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Investigación: cuestionamientos al manejo del Sisbén en Cali

Según denuncias conocidas por El País este programa habría sido usado para hacer política y de él se habrían beneficiado particulares.

27 de abril de 2012 Por: Unidad Investigativa

Según denuncias conocidas por El País este programa habría sido usado para hacer política y de él se habrían beneficiado particulares.

Hasta diciembre pasado el Departamento Nacional de Planeación consideraba que el manejo dado en Cali al Sisbén, esa gigantesca base de datos donde están clasificados los colombianos sobre los cuales el Estado debe focalizar el gasto social, era un ejemplo a seguir para el resto de municipios del país.Gracias al eficiente trabajo de 640 contratistas, cifra que llegó a tener la nómina del Sisbén en Cali durante los momentos de mayor carga laboral, la base de datos de esta ciudad se logró actualizar en dos años y medio (entre junio de 2009 y diciembre de 2011), un tiempo récord ya que se trata de 1.380.000 caleños que hoy son potenciales beneficiarios de la ayuda estatal.Pero bajo ese rótulo de éxito, según varias denuncias, testimonios y documentos conocidos por este diario y las autoridades, se esconde una intrincada red que se habría aprovechado del Sisbén.Alcalde y concejales con SisbénLas denuncias que fueron dadas a conocer por excontratistas y personal del Sisbén, comenzaron luego de que la Administración de Rodrigo Guerrero cambiara a más del 70% de la nómina.En esa ‘barrida’ salieron 81 personas que tenían ‘padrino’ político. De acuerdo con las quejas reicbidas por los entes investigativos, los que más cuotas perdieron con la ‘poda’ de la nómina del Sisbén fueron Alfredo Valenzuela (asesor de Jorge Iván Ospina), 22 personas, y Diego Ospina (hermano del exalcalde), con 16 contratistas (ver página web).El listado fue entregado por fuentes de la Fundación de Univalle, entidad que ejecuta el programa Sisbén.Pese a que la actual Administración intentó preservar lo que se conoce como ‘memoria institucional’, el personal experto en los procesos clave para tener al Sisbén de Cali como modelo nacional, en el recorte burocrático perdió su puesto al menos medio centenar de contratistas que tenían más de una década de experiencia.Ellos, junto a los que se salvaron, enviaron anónimos a los medios con las denuncias. La primera que investigó este diario narra la presunta politización del Sisbén durante la pasada campaña electoral a favor de María Isabel Larrarte, candidata al Concejo por Cambio Radical.Una docena de testimonios señalan que al personal del Sisbén se le presionó entre julio y octubre de 2011 para que entregaran a la campaña de Larrarte los datos de las personas que solicitaban ser incluidos en el Sisbén, personas que luego eran contactadas para promocionar a la candidata.“Nos pidieron llenar dos formularios, uno con la fecha y hora en que se haría la encuesta que entregábamos a los ciudadanos, otro con su teléfono y dirección, que debíamos entregar a Ovidio Rodríguez o a su hijastro, Mauricio García, en la sede de la campaña de Larrarte”, dijo uno de los encuestadores.“También nos exigieron acelerar las visitas en las que se hacían las encuestas para incluir gente en el Sisbén. A algunos compañeros los obligaron a llevar publicidad de Larrarte y entregarla mientras hacían la encuesta en cada casa con el fin de hacer sentir a la gente que era por su influencia que los atendían con rapidez”, señala uno de los supervisores del Sisbén contactado por El País.Otras fuentes afirman que Rodríguez y García los instruyeron para que no hicieran proselitismo en la sede principal del Sisbén en la Avenida Sexta, ni en los nueve puntos de atención descentralizada, “ya que allí había personal de otras entidades del Municipio que podía denunciarnos”.En diálogo con este diario Ovidio Rodríguez, quien se desempeña como Coordinador Departamental del Sisbén, negó haber participado en la campaña de Larrarte, así como ejercer presión entre los contratistas del Sisbén en Cali, aunque admitió que conoce a la excandidata hace más de diez años. También aclaró que García no es hijo suyo pero aceptó que sostuvo una relación sentimental con la mamá de este.La excandidata Larrarte aseguró que “conozco a Rodríguez pero no trabajó para mi campaña”, sobre García dijo que sí estuvo con ella como “parte de un grupo de 35 jóvenes” que la acompañaron voluntariamente “pero nunca di una orden para hacer algo irregular en mi campaña, mucho menos con el Sisbén”.Rodríguez explicó que durante los últimos años trabajó en llave con los encargados de manejar la base de datos en los 42 municipios del Valle, entre ellos el subdirector de Desarrollo Integral de Cali, Juan Manuel Mejía, quien fue responsable del Sisbén en la pasada administración. Mejía es hijo del ex senador Álvaro Mejía López, quien se vio involucrado en el proceso 8.000 y sobrino de Mauricio, el ex concejal que fue vinculado al escándalo por la desaparición de los recursos de la cobertura educativa.Y aunque media docena de fuentes aseguraron que Mejía es la pareja sentimental de Larrarte, en una entrevista con El País ella negó que eso fuera cierto, aunque aceptó tener “una gran amistad” y le restó importancia a su cercanía: “no veo nada de malo en que me