Polémica por regulación de antenas en la ciudad

Comisión de Regulación de Comunicaciones revisará el límite de 250 metros entre torre y torre,el cual está definido por el POT de Cali.

El debate por los parámetros para la instalación de torres y antenas de telecomunicaciones en Cali cada vez tiene un nuevo elemento. 

Ahora, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, adscrita al Ministerio de las TIC, anunció que estudiará la regulación que sobre este particular definió recientemente el Plan de Ordenamiento Territorial de Cali (POT).

El decreto, como quedó, establece, entre otras cosas, una distancia mínima de 250 metros entre torre y torre. Además, plantea una serie de requisitos con los que se busca regular los permisos para la instalación de esta infraestructura.

Pero para la CRC, en cabeza de su titular, Juan Manuel Wilches, dice que dicha distancia mínima entre torres puede ser una limitante para que se pueda prestar un buen servicio de comunicaciones en la ciudad. Por eso, emitirá un concepto sobre el caso particular de Cali.  

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Del otro lado de la polémica están quienes aseguran que incluso las condiciones planteadas por el POT son laxas y que no se puede andar poniendo torres en zonas residenciales ni en sitios críticos por presencia de colegios u hospitales, por ejemplo.

Sergio González, presidente Asomóvil

Es claro que debe haber un proceso de regularización. Pero no se puede pretender que de la noche a la mañana todo quede regularizado o se desmonte,  debe haber un proceso de transición.  Yo veo  muy radical el decreto. El problema aquí es que el usuario es el que se ve más afectado por estas decisiones. Las  tutelas que muchas veces la gente presenta por la incomodidad o  por el temor que les genera la presencia de estas estructuras se da principalmente por  desinformación. 

Se cree que hay algún tipo de afectación en la salud, pero  hay una serie de investigaciones internacionales que dicen que no hay ninguna evidencia que compruebe que es así. Esto no va de la mano con el decreto que está planteado en el nuevo POT de Cali. Son dos cosas distintas. Hay un estudio que hizo la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), que dice que hay entre 7.000 y 10.000 antenas de déficit en el país. Por supuesto, este déficit está centralizado en las principales ciudades. Hay un procedimiento establecido en el artículo 193 de la ley del Plan de Desarrollo, que es donde se deben definir soluciones para evitar barreras al despliegue de  infraestructura para telecomunicaciones. Se necesita abrir espacios para la viabilidad de estas estructuras y que se pueda tener conectividad en las ciudades para el beneficio de los usuarios y así preservar derechos constitucionales como son los de  educación,  seguridad e  información.

 Para esto se requiere el montaje de infraestructuras, lo que debe aquí  primar es el servicio al usuario. Además de Cali, hay otros municipios que tienen problemas con la instalación de estas infraestructuras, como Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Ibagué y Santa Marta.

José  Gombal Caicedo Orejuela, abogado

El decreto que recientemente expidió  la Alcaldía en el nuevo POT, que establece el procedimiento para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, no soluciona nada. El problema no es que las torres estén ubicadas una de otra a una distancia mínima de 250 metros, sino la salud de las personas que están cerca a estas estructuras. Aquí lo que debería reglamentarse y limitarse es la ubicación de una antena en donde hay  población.

A mí me gustaría preguntarles a las personas ¿les gustaría tener una antena de telecomunicaciones al lado de su casa, de su apartamento? Lo que ha dicho la Corte Constitucional, que es una institución respetable y no la conforman ningunos payasos, es que el riesgo de cáncer por la presencia de estas estructuras es latente y no vamos a esperar  a que la gente se enferme para ordenar el tema de las antenas en el país. Yo tenía una antena al lado de mi casa, me demoré siete años para que  la desmontaran.

