El pais
SUSCRÍBETE

Inicio

Cali

Artículo

Once concejales de Cali, a responder ante el Procurador de la Nación

Luego de cuatro años de especulaciones y rumores, la situación disciplinaria de los once concejales que eligieron al entonces contralor Miguel Eric Piedrahita, quien estaba inhabilitado para el cargo, parece estar a punto de resolverse.

13 de enero de 2011 Por: Elpais.com.co

Luego de cuatro años de especulaciones y rumores, la situación disciplinaria de los once concejales que eligieron al entonces contralor Miguel Eric Piedrahita, quien estaba inhabilitado para el cargo, parece estar a punto de resolverse.

Luego de cuatro años de especulaciones y rumores, la situación disciplinaria de los once concejales que eligieron al entonces contralor Miguel Eric Piedrahita parece estar a punto de resolverse.El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, citó a audiencia pública, para el próximo 20 de enero, a los once cabildantes del periodo 2004-2007 para que respondan por las presuntas irregularidades cometidas en la elección de Piedrahíta, quien estaba inhabilitado para ejercer el cargo.Según la investigación, los entonces concejales Juan Carlos Abadía, César Tulio Delgado, José Luis Pérez, Piedad Varela, Jaime Gasca, Christian Garcés, José Fernando Gil, Fabiola Perdomo, Fernando Tamayo, Carlos Urresty y Clementina Vélez habrían incurrido en “falta gravísima” al elegir a Piedrahíta como Contralor, cuando dentro del año inmediatamente anterior había ejercido como subcontralor de Cali.Los hechos que motivaron la investigación ocurrieron durante la sesión plenaria del 5 de diciembre del 2006, donde en el acta No. 217-06 se oficializa la elección de Miguel Eric como Contralor, así como “una serie de constancias por parte de nueve concejales que se abstuvieron de votar por el señor Piedrahíta López, en razón a que éste se encontraba inhabilitado, por lo que su voto se depositó por otros miembros de la terna”. La elección de Piedrahíta fue declarada nula por una Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Cali, decisión confirmada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que señaló que el personaje en cuestión estaba incurso en la inhabilidad consagrada en el Artículo 272 de la Constitución Política. Por esa misma razón, la Procuraduría inició las investigaciones contra quienes eligieron como contralor. Fuentes de la Procuraduría confirmaron que en el proceso verbal abreviado, al que deberán asistir este 20 de enero los once implicados, se les darán a conocer los cargos y el Ministerio Público determinará si los absuelve o sanciona disciplinariamente.La Procuraduría General de la Nación confirmó que la audiencia pública será presidida por el propio procurador Alejandro Ordóñez Maldonado y que será ante él que los investigados rindan sus versiones y expongan sus argumentos exculpatorios. Asimismo, se ordenará la práctica de pruebas que soliciten los implicados o sus defensores, si éstas son conducentes y pertinentes. “Obramos en derecho”Luego de conocerse la apertura del proceso disciplinario, los implicados aseguraron que lo único que hicieron fue obrar de acuerdo con la ley.La concejal Clementina Vélez aseguró que lo que hacen los concejos, en el caso de los contralores, son procesos electorales y que quienes estudian las hojas de vida y las inhabilidades de los candidatos a ese cargo son los magistrados miembros de los tribunales. “En el orden jurídico colombiano la Procuraduría General de la Nación es la competente para abrir y cerrar procesos disciplinarios a los servidores públicos y el Concejo de Cali tuvo una elección de contralor y el señor Procurador nos cita a audiencia pública el 20 de enero y eso no tiene discusión y lo que hay es que acudir a la cita a cumplir con el deber y responder a todas las preguntas que tenga el Ministerio Público”, dijo Vélez.Con ella coincidió la ex concejal Fabiola Perdomo, quien se dijo muy preocupada por este proceso porque “lo único que hicimos fue votar de una terna que ya estaba seleccionada”.“Nosotros en ningún momento seleccionamos la terna. Es más, si nosotros entramos a cuestionar esa terna nos habríamos extralimitado en nuestras funciones. Lo que hicimos fue confiar en que los candidatos corrieron todos los filtros y los estudios y por eso votamos con tranquilidad”, indicó la ex concejal Perdomo.El hoy funcionario de la Gobernación Valle del Cauca, Christian Garcés, quien también debería asistir al proceso oral abreviado, prefirió no pronunciarse sobre el caso en particular.“Este fue un hecho que ocurrió cuando me desempeñaba como concejal de Cali. Ahora soy el Secretario de Planeación del Valle por lo que quiero ser muy prudente y voy a responder a cualquier inquietud que tenga la Procuraduría porque como siempre he sido muy respetuoso de los órganos de control”, indicó Garcés.“El voto es secreto”Por las declaraciones de algunos implicados, entre los argumentos que expondrán los abogados es que el voto es secreto y que no se puede determinar en efecto quiénes votaron por Miguel Eric. El ex concejal Carlos Urresty aseguró que no va a ir a defender la votación de Miguel Eric Piedrahíta, entre otras cosas porque el voto es secreto y en su momento se abstuvo de votar. “Hay unos concejales que después de la elección hicieron salvamento de voto, pero no creo que será fácil probar por quién votó cada uno de ellos. Esta es una audiencia pública contra quienes supuestamente votaron y yo estoy implicado porque ahí está mi nombre, pero tengo cómo demostrar que no voté por Miguel Eric Piedrahíta”, aseguró Urresty.El concejal Jaime Adolfo Gasca se mostró extrañado de que esta decisión, “que ya había sido archivada”, se toma cuatro años después de la elección y justo cuando se inicia un año electoral, por lo que consideró que habría más motivaciones políticas que jurídicas.“Lo que dice el boletín es que los que supuestamente votaron, pero no se sabe quiénes. Así mi voto haya sido por Miguel Eric o por otro, yo sólo elegí de una terna. Confío plenamente en que he obrado bien porque tengo un voto de confianza en el Tribunal Superior y en el Contencioso Administrativo”, dijo Gasca.De presentarse una decisión adversa a los intereses de los implicados, aseguraron fuentes de la Procuraduría, los procesados podrían enfrentar una inhabilidad por diez años para ejercer cargos públicos y deberían dejar las corporaciones para las que fueron elegidos, quienes hoy son concejales o congresistas.

AHORA EN Cali