¿Por qué los niños caleños están aún sin alimentación escolar si había recursos garantizados?

Dos semanas después del inicio de clases en los colegios oficiales, Cali es la única de las grandes ciudades del país que no pudo entregar la alimentación escolar desde el primer día, ni ha podido estructurar una licitación que garantice el servicio para todo el año.

El pasado 28 de enero, seis días después de publicados los pliegos para la licitación 4143.010.32.001.2020, el alcalde Jorge Iván Ospina descartó sorpresivamente la licitación porque el Departamento Administrativo de Contratación Pública encontró que el proyecto aprobado fue distinto al que colgó la Secretaría de Educación en la página web de contratación.

Sin dejar en claro quién modificó el proyecto, en qué momento o con qué intereses, Ospina ordenó descartar la licitación, hacer una convocatoria nueva y trasladar la situación a control interno disciplinario, dando a entender que fue en su propia Secretaría de Educación que se habrían alterado los pliegos.

Ya en círculos políticos se hablaba del presunto favorecimiento a un contratista para quedarse con buena parte de la tajada de contratos del PAE y desde el Concejo se empezó a pedir transparencia en el proceso.

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Ante esta irregularidad que amenazaba con dejar a los niños de los colegios oficiales sin alimentación escolar hasta mediados de marzo, surgió entonces la necesidad de declarar la ‘urgencia manifiesta’ el pasado 5 de febrero para contratar por al menos 36 días los suplementos nutricionales.

Sobre esa decisión, el secretario de Educación del Municipio, Rubén Darío Cárdenas, dijo que la urgencia manifiesta les permite realizar una contratación directa para resolver la situación. “Queremos demostrar con un proceso completamente transparente que estamos ajustados a la ley y lo que queremos es garantizar los derechos de los estudiantes”.

Esa preocupación por los alumnos de los colegios oficiales sonaría admirable, dicen algunos exfuncionarios del Municipio, de no ser porque desde octubre pasado el gobierno Armitage destinó $44.800 millones de los dineros del balance fiscal (dineros sobrantes de 2019, y que se podrían ejecutar en 2020) para garantizar los desayunos de los niños durante 96 días, mientras el alcalde Jorge Iván Ospina alistaba la licitación para contratar a los operadores.

Pero en el proceso de empalme el actual gobierno pidió que se modificara ese presupuesto y se liberara el balance. Es decir, que los dineros sobrantes de 2019 se dejaran sin adjudicación específica y que el gobierno Ospina al iniciar su mandato el 1 de enero definiría en qué invertirlos.

En esa redefinición le quitaron el financiamiento a un par de programas sociales, incluido el PAE, y eso explica por qué en estas primeras semanas de clase los niños beneficiarios del programa de alimentación escolar no recibirán ningún tipo de alimentación.

“Genera tristeza e indignación que esto pase y que el Secretario de Educación se excuse diciendo que como el gobierno anterior no podía comprometer vigencias futuras para contratar los primeros días del PAE, entonces se ingeniaron la urgencia manifiesta porque no van a permitir que esos niños se queden sin alimentación, cuando estaba garantizada y se las negaron”, dijo un exfuncionario.

“¿Cómo lo hizo entonces la Gobernación del Valle? ¿Cómo lo hicieron Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla o Pereira?”, pregunta.
Una de esas voces que puso sobre la mesa lo que estaría ocurriendo fue la del concejal Roberto Ortiz, quien le pidió al alcalde Ospina “realizar con transparencia la adjudicación” y advirtió sobre la posibilidad “de que las mafias se incrusten en los contratos de Alimentación Escolar”.

También el concejal Fernando Tamayo cuestionó la declaratoria de urgencia manifiesta. “La figura de urgencia manifiesta riñe con el principio de planeación. A veces se recurre a ella cuando no están los recursos, pero aquí si están y la figura se habría usado para evitar el trámite normal”.

Soldado avisado...
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El tema del PAE se tocó de forma recurrente durante las reuniones de empalme con la administración Armitage, como consta en las actas de las comisiones de Educación y Hacienda de los meses de noviembre y diciembre pasados.

Entre ellas la realizada el 25 de noviembre y a la que asistieron la entonces directora de Hacienda Patricia Hernández y Mariana Garcés, designada por Ospina para el proceso de empalme en Hacienda.

El acta de la reunión señala que se habló de las modificaciones al Plan Operativo Anual de Inversiones, en el cual se reducían en $8000 millones los recursos del Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar para estudiantes oficiales en Cali.

La misma Procuraduría y la Contraloría advirtieron desde octubre pasado al Ministerio de Educación de las acciones que deberían adoptar para garantizar el PAE en el nuevo año y con los cambios de gobierno.

Así lo hizo saber también la exsecretaria de Educación Luz Elena Azcárate, de acuerdo con las actas de empalme, quien les sugirió adelantar un concurso de méritos para superar la parte contractual y no dejar a más de 160.000 niños sin el suplemento alimentario mientras se realiza la licitación para los operadores.

Las alertas se repitieron el 2 de diciembre cuando en el subcomité de Cobertura Educativa se le hizo énfasis a Óscar Villani, coordinador delegado por Ospina para ese asunto, y al día siguiente en una reunión en el hotel Vizcaya, en la que el enviado para el empalme fue José Darwin Lenis.

Basadas en esas actas las concejales Alexandra Hernández y Diana Rojas han reiterado que la administración anterior dejó asegurados los recursos para contratar el PAE en el 2020 como herramienta para asegurar la permanencia de los menores en las aulas. “No se puede decir que no están los recursos, cuando es claro que hay una ficha para tal fin”, preciso la concejal Hernández.

La última advertencia se envió el 27 de diciembre a Jesús González, coordinador del empalme por parte de Ospina, en la que María de las Mercedes Romero, integrantes del equipo de Armitage, le anexa dos documentos en los que la exsecretaria de Educación notifica que en el Acuerdo 465 del 9 de diciembre de 2019, el Concejo saliente redujo el presupuesto a los programas de calidad educativa en $7202 millones y el de alimentación escolar en $8000 millones.

Coinciden quienes conocieron el caso en la administración anterior en que el propósito es “desbaratar” lo construido, pese a que el PAE de Cali fue hasta diciembre modelo en el país.

Sobre el PAE
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• El Programa de Alimentación Escolar (PAE) beneficia a 165.000 niños de la ciudad y se invierten cerca de $60.000 millones en desayunos escolares y almuerzos a estudiantes de jornada única, entre otros.
• El programa contempla desayunos escolares, almuerzo a estudiantes beneficiarios de las instituciones oficiales y otros complementarios.
• El Concejal Harvy Mosquera, dijo también en el Concejo que le preocupaba la contratación que se adelanta en el servicio de transporte para 18.000 jóvenes, unos con tarjetas del MÍO y otros con transporte de bus o buseta. “Se hicieron 18 procesos de contratación de mínima cuantía para 15 días por contratación directa”, por lo que pidió a la Administración evitar caer en el fraccionamiento de contratos.