero la decisión de transformarse en Comando Aéreo de Combate No 7 (Cacom7), y las necesidades operacionales que eso implica, “hace imposible el desarrollo de una ciudad densificada y en altura, cómo está prevista en el POT”.

“Por no decir de las condiciones de riesgo a las que exponen a los habitantes de Cali al tener una operación aérea de esas características en la mitad de una ciudad consolidada. Entonces, idealmente lo que deberíamos lograr es que la Fuerza Aérea traslade la operación del Cacom a otra parte y si quieren, la Escuela podría quedarse”, señaló Barreras.

Asimismo, precisó que Cali hoy es Distrito Especial “y la Ley 1617 establece que para ubicar una infraestructura nacional de puertos o aeropuertos, será necesario el concepto positivo del Alcalde. Además, ellos no proponen una norma estandarizada de alturas por distancias, sino que están exigiendo que cada predio, sin importar de qué altura, deba ir a pedir concepto donde ellos”.

Según Barreras, la operación de combate militar debería quedar en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, e incluso en el aeropuerto Farfán de Tuluá, “que es un gran sitio. Ese aeródromo está abandonado”.

Sobre la propuesta, alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez, aseguró que el aeródromo de su municipio no se encuentra abandonado y descartó que el Cacom pueda operar en ese sitio.

“Puede facilitarle a la FAC su entrenamiento, capacitación de sus futuros pilotos, pero no puede convertirse en el centro aéreo de combate porque ya afectaría la convivencia con muchos de los tulueños”, dijo Gómez.

El mandatario recordó que desde noviembre del 2018 el aeropuerto tienen su operación civil suspendida, a raíz de una sanción que impuso el Ministerio de Transporte, “debido a que se permitían en la pista de los aviones esos piques de vehículos que llaman cuarto de milla... estamos trabajando es para levantar esa sanción”.

El País intentó conocer la opinión de la FAC sobre el tema, pero indicaron que el vocero era el Ministerio de Defensa, ente que también fue consultado e indicó que en los próximos días serían tramitadas las respuestas.

¿Qué ha dicho la FAC?

• En agosto del año pasado la Fuerza Aérea Colombia se pronunció sobre el tema y, entre otras cosas, manifestó que uno de los problemas fue que el Plan de Ordenamiento Territorial de 2014 no tuvo en cuenta lo establecido en las normas de carácter nacional e internacional, que regulan el uso del suelo en las inmediaciones de los aeródromos.
• Asimismo, indicó que “La Fuerza Aérea Colombiana, como Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado, solo emite conceptos técnicos fundamentados en la normatividad de las construcciones en altura en las inmediaciones de un aeropuerto militar, para garantizar la seguridad en las operaciones aéreas y la de los habitantes”.
• Según la FAC, la presencia del Comando Aéreo de Combate No. 7 en la ciudad de Cali es decisiva para afrontar amenazas que se encuentran inclusive a menos de ocho minutos de vuelo, siendo requeridas sus capacidades en el desarrollo de operaciones de control militar de área, operaciones militares y de defensa de la población y de la infraestructura crítica del Estado en forma conjunta, coordinada e interagencial, “constituyéndose en activo estratégico y puesto de mando unificado para la ciudad ante situaciones de crisis”.