El aviso de esta convocatoria pública se hizo el 5 de mayo de 2026 y se espera que la firma del contrato se haga el 9 de junio de esta misma vigencia.

Para este objetivo, algunos de los elementos que la Alcaldía de Yumbo solicitó son los siguientes:

• Alquiler de sonido
• Alquiler de mesas
• Alquiler de micrófonos
• Camisetas estampadas
• Polos institucionales con logos bordados
• Gorras
• Agendas pasta dura con el escudo de Yumbo
• Carpetas institucionales
• Hidratación

• Alquiler equipo de streaming
• Roll ups de las campañas
• Impresión de Piezas Publicitarias
• Emisión de videos y salidas en canales locales y regionales
• Cubrimiento de eventos medios locales y regionales
• Alquiler de vallas en espacios públicos principales (Belalcázar, bolívar Uribe y edificio skyblue) incluye 2 recambios de lona

Las labores de este contrato deberán ser desarrolladas hasta el 31 de diciembre de 2026, según está estipulado en los documentos de aviso de convocatoria pública del proceso.

La Alcaldía de Yumbo estipuló que los pagos de este contrato se realizarán de manera parcial, de acuerdo a las labores que sean realizadas y entregadas por el contratista.

“Los pagos se harán dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de pago, previo recibo ‘a, satisfacción por parte del supervisor del informe de actividades realizadas hasta completar el cien por ciento (100%) del valor-total del contrato y del pleno cumplimiento de los requisitos de causación y pago“, estipuló la Alcaldía de Yumbo.

Obligaciones del contratista

Los documentos del proceso licitatorio establecen que el contratista ganador deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

• Cumplir con el objeto del contrato, lo estipulado en los pliegos, la propuesta presentada y el contrato que se suscriba
• Cumplir con en las especificaciones técnicas
• Suministrar los bienes y servicios de alta calidad
• No accederá peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algún hecho

• El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio al Municipio de Yumbo o a terceros
• Mantener vigentes todas las garantías que ampara el contrato, en los términos de! mismo

Deje de leer pliegos a ciegas. La IA lo hace por usted, haga clic aquí: elpaislicita.com

La inversión para este tema es de $ 65.344 millones y tiene plazo de presentación de ofertas hasta el 29 de mayo de 2026.

Se espera que la firma del contrato se realice el 22 de junio de 2026 y tendrá un plazo de ejecución de cinco meses. Es decir, tendrá que finalizar en noviembre del mismo año.

El objeto principal del proceso es “realizar obras de mejoramiento, mantenimiento vial y obras de drenaje en zona urbana y rural del Distrito Especial de Santiago de Cali”, y se espera que las obras sean divididas en tres lotes.

Información de los lotes

El primer grupo de obras comprende 48 tramos viales, 34 de ellos en la zona urbana y 14 en la rural. Para esto, se invertirán $ 25.178 millones.

El segundo de los grupos contempla 42 tramos viales, 29 urbanos y 13 rurales, con una inversión de $ 20.451 millones.

Finalmente, el tercer lote tendrá 54 tramos viales, de

Datos exactos de las obras

Según los documentos publicados por la Secretaría de Infraestructura de Cali, algunas de las comunas que se beneficiarán por estas obras son las 3, 15, 18, 19, 20, 12, 16, 17, 22, entre otras.

Un grupo de direcciones exactas de las vías a mejorar en la zona urbana son las siguientes:

• CALLE 10 OESTE ENTRE CARRERA 36D Y ENTRADA A C. CERRO VERDE
• CARRERA 76A ENTRE CALLE 3D Y CALLE 4
• CALLE 10 OESTE ENTRE CARRERA 27 Y CARRERA 28
• CALLE 3 ENTRE CARRERA 25 Y CARRERA 34

Asimismo, en cuanto a la zona rural, algunos de los corregimientos que tendrán obras son: Villacarmelo, La Elvira, La Castilla, Los Andes, Pichindé, La Leonera, Golondrinas, Saladito, entre otros.

Al hablar de la zona rural, algunos de los sectores a mejorar son:

• VEREDA KILOMETRO 18
• VIA DEL K18 HACIA CABECERA SECTOR LA PINERA
• CURVA ASUCASTILLA
• CABECERA PREDIO DEL PADRE MERA HASTA EL PREDIO DE ALBERTINA.

los cuales 45 serán urbanos y 9 rurales.

Deje de leer pliegos a ciegas. La IA lo hace por usted, haga clic aquí.: elpaislicita.com3. La próxima licitación de su sector ya está abierta. ¿Ya la vio? Haga clic aquí. elpaislicita.com

Hay noticias que uno recibe con cierta satisfacción, porque no se quedan en la superficie. No son solo anuncios de moda ni entusiasmo pasajero. A veces, detrás de una iniciativa empresarial, se alcanza a ver una señal más profunda: algo se está moviendo donde antes parecía haber solo rutina, papeleo y resignación.

Que desde Cali una plataforma de inteligencia artificial aplicada a la contratación pública esté empezando a ganar tracción es, a decir verdad, una buena noticia.

Lo es para sus creadores, por supuesto. Pero también lo es para un país que necesita contratar mejor, competir mejor y aprender a usar con más inteligencia la información pública que ya tiene a la mano.

Enhorabuena por “elpaislicita.com”.

Durante demasiado tiempo, la contratación pública ha sido mirada casi siempre desde sus zonas más grises: el trámite, el expediente, el pliego interminable, la sospecha, el miedo a equivocarse. Y claro, todo eso existe. Sería ingenuo negarlo.

Pero detrás de cada proceso contractual también se mueven decisiones económicas, riesgos, incentivos, tiempos, oportunidades y costos que no siempre son visibles a primera vista.

