Tragedia en Mocoa hizo que familias del Jarillón del río Cauca quieran agilizar traslado

Más de 200 barrios en Cali se construyeron en la informalidad. Algunos, en zonas de alto riesgo (como el jarillón del río Cauca y parte de la ladera) y otros en lotes que fueron divididos sin ningún criterio urbanístico, carentes de vías, servicios públicos y parques.

Para solucionar ese problema, recientemente le fue aprobada al Municipio, por parte del Concejo, la política pública de mejoramiento de hábitat, que permitirá hacer inversiones en esos barrios informales.

Especial Jarillón: todos los ángulos sobre la mayor amenaza que tiene Cali.

Quien lidera la aplicación de la política es el secretario de Vivienda Social y Hábitat, Alberto Reyes. El funcionario también habló del trabajo hecho en el jarillón del río Cauca, para reubicar a la gente que vive en esta zona de alto riesgo.

Asegura que tras la avalancha de tres ríos en Mocoa, la gente es más consciente del riesgo que corren de vivir en el dique y están pendientes de ser trasladados a sitios más seguros.

Reyes afirma que el Municipio tiene el 50 % del jarillón despejado y listo para las obras de reforzamiento. La reubicación de las 8777 familias que viven en esta zona de alto riesgo se dará en su totalidad en el año 2018, como está previsto en el cronograma.

Este año le fue aprobada a esta Secretaría la política pública de mejoramiento integral de hábitat. ¿Para qué servirá este instrumento?

Le apuntaremos al mejoramiento de barrios urbanos y rurales que estén constituidos, que no son necesariamente invasiones. Son barrios que nacieron porque el dueño del lote le vendió a otros haciendo casas, pero no tienen ni urbanismo ni licencias, aunque algunos tienen servicios públicos. Para eso nace esta política, para que los barrios sean sitios dignos para vivir. Se llevará infraestructura vial, servicios públicos donde hagan falta, equipamientos deportivos, de salud, colegios.

¿Cuáles son esos barrios?

Son más de 200 en la zona urbana y en la zona rural hay ciertos sectores que se deben atender, pero podríamos hablar de casos como Patio Bonito y El Mortiñal, en la Comuna 1; de Omar Torrijos, en la Comuna 14 y algunos sectores de Siloé en la Comuna 20 o Polvorines, en la Comuna 18 (ladera).

¿Con esta política no se corre el riesgo de legalizar las invasiones?

Tenemos que hacer una diferenciación, porque una cosa es el barrio que tiene una precariedad en urbanismo (vías, servicios públicos, parques, colegios, puestos de salud, etc.) y otra es el de los asentamientos de desarrollo incompleto, donde muchas veces se edifica en zonas que tienen limitaciones ambientales (ladera y ribera del río Cauca). Estos jamás podrán ser objeto de la política pública, porque están en alto riesgo no mitigable.

¿Qué va a pasar con los barrios ubicados en zonas de alto riesgo?

La Administración Municipal tiene la consigna de minimizar el riesgo en el jarillón del río Cauca. En ese orden de ideas, nos hemos concentrado en reasentar a 8777 familias que habitan el jarillón y las lagunas de Charco Azul y El Pondaje. Sabemos que en la ciudad hay otros sectores que deben ser objeto de reasentamiento, pero en el plan de desarrollo la prioridad es el jarillón, porque lo tenemos que cumplir por sentencia del Consejo de Estado y porque contamos con el apoyo fundamental del Fondo de Adaptación.

Hablando del jarillón, ¿en qué va la reubicación de las familias que viven allí?

Esto está en cabeza de la Gerencia del Plan Jarillón y de la Secretaría de Gestión del Riesgo, porque este no es un proyecto de entrega de viviendas sino que es de mitigación del riesgo. Sin embargo a cargo de la Secretaría de Vivienda tenemos la entrega de los subsidios de arrendamiento y la compra de predios de aquellas personas que tienen escrituras, que son propietarios, no invasores.

El mensaje que siempre dio la Alcaldía es que la gente es invasora del jarillón y ahora resulta que hay familias que viven legalmente en esta zona...

Sí, en la gestión social y predial se encontró esa situación. Tal es el caso de Puerto Nuevo, un barrio que queda al lado del puente de Juanchito y donde se esperan negociar 144 predios de ocho manzanas. Es increíble, pero este barrio se concibió entre el jarillón y el río Cauca, está en la playa del río y por eso se inunda cuando crece el Cauca. Nuestra tarea es hacerle la gestión predial, hemos avaluado a la fecha 60 predios con su valor comercial y muy pronto vamos a hacer la oferta de cada uno de estos inmuebles. Faltan 84 por avaluar. También están por revisar sectores pequeños de Floralia y Fenalco y hay dos fincas que son de particulares.

A los que les van a comprar la casa, les van a dar solo el dinero
de la venta o también les aplicará la reubicación en los apartamentos, como se ha hecho con las familias que ya salieron del jarillón...

Depende de la negociación predial, pero ellos están dentro del censo del Plan Jarillón, eventualmente podrían aceptar el apartamento o quedarse con el dinero de la compraventa. Las familias son las que deciden.

Con emergencias como la de Mocoa se tiene clara la necesidad de reubicar a la gente, pero este es un trabajo que va muy lento...

