Piden revisar inscripción de cédulas en Valle del Cauca

Este martes se darán a conocer decisiones sobre candidatos que no podrán participar en los comicios y en dos semanas se divulgará la anulación de las cédulas inscritas.

El 75 % de las cédulas inscritas en el municipio de Ulloa, en el norte del Valle del Cauca, no corresponden con el lugar de residencia registrado en las bases de datos del Gobierno Nacional. Situación que estaría dejando en evidencia el delito de trashumancia electoral. Así lo reveló el magistrado Felipe García, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, quien precisó que la corporación ha recibido 51 denuncias en el Valle por esta modalidad de delito electoral a la fecha.  Durante el  foro ‘Organización y Control, Elecciones 2015’ realizado en Cali, el magistrado indicó que las cédulas de los  serán canceladas para participar en los comicios de octubre y que la decisión se dará a conocer en dos semanas. Dijo sin embargo, que los departamentos del país con más denuncias son Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y  Santander. Por su parte el procurador General, Alejandro Ordóñez, indicó que le pedirá al CNE revisar las inscripciones de cédulas en Argelia, Candelaria, La Cumbre, La Victoria y Palmira, donde hubo un incremento del más del 100 % de casos, comparado con las pasadas elecciones locales y regionales de  2011. “Necesitamos saber quiénes son los financiadores de esas personas que se trasladaron de municipio para inscribirse, de dónde son salieron los recursos”, sostuvo el Procurador. El martes de la próxima semana también se darán a conocer los nombres de los candidatos que fueron inscritos para participar en elección de cargos públicos y que no podrán seguir en campaña por inhabilidades relacionadas con presuntas penas privativas de la libertad y disciplinarias, entre otras. De los 1511 denuncias, habrá decisiones sobre 868 casos conocidos.Durante el foro también alertó por los gastos de campaña de algunos candidatos a gobernaciones. Incluso dijo que hay quienes estarían ya sobre pasando los $40.000 millones, una cifra que “pulveriza” la cuota establecida por el Consejo Nacional Electoral. “De qué otra manera van a recuperar esa financiación sino es a través de los recursos contractuales del Estado”. De cara a las eleccionesPor su parte, el registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, anunció durante el foro que la entidad a su cargo ya entregó el precenso electoral a la Procuraduría y la base de datos de los cuatro millones inscritos al Consejo Nacional Electoral  para que verifiquen posibles inconsistencias de cara al proceso electoral del 25 de octubre. También afirmó que la entidad ya inició la conformación del censo definitivo para las elecciones de octubre “un censo depurado, en referencia a los registros de defunción, altas y bajas de la fuerza pública e ingreso de ciudadanos nuevos” y resaltó la importancia de las herramientas tecnológicas implementadas por la Registraduría para el seguimiento de los pasos que se están llevando a cabo para las elecciones de autoridades locales. Indicó  que después de realizar pruebas de funcionalidad al software de escrutinio y preconteo, en presencia de la Procuraduría y de varios delegados de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos, se hará el primer simulacro nacional de elecciones. En la actividad participarán cerca de quince mil personas. Tenga en cuentaSegún el Consejo Nacional Electoral, CNE, los municipios de Yumbo, Ulloa, San Pedro, El Cerrito y Yotoco en el Valle del Cauca, tiene riesgo de trashumancia electoral.4.050.000 personas en todo el país inscribieron sus cédulas de ciudadanía para participar en los comicios del 25 de octubre.El registrador Delegado en Asuntos Electorales, Alfonso Portela, resaltó las herramientas tecnológicas utilizadas por la Registraduría, “que ahora permiten verificar las huellas dactilares de los ciudada- nos para tener la seguridad que las personas son quienes dicen ser”.En Alcalá, Bolívar, Cerrito, Florida, Yotoco, Ulloa, Obando, Calima -ElDarien y Cali  se impugnó la candidatura de aspirantes a cargos de elección popular por posibles inhabilidades civiles, judiciales o administrativas