Para una gran empresa, entrar en ese mundo puede ser complejo. Para una Mipyme, muchas veces puede parecer una puerta demasiado pesada.

Buscar oportunidades en SECOP, leer pliegos extensos, entender requisitos habilitantes, revisar cronogramas, preparar observaciones, calcular riesgos y armar una propuesta competitiva no es tarea menor. Exige método, conocimiento y tiempo. Y no todas las empresas tienen a su lado un equipo jurídico, financiero y técnico capaz de hacer ese recorrido sin perderse en el camino.

Ahí es donde una herramienta como “elpaislicita.com” empieza a cobrar sentido.

La inteligencia artificial no reemplaza el juicio humano. Tampoco sustituye la responsabilidad jurídica ni el criterio profesional. Quien prometa eso estaría vendiendo humo. Pero sí puede hacer algo muy valioso: ayudar a convertir documentos dispersos en información comprensible; requisitos en mapas de decisión; fechas escondidas en alertas oportunas; y oportunidades públicas en caminos más claros para quienes quieren competir seriamente.

Por eso, “elpaislicita.com” no debería verse apenas como una herramienta para “ganar licitaciones”. Su alcance puede ser más interesante.

Puede contribuir a reducir esas asimetrías de información que, en la práctica, terminan favoreciendo a quienes ya conocen el sistema y dejando por fuera a quienes, aun teniendo capacidad, no alcanzan a entenderlo a tiempo.

Porque en contratación pública la decisión importante no empieza cuando se entrega una oferta. Empieza mucho antes.

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Empieza cuando una empresa se pregunta si ese proceso realmente le conviene. Si cumple. Si el precio le permite competir sin sacrificar su margen. Si el objeto contractual conversa con su experiencia. Si hay riesgos escondidos entre líneas. Si, en caso de ganar, tiene cómo ejecutar, soportar, cobrar y cerrar bien.

Ese último punto suele olvidarse. Ganarse un contrato no es llegar a la meta; muchas veces es apenas cruzar la puerta de entrada. Después viene lo difícil: cumplir, documentar, responderle al supervisor, cuidar los tiempos, justificar cada paso y evitar que el contrato se convierta en una tormenta administrativa.

En este escenario, las Mipymes merecen una atención especial. Colombia ha creado reglas para facilitar su participación en las compras públicas, pero una cosa es que la norma exista y otra muy distinta que la pequeña empresa la conozca, la entienda y llegue a tiempo para usarla. Muchas no quedan por fuera porque les falte capacidad productiva. Quedan por fuera porque les falta información, acompañamiento y método.

Democratizar el acceso técnico al mercado público no significa regalar contratos. Tampoco significa bajar estándares. Significa permitir que más empresas compitan con mejores herramientas, con menos incertidumbre y con mayor claridad sobre sus propias posibilidades. Una Mipyme bien preparada no solo mejora sus opciones de contratar; también fortalece la economía local, genera empleo, formaliza capacidades y amplía la base de proveedores del Estado.

Por eso Cali debería celebrar que desde su ecosistema empresarial surjan soluciones como “elpaislicita.com”. La ciudad necesita innovación aplicada a problemas reales. No solo discursos sobre transformación digital, sino apuestas concretas que conecten tecnología, productividad, transparencia y desarrollo empresarial.

El reto, desde luego, no es menor. Toda solución tecnológica en contratación pública tendrá que demostrar precisión, trazabilidad, actualización normativa y responsabilidad en sus recomendaciones. La inteligencia artificial no puede convertirse en una caja negra ni en una promesa mágica. Tiene que ser una herramienta sobria, útil y verificable, puesta al servicio de mejores decisiones.

Y justamente por eso vale la pena respaldar este esfuerzo.

Colombia necesita dejar de entender la contratación pública como un simple trámite y empezar a verla como lo que realmente es: un sistema de decisiones. Allí se define cómo se usan los recursos, quiénes participan, qué empresas crecen, qué riesgos se asumen y qué resultados llegan —o no llegan— a los ciudadanos.

En ese tránsito, plataformas como “elpaislicita.com” pueden cumplir un papel importante. Pueden ayudar a que las empresas lleguen mejor preparadas, a que las oportunidades se identifiquen a tiempo, a que los riesgos se lean antes de que exploten y a que la competencia sea más informada.

Enhorabuena por “elpaislicita.com”.

Ojalá su tracción inicial se convierta en consolidación. Ojalá muchas Mipymes encuentren allí una puerta de entrada a un mercado que durante años les ha parecido lejano. Y ojalá desde Cali sigan naciendo soluciones que entiendan algo esencial: la tecnología vale de verdad cuando deja de ser artificio y empieza a servirle a mejores decisiones.

La inteligencia artificial, bien usada, no reemplaza la contratación pública.

La ayuda a respirar mejor.

(*) Economista | Arquitectura de Decisión | Asuntos Públicos · Incentivos · Estrategia

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4. Todos los procesos del SECOP, en un solo lugar. Empiece hoy, haga clic aquí. elpaislicita.com

En la Alcaldía de Cali, la tecnología se ha comprado históricamente como si cada secretaría fuera una isla. Esta fragmentación hace que el Distrito pierda poder de negociación y pague precios de “minorista”. Sin embargo, la reciente Sentencia C-138 de 2025 de la Corte Constitucional ha trazado una hoja de ruta clara: Cali puede —y debe— revolucionar su gasto público, siempre que respete el delicado equilibrio de la autonomía territorial.

El fallo: Libertad con responsabilidad

La Corte ha ratificado que ciudades como Cali tienen la potestad de organizar sus propios Acuerdos Marco de Precios (AMP) cuando las soluciones nacionales no se ajusten a la realidad local. No obstante, el fallo introduce una precisión vital: cualquier reglamento que module la obligatoriedad de estos acuerdos debe respetar los límites de la autonomía constitucional, protegiendo las funciones esenciales y las competencias propias de cada entidad.