De manera que esta reglamentación que salió son ‘pañitos de agua tibia’ porque se le están imponiendo una serie de limitaciones a las compañías de telefonía celular que finalmente las van a cumplir sin ningún inconveniente, sin  importar si está al lado de un colegio, una urbanización, un hospital, un geriátrico. Nada de esto contribuye a la salud de las personas. Esto se debe de reglamentar muchísimo más a fondo, porque si no se van a seguir presentando acciones de tutela para desmontar las torres, así se demore lo que se demore. Finalmente las tendrán que quitar porque prima el derecho a la vida y a la salud por encima del derecho al acceso a la comunicación, que es lo que argumentan las empresas de telecomunicaciones.

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Andrés Santamaría, personero de Cali  

La regulación interna de Cali, en lo que estipula el POT, se quedó corta. Nosotros considerábamos que no era suficiente el metraje que se había colocado como condición para instalar las estructuras de comunicación, pedíamos que incluso fuese mucho mayor la restricción para el montaje de astas en sitios urbanizables. Proponíamos que sólo en sitios especializados pudieran existir.

Yo no comprendo la posición de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC. Cuando uno mira el ejemplo de Bogotá,  no veo que en barrios como Rosales se pongan antenas de comunicación. No entiendo ese empeño en permitir que en cualquier barrio de Cali se genere la colocación de estas antenas. Existe una falta de criterio de la CRC, la cual va en contravía de las disposiciones legales que hay, como las de la Corte Constitucional.

La Corte ha dicho que las antenas no pueden estar en medio de comunidades, pues debe  prevalecer la prevención ante cualquier complicación de salud. Así como no se ha demostrado que generan daño, tampoco se ha demostrado que sí. Dentro de lo que ha sucedido en Cali esta sentencia ha servido para que los jueces en la ciudad ordenen la desinstalación de antenas  que han sido colocadas o están en proceso de colocación en algunas zonas habitables.

Las tutelas que se han interpuesto en este sentido, en su gran mayoría, han favorecido a la comunidad, es decir, los jueces están fallando a favor de la desinstalación,  siguiendo el lineamiento de la Corte. Yo creo que sí se deben de colocar antenas, pero bien puestas. No pueden llegar a una casa alquilada e instalarlas allí pagando un arriendo atractivo para el dueño del inmueble. Más bien tumben las casas y hagan una zona especial para antenas. Lo que  uno ve aquí es  que los operadores de comunicaciones no quieren hacer un mejoramiento de las condiciones para instalar las antenas.

Andrés Navarro, ingeniero electrónico, Phd. Comunicaciones

Lo que está haciendo el decreto es respetar lo que ordena el POT. El tema de que se regularice la distancia de las estructuras de telecomunicación es algo, por un lado, irrelevante, y por otro erróneo porque impone restricciones en el despliegue de las redes de cuarta generación. Los usuarios han comenzado  a demandar más capacidad, por ejemplo, cuando se descargan videos y  juegos de internet, se está jalonando el tráfico de las redes móviles.

Si uno mira el crecimiento de las redes móviles en  América Latina, se evidencia que  es más del 100 % anual. Los 250 metros de los que habla el decreto ponen freno precisamente a esa dinámica. Puede que en este momento aquí en Colombia no sea crítico, pero si el crecimiento de las redes móviles sigue como hasta el momento, esos 250 metros de restricción serán un problema.

El decreto hace algo muy importante desde mi punto de vista, que es la reglamentación del uso del suelo, uno de los grandes problemas que había en Cali para la instalación de estas estructuras de comunicación. Toda esta regulación se hace de acuerdo a los lineamientos del MinTic, es importante tener eso claro.

Todo esto es una discusión muy compleja porque hay quienes argumentan que la salud se ve afectada y otros dicen lo contrario, debe haber mayor rigurosidad al afirmar una u otra cosa. Personalmente no  puedo afirmar si las antenas son o no dañinas para la salud. Hay todo tipo de estudios al respecto y unas recomendaciones de la Unión Internacional de Comunicaciones, que estableció  unos niveles considerados seguros, pero como han salido otros estudios  que sugieren que tal vez no son tan seguros,  pues se están revisando. Pero no hay nada concluyente, no hay nadie que pueda decir si hacen daño o no. Si en definitiva no se regula como debe ser la instalación de estas estructuras, se desfavorecerá a toda una ciudad.