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Desde el 2011, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle ordenó el cierre de las minas ilegales en Los Farallones de Cali. Desde entonces se han intensificado los controles contra esta actividad. | Foto: Oswaldo Páez / El País

EJÉRCITO NACIONAL

Polémica por controles a minería en los Farallones

Parques Nacionales advierte que puestos itinerantes no operan desde mayo. Comunidad pide intervención social.

20 de agosto de 2017 Por: Redacción de El País 

La suspensión de dos puestos móviles para el control de la minería en Los Farallones, que según Parques Nacionales dejaron de contar con el apoyo de la Policía desde hace dos meses, revivió la polémica sobre el desarrollo de la actividad ilegal en esta zona protegida de Cali.

Según información de la dirección territorial de Parques, la minería se sigue desarrollando, aunque en menor escala, pues en la parte alta de las Minas del Socorro tienen presencia permanente con el Ejército. Sin embargo, no ha sido posible frenar el ascenso de personas provenientes de otros departamentos como el Cauca, por lo cual se hace necesario el control en la parte media y baja.

“Teníamos unos puestos itinerantes en Venteaderos (Pichindé) y en el sector del centro cultural de La Leonera. Estuvimos trabajando bien más o menos desde finales de marzo hasta mayo porque la Policía, con el tema del ‘plan pistola’ (plan para asesinar a policías y militares), nos retiró el apoyo. Ellos (la Policía) se habían encargado principalmente del puesto de Venteaderos”, indicó Parques Nacionales y añadió que ya han solicitado apoyo a la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali.

El ente que administra los parques naturales añadió que tienen información sobre el acceso diario de por lo menos 15 personas que llegan de otros sitios a desarrollar la minería y “ya están cambiando el modus operandi, algunos medio muelen con equipos que tienen escondidos y otros lo que hacen es traer el material rocoso hasta Cali, según lo que nos han dicho”.

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Con el Ejército se analiza la instalación de un puesto de control 24 horas en la vereda Peñas Blancas, como el que existió en el 2015 cuando inició el plan de choque contra la minería en este sitio.
“Necesitamos reactivar los puestos de control itinerantes y hacerlos más seguidos. Lo bueno es que ya el Dagma contrató la construcción del puesto de control (permanente) con Carabineros, ellos tienen que terminar obra el 29 de diciembre”, señaló un vocero de Parques Nacionales.

Al respecto, el coronel Óscar Lamprea, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, manifestó que sí están acompañando los controles contra la minería, sin embargo sus puestos están ubicados en El Topacio y el Pato, veredas de Pance. El oficial reconoció que hay limitaciones con el personal.

“Se nos han presentado unas situaciones de personal, pero logramos empalmar el servicio otra vez alrededor de finales de junio y lo que sí es cierto es que tenemos unas restricciones porque no manejamos una gran cantidad de personal profesional”, afirmó Lamprea y añadió que no se pueden “internar” en determinadas zonas por temas de seguridad de los uniformados.

Por su parte, Juan Pablo Paredes, secretario de Seguridad y Justicia, anunció que ya tienen planeada una reunión con los comandantes de las fuerzas militares para reforzar los operativos. Según el funcionario, aunque han tenido restricciones “los puestos de control no se han suspendido permanentemente”.

“Los controles se han hecho, solo que por disponibilidad de personas no son con la frecuencia que sabemos que se necesita y con la que quisiéramos. Estamos gestionando con Policía y Ejército, en coordinación con Parques Nacionales, la mejor forma de seguir dando ese apoyo de una manera más activa y con más personal”, dijo Paredes.

Entre tanto, el coronel Pablo José Blanco, comandante de la Tercera Brigada del Ejército, aseguró que este año van 36 capturados en Los Farallones por delitos como: explotación de la roca; empleo y utilización de explosivos y contaminación de ríos con agentes químicos y tóxicos a raíz de la explotación minera.

“Tenemos una unidad destacada que permanece 24 horas, 365 días del año. Hay informaciones que ha llegado personal extraño a la región a ejercer estas actividades, pero los que hemos capturado son del Valle”, indicó el oficial.

Puesto permanente

Luis Alfonso Rodríguez, director del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, anunció que ya fue adjudicado el contrato para construir el primer puesto de control permanente, que sería entregado antes de finalizar el año. Este quedará ubicado en el sector de Venteaderos y tendrá una inversión de $1500 millones.

Desde estos puestos se busca impedir el paso de material e insumos para la explotación minera, así como evitar que se baje material.
“Son unos retenes con instalaciones para la Policía, el Ejército y las autoridades ambientales”, explicó Rodríguez.

Aún no hay definición sobre los puestos de control en Peñas Blancas y en Pance, que también fueron proyectados por la Administración Municipal para controlar la minería.

Insisten en plan social

Habitantes de Peñas Blancas, vecinos de las Minas del Socorro en Los Farallones, evitan hablar de los controles y la actividad de explotación, sin embargo reclaman por el plan de choque social que desde el 2015 se les prometió. En esa fecha, cerca de 150 residentes de esta zona trabajaban en las minas.

“Se necesitan alternativas de empleo. Se trata de campesinos que no tuvieron otra opción (diferente a la minería) y ahora están buscando otras formas de ganarse la vida, pero se requiere apoyo”, dijo Jhon Guerrero, habitante de Peñas Blancas.

David Navarrete, miembro del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, añadió que debe haber mayor compromiso de las autoridades “para recuperar el ecosistema y generar alternativas económicas para los habitantes”.

El Dagma indicó que tiene contratados a 7 guardabosques de la zona de Peñas Blancas y actualmente se revisa la inversión para el 2018. A su vez, Parques Nacionales añadió que los líderes cabeza de hogar de 12 familias fueron capacitados como intérpretes ambientales. La idea es que el ecoturismo y las prácticas productivas sostenibles se conviertan en una alternativa.

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