¿Qué significa esto para Cali? Que la centralización no puede ser la excusa burocrática, sino una plataforma de servicios. El Distrito tiene el respaldo para organizarse y comprar en bloque, pero garantizando que cada secretaría mantenga su capacidad técnica para definir qué herramientas necesita para cumplir su misión.

El poder de la “compra agregada”

El reto es pasar de la atomización a la agregación de demanda estratégica. No es lo mismo comprar 100 computadores para una oficina que negociar 10.000 para todo el Distrito. Bajo un modelo de gasto consolidado, proyectado en $85.000 millones para el sector TI, los beneficios son tangibles:

• Precios de mayorista: Al consolidar la demanda, la ciudad exige descuentos de gran escala que hoy se diluyen en contratos pequeños.
• Ahorro de $11.800 millones anuales: Recursos que podrían transformarse en 15.000 computadores nuevos para escuelas o en el fortalecimiento de la Red de Salud Pública.
• Agilidad jurídica: Al estandarizar procesos, se reducen las licitaciones repetitivas, permitiendo que las secretarías se enfoquen en su gestión y no en la carpintería legal de cada compra.

El reto: Coordinación sin imposición

Para que este modelo prospere bajo el estándar de la Corte, Cali necesita una inteligencia institucional operativa. El desafío es crear una “tienda virtual” interna que funcione por incentivos y eficiencia, no por simple imposición administrativa. El éxito radicará en demostrar que comprar a través del Acuerdo Marco Distrital es más rápido, económico y transparente que hacerlo por cuenta propia.

Conclusión

La Sentencia C-138 de 2025 es un llamado al orden administrativo. Cali tiene la oportunidad de dejar de ser un conjunto de entidades dispersas para convertirse en un comprador estratégico que respeta la especialidad de sus secretarías mientras optimiza cada peso del contribuyente.

El balón está en la cancha de la administración: es el momento de demostrar que la autonomía territorial no es una excusa para el gasto ineficiente, sino la herramienta para que el dinero de los caleños rinda más.

CEO, Nación Compra Pública Digital

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El fallo: Libertad con responsabilidad

La Corte ha ratificado que ciudades como Cali tienen la potestad de organizar sus propios Acuerdos Marco de Precios (AMP) cuando las soluciones nacionales no se ajusten a la realidad local. No obstante, el fallo introduce una precisión vital: cualquier reglamento que module la obligatoriedad de estos acuerdos debe respetar los límites de la autonomía constitucional, protegiendo las funciones esenciales y las competencias propias de cada entidad.

¿Qué significa esto para Cali? Que la centralización no puede ser la excusa burocrática, sino una plataforma de servicios. El Distrito tiene el respaldo para organizarse y comprar en bloque, pero garantizando que cada secretaría mantenga su capacidad técnica para definir qué herramientas necesita para cumplir su misión.

El poder de la “compra agregada”

El reto es pasar de la atomización a la agregación de demanda estratégica. No es lo mismo comprar 100 computadores para una oficina que negociar 10.000 para todo el Distrito. Bajo un modelo de gasto consolidado, proyectado en $85.000 millones para el sector TI, los beneficios son tangibles:

• Precios de mayorista: Al consolidar la demanda, la ciudad exige descuentos de gran escala que hoy se diluyen en contratos pequeños.
• Ahorro de $11.800 millones anuales: Recursos que podrían transformarse en 15.000 computadores nuevos para escuelas o en el fortalecimiento de la Red de Salud Pública.
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El reto: Coordinación sin imposición

Para que este modelo prospere bajo el estándar de la Corte, Cali necesita una inteligencia institucional operativa. El desafío es crear una “tienda virtual” interna que funcione por incentivos y eficiencia, no por simple imposición administrativa. El éxito radicará en demostrar que comprar a través del Acuerdo Marco Distrital es más rápido, económico y transparente que hacerlo por cuenta propia.

Conclusión

La Sentencia C-138 de 2025 es un llamado al orden administrativo. Cali tiene la oportunidad de dejar de ser un conjunto de entidades dispersas para convertirse en un comprador estratégico que respeta la especialidad de sus secretarías mientras optimiza cada peso del contribuyente.

El balón está en la cancha de la administración: es el momento de demostrar que la autonomía territorial no es una excusa para el gasto ineficiente, sino la herramienta para que el dinero de los caleños rinda más.

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El servicio no solamente será prestado para los elementos de la Policía de Cali, sino que el contrato también estipula que se beneficiarán los uniformados de las unidades adscritas.

En ese sentido, la distribución presupuestal para las labores quedarán de la siguiente manera:

• Metropolitana Santiago de Cali: $525.500.000
• Departamento de Policía Valle: $364.697.000
• Centro Vacacional Tuluá: $13.000.000
• Centro Vacacional Occidente: $11.000.000
• Unidad de Dialogo y Mantenimiento del Orden MECAL: $10.804.500
• Unidad de Dialogo y Mantenimiento del Orden DEVAL: $19.257.000
• Colegio Nuestra Señora de Fátima (NUSEFA): $14.838.829,79

Hasta el 20 de mayo de 2026 estará habilitada la manifestación de interés por parte de las empresas o personas que se quieran quedar con el proceso, para que este sea finalmente adjudicado el 10 de junio del mismo año.

“El plazo de ejecución será a partir de la fecha que se indique en la carta de inicio de ejecución del mismo, la cual será entregada al contratista por parte de la Policía Metropolitana de Cali, previa aprobación de las garantías, perfeccionamiento y legalización del contrato, hasta el día 27 de diciembre de 2026 o hasta agotar presupuesto asignado, lo primero que ocurra”, informó la Policía en el proceso contractual.

