Intensa rapiña por plata para indemnizar a afectados por obras del MÍO

Bastó con que un juez estimara en $650.0000 millones el dinero que podrían recibir los comerciantes y de diversos sectores empezaron a llover abogados y benefactores.

El día que se conoció el fallo del Juez 18 Administrativo de Cali, condenando en primera instancia al Municipio y a Metrocali a pagar $645.600 millones en indemnizaciones a los afectados por las obras del MÍO, les llovieron benefactores a los comerciantes caleños.El monto de la demanda, que de ser ratificada en segunda instancia llevaría al Municipio a una situación de insolvencia, despertó el interés en diversos sectores que, con calculadora en mano, armaron un novelón que no solo terminó envolviendo al Concejo de Cali y a la Contraloría, sino que tiene a las autoridades investigando supuestos anónimos y amenazas de muerte.El preámbulo fue la intervención en el Concejo del abogado Rodolfo Yanguas, quién habló del fallo, del trabajo que realiza para que más gente se sume a la demanda e insistió en que cada uno de los 1858 potenciales comerciantes afectados recibirían hasta $347 millones.Pero en medio de la euforia por las cifras y los roces de concejales nuevos con la Alcaldía, nadie se percató que quien ganó la demanda para los comerciantes no fue Yanguas (sino Marino Ospina), a quien recibió el Concejo “con tanta camaradería”, según comerciantes. “Yanguas no hizo parte de la demanda ni representa a quienes ganaron la acción de grupo. Él está sacando provecho y cobrando un millón de pesos por cada comerciante que adhiera al fallo, cuando para eso no se necesita abogado”, señaló en un comunicado la Asociación de Comerciantes de Cali, Asocomcali.El presidente de la Asociación, Álvaro Aguado, dijo que es “triste el papel que jugó el Concejo, que fue el que nos citó al debate, porque fue un fallo jurídico, no político. Los comerciantes venimos de una situación difícil, algunos quebrados y ahora les quieren meter la mano al bolsillo o cogerlos como caballito de batalla para las próximas elecciones. Si el Concejo nos quería apoyar, debió hacerlo antes de ganar la demanda, no ahora que se ordena la indemnización económica”.En su defensa Yanguas aseguró que nunca dijo que fue él quien ganó la demanda y que lo buscaron unos comerciantes para que los defendiera. “Yo me dí a la costosa tarea de informarles a los comerciantes, a través de los medios de comunicación, que tenían el derecho de adherir a la demanda porque muchos no lo sabían y les ofrecí mis servicios”.“Mi trabajo es honesto y legítimo. Les he dicho a mis clientes que la sentencia en segunda instancia se puede caer y ahí perdemos todos. Hay una campaña de desprestigio para que la gente se asuste y no reclame porque son millones los que hay en juego”, dijo Yanguas, al señalar que no politizó el fallo, sino que buscó el Concejo para hablar un tema de ciudad. “Buscamos a Patricia Molina, que estaba de presidenta encargada, y le toqué la puerta a Danis Rentería, Michel Maya y John Jairo Hoyos, pero no he suplantado a ningún abogado porque eso es una falta ética, me pueden quitar mi tarjeta y porque ese caso, donde demandan 34 y ganan 8, no es para mí carta de presentación”, indicó Yanguas.Pero algunos comerciantes tienen claro que lo que despertó el interés de ciertos sectores en este caso es que el fallo le otorga el 10 % del monto total de la demanda como cuota de éxito (cuota litis) al abogado que coordinó el caso. Si la demanda es por $650.000 millones, al abogado recibiría $65.000 millones. Anónimos y amenazas El caso no pasaría de ser la historia de un abogado pescando en río revuelto, de no ser porque en esta puja por ‘ayudar’ a los comerciantes no sólo se involucró al Concejo sino que se intentó enredar a la Contraloría de Cali.A comienzo de octubre apareció en el ente de control un anónimo que firman supuestos “ciudadanos preocupados” denunciando un presunto favorecimiento y la relación marital entre el abogado que le ganó la demanda al Municipio, Jesús Marino Ospina, y la subsecretaria jurídica de Cali, Diana Sandoval. Pero sin que el mismo Contralor de Cali conociera el caso, el anónimo una vez más se movió por los pasillos del Concejo.La Subsecretaria Jurídica del Municipio reconoció la relación con el abogado Ospina y aclaró que “cuando el proceso se surtió, yo ni soñaba con llegar a trabajar a la Alcaldía. Yo llegue a finales del 2012 cuando ya el caso estaba decantado; además en mis funciones no está la representación judicial del Municipio y nunca tuve acceso al caso”.