recogiera en la sede de mi campaña y me invitara a salir”.La novia y la esposaPese a ser un asunto privado es importante establecer que tipo de relación tenían Larrarte y Mejía entre el 2009 y 2010, ya que este último fue señalado por Édgar Varela, vicerrector de la Universidad del Valle, como la persona que junto a Eduardo Alvarado, supervisor del Sisbén, “dirigían la contratación de personal, insumos, tecnología y logística de este programa”.El testimonio de Varela es relevante toda vez que para implementar el Sisbén III, como se llama la fase que arrancó en 2009, el alcalde Jorge Iván Ospina firmó un convenio interadministrativo con la Universidad del Valle. En agosto de ese año arrancó la cooperación entre las dos entidades y se dio el traslado de los primeros $2.500 millones a Univalle, que puso como contrapartida bienes y servicios valorados en $250 millones.El convenio se renovó en 2010 y en 2011 por un valor similar. Cuando este diario le pidió a las directivas de la universidad que explicaran cómo habían ejecutado los recursos del Sisbén y quién era el responsable, el vicerrector Varela dijo que “existía un comité conformado por dos funcionarios de la Alcaldía (Mejía y Alvarado), el decano de nuestra facultad de Administración, el director de la Fundación de la Universidad del Valle y el Coordinador General del Sisbén, que fue contratado por la Fundación. Ellos decidían a quién y cómo se contrataba pero como el Convenio dejó esa potestad a la Alcaldía, se contrataba con las empresas y personas que el delegado (Mejía) de la Administración indicaba”.El País encontró que entre las empresas que Mejía habría recomendado contratar se encuentra Investiguemos, cuya propietaria es Larrarte. Dicha empresa recibió entre 2009 y 2010 un total de $160 millones de dineros públicos del Sisbén por hacer la divulgación, socialización y perifoneo previo al barrido y a las encuestas que adelantaron los contratistas en los barrios de estrato uno, dos y tres.Larrarte asegura que en esa contratación no hubo nada irregular. “Me enteré que la Fundación de Univalle, que es una entidad que se rige por el derecho privado, necesitaba quién adelantara esa labor y pasé mi propuesta”, dice la excandidata, quien agrega que “tengo más de 14 años de experiencia y seguro eso pesó para que me escogieran, además, tengo el paz y salvo que demuestra que cumplí a cabalidad con el objeto de cada contrato”.Serán los órganos de control quienes determinen si tuvo algo que ver en esa contratación la cercanía entre Larrarte y Mejía, El País buscó durante 15 días a este último para que diera su versión de los hechos pero nunca contestó las llamadas.Sin embargo, estas no son las únicas dudas que pesan sobre la excandidata de Cambio Radical.En medio de la investigación El País encontró que unos $877 millones del presupuesto del Sisbén se contrataron a través de la firma Investiguemos y otras dos fundaciones, Codesmun y Funproyectar. Lo extraño es que todas reportan como dirección ante la Cámara de Comercio la Carrera 3 # 11-32 en Cali, la cual corresponde al edificio Zaccour.Según el certificado mercantil de Investiguemos y Funproyectar, estas funcionan en las oficinas 616 y 617 de dicho lugar, sin embargo, un reportero visitó esos locales y encontró que las puertas correspondientes a esos números tiene el letrero: Larrarte y Asociados.“Mi oficina es la 608 de ese edificio, en las otras dos funcionan las de mi hermano, en total tenemos cinco oficinas, tres son de mi hermano y las otras dos están alquiladas”, explicó Larrarte.En la oficina 313, donde según el certificado comercial funciona Codesmun, nadie respondió y en la administración del Zaccour dijeron que esa oficina pertenece a Luis Antonio Cuellar quien, según datos de Congreso Visible, tuvo una ‘palomita’ como Representante a la Cámara en reemplazo de Élber Gustavo Navarro entre diciembre de 2004 y julio de 2006.Otro dato que llama la atención es que tanto la fundación Codesmun como Funproyectar se gestaron gracias a la esposa de Yury Ballesteros, quien hasta diciembre fue el Coordinador General del Sisbén, contratado por la Fundación de Univalle.Se trata de Luz Dary Virgen Quiroz, quien aparece como socia fundadora de ambas entidades, las que gestó entre el 16 de diciembre de 2006 (Codesmun) y el 24 de enero de 2007 (Funproyectar).Ballesteros, quien fue consultado por El País, aceptó que su esposa sí era socia de dichas fundaciones pero dijo que “ella se retiró antes de que las comenzaran a contratar en la Fundación de Univalle”.A pesar de que el programa fue considerado modelo nacional, gracias a esa memoria institucional que este año fue afectada por la ‘poda’ burocrática, los entes de investigación ya analizan el cúmulo de casualidades enunciadas al rededor del contrato del Sisbén en Cali.La Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría deberán determinar si detrás de las empresas contratadas se esconde una red de familiares y amigos de quienes manejaron el presupuesto del Sisbén, que se habrían beneficiado con sus decisiones. También, si le faltó control a la Universidad de Valle para evitar que los recursos públicos fueran mal utilizados, así como definir qué papel jugó de la Fundación de Univalle en todo este entramado.

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