Los Wounaan, otra comunidad indígena que se encuentra desplazada en Cali

Mayo 25, 2015 - 12:00 a. m. 2015-05-25 Por:
Alda Mera | Reportera de El País
Los Wounaan, otra comunidad indígena que se encuentra desplazada en Cali

Wilson Caicedo, su esposa Hortelia Moña y dos de sus cuatro hijos, llegaron a Cali el 20 de enero de este año, con 8 familias más, provenientes del resguardo Puerto Guadualito, en el Bajo San Juan, Chocó. Como exgobernador, él trata de gestionar ayudas para todos, pero aún no recibe respuesta.

Unas 30 familias con 138 personas de esta comunidad indígena intentan sobrevivir en Cali. Provienen del Bajo San Juan, en Chocó.

En su comunidad, ellos se reconocen como indígenas de la etnia wounaan.  Pero en Cali, parecen invisibles. En Altos de Menga, el vecindario no parece enterado de que Ranulfo Piraza Perdiz y su esposa, Bilita Moña, bajan todos los días a pie de la loma a las 6:00 a.m.  a llevar a dos de sus cinco hijas  a  la escuela del barrio El Bosque. Y que al mediodía vuelven a recogerlas. Lea también: El viaje de los Emberá Katío de regreso a su hogar

El jueves, antes de las 7:00 a.m., la pareja   ascendía de nuevo  a su aposento de 47 metros cuadrados: dos cuartos, una cocineta y un baño, nada parecido a las 47 hectáreas del resguardo en el Bajo San Juan, Chocó, donde vivía la   comunidad. Hasta que hubo dos enfrentamientos entre actores armados y los  wounaan  huyeron hacia Buenaventura. 800 de ellos están refugiados desde octubre del año pasado en el Coliseo del Puerto.

 Pero los  que viven al otro lado del río,  en Puerto Guadualito, decidieron resistir. Como Ranulfo y su familia. Como Wilson Caicedo, antiguo gobernador del resguardo, ahora desarraigado en Cali, su esposa y sus cuatro hijos. Como Alirio Opúa Piraza,  su esposa y cinco   hijos, cuatro de ellos ya con familia. 

Entonces, fueron amenazados por uno de los  actores armados, del que   piden no publicarlo, para no quedar expuestos al peligro en la eventualidad de un  posible retorno a su territorio. Primero fueron cinco encapuchados, después diez, que les prohibieron ir a trabajar y “a sacar la papita”.

–Calentando el culo con la bala fue que salimos– dice uno de ellos que añora su vida tranquila y salir del encierro para volver a campo abierto.

“Allá  solo bastaba con tomar el anzuelo y sacar una sarta de pescados del río San Juan y el día estaba resuelto, dice Alirio. En la ciudad no tienen  dónde ni en qué trabajar. En sus parcelas se alimentaban de sus cultivos  de pancoger, yuca, fríjol, plátano, papa china. Pero en la tienda todo cuesta. Allá solo escuchaban el rugido del río San Juan y los sonidos de la  naturaleza, en Cali solo hay pitos de carros, cemento y muchas necesidades.

En Altos de Menga y mucho menos en el resto de Cali, nadie sabe cómo les cambió la vida el  conflicto armado a  la comunidad wounaan, cuyos miembros están dispersos en Siloé, Altos de Menga y barrios  El Piloto y Sucre. Huyeron dejando botados  gallinas,  perros,  enseres y  fincas en el Bajo San Juan chocoano.  

Alirio y su familia llegaron el 10 de diciembre. Wilson,  Ranulfo y 8  familias resistieron hasta el 19 de enero. Con sus hijos como único equipaje, se embarcaron en un viaje de un día río abajo en lancha, hasta el Bajo Calima. Allí vinieron en  carro  hasta Buenaventura. 

Y pasaron derecho para  Cali. “En Buenaventura hay mucha gente, allá tienen que madrugar a las 4:00 a.m.  o dormir  allí para poder coger una ficha para declarar (ante la Unidad de Víctimas). En Cali es más fácil, atienden mejor”, confiesa Ranulfo ingresando a lo que ahora tiene por casa.

Son las 7:00 de la mañana y un aire caliente se siente al abrir la puerta, mezcla del sudor y la respiración de diez personas durmiendo en dos cuartos estrechos y que al mediodía se calientan como un horno, dice él. Pagan $180.000  de arriendo y deben $50.000 del mes pasado. Su hija mayor, Letizia, atiende a sus hijas de 3 y 2 años, mientras su mujer carga a su última hija, de 2 años también. La otra,  de 15 años,   estudia por la tarde, cuando sus hermanas  de 12 y 8 años  regresan de la escuela.