Labores específicas a realizar

Según los documentos del proceso de contratación publicados por la Policía, las labores a realizar son definidas como el “despliegue e implementación de la guía sistema de atención integral a la familia (SAFAP)“.

Este proceso, según los documentos, incluyen actividades deportivas, culturales y psicológicas, pero no indican exactamente cuáles son.

Obligaciones del contratista

• Cumplir con el objeto contractual
• Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas
• Poner a disposición de la entidad los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado
• Responder en los plazos que la Policía Nacional establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule

• Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago
• No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.

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Según indicó, mientras el cronograma estimaba un 21 % de ejecución para esta etapa, la obra ya alcanza el 45 %, lo que representa un adelanto de 24 puntos porcentuales.

“Si continuamos así, vamos a entregar la obra antes de lo que habíamos previsto (...)”, expresó. Y es que en su recorrido por los 6,1 kilómetros intervenidos, que se extienden desde el río Pance hasta la glorieta de Alfaguara, ya hay tramos completamente asfaltados y avances en la construcción de andenes, al igual que la ciclorruta.

El avance del proyecto también ha sido monitoreado por veedurías ciudadanas, que han acompañado el desarrollo de la obra. “Han estado muy disciplinados en el avance; en los informes hemos visto que hay un adelanto en vez de un retraso en el cronograma”, afirmó César Muñoz, veedor ciudadano.

Además del progreso en tiempos, los veedores resaltaron aspectos relacionados con la planificación ambiental, como la inclusión de pasos para fauna dentro del diseño del proyecto, un elemento que, según informaron, había sido solicitado en los espacios de seguimiento.

📌Gobernación del Valle del Cauca publicó video sobre avances en la vía Cañas Gordas. Lea todo el historial de esta obra en nuestra sección “El país licita”.

👉https://t.co/ow8sdwTdBm pic.twitter.com/J5s2sYZLDX

— El País Cali 📰 (@elpaiscali) May 2, 2026

Evolución de la obra

El avance de la obra ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos meses. De hecho, El País informó que el 5 de marzo se reportaba un 27 % de ejecución, cifra que superaba lo proyectado en ese momento.

Días después, el 12 de marzo, se daba a conocer un avance cercano al 29,7 %, con cerca de 290 trabajadores operando en seis frentes de trabajo a lo largo del corredor.

Cabe mencionar que el proyecto incluye, además de la ampliación vial, la construcción de 21 estructuras hidráulicas tipo box culvert, diseñadas para facilitar el paso de aguas y prevenir inundaciones.

Parte de estas infraestructuras también están orientadas a permitir el tránsito de fauna y el aprovechamiento del recurso hídrico por comunidades cercanas.

Asimismo, la intervención contempla componentes ambientales y urbanísticos, como zonas verdes, andenes iluminados y la siembra de más de 5000 árboles como medida de compensación.

Sobre el proyecto

La intervención contempla la construcción de una segunda calzada con dos carriles de 3,65 metros de ancho cada uno. A esto se suma una ciclorruta bidireccional de 2,5 metros y un andén peatonal de 1,95 metros, configurando un corredor que integra movilidad vehicular, ciclista y peatonal.

Esta ampliación se desarrolla mediante una alianza de la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali, que aporta $70.000 millones provenientes del crédito ‘Invertir para crecer’.

Referente a su impacto, la segunda calzada busca mejorar la conexión vial entre el sur de Cali y el municipio de Jamundí. Se prevé que esto permitirá reducir hasta en 30 minutos los tiempos de desplazamiento en este corredor.

Asimismo, se estima que más de 360.000 habitantes se verán beneficiados directamente por esta intervención, que forma parte de las apuestas de infraestructura para optimizar la movilidad en el departamento y fortalecer la integración entre municipios.

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Dichas labores contemplan el suministro, instalación, configuración, implementación y puesta en funcionamiento de controladores semafóricos, con el propósito de actualizar la infraestructura tecnológica que regula el tránsito en la ciudad.

Según el proceso identificado con el número 4152.010.32.1.851-2026, el precio estimado del contrato es de $5.063.364.425, que está actualmente en fase de presentación de observaciones.

Las propuestas presentadas por los oferentes tendrán una validez de 90 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso.

Puntos críticos

En el estudio previo de modernización semafórica que realizó la cartera, se encontró que 78 equipos están causando afectaciones como:

• Tecnología descontinuada y riesgo de apagón
• Fragmentación tecnológica y operación en “islas”
• Inflexibilidad ante la demanda

“Actualmente, existen setenta y ocho (78) intersecciones estratégicas en el Distrito que son controladas por equipos de la marca Siemens, específicamente de las series MP y MF. Estos dispositivos, instalados en su mayoría en la década de 1990, operan en un estado de obsolescencia técnica total”, se puede leer en el estudio.

“Como resultado de este ejercicio de priorización e ingeniería de detalle, se hace indispensable y financieramente viable adquirir un total de veintitrés (23) controladoras semafóricas”.

Uno de los componentes centrales del proyecto es la interoperabilidad con la Central de Gestión de Tráfico Scala, sistema que permite la gestión y sincronización de la red semafórica.

Con esta integración, se busca mejorar la coordinación entre intersecciones y optimizar la respuesta del sistema frente a las condiciones del tráfico en tiempo real.

Además, la iniciativa incluye actividades de configuración, sincronización y optimización operativa, orientadas a fortalecer la eficiencia de la red vial urbana y mejorar los flujos de movilidad en puntos críticos.

Detalles del proyecto

El contrato está previsto hasta el 31 de octubre de 2026, fecha establecida como terminación del proceso, en la que se espera que hayan sido completadas todas las actividades.

