Más de 700 vehículos del transporte especial en Cali dejarían de circular en 2019

Cerca de 700 vehículos que prestan el servicio de transporte especial en la capital del Valle, dejarán de circular por las vías de la ciudad a partir del 1 de enero del 2019.

Así lo aseguran voceros de este gremio, quienes hoy se sentarán a conciliar con el gobierno colombiano con el propósito de buscar alternativas para la ley que obliga, a partir del 1 de enero del próximo año, a la desintegración de los automotores modelo 94 y de años anteriores.

Los transportadores de servicio especial advirtieron que, de hacerse efectiva esta medida, en Cali se afectará el turismo y se aumentará el desempleo y la piratería.

“Cerca de un 40 % de los conductores que trabajan en estos vehículos tienen más de 50 años, por lo que se les hace difícil acceder a créditos bancarios para comprar nueva flota y, por ende, van a quedar desempleados. También se verían perjudicados los ayudantes de los motoristas, los dueños de los automotores y se afectaría el mercado automotriz”, explicó Llanson Guañarita, de la Asociación de Transportadores de Servicio Especial, Asontraes.

Por su parte, Débora Moscoso, vicepresidenta de esta asociación, también sotuvo que, con la salida del parque automotor de transporte especial que no cumple con las exigencias de la ley, las consecuencias para el turismo serían negativas.

“En zonas como Dapa o el Kilómetro 18, tenemos cientos de aves y hay turistas que pagan mucho dinero para ir a verlas. El tema es que, por lo general, los únicos vehículos que prestan este servicio son los de transporte especial”, aseveró Moscoso.

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La mujer también indicó que se corre un riesgo educativo “muy grande”, en la medida en que gran parte del servicio de transporte escolar en las instituciones educativas públicas de la ciudad, se presta con busetas y microbuses que están ad portas de salir de circulación.

“Estamos hablando que alrededor de 6700 niños, sobre todo de la ladera, se quedarían sin transporte en enero del 2019 debido a que se terminaría el convenio que tenemos con la Secretaría de Educación. El problema es que, el transporte urbano que hay en estos momentos con los buses y el MÍO, no garantiza la seguridad de los menores”, dijo la vicepresidenta de Asontraes.

Al respecto, Luz Karime López, subsecretaria de Cobertura Educativa de Cali, indicó que esta semana se tiene previsto que varios funcionarios de la Secretaria de Educación Municipal se reunan para preparar un plan de contingencia. “Actualmente hay cerca de 360 busetas que tienen convenios con nosotros, pero aún no tenemos estimado el porcentaje de esa flota que debe salir de circulación. Justamente, ese es uno de los aspectos que vamos a analizar para determinar el riesgo que vamos a correr”, precisó la funcionaria.

Otro de los aspectos que se advirtió desde el gremio de transportadores de servicio especial con los vehículos que dejarán de rodar por las vías de la ciudad a partir del próximo año, es el aumento de la piratería. Sin embargo, el secretario de Movilidad de Cali, Juan Carlos Orobio, salió al paso y aseguró que “se continuará con los controles para mitigar esta problemática y también se revisará que la flota de transporte especial cumpla con las exigencias de la ley, como que tenga tarjeta de operación y que esté en buenas condiciones técnico mecánicas”.

El viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos, manifestó que el gobierno colombiano tiene toda la disposición de sentarse a dialogar hoy con los transportadores de servicio especial, pero aclaró que el Ministerio no está dispuesto a prorrogar el tiempo que tienen los automotores para salir de circulación.

“Ellos sabían desde hacía más de tres años que los mismos debían dejar de rodar a partir de enero. Hasta la fecha, hay cerca de 12.000 vehículos que ya han salido de circulación con el decreto, por lo que cambiar dicha normatividad le implicaría al Estado denuncias por montos enormes”, explicó Ostos.

El funcionario también añadió que lo más importante de este decreto de chatarrización, es que vela por la vida de los pasajeros, pues “un vehículo de más de 20 años de uso no garantiza la seguridad de los niños, turistas y demás personas que transporta”.

Asimismo, Ostos aseguró que el gobierno, a pesar de que no tiene previsto otorgarles a los transportadores remuneración por la flota que va a ser desintegrada, sí tiene contemplado ofrecerles incentivos tributarios, como la exoneración del IVA cuando estos compren nuevos vehículos.

“También, lo que vamos a hacer es crear un fondo general para todos los transportadores de Colombia para que estos puedan acceder créditos con unas tasas de interés más blandas en el momento en que hagan efectiva la renovación de la flota”, concluyó el viceministro de Transporte.

El decreto 431 de 2017 obliga a la desintegración, por tiempo de uso, de los vehículos que prestan servicio especial de transporte. Aquí se incluyen buses y busetas escolares, empresariales y turísticas que operan actualmente en Colombia.

Según estipula esta norma, “los vehículos que al 14 de marzo de 2017 se encuentren vinculados a las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial tendrán el siguiente esquema de transición, para que sean retirados del servicio público y desintegrados”:
-31 de diciembre de 2017: modelos 1989 y anteriores.
- 31 de diciembre de 2018: modelos 1994 y anteriores.
- 31 de diciembre de 2019: modelos 1999 y anteriores.

De acuerdo a la información entregada por el viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos, a partir del 1 de enero del 2019, cerca de 6.000 vehículos dejarán de rodar por las calles de todo Colombia, mientras que cerca de 12.000 automotores ya han salido de circulación en años anteriores en todo el país.