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El jarillón del río Cauca, que protege a Cali, tiene 'dueños'

El País realizó un recorrido por esta zona del oriente caleño que constituye una barrera de protección de 10 comunas, es decir unos 700.000 caleños. En esa franja habitan cerca de 300 familias que tienen títulos de propiedad.

27 de abril de 2011 Por: Redacción de El País

El País realizó un recorrido por esta zona del oriente caleño que constituye una barrera de protección de 10 comunas, es decir unos 700.000 caleños. En esa franja habitan cerca de 300 familias que tienen títulos de propiedad.

El despeje del jarillón del río Cauca, que según la CVC y el Dagma es fundamental para preservar esta barrera que protege a 10 comunas y 700.000 caleños de las crecidas del afluente, va a ser mucho más complicado de lo que se pensaba.¿La razón? Ese dique tiene al menos 300 ‘dueños’, que con documentos en mano certifican la legalidad de sus viviendas y negocios sobre la barrera que protege a la ciudad contra las inundaciones. En pleno jarillón estas personas han edificado casas de dos pisos, lagos de pesca, tiendas, cultivos de tabaco, fábricas de tejas y hasta bailaderos. La gran mayoría de toda esta infraestructura opera de forma legal. Paga servicios públicos, impuesto predial. Incluso, algunos establecimientos están registrados ante la Cámara de Comercio. Así lo pudo constatar el País en un recorrido que realizó por el jarillón, específicamente en el sector conocido como Samanes del Cauca, en el nororiente de la ciudad, donde al menos 105 familias con documentos mostraron su propiedad en la zona húmeda del dique. Muchos de ellos llevan hasta 30 años habitando en el muro de contención.Samanes del Cauca, por ejemplo, cuenta con Junta de Acción Comunal. Jóider Gómez, su presidente, explicó que las familias que habitan en el sector pagaron desde 1982 cánones de arrendamiento como cuidadores del Jarillón. “Nosotros vivíamos por donde queda la estación de Puerto Mallarino, pero nos reubicaron aquí. En promedio cada casa—lote tiene un extensión de 400 metros cuadrados”. Según Gómez, administraciones municipales pasadas ofrecieron en su momento ubicarlos en Potrerogrande. Ellos se rehusaron por no considerar justo el cambio. “El 80% de las personas que habita el sector vive de actividades relacionadas con la explotación de su lote: cocheras, vacas, chivos, cultivos en general y no es justo marginarlos a cuatro paredes en una zona urbana”, dijo.A un kilómetro y medio de allí, en un sector conocido como Pueblo Nuevo, Javier Quiroga reclama 600 metros cuadrados de jarillón como suyo y sostiene que le fue entregado en un proceso de titulación de predios hace varios años.“Realicé una protocolización ante una notaría y empecé un proceso de titulación de predios en 1992. Desde esa época me instalaron luz, pago predial y estoy al día con mis impuestos. Ahora vienen a decirnos que nos vayamos”, alegó Quiroga.Carlos Fernando Guzmán, líder de Puerto Mallarino, agregó que desde la misma concepción del dique se han presentando irregularidades con él. “Primero, antes de existir el jarillón esos lotes tenían dueños y nunca fueron comprados o expropiados, por lo que muchos optaron por lotearlos y venderlos, parte de ellos sobre el dique. Después llegaron alcaldes que titularon lotes a diestra y siniestra. Ahí aparecieron los propietarios legales, algunos dicen que son 300, otros que podrían llegar a 1.000. Es una cifra incierta”, explicó.La administración del alcalde Jorge Iván Ospina es consciente de esta situación y estima que la reubicación legal de estas personas podría durar hasta 10 años. “Hay personas propietarias del jarillón, fundamentalmente en los sectores de Puerto Mallarino y Puerto Nuevo, en ese sentido nos queda muy difícil desalojarlos”, precisó Ospina.El Mandatario atribuyó el hecho a la irresponsabilidad de quienes en su momento no tuvieron en cuenta a los habitantes del lugar para construir el dique, asimismo, a un grupo de personas que vendió lo que no les pertenecía.“A estas personas hay que reubicarlas en iguales condiciones a las que tienen porque cuando construyeron el jarillón no previeron adquirir estos predios, y por tanto dejaron atrapada a la gente entre el río y el dique y ello genera muchos riesgos en estas zonas que hoy se encuentran inundadas”, señaló. Ospina agregó que a corto plazo realizará un gran acuerdo con las personas que llevan 20 y hasta 30 años sobre el jarillón para ubicarlos en otros espacios. “Así, el jarillón no sufrirá y se evitará que este patrimonio de ciudad colapse”.

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