Dentro de este plazo se contempla la puesta en funcionamiento del sistema y su integración operativa con la central Scala, con el fin de garantizar la modernización integral de la red semafórica con base en el cronograma previsto por la Secretaría de Movilidad.

Este proyecto también hace parte del Plan Anual de Adquisiciones de la Secretaría de Movilidad, respaldado con recursos propios del Distrito, por un monto de $8.360.000.000.

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El presupuesto oficial estimado para esta contratación asciende a $1.095.840.655, con cargo a recursos propios de la entidad.

El proceso, identificado con el número 26001145 H3 en la plataforma SECOP II, fue publicado el 30 de abril de 2026 y actualmente se encuentra en la fase de presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones, plazo que vence el 8 de mayo de 2026.

El contrato, de tipo prestación de servicios, tendrá una duración de 45 días calendario y su lugar de ejecución será exclusivamente el terminal aéreo vallecaucano.

Tecnología crítica para la operación aeroportuaria

Las actividades contempladas en la contratación abarcan múltiples sistemas de ingeniería que resultan esenciales para la seguridad aérea.

Según los documentos técnicos publicados por Aerocivil en el SECOP II, los trabajos cubrirán equipos clasificados bajo categorías que van desde ingeniería aeronáutica y electrónica hasta sistemas de automatización, manejo de información y software especializado, todos instalados en las instalaciones del Alfonso Bonilla Aragón.

El proceso está abierto a MiPymes, y la entidad estableció como límite de contratación para la modalidad de menor cuantía la suma de $1.750.905.000 de pesos.

Cronograma clave para los interesados

Los proponentes que deseen participar deben tener en cuenta las siguientes fechas determinantes del proceso:

• Hasta el 15 de mayo: manifestación de interés para limitar la convocatoria a Mipymes y respuesta a observaciones al pliego de condiciones.
• 19 de mayo: publicación del pliego de condiciones definitivo y expedición del acto administrativo de apertura.
• 3 de junio a las 2:00 p.m.: cierre para presentación de ofertas y apertura de las mismas.
• 9 de junio: publicación del informe de evaluación de ofertas.
• 24 de junio: adjudicación del contrato y firma del mismo.
• 26 de junio: inicio de ejecución del contrato.

Garantías exigidas a los contratistas

Aerocivil estableció un esquema de garantías para este proceso. La seriedad de la oferta equivale al 10% del presupuesto oficial.

Una vez adjudicado el contrato, el proponente ganador deberá constituir pólizas de cumplimiento, pago de salarios, calidad del servicio y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, cada una por el 20% del valor del contrato.

Adicionalmente, se exige una póliza de responsabilidad civil extracontractual equivalente a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La validez de las ofertas es de 90 días a partir de la fecha de cierre del proceso.

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La inversión exacta del proceso es de $7900 millones y las labores tienen un plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2026.

La publicación del aviso de convocatoria pública se realizó en el Secop II el 31 de marzo de 2026 y hay plazo para la presentación de ofertas hasta el 21 de abril de 2026. Se espera que el contrato esté firmado el 29 de abril de este mismo año.

“La Secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, requiere contratar la prestación de servicios para garantizar el suministro de la alimentación por ración diaria bajo la modalidad unipersonal, preparada en un sitio estratégico de operación (plan de alimentos), compuesta por cuatro (4) tiempos de comida (desayuno, almuerzo, cena y refrigerio nocturno) a las personas con medida de aseguramiento de detención preventiva y a aquellas privadas de la libertad que se encuentran recluidas en los Centros de Detención Transitoria del Distrito Especial de Santiago de Cali”, explicó la Secretaría de Seguridad de Cali.

Detalles del contrato

Según los documentos que oficializan el proceso contractual, algunas de las labores puntuales que debe realizar el contratista que desea ganar el proceso son las siguientes:

• Contar con disponibilidad permanente durante toda la ejecución del contrato de mínimo cuatro (4) vehículos.
• Cada vehículo presentado deberá tener matrícula mínima del año 2018 en adelante.
• El Contratista debe contar con equipos de refrigeración y congelación suficientes, adecuados y calibrados a escala para el almacenamiento de productos que por su composición requieren conservarse en frío.

• Se debe garantizar, como mínimo un termómetro independiente para cada una de las etapas (Producción, ensamble, distribución y transporte), es decir, cuatro (4) con el fin de prevenir la contaminación cruzada.
• Mínimamente una (1) planta de producción y equipos de cocina que permitan la recepción, almacenamiento, preparación, empaque, distribución y transporte de los alimentos, donde se discriminen el área a utilizar y su estado, los equipos con que se cuenta, así como del estado de estos.

El contrato no especifica exactamente cuántos privados de la libertad son los que deben ser beneficiados, teniendo en cuenta que este número puede varias constantemente, de acuerdo a las dinámicas delictivas y judiciales de la ciudad.

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Según la denuncia, el contrato N.° 4135.010.26.1.241-2025, por un valor de $ 2.631 millones, contemplaba la adquisición de 285 equipos, de los cuales 82 tenían “sobrecostos”, debido a que serían computadores de escritorio que superarían los $ 30 millones y portátiles cercanos a los $ 15,8 millones.

En un comunicado, Londoño advirtió que “gran parte de estos equipos no han sido entregados a dependencias como Educación, Cultura y Planeación, o permanecen almacenados sin uso”.

Frente a esto, la directora del Departamento Administrativo de Contratación Pública (Dacp), Amanda Catalina Rojas Díaz, habló con El País y entregó su versión de lo ocurrido. Además, aclaró que la información ya había sido respondida a la concejal mediante un derecho de petición.

