Alcalde defiende polémico convenio entre Dagma y Sociedad de Mejoras Públicas

El contrato busca construir un centro de acopio de residuos sólidos y una estación de transferencia de escombros. Organismos de control del municipio critican la falta de planeación.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, dijo que el convenio suscrito entre el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, y la Sociedad de Mejoras Públicas, con el objeto de construir un centro de acopio de residuos sólidos y una estación de transferencia de escombros, es legal.Ante los recientes pronunciamientos de la Contraloría municipal, el Alcalde precisó que “el proyecto se está adelantando con una entidad de reconocido prestigio como lo es la Sociedad de Mejoras Públicas y nos interesa que investiguen, porque lo que expresó sobre la legalidad lo va a evidenciar todo el proceso contractual".Agregó el Alcalde que “la subcontratación en el convenio no puede ser considerada una ilegalidad, porque el contratista puede sub contratar algunos de los procesos de desarrollo a ejecutar y no creo que haya allí una dificultad”.Sobre los recursos del convenio, Ospina señaló que son del Estado y como tales, se encuentran en una cuenta y vienen siendo ejecutados de manera sistemática”.La polémica por el contratoLos hechos se remontan a diciembre de 2009, cuando el Dagma y la SMP firmaron los convenios 39 y 40 por un valor global de $1.636 millones, con el fin de construir dichas obras, que hacen parte del sistema de manejo de residuos que la ciudad está en mora de construir y que la sentencia T-291, dictada el 23 de abril de 2009 por la Corte Constitucional, ordena ejecutar con urgencia para darle solución al drama que viven unos 4.000 recicladores en Cali.Los reparos de la Contraloría, que tras la firma de los convenios en 2009 inició el seguimiento, abarcan desde la falta de planeación hasta el posible detrimento patrimonial, pues no pudo determinar en qué se gastaron los $1.636 millones.Son seis hallazgos administrativos, cuatro de ellos con carácter disciplinario, lo que motivó que Alma Carmenza Erazo, contralora de Cali, solicitara una investigación fiscal el pasado 16 de febrero.“Los estudios previos son un instrumento para darle seguridad a las entidades públicas a la hora de seleccionar la modalidad de contratación y el contratista, pero en este caso presuntamente quebrantan el espíritu de las normas, ya que desde los mismos estudios se menciona a la SMP como a quien se debe contratar, además no se soportó jurídicamente la razón para hacerlo mediante el convenio”, dice el primer hallazgo.Este tipo de contratación, muy usado por la Emru y el Fondo Mixto del Deporte, entre otras entidades, ha sido cuestionado pues sirve para obviar la Ley 80 de 1993 y sus decretos complementarios, que exigen licitaciones y concursos públicos para adjudicar contratos y obras. El informe de la Contraloría continúa cuestionando el motivo por el cual el Dagma le entregó a la SMP el 100% de los recursos apenas se firmó el acta de inicio, el 30 de diciembre de 2009, “y concluye que en los estudios previos no se justifica este punto”.Otro reparo de la Contraloría es por la idoneidad, así como por la capacidad técnica y administrativa de la SMP para construir las obras.“En la relación de obras ejecutadas con que se quiso acreditar la idoneidad de la SMP, no aparece mencionada una sola de esta índole, por lo cual dicha sociedad no cuenta con la experiencia específica para desarrollar el objeto de los convenios, prueba de ello es que ha subcontratado el 86% de las actividades”, añade el informe final entre sus cargos.Sin duda el hallazgo más significativo tiene que ver con el manejo de los recursos públicos entregados a la SMP.En este sentido la Contraloría dice que “ni el Dagma, ni la SMP, ni los subcontratistas contaban con un informe de los estados financieros y este sólo fue entregado el 21 de diciembre de 2010 pese a que fue solicitado desde el 17 de noviembre del mismo año”.Como la Contraloría no pudo verificar ni evaluar el estado de los $1.636 millones, abrió la indagación fiscal, a la que están vinculados no sólo funcionarios del Dagma, sino también Sandra Collazos, directora ejecutiva de la SMP y quien firmó los convenios, así como Abel Betancourt, interventor de las obras.Si el ente de control determina que hubo detrimento patrimonial, dará traslado a la Fiscalía para que investigue penalmente a los implicados.Por su parte, la Personería de Cali tiene listo el pliego de cargos contra Jesús Darío González, ex director del Dagma, quien firmó los cuestionados convenios, y puede que repita los cargos contra los funcionarios que lo asistieron en el proceso.“Haremos ajustes”Efraín Sierra, director del Dagma, explicó que “ante la urgencia por acatar el fallo de la Corte Constitucional y debido a la sensibilidad que despierta el tema entre la comunidad, buscamos una entidad que fuera capaz de convocar a los ciudadanos y escogimos a la SMP”, agregó que el enredo es una ‘herencia’, pero que tiene la disposición para realizar los ajustes que pida la Contraloría.Sierra dice que el proyecto se atrasó por los cambios de ubicación: “Primero iba a ser cerca al río Cali, en la avenida 2 norte, pero la comunidad se opuso. Entonces lo pasamos al lote ‘La Corbata’ en el ejido de Navarro, pero la CVC dijo que no se podía porque afectaba los acuíferos. Por último acordamos con Emcali para hacerlo en el mismo lote del reservorio”.Por su parte, Sandra Collazos, directora ejecutiva de la SMP, dijo estar en total desacuerdo con los hallazgos de la Contraloría, “acá hemos manejado todo con transparencia y es la primera vez en los 107 años de fundada que un ente de control revisa nuestros actos”.Al preguntarle si tenía la información contable al día y por qué se demoró más de un mes en presentarla ante la Contraloría, Collazos negó que lo anotado en el informe fuera cierto: “Les dije que tenía que hacer firmar del contador y el tesorero los balances y que los extractos de la cuenta donde están los recursos se demoran dos días”.Aclaró que las obras no están suspendidas, como sostiene la Contraloría, “el centro de acopio está adelantado en un 75%, pero la estación de transferencia sí está parada por el invierno, pues las máquinas se nos entierran”.