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A través de pendones, como el que aparece en la foto, habitantes de Cali y Jamundí que se verían afectados por el cobro de valorización han manifestado su desacuerdo con el proceso. | Foto: Foto: Jorge Orozco / El País

GOBERNACIÓN DEL VALLE

Comunidad insiste en la revocatoria de valorización en Av. Cañasgordas

Ante las dudas, Gobernación del Valle anunció que el lunes se definirían las salidas jurídicas.

11 de enero de 2019 Por: Redacción de El País

Las notificaciones de cobro de valorización para financiar las obras de ampliación de la Avenida Cañasgordas, que siguen recibiendo predios en Cali y Jamundí, tienen en alerta a los habitantes de estos municipios, quienes están exigiendo que se resuelvan los líos jurídicos que dejó el suspendido proyecto.

“Los residentes de la ciudad campestre El Castillo pedimos que se investigue si la Gobernación del Valle ya tumbó las ordenanzas que obligan a pagar valorización, porque es una súper millonada que quedaría en el limbo. A mí me llegó un cobro de casi $5.000.000 y a mi vecino del frente es de $4.200.000”, afirmó un residente de este sector de Jamundí.

Luz Amparo Valencia, habitante de uno de los condominios de ese municipio, indicó que se han interpuesto derechos de petición solicitando información sobre los estudios que se hicieron para poder cobrar la contribución. También anunció que están recogiendo firmas para solicitar la revocatoria de las ordenanzas que dieron vida al cobro de valorización y la ejecución del proyecto de infraestructura.

“Esperamos estar presentando ese documento ante la Gobernación del Valle la próxima semana. Allí, más de 10.000 afectados solicitamos que se revoque y se nos diga que ya quedó cancelado ese cobro, porque por ahora solo se ha revocado la licitación de la obra. Estaremos tranquilos en el momento que queden revocadas las ordenanzas”, expresó la señora.

La ampliación de la Avenida Cañasgordas está proyectada para construirse en tres años. Ya tiene diseños y compra de predios.

Al cierre de esta edición, el tema era discutido por la comunidad en reuniones independientes que se realizaron en ambos municipios.
“Así como a través de una ordenanza crearon un decreto para cobrarnos, hay que tumbar eso porque mañana pueden cobrar así no hagan la obra hoy”, dijo Jackson Melo, habitante del sector de La Viga, en Cali.

En la firmatón que están promoviendo los habitantes de Jamundí solicitan que se revoquen los 24.325 actos administrativos de liquidación individual de valorización proferidos por la Secretaría de Infraestructura del Valle.

Asimismo, revocar las ordenanzas 463 del 10 de agosto del 2017, 477 del 12 de febrero de 2018 y 491 del 19 de septiembre de 2018, donde se autoriza el cobro de valorización, así como el endeudamiento de la Gobernación por 40.523 $millones y comprometer vigencias futuras excepcionales de la totalidad de los recursos provenientes del recaudo de la contribución.

“Ellos (la Administración Departamental) tienen que volver a la Asamblea para derogar esas ordenanzas, pero para eso tienen que revisar en qué avanzaron con las facultades que entregamos, hacer un análisis porque ya hay una compra de predios, hay unos estudios realizados, entonces se debe determinar en qué parte del proceso van a cancelar todo”, explicó Gessica Vallejo, presidenta de la Asamblea del Valle, donde se aprobaron las ordenanzas.

Otra de las dudas que ha rondado entre la comunidad afectada por el cobro de valorización, es que la Gobernación estaría preparando una reliquidación para volver a cobrar la contribución. Sin embargo, esta posibilidad fue descartada por el secretario de Infraestructura Vial y Valorización del Valle, Miguel Ángel Muñoz.

“En el momento no se ha tomado esa determinación. Estamos en el proceso de revocar todas las resoluciones que dieron origen al cobro de la valorización”, manifestó Muñoz.

El funcionario señaló que en este momento se está desarrollando un plan de contingencia para establecer las salidas jurídicas que se aplicarán en todo el proceso.

“Estamos revisando el tema de las ordenanzas, el tema de valorización y el tema de la obra pública como tal, mirando los caminos más expeditos legalmente para que todo quede debidamente contestado. Aspiramos que el próximo lunes tengamos claramente definidos estos temas”, dijo Muñoz.

Con respecto a las notificaciones de cobro que aún están llegando, el secretario de Infraestructura Vial explicó que “eso se contrató vía correo y si no llegó en su momento era porque no estaba el propietario del predio o no había posibilidades de notificarlo, entonces va a seguir llegando a todos a pesar de que esté la revocatoria de la licitación de la obra”.

Y aclaró que en medio de las soluciones jurídicas que están evaluando, también se está revisando si es necesario que los contribuyentes sigan interponiendo los recursos de reconsideración para manifestar su desacuerdo con el cobro.

“Estamos mirando, ahora, si mediante un acto administrativo podemos decir que no hay necesidad de que presenten el recurso o si tenemos que mandarles a notificar a uno por uno que ya se revocó”, precisó el funcionario.

Claves del proceso

En noviembre del año pasado, la Gobernación del Valle expidió el acto administrativo para el cobro de la valorización y se empezó a informar a los contribuyentes sobre el proceso.

El 27 de diciembre la Administración Departamental revocó el proceso de licitación para contratar la ampliación de la vía entre el puente del río Pance y la glorieta de Alfaguara, por $127.014 millones.

La decisión se tomó atendiendo la solicitud de la comunidad, que manifestó incapacidad para pagar la valorización.

Lea además: ¿Qué pasará con la ampliación de la Avenida Cañasgordas?

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