“La cifra total de los equipos requeridos en el contrato fue 285. De esos, solo se entregaron 118″, afirmó. “No son equipos fantasmas. Son 118 equipos que reposan hoy en los diferentes almacenes del Distrito”, añadió la funcionaria, quien explicó que estos elementos fueron recibidos el 30 de diciembre de 2025, luego de la firma del contrato el 24 de noviembre.

Rojas Díaz también enfatizó que, hasta el momento, no se ha realizado ningún pago al contratista, por lo que, jurídicamente, no se configura un detrimento patrimonial.

“No podemos hablar de un detrimento patrimonial porque no hemos realizado ningún desembolso a favor del contratista”, señaló.

Equipos almacenados y sin uso

De acuerdo con la Alcaldía, los 118 equipos entregados permanecen almacenados y no han sido utilizados debido a que el pago al proveedor aún no se ha efectuado. Según explicó la directora del Dacp, los bienes no pueden ponerse en funcionamiento hasta que no se realice el pago correspondiente.

“El panorama de esos equipos es que hoy se encuentran en los almacenes del Distrito. No se han podido utilizar hasta tanto no se garanticen los recursos para poder realizarles pago al contratista”, indicó.

La funcionaria precisó que el valor que finalmente se pagaría no corresponde al total del contrato inicial, sino únicamente a los equipos efectivamente entregados, lo que reduciría la cifra a $869.478.844.

Sobre los equipos con precios más altos, aseguró que aquellos que habrían sido cotizados por más de $ 30 millones no fueron entregados por el contratista; “por ende, no podrán ser objeto de reconocimiento económico”.

En cuanto a los portátiles de aproximadamente $ 15 millones, indicó que solo se recibieron nueve unidades, que también permanecerán en el almacén “hasta que no se garanticen los recursos para poder adelantar la factura que presenta el contratista en el momento”.

En relación con los presuntos sobrecostos, la Alcaldía sostuvo que los valores están sustentados en estudios técnicos.

“Estos equipos tecnológicos que ustedes hoy encuentran dentro de los contratos, son unos equipos tecnológicos que se tuvieron que adquirir a través de un proceso de selección de subasta inversa, posterior a unos procesos de selección que se hicieron previos a través de los acuerdos marco de precio que tiene la tienda virtual del Estado colombiano, en donde se encuentran estos mismos equipos con estas mismas características, pero cotizados en dólares. Entonces, cuando se hace la conversión del momento en el que se hizo el análisis del sector, que en ese momento el dólar estaba a $ 4100; arroja estos valores”, explicó Rojas Díaz. “El valor hoy está soportado en unos estudios técnicos que se adelantaron en su momento y que tienen una justificación”.

Además, reiteró que el detrimento patrimonial solo se configura “cuando se genera el pago y el desembolso, pero esto no ha sucedido. Y no va a suceder en los equipos, por ejemplo, de $ 30 millones o en el resto de equipos que no fueron entregados”.

¿Por qué aún no se han pagado los equipos?

La Administración Distrital explicó que la falta de pago obedece a que los recursos saldrán de “un proyecto de acuerdo de presupuesto que está surtiendo trámite en este momento en el Concejo Distrital que reparte los recursos de balance para poder que los organismos hagan disposición de este presupuesto”.

“Dependemos del curso que le den al proyecto de acuerdo en el Concejo Distrital de Santiago de Cali”, añadió sobre el plazo para sacar a los equipos de la bodega.

“Estoy atenta a las denuncias que se tengan que atender, a hacer el acompañamiento a los entes de control cada que lo requieran”, concluyó la funcionaria.

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Puntualmente se invertirán $32.376 millones para “el fortalecimiento de la caficultura sostenible en 33 municipios del Cauca con un enfoque integral para la productividad, calidad y comercialización de conformidad con las especificaciones establecidas por la entidad”.

El proyecto será apoyado por el Gobierno Nacional, ya que el Departamento Nacional de Planeación aportará $25.000 millones, la Gobernación del Cauca aportará $4900 millones y los beneficiarios $4062 millones.

Las obligaciones puntuales del contratista que se quede con el proceso serían:

• Transferir tecnologías y conocimiento sostenibles para mejorar la calidad del café (beneficio ecológico- secado- despulpadora - extensión rural).
• Ejecutar proyectos productivos como apoyo para nuevas siembras de café.
• Facilitar la comercialización de café verde y tostado
• Fortalecer laboratorios de calidad.

• Perfilar cafés (Red de catadores y mapa sensorial).
• Desarrollar capacidades en las familias caficultoras.
• Hacer parcelas demostrativas para varietales (Geisha, Bourbon rosado, Bourbon cidra, Bourbon rojo y amarillo, Chirozo, Wush Wush. - comunidad pone predio.
• Empoderamiento técnico y organizacional.

El contrato incluye el suministro de equipos como secaderos solares (500 m²), despulpadoras y tanques tina, junto con asistencia técnica y capacitación para mejorar la productividad y calidad del café, beneficiando a 1472 productores y 33 asociaciones.

Algunas de las labores puntuales que se realizarán son establecer 3 parcelas en varietales, tener 500 caficultores formados en catación básica, tener 100 caficultores con capacidades en barismo, otros 50 caficultores certificados Q-grader y 5 laboratorios fortalecidos.

El aviso de convocatoria pública se alojó en el Secop II el 17 de marzo de 2026, se recibirán ofertas a partir del 16 de abril del mismo año y se espera que el proceso sea adjudicado el 28 de abril.

Una vez sea adjudicado el contrato, las labores deberán ser desarrolladas en un plazo de 15 meses.

La entidad que desee quedarse con el proceso deberá acreditar que tiene experiencia de al menos 3 contratos con objetivos similares.

