¿Qué está pasando con los desalojos del jarillón del río Cauca?

El dique se debe evacuar, pero no ha sido fácil: ¿falta plan social o intereses frenan proceso?

Los planes de la Alcaldía indican que todas las familias que habitan en el jarillón del Río Cauca deben irse de allí este año, para poder ejecutar el reforzamiento de este dique, que protege a Cali que una inundación. De las 7857 familias censadas ya 1129 han salido rumbo a los apartamentos que han sido entregados por el estado en sitios como el Plan Habitacional Río Cauca. Lea también: Ordenan suspender provisionalmente desalojo en el Jarillón del río Cauca Pero el proceso no ha sido sencillo. En las últimas dos semanas se han adelantado diligencias de desalojo para que nuevos grupos de familias se trasladen a los apartamento y sus casas en el jarillón sean demolidas. Esto ha estado acompañado de una batalla jurídica de acciones de tutela que suspenden este proceso y de agitadas jornadas en las que la comunidad se resiste al desalojo y termina en fricciones con el Esmad, de la Policía. La Alcaldía explica que lo que se está haciendo es proteger la vida de quienes están allí, en zona de riesgo y que es un deber cuidar del resto de la ciudad, desocupando el jarillón, para garantizar que no se fracture. Se dice, también, que sin duda el proceso está siendo obstaculizado por personas que tienen intereses políticos o particulares. Pero también están los reclamos de la comunidad. Aseguran que no los han censado a todos y que el proceso se está reduciendo a “pasar una gente de un lado a otro”, sin tener en cuenta que la mayoría de ellos deriva su sustento de actividades que realizan en el mismo dique. La reubicación hace parte de un proyecto macro llamado Plan Jarillón, en el que también participan el Fondo de Adaptación, la CVC y Emcali. Según estudios realizados por la Corporación ambiental y una comisión de expertos de Holanda, es necesario intervenir el jarillón, que ya presenta puntos preocupantes, justamente por los años en los que ha sido ocupado.Jakeline Ariza, líder del jarillón de río CaucaJakeline vive con su esposo y sus dos hijos en el jarillón del río Cauca desde hace diez años. Es una de las líderes de esta comunidad y habla con preocupación del futuro de estas familias, partiendo del argumento de que lo que se está haciendo “no es una reubicación, sino un desplazamiento”. “Hemos sido claros, no nos oponemos al desarrollo de la ciudad, pero la solución a esto no es: le tumbo la casa y le doy un apartamento. Así los demás no lo quieran ver, esto no nos garantiza unas condiciones de vida dignas. La mayoría de estas familias vive del jarillón. Deriva su sustento de aquí (con marraneras, gallinas o palos de aguacate, por ejemplo). Y en eso nadie ha pensado”. Ariza dice que no hay un plan social que acompañe este proceso que, además, se ha dado con violencia e irrespeto contra la comunidad. Dice que el 80 % de quienes habitan en estas casas son mayores de 60 años: ¿alguien se ha preguntado de qué van a vivir ahora?, cuestiona. “Nos sentimos solos en esto. Al ver tanta vulneración hemos buscando un abogado para que demande. Es el único camino”.Rodrigo Guerrero, Alcalde de CaliEl Mandatario de la ciudad dice que ve “lento” el proceso de relocalización de las familias que viven en el jarillón del río Cauca.Asegura que hay personas, “movidas por intereses políticos o particulares” que están buscando por todos los medios frenar este proceso.“Sin duda aquí se están moviendo intereses políticos, de toda clase. Hay gente que quiere aprovechar y pescar en río revuelto”, manifestó, tras indicar que el Plan Jarillón “no es un capricho”. Además, precisó que “tenemos una orden judicial muy clara para hacer esto. Sino adelantamos el Plan Jarillón estamos exponiendo a la ciudad a un gran peligro y podemos tener una calamidad”.El Gobernante afirma que espera que en este caso prime la “cordura” en las decisiones judiciales. Ante el cuestionamiento sobre la falta de un plan social que acompañe la reubicación, Guerrero hace referencia a que se está adelantando capacitación a 900 personas en San Bosco, “lo que les permitirá oportunidades para la generación de ingresos”.El secretario Jurídico de la Alcaldía, Carlos Sánchez, dijo que impugnarán el más reciente auto con el que se frena los operativos de desalojo, con miras a reanudar esta tarea, ya que la evacuación total debe cumplirse este año.Felipe Delgado, Dir. Participación Ciudadana Personería“Cuando empezaron los desalojos en el jarillón se presentaron muchos vacíos. No estaban presentes todas las entidades que garantizaran el cumplimiento de todos los derechos a la comunidad: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Comisarías de Familia, Bomberos, etc”. Así lo aseguró este miembro del entre de control, quien aclaró que ya se hicieron los cambios a ese proceso y ahora se realiza “ajustado a la ley”.“Ante el reclamo de un plan social, lo que contestamos es que nos acogemos a las órdenes judiciales y en este momento hay una manifestando que se debe desalojar el jarillón, por la misma seguridad de la comunidad. Lo que observamos es que sí hay un plan social, que es la reubicación de estas familias en unos apartamentos en un sitio propio. Es diferente tener una vivienda en un asentamiento en riesgo, que tenerla en las condiciones a las que los están trasladando”. Sobre la tutela interpuesta por una Personera Delegada, para suspender el desalojo, dijo que no se trató de una posición institucional.Hernando Uribe, magíster en sociologíaEste docente de la Universidad Autónoma de Occidente ha señalado que esta situación requiere de una solución integral, pero que esta mirada no se está teniendo en cuenta. El profesional ha realizado estudios en la zona y asegura que “incluso ellos (la comunidad) tienen como propuestas de solución, modelos de viviendas agroecológicas y de colaboración para la solución efectiva del fenómeno”.El jarillón, sostiene Uribe, es la expresión clara del abandono de parte de las administraciones municipales y de otras agencias del Estado, que permitieron los asentamientos. “En el sitio encontramos campesinos, microempresas, negocios, zoológicos, granjas, viveros, residencias, empresas de plástico y todo lo que se pueda imaginar. Incluso en Navarro, la escuela, la policía y el centro de salud quedaron en la línea del dique, precisamente sobre la zona de inundación del río. ¿Son invasores también?”. Según el censo de verificación aplicado en la zona, 54 casas tienen algún tipo de negocio básico, como tiendas, modisterías, peluquerías. 36 son microempresas tanto pecuarias (marraneras y cría de pollos) como de transformación de materia prima, como una colchonería, fábrica de vasos de licuadoras, mueblerías y transformación de plásticos.