Una herencia dejada por una pareja tiene en líos a la Arquidiócesis de Cali

Una herencia dejada por una pareja tiene en líos a la Arquidiócesis de Cali

Junio 20, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Unidad Investigativa de El País
Una herencia dejada por una pareja tiene en líos a la Arquidiócesis de Cali

La Curia garantiza que se cumpla la voluntad testamentaria de los esposos Franco Sará.

Hace 50 años los esposos Emilo Franco y María Luisa Sará repartieron su millonario testamento para 12 instituciones sociales. Denuncian corrupción, despilfarro y nepotismo en el manejo de los dineros.

Uno de los retos que enfrenta monseñor Darío de Jesús Monsalve, el nuevo Arzobispo de Cali, es retomar el rumbo del legado benéfico que dejaron los esposos Emilio Franco y María Luisa Sará hace 50 años.Dicha herencia, que beneficia a doce entidades de caridad, la administra la Institución Franco Sará, IFS, una fundación constituida en 1960 y cuyo máximo órgano es el Consejo Superior de Administración, conformado por tres miembros: Un representante de la Curia, otro del Gobernador del Valle y uno más que sale entre las entidades favorecidas.Monseñor Monsalve ha decidido investigar y tomar las medidas necesarias para aclarar los señalamientos de corrupción, despilfarro y nepotismo que rondan el manejo de la fundación, el cual realiza la Curia. Los directivos de IFS están acusados de desconocer durante casi una década la voluntad de los esposos al contravenir su testamento.En el 2002 el Consejo Superior de Administración modificó los estatutos de la fundación despojando del 30% anual del legado a tres de las doce entidades beneficiadas. Las danmificadas fueron el Ancianato San Miguel, el Hospital Mario Correa y el Sanatorio Agua de Dios de Cundinamarca.“En tiempos de monseñor Rubiano se determinó que la Curia fuera un garante moral de esos recursos”, explicó monseñor Monsalve.Desde que fue constituida la fundación, el dinero que producen los bienes legados por los esposos Franco Sará, quienes no tuvieron hijos, se distribuía entre las doce instituciones beneficiarias, según los porcentajes que los mismos fundadores fijaron.Pero en el 2002, el ingeniero Carlos Alberto Guerrero, miembro delegado por el arzobispo Juan Francisco Sarasti al Consejo Superior de Administración, propuso desvincular a las tres entidades y que los recursos que recibían anualmente se repartieran entre las nueve restantes, a saber: Hospital San Juan de Dios, Fundación Cottolengo, Frailes Franciscanos Convento de San Joaquín de Cali, Arquidiócesis de Cali, Asilo San José, Instituto de Niños Ciegos y Sordos, Redentoristas de Buga, Carmelitas de Palmira y Hospital Club Noel.El argumento de Guerrero era que “las tres se volvieron estatales y como tal se apartaron de la voluntad del testador”.Guerrero, a pesar de afirmar con vehemencia a El País que en la institución se hacía lo que él dijera, en forma contradictoria sostuvo que la proposición de quitarles el beneficio al hospital, el asilo y el sanatorio la autorizó el arzobispo Sarasti, y “yo como director la ejecuté”.Casi inmediatamente le surgió un acérrimo opositor a la decisión. El médico Guillermo Adolfo Zapata, actual gerente del Ancianato San Miguel, una de las entidades descabezadas del legado, quien emprendió una cruzada que apenas empieza a mostrar resultados.“La idea de los fundadores fue favorecer entidades públicas y privadas de beneficencia”, sostiene Zapata, quien reclama una cifra cercana a los $100 millones, que son los beneficios que dejaron de dar al ancianato durante una década.Como resultado de las acciones emprendidas por Zapata, la Gobernación del Valle, luego de una investigación administrativa en el 2006, sancionó por seis meses con la cancelación de los registros a los representantes de Franco Sará y ordenó al Consejo Superior de Administración “la reforma de sus estatutos” para devolver la calidad de beneficiarios a las tres entidades eliminadas.Empero, la decisión, que incluso quedó en firme al ser agotado el recurso de reposición por parte de los sancionados, fue ignorada durante los años siguientes por el representante legal de la IFS, el ingeniero Guerrero, hasta su retiro de la institución el año