Familias del jarillón del río Cauca no desalojarán Altos de Santa Elena

El secretario de Vivienda municipal, Alberto Reyes, explicó porqué razón no se les han entregado los apartamentos que le fueron asignadas a esas familias en este proyecto de vivienda de interés social.

60 miembros de familias de la invasión Nueva Ilusión, ubicada en el jarillón del río Cauca, dijeron que no desalojarán los predios de Altos de Santa Elena que se tomaron en la madrugada de este miércoles.

De ese proyecto de vivienda social, que en su segunda etapa está compuesto por 600 unidades habitacionales, hacen parte los 88 apartamentos en los que serán reubicadas estas familias que habitan en áreas no mitigables de zonas de alto riesgo en la ladera, afectadas por la ola invernal 2010-2011.

Yeisson Largacha, vocero de las familias, aseguró que tomaron esta medida porque “estamos cansados de que nos incumplan. Primero nos dijeron que nos iban a entregar 25 apartamentos el 5 de septiembre de 2015 y el 5 de diciembre los restantes. Un año y medio antes de esas fechas nos los iban a entregar y nada, por eso tomamos la decisión de venirnos para acá".

En el lugar hizo presencia el secretario de Vivienda de Cali, Alberto Reyes, en compañía de delegados de la Personería y de la Oficina de Derechos Humanos, para atender la situación.

De acuerdo con Reyes, “aunque ellos son los beneficiarios de este proyecto, aún no se pueden acceder a estos apartamentos porque todavía están en proceso de construcción”.

Precisamente en febrero, El País conoció que este proyecto no había sido terminado ni entregado porque, según las firmas constructoras Integrar Constructores y Sidecol, presentó sobrecostos que no fueron cancelados a tiempo.

En octubre de 2015, la firma Integrar Constructores convocó a un tribunal de arbitramento, argumentando incumplimientos del Gobierno Nacional a sus reclamaciones por sobrecostos en la obra. 

El viceministro de Vivienda, Guillermo Herrera Castaño, le dijo a El País que dicho tribunal se encuentra suspendido mientras se resuelve una recusación entablada por la Nación.

"Para nosotros no hay lugar a este tribunal de arbitramento porque el Gobierno Nacional cumplió con el desembolso de los recursos que se habían pactado para la terminación de 560 unidades habitacionales del macroproyecto". 