Ranulfo enseña las canastas, pulseras, zarcillos, esas artesanías con esa  geometría sagrada que tejen durante horas de silencio y  paciencia y  con las q ue se ayudan para sobrevivir. Él las ofrece  en los parques, pero algunos días vende y otros no. Quiso ingresar a un centro comercial, pero no se lo permitieron.  

Una cuadra más arriba vive Wilson Caicedo, su esposa Hortelia Moña y cuatro hijos, dos niños y dos niñas. Es un segundo piso más amplio. Como exgobernador del cabildo, se autorreconoce como líder o vocero de las ocho familias que llegaron con él a Cali el 20 de enero. 

En cada familia, se repite  la historia,  la escena:   el silencio de las mujeres que sonríen y solo se comunican en  dialecto wounaan, y los hombres que hablan en español de las deudas de los arriendos y en el caso de Wilson, tuvo que desocupar el sábado por la deuda y ahora vive en un hogar de paso en San Bosco. La comida también escasea, las necesidades y las dificultades al cambiar su entorno cultural son enormes. 

La directora territorial de la Unidad de Víctimas, Paula Gómez, confirmó que la entidad  tiene registro de trece familias desplazadas wounaan, que totalizan  51 personas, de las cuales, 31 son niños, niñas y adolescentes, que están en Cali desde hace cuatro meses.

La funcionaria aclaró que las otras familias  llegaron a Cali   entre tres y cuatro meses –están en los barrios Sucre y Piloto– y nunca han solicitado retorno. Sin embargo, advirtió que “estas familias pueden solicitar ser incluidas en el plan retorno en cualquier momento porque tienen su territorio étnico. Solo habría que verificar si aún tienen la vivienda y sino, sería un punto por solucionar”.

El auxilio que la  entidad les da a los desplazados étnicos es de  $1.200.000 cada tres meses por familia, pero resulta insuficiente para vivir en la ciudad.

 “Si no tuviéramos ese saber, estaríamos como les tocó a los embera katío, andar con los niños en la calle” –dice Wilson–; no soy capaz de hacer eso, pero ahora entiendo porqué ellos cayeron en la mendicidad”, confiesa  el líder, señalando dos telares donde las chaquiras dibujan figuras armónicas y  contraste cromático que serán pulseras, collares, aretes.

Ascendiendo más hacia el sector Las Colinas, Alirio toma un camino peatonal. Después de subir 189 escalones, la vía  se va estrechando hasta subir a una casa donde no llega ni el agua, pero paga $280.000 mensuales de arriendo porque la dueña se las  alquiló “amoblada” con viejos enseres. 

Allí  conviven tres familias, diez personas: él y su esposa; un hijo y dos hijas con sus niños que corretean por el zaguán donde hay  más de  20 tarros plásticos con agua que cargan a  la espalda desde un  tanque de Emcali,  en la loma del frente, a donde van a surtirse del líquido para cocinar, bañarse, lavar.

Una hija y un hijo, y   sus respectivas familias, viven la misma situación. Alirio dice que ha recibido bonos de alimentación de la Unidad de Víctimas y no más porque él no aparece en el registro.

El asesor de paz  de Cali, Felipe Montoya, declaró que  están realizando reuniones con las familias para definir quiénes serán los voceros oficiales de las familias wounaan y luego sí, coordinar las acciones a seguir. 

“Nos gustaría volver pero dónde están las garantías del Estado, porque estar acá nos perjudica, pero volver y no recuperar (el resguardo) sería lo peor”, dice  Wilson.

Otro miembro de la comunidad, rompe su silencio para explicar: “Ellos nos amenazaron porque querían apoderarse de la zona. Por eso pedimos no publicar quién fue, porque si regresamos, ellos comienzan a investigar, nos buscan, a algunos se los llevan y los sueltan, pero a otros, adiós talego mojado... no regresan”, remata.

 

Unidad de  Víctimas  Con relación a las 13 familias de Altos de Menga y Siloé,  la directora regional de la Unidad de Víctimas, Paula Gómez,  dijo que solo seis han manifestado su deseo de regresar a su territorio.  La funcionaria  informó  que  ya se trabaja en el  plan retorno del  Valle del Cauca y  el de Chocó ya está aprobado, para las familias que así lo desean, porque hay condiciones de seguridad en San Juan y El Valle (Chocó).   El Plan Retorno  consiste en revisar 14  componentes para el territorio, como salud, educación, identificación, alimentación, orientación ocupacional, generación de ingresos, medios de acceso a la zona y  vivienda, otro de los requerimientos para  regresar a su territorio ancestral y estas trece familias ya  las tienen.  Unos aspectos   se deben garantizar inicialmente, otros se van asegurando de manera gradual y progresiva,  según el ministerio al que le corresponde. Por ejemplo,  han manifestado fortalecer la infraestructura de los  puestos de salud porque los   construyeron ellos mismos. Y  que tengan cómo llegar a ellos, por lo que  necesitan lanchas para entrar y salir de sus territorios.
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