pasado. Por esta razón en el Juzgado 11 Civil Municipal cursa una querella contra IFS que Zapata instauró y mediante la que busca recuperar los $100 millones.De última horaEl Consejo Superior de IFS restituyó el 27 de abril pasado los derechos de la entidad que Zapata representa, sólo que en el Acta 163, registrada en la Cámara de Comercio de Cali, consta que ese beneficio fue bajado al 8%, cuando en el testamento original se fijó en el 10%, porcentaje que se le pagó al ancianato durante 40 años.María Mercedes Zúñiga Villaquirán, actual directora ejecutiva de la IFS, se mostró sorprendida cuando este diario le enseñó lo que ella calificó como un error de transcripción que, según dijo, ya fue corregido: “Se dejó en el 10% como consta en el Acta 164, registrada en mayo”.El médico denunciante no aceptó la propuesta que le hizo Zúñiga para que retirara la demanda a cambio de entregarle un cheque por $8 millones que le corresponden por los beneficios del 2010. “Es que esto no es mío, tengo que cuidar los intereses del Ancianato, si no lo hago cometo peculado”, advirtió Zapata.La cifra que debe IFS se torna cuantiosa si a los $100 millones del San Miguel se le suma que al Sanatorio Agua de Dios le correspondía el 5% anual y al Hospital Mario Correa el 15% y sus montos tampoco se pagaron durante casi una década.“Fue un retiro arbitrario, jurídicamente no era posible, en la asamblea que lo decidieron no estuvimos presentes”, precisó William Torres, subgerente administrativo del Sanatorio Agua de Dios.El funcionario, quien conoce el problema a fondo, dado que está vinculado con el sanatorio desde hace doce años, se mostró complacido con la rectificación que hizo el Consejo Superior de la IFS.“Los $4 millones que daban cada año antes de sacarnos nos ayudaban a sostener 250 pacientes con lepra que alojamos, sin contar los 800 que hay en el municipio, de los 2.810 que existen en todo el país”, precisó Torres.Frente a la demora para solucionar el lío judicial, Zúñiga, directora de IFS, manifestó que se espera llegar a una conciliación con las entidades reintegradas.Ella, que se vinculó a la Fundación desde abril del 2010 en calidad de delegada del arzobispo Sarasti, sostiene que “nos pareció lo más correcto revertir la reforma de estatutos, para que las cosas quedaran de acuerdo a la voluntad de los esposos Franco Sará”.Sobre los señalamientos de malas prácticas en el manejo de la IFS, la directora sostiene se le atribuyen a su administración, pero en realidad son anomalías de su antecesor, a quien desmiente: “Monseñor Sarasti nunca dio la orden de desvincular tres entidades, a él se le informó que el manejo era correcto, incluso la revisoría fiscal de entonces así se lo reportó”, relató la Directora de IFS.Para que estas anomalías no vuelvan a ocurrir Zúñiga contrató para el 2011 “la revisoría fiscal con una firma muy reconocida y acreditada en el país”.Con relación al nepotismo y al supuesto pago de sueldos millonarios en Franco Sará, fundados en que la directora ejecutiva es sobrina del arzobispo Sarasti y hermana de Ana Emilia Zúñiga Villaquirán, quien fuera su suplente, precisó: “Es falso, mi hermana perteneció a la IFS porque es ingeniera civil y le prestaba servicios a los inmuebles de la Fundación, estuvo hasta enero pasado y la reemplazó una abogada, pero nunca devengó un peso, los gastos de nómina son tres personas: un vigilante, un mensajero y yo, que gano cinco salarios mínimos”.Zúñiga agregó que “el problema es que Guerrero nunca entregó un informe de gestión, por eso nos tocó reconstruir documentos y, como nueva administración, entramos a solucionar los problemas”.Sin embargo, ella reveló a El País que el ingeniero Guerrero fue removido del cargo porque adulteró un acta en la que constaba que había quórum del Consejo Superior, “en una reunión en la que se estaban realizando unos cambios de los representantes de los beneficiarios, que al fin y al cabo son para los que se tiene que trabajar”. De eso hay constancia en la Cámara de Comercio en el acta 152.Para evitar suspicacias en la última reforma de estatutos se decidió que el representante legal, ella en la actualidad, no pertenezca al Consejo Superior.

VER COMENTARIOS
CONTINÚA LEYENDO
Publicidad