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Procuraduría inhabilita por 12 años a Orlando Chicango, expresidente del Concejo de Cali

La denuncia por una presunta nómina paralela hecha por El País, motivó la sanción en primera instancia impuesta por la Procuraduría Regional del Valle.

10 de diciembre de 2012 Por: Fabio Posada | Editor Unidad Investigativa de El País

La denuncia por una presunta nómina paralela hecha por El País, motivó la sanción en primera instancia impuesta por la Procuraduría Regional del Valle.

Con una inhabilidad para ejercer cargos públicos por un período de doce años, fue cobijado en primera instancia el expresidente del Concejo de Cali, Orlando Chicango, por parte de la Procuraduría Regional del Valle.La sanción puede ser apelada hasta el próximo 24 de diciembre por Chicango o su abogado y la segunda instancia será decidida en el despacho del recientemente reelegido Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez.De acuerdo con información suministrada por el Ministerio Público, los hechos se registraron en el año 2010, cuando Chicango se desempeñaba como presidente del Concejo caleño y suscribió 92 contratos de prestación de servicios por un valor superior a los $900 millones para el desarrollo de labores relativas a esa corporación.La investigación se inició de oficio el año pasado, tras conocer la denuncia publicada por El País el 5 de marzo del 2010, donde se narra la existencia de una presunta nómina paralela en el Concejo, que fue denunciada por miembros del Sindicato.En julio del año pasado la Procuraduría le formuló pliego de cargos a Chicango, acusación que soportó en estudios sobre necesidad y conveniencia para cada contrato, las cuales, según el ente investigador, no eran acordes a la realidad, teniendo en cuenta que el objeto de las contrataciones no se ajustaba al Acuerdo 220 del año2007, que modificó la estructura del Concejo.“El trabajo que iban a desarrollar las personas contratadas, que era apoyar las unidades de apoyo del Concejo, eran labores que estaban asignadas a la Subsecretaría de la Corporación, según reza el acuerdo citado”, dice el Ministerio Público.En otras palabras, la Procuraduría consideró que en el Concejo de Cali existía personal de planta que podía desarrollar las labores que se argumentaron para justificar la contratación que dio pie a la sanción en primera instancia.

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