En firme condena a exconcejal de Cali por irregularidades en cobertura educativa

El exconcejal Mauricio Mejía López fue condenado por defraudación al programa de cobertura educativa en Cali.

En firme quedó la condena para el exconcejal de Cali Mauricio Mejía López a cinco años de prisión, por la defraudación de más de 950 millones de pesos al programa de cobertura educativa de la capital del Valle.

Esto, luego que la Corte Suprema de Justicia determinará no revisar de manera extraordinaria el caso del exconcejal. 

Mejía López fue condenado en primera instancia en septiembre de 2011 por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, junto con otros docentes, pena que fue confirmada por el Tribunal Superior de Cali el 20 de noviembre de 2012.

El tribunal, igualmente, le impuso una multa de $507.913.72. Ahora, con la decisión de la Corte de no revisar el caso, la sentencia sigue en pie.

De acuerdo con la investigación, Mejía López y otras ocho personas defraudaron el programa de ampliación educativa del 2005 que permitió que las alcaldías contrataran con entidades privadas sin ánimo de lucro.

El monto a nivel nacional, para el año 2004-2005, ascendió a $36.500 millones por la oferta de 73.000 cupos a razón de $500 mil anuales por cada uno de los menores de estrato 1 y 2 beneficiados con el programa.

De estos, Mejía y los otros involucrados se apropiaron al menos de 950 millones destinados a 73 mil niños de estratos 1 y 2 en Cali utilizando colegios fachada y proveedores ficticios.

“Esta implementación se tornó irregular gracias a la conformación de una empresa criminal establecida para sustraerse los recursos públicos asignados para la educación de los niños y niñas de los sectores poblacionales de escasos recursos, la cual estaba integrada por algunos concejales de Cali, servidores públicos de la Secretaría de Educación, propietarios de fundaciones y colegios, rectores, contadores, secretarías, entre otros”, dice el expediente.

Según un informe publicado por El País en el 2007, la Fiscalía advirtió que para el ilícito no sólo se orientó la asignación de cupos del Programa de Ampliación de Cobertura hacia determinadas fundaciones y establecimientos educativos, sino que éstos –los colegios y fundaciones– incurrieron en falsedad de documentos, suplantación de alumnos y relación fraudulenta de gastos, para justificar los desembolsos hechos por la Secretaría de Educación. 

Las investigaciones de la Policía Judicial y las declaraciones de los testigos señalan que la asignación y distribución de los cupos se definieron entre Mejía y un exasesor de la Secretaría de Educación, durante reuniones en el apartamento del primero ubicado al sur de Cali.