Reprochan agresiones contra agentes de Tránsito en Cali

Desde agresiones verbales, pasando por una puñalada en un brazo hasta ser arrollados por vehículos. A eso se han enfrentado los agentes de tránsito a la hora de realizar controles a vehículos informales, hacer operativos al mal estacionamiento o requerir los documentos de una motocicleta cualquiera.

En lo que va corrido del 2017, en la ciudad han sido agredidos cinco uniformados por ejercer operativos de control en las vías de Cali. De hecho, entre el miércoles y jueves de esta semana se registraron tres ataques a los guardas de tránsito.

El miércoles, en la Carrera 39 con Calle 34, en el barrio La Primavera, un motociclista atacó a puñal al agente Víctor Herrera, quien hacía controles en la zona. El funcionario le pidió los documentos de la moto a un conductor, el cual tenía el Soat vencido y, por ende, su vehículo iba a ser inmovilizado. Ante esto, el motociclista decidió propinarle una puñalada en el hombro y otra en el cuello a Herrera. El agresor fue capturado por las autoridades, mientras que el guarda fue remitido a una clínica y está en recuperación.

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El segundo ataque ocurrió el mismo miércoles en la Calle 25 con Carrera 98, en Valle del Lili, cuando la supervisora Sandra Iriarte y otros dos uniformados realizaban operativos contra el transporte informal. “Cuando paramos un carro particular que estaba recogiendo pasajeros, el conductor dijo que era la segunda vez que lo paraban por informalidad, que no iba a dejar inmovilizar el vehículo. Él puso en marcha el carro y, para evitar el impacto en mis piernas, la única opción que tuve fue saltar sobre el capó. El conductor dio reversa y terminó lesionando a otro compañero en la rodilla. La gente no mide las consecuencias de estos actos y nos agrede sin tener en cuenta que estamos haciendo cumplir las normas, nada más”, dijo Iriarte, quien tiene una incapacidad de ocho días.

El último hecho se registró este jueves a la madrugada, cuando el agente Andrés Bedoya fue arrollado por un taxista mientras se dirigía hacia la sede de la Secretaría de Movilidad del barrio Salomia. El conductor del vehículo de servicio público se dio a la fuga y no auxilió al uniformado, quien debió ser remitido a un centro hospitalario.

Un agente que fue arrollado por un particular cuando iba a imponerle una infracción por prestar el servicio de transporte público sin autorización, quien prefirió omitir su nombre, dijo que “toda profesión tiene riesgos, pero esta es cada vez más peligrosa porque hay gente que es temeraria y no respeta ni la autoridad ni la vida de los demás. Sin embargo, este uniforme se porta con todo el orgullo y la dignidad”.

De acuerdo con el titular del despacho de Movilidad de Cali, Juan Carlos Orobio, estas agresiones “son representaciones de intolerancia por parte de la ciudadanía a los controles que estamos ejerciendo, sobre todo de personas vinculadas al transporte informal. Estos son hechos reprochables, porque están atentando contra la vida de los agentes y vamos a hacer todo ante la justicia para que estos actos no queden impunes”.

Para el psicólogo Jairo Ramírez, estas agresiones ocurren porque las personas están en situaciones extremas de estrés e impotencia. “A esto se suma que hay una deslegitimación de la autoridad, bien sea por falta de credibilidad o corrupción, pues el mismo Alcalde ha dicho que en esa dependencia hay corruptelas y eso genera eco en la comunidad, que termina por desconocer las potestades de los agentes de tránsito”, aseguró Ramírez.

El psicólogo añadió que las tres agresiones contra los agentes de tránsito en menos de una semana “son un síntoma muy agudo de ausencia de poder, porque el ciudadano de a pie no está sintiendo que transgreda algo si irrespeta a una autoridad”.

El mayor Jhon Vargas, comandante del Distrito 2 de la Policía Metropolitana, hizo un “llamado a la tolerancia, porque estas personas (los agentes) son autoridades. Cualquier ciudadano debe atender el requerimiento y no se debe exaltar ante su llamado. Quienes agredan a los funcionarios serán judicializados y castigados con todo el peso de la Ley”.

Entre tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Empleados de Tránsito y Transporte, Andett, Pablo Andrés Rodríguez, dijo que solicitará a los supervisores de la entidad revisar las medidas de seguridad que se deben implementar en los operativos.

Agredir a un funcionario, sin importar a qué entidad estatal pertenezca, es un delito que se tipifica como violencia contra servidor público y tiene una pena de 4 a 8 años de prisión.

Sin embargo, cuando hay agresiones que involucren lesiones físicas, concursan con otros delitos, como tentativa de homicidio y tentativa de homicidio agravado, cuando la víctima está indefensa.

“Si una persona ataca a puñal a un funcionario o trata de atropellarlo, se le pueden imputar cargos por tentativa de homicidio agravado y la pena se incrementaría a 12 o 15 años de prisión. Estos no son casos excarcelables, pues los agresores representan un peligro para la comunidad porque no reconocen la autoridad”, explicó el abogado Elmer Montaña.

La Secretaría de Movilidad denunció que sus sistemas de comunicación están intervenidos por el gremio de transporte informal, con el fin de evadir los controles.

Ante esto, el titular de la dependencia, Juan Carlos Orobio, dijo que se adquirieron nuevas tecnologías para evitar las fugas de información. “Ya hemos actualizado el software y comprado 300 radios digitales, que no son fáciles de interceptar”, aseguró.