Algunos de los municipios que serán beneficiados son: Cajibío, Caldono, El Tambo, Morales, Piendamó, Silvia, Popayán, Puracé, Sotará, Timbío, Totoró, Buenos Aires, Caloto, Corinto, Jámbalo, Miranda, Santander de Quilichao, Suárez, Toribio, Almaguer, Argelia, Balboa, Bolívar, Florencia, La Sierra, La Vega, Mercaderes, Patía, Rosas y San Sebastián.

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La Policía Nacional abrió un proceso de licitación para la adquisición, montaje, alineación y balanceo de dos lotes de vehículos, los cuales están divididos en dependencias.

El lote 1 incluye a los vehículos de la Mecal, Undemo Mecal y Setra Mecal. El lote 2 estipula las labores para los vehículos de Deval, Diebu, Undemo Deval y Sitra Deval.

Son $743 millones los que se destinaron para estas labores, y estos están divididos de la siguiente manera:

• $350 millones para la Mecal
• $21 millones para la Gudmo Mecal
• $320 millones para Deval
• $32 millones para Diebu Deval
• $20 millones para Gudmo Deval

La convocatoria se publicó en el Secop II el 19 de febrero de 2026 y la presentación de ofertas está habilitada hasta el 19 de marzo del mismo año.

Se espera que el contrato sea firmado el 8 de abril del 2026, para que las labores tengan una duración de 6 meses desde esta firma.

De acuerdo con los valores estipulados por la Policía, algunas de las llantas que son exigidas para el cumplimiento del contrato pueden tener costos que rondan los $500.000 hasta los $8.000.000.

Algunas de las condiciones exigidas para el contratista son:

• El contratista elegido deberá cargar mensualmente al Secop II la facturación correspondiente al proceso suscrito
• La entrega de llantas, neumáticos y protectores serán entregadas en los talleres acreditados para tal fin por la firma contratista en la ciudad de Cali (para el lote 1), mientras para el lote 2 en los departamentos de Cartago, Palmira, Tuluá y Buenaventura

La Policía Nacional aclaró que no se hará responsable de un reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato, ya que será el contratista el que deberá de ajustar el presupuesto para cumplir con lo exigido.

Además, se advirtió que el contratista podría quedar inhabilitado para contratar con el Estado hasta por cinco años en dado caso de ser elegido y negarse a cumplir con las labores.

“El supervisor del contrato realizará un seguimiento continuo a la ejecución contractual con el fin de garantizar la eficiente, adecuada y oportuna inversión de los recursos asignados, debiendo ceñirse estrictamente a las condiciones, obligaciones y términos del contrato”, estipuló la Policía Nacional.

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La edificación principal de la Upres está ubicada en la Avenida 10 Norte # 16N-21, en el barrio Granada, al sur de la ciudad de Cali; sin embargo, el contrato contempla otros complejos:

• Establecimiento de Sanidad Policial Primario Nuestra Señora de Fátima
• Establecimiento de Sanidad Policial Complementario Clínica Deval
• Establecimiento de Sanidad Policial Primario Palmira
• Establecimiento de Sanidad Policial Primario Tuluá
• Establecimiento de Sanidad Policial Primario Buga
• Establecimiento de Sanidad Policial Primario Buenaventura
• Establecimiento de Sanidad Policial Primario Roldanillo
• Archivo Central Unidad Prestadora de salud Valle

Para esto, la Policía Nacional destinó $731 millones, y pide las siguientes condiciones:

• La empresa que resulte adjudicada, debe garantizar al 100% la cobertura del servicio, en caso de presentarse faltantes de personal o novedades por incapacidades, debe enviar remplazo del trabajador ausente en un término no mayor de (3) horas y que este reemplazo corresponde con el perfil y competencias del personal ausente y exigido contractualmente.
• El proponente deberá garantizar que haya una disponibilidad permanente y cubrimiento total de todos los servicios solicitados.
• En caso de requerir remplazar el personal deberá informar por escrito el motivo, anexando la hoja de vida, certificados de idoneidad y esquemas de vacunas al supervisor del contrato, los cuales serán analizados por parte del personal de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca y posteriormente se dará la viabilidad.

• El personal que no cumpla con el perfil requerido, este deberá ser cambiado por el contratista, en un plazo no mayor a (24) horas.
• Una vez adjudicado el contrato la empresa se compromete a contar con una bodega en el Valle del Cauca y a su vez con un stock de insumos, y elementos para el cumplimiento de la necesidad de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca.

El aviso de convocatoria pública se publicó el 9 de marzo de 2026 y, de acuerdo con el cronograma, la presentación de ofertas inicia el 8 de abril y se espera que el contrato esté firmado para el 29 de abril.

Las labores del contratista que sea elegido deberán ser realizadas hasta el 1 de octubre de 2026 o hasta que el presupuesto asignado se termine, según confirmó la Policía Nacional en el proceso contractual.

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La entidad abrió un proceso de licitación para este fin en Secop II, esperando que el contrato sea adjudicado el 27 de marzo de 2026.

Indervalle invertirá para este caso $ 824 millones, con la condición de que la entidad que sea escogida preste sus servicios hasta el 31 de octubre.

Las instalaciones en donde se tendrán que prestar estos servicios son:

• Indervalle Sede Principal Casa del Deporte, Carrera 36 Nro. 5B3- 65
• Indervalle edificio Oficinas de Infraestructura y Planeación, Carrera 36 Nro. 5B3- 62
• Villa Deportiva, Carrera 32 A - Calle 9C - 04
• Centro de Medicina Deportiva, Calle 23 A # 2N-43
• Casa Interna en Canchas Panamericanas, Calle 9 # 36a Bis -73

En todos los edificios anteriormente se requiere que se presten los servicios de vigilancia las 24 horas del día. Además, las personas que sean contratadas para esta labor deben tener culminado su bachillerato y tener una experiencia en el cargo.