“Se ha venido fraguando una versión falaz que permeó el Concejo y los órganos de control que señala que omití el deber legal de declarar la existencia de un impedimento con este proceso, cuando no es cierto”, dijo Sandoval, quien desde el 3 de abril de este año presentó su impedimento para conocer del caso y fue aceptado mediante la Resolución 4121.0.21.0016 del 2014.El abogado Marino Ospina, quien en realidad ganó la demanda en favor de los comerciantes, tiene su propia tesis sobre lo que ocurre. “Es clara la intención de buscar que yo renuncie a la representación de los comerciantes. El señor Yanguas ha visto ahí una mina y por eso montó una página web exclusivamente para ese tema. Además, actuó de la mano con el Concejo y allá todo se mueve por intereses”.Sobre el proceso y su vínculo con la Subsecretaria Jurídica de la Alcaldía, señaló que la demanda la instauró en el 2008 y en esa época el director jurídico era Mario Hernán Colorado. El Municipio se notificó en diciembre y en febrero del 2009 contestaron la demanda. Es decir, ahí quedó plasmada la defensa del Municipio, cuando ni siquiera se sabía quién iba a remplazar a Jorge Iván Ospina en la Alcaldía”.Aclaró, además, que la acción de grupo señala que “el abogado demandante representa también a las demás personas que hayan sido afectadas individualmente por los hechos vulnerantes, sin necesidad de que cada uno haya otorgado poder. Es decir, quienes busquen otro abogado, pagarían doblemente por los servicios de representación”.El presidente de la Asociación de Comerciantes, Álvaro Aguado, explicó que “quien busque un abogado por aparte para sumarse a la acción de grupo, que es un simple trámite, deberá pagarle el 10 % de lo que reciba al abogado coordinador; y fuera de eso el millón de pesos que les pide Yanguas más otro 30 % que es lo que él cobra por representarlos. Es decir, no van a recibir nada”. Confusión con la sentencia Recuerdan en el Concejo que la demanda de los comerciantes fue tema de pasillo por muchos días y que hubo, incluso, todo tipo de rumores porque la sentencia no aparecía.“El caso lo estaban buscando como ‘Nipón USA’, una de las empresas beneficiadas con el fallo inicial, pero no lo encontraron porque ese no era el nombre y el rumor era que lo habían desaparecido; corrió entonces la voz de que pagaban $30 millones a quien encontrara esa sentencia”, indicó uno de los concejales de Cali, al aclarar que el nombre real del caso era ‘Retenes y Rodamientos’.El viernes 26 de septiembre de este año, coincidencialmente, hubo revuelo en la Dirección Jurídica del Municipio, cuando Andrés Moreno, contratista de la Contraloría y a quien se le asignó la auditoría tras el anónimo, llegó reclamando urgente ese caso para auditarlo”.Así quedó plasmado en una queja que presentó a la Contraloría el pasado 15 de octubre la subsecretaría Jurídica, Diana Sandoval, “por la forma descortés” como fue tratada por Moreno.En diálogo con El País, el abogado Moreno negó vínculos con el Concejo, pese a que todos lo conocen como cuota del concejal Fernando Tamayo, y dijo que actuó de buena manera. “Nunca fui grosero; no supe de los supuestos $30 millones que ofrecían por la sentencia ni me he prestado para esos juegos”.“Simplemente desarrollé un trabajo que ha levantado mucho bombo, precisamente porque me imagino que los concejales estarán detrás de esas presiones”, dijo Moreno, quien es sobrino de Antonio Moreno Rumié, jefe Jurídico de la misma Contraloría de Cali.Sobre el particular, el entonces director Jurídico del Municipio, Javier Mauricio Pachón, aseguró que están equivocados quienes están haciendo cuentas con el dinero de la indemnización de los comerciantes porque el proceso será muy largo y se han presentado las nulidades al fallo “porque carece de elementos técnicos”.“Existen todos los elementos para exonerar a Metrocali y al Municipio de esa responsabilidad”, dijo Pachón, quien por esos días recibió amenazas a su correo, y advirtió que “seremos muy rigurosos y quien presente documentos falsos de contabilidad y declaraciones que no correspondan a la verdad, las vamos a denunciar por fraude procesal y evasión de impuestos”. Selene Rocío Ruiz, vicepresidenta de Asocomcali, cree que “al final los comerciantes vamos a salir perdiendo, los concejales no tendrán lo que esperan y el único que habrá ganado es el señor Yanguas, que dice tener los poderes de 550 comerciantes. Es decir, pase lo que pase, ya se ganó $550 millones”.