Demandas cuestan una tercera parte del presupuesto de Cali

Al Municipio lo demandan por todo y muchas pretensiones son excesivas. Pero este año se redujeron un 73 % las exigencias económicas.

El fallo proferido esta semana por el Consejo de Estado, mediante el cual declara nulo el contrato de recaudo tributario con Sicali —justo el día en que debía conocerse la decisión de un tribunal de arbitramento sobre un reclamo de $48.692 millones de la misma Sicali contra el Municipio—, puso de nuevo el foco sobre los procesos judiciales que afronta la alcaldía caleña.El pasado lunes había preocupación por el fallo arbitral. Pero la decisión del alto tribunal devolvió la calma a los pasillos del CAM, ya que la anulación del contrato de Sicali dejaría sin piso las pretensiones del demandante y le quita una amenaza al erario caleño que lo podría haber herido de gravedad.Así el Municipio logre liberarse de esa demanda, sus preocupaciones no terminan allí. Actualmente en los juzgados cursan 4331 procesos de todo tipo contra el Municipio por cuantía de $632.648 millones. Más aún, los procesos acumulados, según datos de la Dirección Jurídica de la Alcaldía, llegarían a $1,87 billones, una cifra que podría quebrar al Municipio. Sin embargo, muchos de esos procesos no han hecho tránsito a juzgados, han sido conciliados y algunos más no implican riesgos para el erario, aseguró Diana Sandoval, subdirectora Jurídica de la Alcaldía.Por el contrario, el Municipio le está reclamando a Sicali $1,7 billones por perjuicios debido a la baja gestión del recaudo tributario y por no haber hecho la actualización catastral de la ciudad.Lo cierto es que si los procesos que cursan en los juzgados terminaran condenando al Municipio, este debería pagar el equivalente a la tercera parte de todo el presupuesto de la ciudad en un año. O 20 veces lo que invierte en seguridad. O la suma de todo el gasto en salud y educación para los caleños en un año. Para su defensa, el Municipio cuenta con 150 abogados, muchos de ellos contratistas externos, y nueva tecnología de software para hacerles seguimiento.Las demandas van desde la devolución de los dineros de las megaobras y de la tasa prodeporte que se les cobró a los contratistas, hasta la petición de pago de indemnización por caer a un hueco en una vía pública. Y pasan, también, por la disputa de tierras, la reparación por ocupación de predios y el dudoso pago de cupos escolares por ampliación de cobertura educativa (algunos ya conciliados).Javier Mauricio Pachón, director jurídico de la Alcaldía, indicó que entre las grandes contingencias que afronta el Municipio por demandas está el proceso del Mameyal, que tiene una pretensión económica de $89.672 millones. En este caso lo que sucedió fue que en desarrollo de una acción popular instaurada por una asociación de carretilleros le ordenaron al Municipio adecuar un sitio para la disposición final de escombros.El predio del Mameyal fue escogido, los dueños lo adecuaron, pero finalmente no se utilizó porque un juez falló una acción popular de protección del medio ambiente y ordenó suspender cualquier actividad en el predio. Otro proceso importante es una acción popular instaurada por Luis Fernando Castro Espadáfora y más de 20 contratistas del Municipio que pretenden que se les devuelva $23.103 millones por la estampilla prodeporte que pagaron con el 2,5 % de sus contratos. Lo que pretenden es dejar sin efecto los artículos 62 a 65 del Acuerdo 32 de 1998 que ordenaron dicho cobro y que los demandantes consideran ilegales.Otras demandas que preocupan al Municipio son las que piden reajustes salariales en el personal del Magisterio. Pachón explicó que la Nación ajusta a sus docentes y, por derecho a la igualdad, los demás piden prerrogativas al Municipio. “La Nación puede absorber esas obligaciones, pero nosotros nos vemos en afugias económicas para responder por ellas”, precisó el funcionario. De esos procesos actualmente hay 912 activos por cuantía de $5404 millones.Un proceso emblemático es el de las megaobras, que ha tenido muchos enemigos. El principal demandante es el excongresista Ramiro Varela, quien instauró una acción popular que pretendía detener su ejecución y que se devuelva a los contribuyentes el dinero pagado por las obras que no se iniciaron durante los dos años siguientes a su aprobación. Esta pretensión no está cuantificada.Pero llama la atención que dentro de las demandas al Municipio figura la de un particular, Orlando Mosquera, a quien, al parecer, se le había encargado el recaudo de transferencias del impuesto de espectáculos públicos.Este particular contrato fue rescindido por la Administración Municipal aduciendo un “objeto ilícito”, dado que el recaudo es una función propia del Municipio, la cual, en su momento, había sido delegada a Sicali. No obstante, el señor Mosquera, apoderado por el exdirector de Fiscalías Diego Rojas Girón, reclama $36.000 millones por indemnización, pretensión que le fue negada en primera instancia y está para fallo en segunda instancia.En contraste, el Municipio demanda muy poco. Por ahora solo tiene dos acciones de repetición, cercanas a los $2000, contra el ex alcalde Ricardo Cobo y el ex secretario de Tránsito Carlos Campillo. Contra Cobo, por declarar insubsistente a su directora del Dagma Ángela María Salazar, cuando ella estaba en embarazo. Y contra Campillo por haber destituido una docena de funcionarios sin haberles seguido el debido proceso.El alcalde Rodrigo Guerrero considera que su artillería de defensa está preparada para defender los dineros públicos. De hecho, entre enero y noviembre de este año lograron reducir en un 73 % las pretensiones económicas de los demandantes. Pero el trabajo sigue, porque en las afueras del CAM hay una artillería de abogados disparándole al Municipio por cualquier cosa. Y en los juzgados se juega un presupuesto equivalente a todo lo que cuesta la salud, la educación y la seguridad de la ciudad en un año, que se podría perder.