Ya llevamos 50 % de área despejada del jarillón, es cierto que estábamos atrasados, pero esa dinámica se logró revertir. Hoy hay 13 kilómetros despejados. La meta de tener a todas las familias reubicadas (en 2018) se va a cumplir. Ya se han reasentado 2208 familias, a 2009 se les entregó vivienda, 64 recibieron compensaciones y 135 hogares no han recibido nada porque resultaron con casa en otro lugar de la ciudad. Nos están faltando 6529 familias.

¿Y dónde van a ubicar a 6.529 familias en Cali, ciudad donde la oferta de suelo es limitada?

El Fondo de Adaptación tiene un convenio con Comfandi y este le ha presentado una oferta de vivienda. En el caso de esta Secretaría venimos liderando la construcción de la Ciudadela Recreativa Charco Azul, donde se esperan construir 1040 apartamentos para reubicar a las personas que viven en estas lagunas, proyecto que debe iniciar en septiembre. Pero hay familias del jarillón reubicadas en Palmira y Jamundí, donde Comfandi tiene proyectos de vivienda. La reubicación no se limita solo a Cali.

¿Sigue la resistencia de la gente a irse del jarillón o lo que pasó en Mocoa lo tomaron como una alerta de lo inclemente que puede llegar a ser la naturaleza?

Yo creo que lo que pasó ha hecho que las personas estén más preocupadas por entregar los inmuebles. En el caso de Puerto Nuevo, la gente está muy ansiosa esperando su avalúo para tomar la decisión de irse. Creo que lo sucedido en Mocoa ayudó a crear conciencia.

¿Cómo van a evitar que el jarillón sea reinvadido?

Para eso se creó el Comité de Gobernanza, va a estar liderado por las secretarías de Gestión del Riesgo y la de Deportes. Lo que se busca es que el jarillón sea un sitio de recreación y esparcimiento, que la gente se apropie de estos espacios para evitar que se ocupen. Tendrá cuidado policivo y se harán campañas de cultura ciudadana.

Sin lugar a dudas se tiene que reubicar a la gente que vive en riesgo, pero el mensaje que quedó es que en Cali paga ser un invasor, porque te dan una casa gratis a cambio...

Indudablemente ese mensaje se tiene que acabar. Cali es una ciudad receptora de desplazados, es la capital del Pacífico, pero en la nueva coyuntura del proceso de paz tenemos que pensar que se tiene que dar vivienda digna la gente, hay que reducir los cordones de miseria, el crecimiento desordenado de la ciudad.

La ladera está muy afectada por las invasiones, especialmente en
la Comuna 18 y el corregimiento de La Buitrera, donde aparecen casas o cambuches casi a diario...

Sabemos que tenemos que atender rápidamente con acción policiva cuando empiezan las invasiones y esos temas se han hablado con la Secretaría de Seguridad porque cuando dejamos pasar el tiempo se nos convierten en problemas crónicos. Tenemos que ser más preventivos.

Según Camacol, el déficit de vivienda es de 130.000 unidades. ¿Qué están haciendo para reducirlo?

En el plan de desarrollo tenemos como meta la construcción de 20.477 viviendas, se están construyendo 5781 viviendas. Firmamos convenios con Comfandi, la Constructora HAC y Altos de Santa Elena, que tiene una fase tres (1100 apartamentos para el programa del Ministerio de Vivienda Mi Casa Ya).

Se están construyendo en Vegas (Sur), en Alto Piamonte (detrás del Batallón) y este año tenemos un convenio firmado con la Constructora Mejor Vivir en Aguacatal, donde se van a construir 1400 apartamentos. Con nuestro hermano, la Emru, se está adelantando la renovación del centro. En esa zona (El Calvario y San Pascual) esperamos tener entre 4000 y 4500 viviendas nuevas. Y se trabaja en los planes parciales del Hoyo, Piloto y Sucre, donde se va a hacer renovación.

¿Hay más zonas para redensificar?

En el actual plan de desarrollo hay dos zonas en las que debemos dejar por lo menos el plan parcial adoptado: en las galerías de Santa Elena y Porvenir. Allí necesitamos hacer una mejor utilización de los suelos. Estamos en la elaboración de esos planes parciales.

Jamundí y Candelaria crecen en su oferta de vivienda para atender el déficit de Cali. ¿Es posible habilitar más suelo urbano para vivienda?

Además de la renovación urbana, el Municipio tiene que estudiar la posibilidad de incorporar suelo rural al área urbana para poder dar una mayor respuesta al déficit de vivienda. Este tema lo estamos trabajando con Camacol y con Planeación Municipal. Estamos revisando las limitaciones de reservas ambientales, la oferta de servicios públicos con Emcali y la movilidad.

Según eso, el cerco que se puede correr está en la ladera...

Eso es lo que estamos revisando, porque tenemos que evaluar que los suelos no estén en alto riesgo ni que sean de reserva ambiental. Con Camacol se tienen que hacer los estudios, la idea es que de poder habilitarse suelo, se estima que se pueden construir 73.000 viviendas de todo tipo (VIP, VIS y no VIS). Ese tema lo vamos a agotar al máximo.
Para eso se tiene que modificar el Plan de Ordenamiento Territorial...
Claro, por eso se tienen que hacer los estudios, para poder solicitar una modificación parcial.