“Es inaceptable que una casa gratuita termine alquilada”: director de Prosperidad Social

Las campañas electorales o la Ley de Garantías no son, para el director del Departamento de Prosperidad Social, DPS, Gabriel Vallejo, impedimento para seguir con el desarrollo de los programas que buscan reducir la pobreza en el país. Vallejo habló con El País sobre la nueva herramienta que permitirá hacer más efectiva la focalización de los recursos para atender a las familias vulnerables. También aseguró que se estudian medidas contra los beneficiarios de las casas gratuitas que en vez de vivir en ellas, las alquilaron.¿Qué tan bien encaminado va el país en la reducción de la pobreza?Tenemos unos resultados realmente satisfactorios. En lo que va corrido de la gestión de este gobierno se ha sacado de la pobreza a 2,5 millones de personas y a 1,3 millones de la pobreza extrema. Sin embargo, somos conscientes que aún tenemos 15 millones de personas en situación de pobreza y de esos 15 millones, 5 millones están en pobreza extrema y obviamente el gran reto no es mostrar lo que hemos logrado sino lo que falta por hacer.¿Cuál es la estrategia para seguir bajando la cifra de pobres en el país? Tenemos una deuda que reconocemos y es la pobreza rural donde hemos hecho avances, pero el camino todavía es grande. Ahí estamos haciendo un trabajo de focalización en el Sena rural y también estamos haciendo labores con las personas en situación de discapacidad.¿Qué tanto contribuye el programa de las cien mil viviendas gratuitas en la reducción de la pobreza? Mucho y por muchas razones, generarle vivienda a la gente es solucionar una de las necesidades más sentidas de familias que creyeron que nunca en su vida podrían tener una casa propia. Pero te dejo claro que en el índice de medición de pobreza multidimensional, la vivienda es una de las cinco variables que se evalúan. El objetivo del gobierno, más que reducir la pobreza entregando una vivienda es ir mitigando las necesidades de esa población. Lo que hacemos ahora, además de la entrega de la vivienda, es acompañar en educación, generación de empleo y actividades productivas.En Cali, once familias alquilaron la vivienda entregada por el Gobierno, en la urbanización Llano Verde, programa de las cien mil viviendas gratis, estando prohibido. ¿Qué pasará con los beneficiarios que en vez de vivir en las casas, las alquilaron?La responsabilidad del DPS hasta ahora es hacer la asignación de estas casas conforme a lo que aparece en los listados de la Red Unidos. Pero también hacemos un acompañamiento social y ese tema lo estamos mirando con el Ministerio de Vivienda, para dar trámite a acciones legales reales contra esas familias para revocar los subsidios, pero lo que sí debemos dejar claro es que son unos pocos casos puntuales. Lo que sí es absolutamente claro e inaceptable es que la gente a la que se le ha asignado su vivienda gratuita, por una situación social personal, termine alquilando la vivienda de una manera absolutamente descarada.¿Cómo hace el DPS ese acompañamiento a las familias? ¿Van a las casas a visitarlos? ¿Por qué no se habían dado cuenta de que había casas gratis alquiladas o desocupadas?A través de los cogestores adscritos al DPS por la Agencia Nacional de Superación de la Pobreza, Anspe, acompañamos a las familias para la superación de los logros que se requieren para salir de la situación de pobreza. Pero además hemos creado un comité institucional donde están gran parte de los actores del tema social de la vivienda gratuita: ministerios de Educación, Defensa, Salud, Policía y el Municipio. El que la Secretaría de Vivienda conociera que algunas familias estaban alquilando la casa es parte de su labor. ¿Qué es el Mapa Social?Es una herramienta que hemos diseñado, que no existe en América Latina y en eso vamos a ser pioneros. Es desarrollada por Microsoft y financiada por la CAF (Corporación Andina de Fomento). En ella, todos los empresarios de Colombia verán en un mapa digital cuál es la necesidad real requerida a nivel nacional en el tema de pobreza. Eso tiene una implicación muy importante porque en general muchas organizaciones ejecutan programas en responsabilidad social, pero la oferta es imperfecta. Es decir, cada uno cree que ayuda en lo que tiene que ayudar pero no hay una articulación con entidades públicas sobre necesidades y pertinencias de cada región. Lo que el Mapa Social le va a dar a las empresas es qué se necesita en cada región, cuáles son los requerimientos en educación, salud, infraestructura y lo más importante, a qué actores se dirigen los recursos. Tengo la convicción de que la única manera en la que vamos a superar la pobreza es entendiendo que los privados deben participar en su reducción. Es decir, ¿qué los programas de responsabilidad social de las empresas están desarticulados de la realidad de la población a la que llegan?Yo tengo una gran percepción del empresariado colombiano. Pero sí usted le pregunta por qué hace esa acción de responsabilidad social, puede pasar dos cosas: o creen que tienen que ayudarle al país, o en su informe anual tienen recursos para ese aspecto. Pero en general, son pocas las entidades que articularon una política pública de responsabilidad social con requerimientos de la región donde invierten recursos. El DPS quiere mostrarle a los privados más de 20 programas sociales con la focalización exacta del país sobre la situación de pobreza. Ese Mapa Social digital lo vamos a entregar el lunes 28 de abril.¿Cómo van los programas en Cali?Hemos aumentado la oferta en los últimos años. Estamos llegando a 54.621 familias en ‘Más familias en acción’, 3871 chicos en ‘Jóvenes en acción’, 1657 familias pertenecen a la ‘Red de Seguridad Alimentaria’ y tenemos 1299 ‘Mujeres ahorradoras en acción’. La idea es duplicar la cifra de jóvenes y mujeres ahorradoras. En esta época electoral, ¿cómo están blindando los programas de Estado para que no terminen beneficiando a algún candidato?Le estamos diciendo a la gente que los programas del DPS y los de los ministerios son un derecho de la gente. No hay ninguna posibilidad de que algún actor político o grupo, con un criterio inescrupuloso se adjudique u ofrezca programas sociales. En todo caso hoy tengo nueve denuncias, a través de anónimos, de funcionarios que presuntamente quieren constreñir a los beneficiarios a votar por un candidato o por un partido. Eso está en investigación.¿La Ley de Garantías no afecta la continuidad de los programas del DPS? Todo en el DPS está funcionando. Seguimos entregando subsidios y obras a las comunidades menos favorecida, porque lo que no puede suceder es que en una campaña los programas sociales se detengan.