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Y calificó de “exorbitante, desproporcionada e injustificada” la reclamación del constructor, tasada en “$5000 millones o $7000 millones más de lo que ya se había reconocido”.     El funcionario  agregó que  su dependencia  solicitó “la recusación de la selección de los jueces, que tampoco nos darían garantías de imparcialidad, si  hubiere lugar al arbitraje”. El País intentó comunicarse con el vocero de la firma constructora, Alberto Gaviria, pero no respondió. El pasado 7 de  febrero,  en declaraciones entregadas a este diario sobre las dificultades para terminar esta obra, indicó que   “este problema llegó a donde ha llegado por la demora en la toma de decisiones. Si lo hubiésemos resuelto en mayo de 2014, no estábamos en esta situación”, refiriéndose a   dilaciones e incumplimientos del Municipio y del Ministerio de Vivienda.  Herrera Castaño  explicó que después de analizar los mayores valores de obra en que incurrió el constructor y con el certificado de la interventoría, se transó reconocer  $2880 millones por obras adicionales no contempladas en el contrato inicial. El Viceministro  afirmó que Fonvivienda giró los recursos para la terminación esos apartamentos en un plazo adicional de siete meses, “el constructor no las ejecutó y por el contrario optó por convocar a un tribunal de arbitramento. Podemos comprobar el giro de los recursos y que el constructor contaba en su haber con un flujo que le permitía de manera suficiente iniciar la ejecución de las obras que además nunca inició”. También cuestiona el funcionario que en  el  acta de transacción que se firmó, como un acto de buena fe,  compromiso y lealtad de las partes, se renunciaba a cualquier  reclamación o litigio posterior. Y en el caso de que lo hubiese,  obligaba a que 45 días antes de poder acudir a esta figura (arbitramento), las partes debían  discutir el tema para ver  si se llegaba a ese extremo o no. “Nunca siguió ese procedimiento, sino que de manera unilateral convocó a ese tribunal en el que  Camacol Valle, designó a tres árbitros, que consideramos deben revisarse teniendo en cuenta la calidad que ostenta ese constructor dentro de la junta de Camacol (fue su presidente hasta hace unos días) y nos puede generar algún conflicto de interés”. La toma “No estamos invadiendo.  Estamos ocupando lo que ya nos dijeron que era nuestro”, dijo José Wilson Largacha sobre la toma de los apartamentos que les fueron adjudicados por la Secretaría de Vivienda de Cali y Fonvivienda en Altos de Santa Elena y no les han entregado.  Largacha y 59 familias más  argumentaron que ya no pueden  vivir más en Nueva Ilusión. “Necesitamos que le pongan  el agua y la  energía para poder pasarnos; vinimos 60 familias, pero somos 88   con apartamento adjudicado,   donde estamos está muy peligroso. A una señora le robaron todo, la dejaron hasta sin la ropa”, denunció el líder. Igualmente, se quejó de que desde hace año, cuando vieron que no les entregaban la vivienda,  fueron a Comfenalco (operador de la adjudicación) a renunciar a ese beneficio para intentar acceder a otro, pero tampoco les admitieron la renuncia. El secretario de Vivienda de Cali, Alberto Reyes, se hizo presente ayer en el sitio de la ocupación, junto con delegados de la Personería y la Oficina de Derechos Humanos, para propiciar el diálogo y llegar a una concertación. “Ellos manifiestan que con el proceso de traslado de vecinos de la Laguna El Pondaje, esa zona ha quedado desocupada, generando problemas de inseguridad y salubridad y que eso los llevó a tomarse Altos de Santa Elena porque son beneficiarios, pero a pesar de ello no pueden acceder a esos apartamentos porque todavía están en proceso de construcción”, explicó. Reyes señaló  que en medio de todo “hay una buena noticia” y es que uno de los socios del consorcio constructor, Sidecol, decidió separarse de la posición  del otro socio, Integrar Constructores, y entrar a conciliar con Fonvivienda para continuar  la terminación de los apartamentos de la etapa II. “Él ya firmó acuerdos para arrancar el primero de mayo la reconstrucción de los apartamentos que fueron vandalizados  y poder entregarlos lo más pronto posible a las familias”, dijo. “El socio de  Sidecol entró en razón y sin que el Municipio tuviera que desembolsar un solo peso. Él   es un buen ejemplo para el otro contratista: que acepte la conciliación antes de ir al Tribunal de Arbitramento,  que  termine los apartamentos que le faltan y lograr desempantanar esta situación”, explicó Reyes. Agregó que la diferencia con  “el constructor radical” es de tipo contractual y por lo tanto no es responsabilidad de la Secretaría de Vivienda la tardanza en la entrega de las viviendas.  Mientras tanto, dijo que invitó a los ocupantes a “hacer una reflexión, para regresar a su sitio de origen mientras se resuelve el litigio, pero los ocupantes dijeron se quedarán hasta que les den  solución”. Finalmente, el Viceministro dijo que entiende la situación de las familias, pero hace un llamado a la calma, serenidad y a la paciencia. “No es de extremos ni peleas porque eso no les va a servir a los hogares, pero sí tenemos una piedra en el zapato que es un constructor que no ha tenido ni la altura moral  ni ha cumplido con ese compromiso de lealtad y diligencia al que se comprometió cuando firmó la transacción con nosotros. Estamos revisando los ángulos legales, financieros, de  control,  inspección y vigilancia que debe tener el Municipio para ver qué solución puede ser la más rápida”, concluyó.