Los pagos serán realizados en mensualidades vencidas o proporcionales por fracción, según estipuló la entidad en el proceso contractual.

Algunas de las obligaciones específicas del contratista son:

• Prestar el servicio de acuerdo con la ubicación del inmueble, con armas adecuadas para el servicio, las cuales deberán contar con su munición y respectivos salvo conductos vigentes, a nombre del contratista, para todas las armas ofrecidas para la prestación del servicio. Todas debidamente autorizadas por parte de la superintendencia de vigilancia y seguridad privada, y en cuanto a las armas debidamente registradas en el Registro y control de armas y municiones Indumil

• Garantizar en caso de variaciones del personal propuesto, que el nuevo personal cumpla con las mismas o mejores calidades de lo ofrecido, para lo cual deberá contar con previa autorización por parte de INDERVALLE, en comunicado oficial por parte del supervisor del contrato y el coordinador del contrato por parte del contratista
• Garantizar que los vigilantes y el relevo encargado de prestar el servicio sea reservista de primera o segunda clase y acreditar una experiencia de mínimo de dos años como vigilantes en entidades públicas y privadas

Finalmente, Indervalle indicó que se podrá solicitar el aumento a la disminución de personal de vigilancia a la entidad, todo esto de acuerdo con el desempeño y las necesidades que se tenga.

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El proceso de contratación está colgado en el Secop II y tiene estipulada una inversión económica de $93.818.084.

Las licencias que son solicitadas por el órgano de control son:

• Lightroom
• Photoshop
• Photoshop Lightroom Classic
• Photoshop Express
• Adobe Stock
• Illustrator
• InDesign
• Adobe Firefly
• Adobe Stock
• Adobe Fonts
• Acrobat Pro
• Premiere Pro
• After Effects
• Audition
• Animate
• Character Animator
• Media Encoder
• Adobe Fresco
• Capture
• Adobe Express

En total son seis licencias (que contengan los productos anteriormente solicitados) las que requiere la entidad.

También solicita 250 licencias de antivirus ESET PROTECT COMPLETE; además, se requieren 16 licencias de ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD y 2 licencias de Office 365.

El contratista que gane el proceso deberá también dar las debidas capacitaciones del uso de las herramientas, configurar debidamente cada uno de los elementos proporcionados, dar soporte remoto ilimitado y migrar las licencias a otros equipos (en dado caso de ser solicitado).

“El presupuesto asignado para el proceso se divide en lotes de la siguiente manera: Lote No. 1 ‘LICENCIAS’ es por valor de $90.093.084), mientras que el Lote No. 2 ‘SOPORTE TECNICO’ es por valor de $3.725.000″, especificó la personería.

El aviso de la convocatoria pública fue alojado en el Secop II el 6 de marzo de 2026, y las ofertas podrán presentarse desde el 20 de marzo del mismo año.

Se espera que el contrato sea firmado el 27 de marzo de 2026 y que las labores sean realizadas por lo que resta de esta vigencia.

La entidad justificó este proceso contractual indicando que “cuenta con un equipo de comunicaciones dedicado a la difusión de contenido gráfico de índole institucional. Este equipo se compromete a cumplir con las políticas establecidas para la comunicación interna y externa, con el objetivo de informar de manera integral todas las acciones llevadas a cabo por la entidad. Asimismo, su labor busca activamente posicionar la reputación y reconocimiento de la Personería tanto a nivel local como nacional”.

El proponente que desee quedarse con el contrato deberá habilitar al menos dos contratos de experiencia (uno de licencias y otro de soporte técnico) para que el comité evaluador lo considere como un competidor dentro del proceso.

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Este proceso se realiza con el propósito de velar por los recursos invertidos en este programa, a la par de aportar para la permanencia de los estudiantes de estas comunidades que están en las instituciones públicas de los 34 municipios no certificados del departamento.

Las comunidades indígenas beneficiadas de este proyecto serían el pueblo Nasa - Paeti, y aquellas que hacen parte de la Asociación de Autoridades Cabildos Consejo de Gobierno propio de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (Orivac).

“La Interventoría a la contratación de suministro de raciones alimenticias para los niños, niñas y adolescentes matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento del Valle que atienden población mayoritaria indígena, debe ser planeada, permanente y ejercida a través de la inspección, comprobación y evaluación, en todas las etapas del contrato, para asegurar que la ejecución se ajuste a lo pactado y lograr un servicio de calidad”, dice el proceso contractual de la Gobernación del Valle.

Para ello, la Gobernación pide al contratista ganador del proceso que informe las novedades por escrito, además de plantear las posibles acciones que se deban desarrollar para evitar la comisión de algún incumplimiento.

El estimado de raciones diarias a suministrar en los diferentes municipios es la siguiente:

• Florida: 400
• Dagua: 98
• Sevilla: 98
• Jamundí: 113
• Ginebra: 7
• Bolívar: 214
• Trujillo: 94
• El Dovio: 586
• Para el resto de municipios incluidos: 345

En total serían 1584 raciones de alimentos diarios que se deberían de proporcionar para la comunidad indígena en el Valle del Cauca.

“Las cantidades aquí plasmadas son de referencia, haciendo claridad que estos pueden variar debido a la dinámica propia de ejecución del programa, a la movilidad de la matrícula, a situaciones como: cancelaciones extemporáneas, suspensión o cierre temporal del establecimiento educativo y por riesgos que condicionan la prestación del servicio, como problemas de orden público, cese de actividades docentes, entre otras”, estipuló la Gobernación del Valle del Cauca.

La aceptación de ofertas para este proceso contractual es hasta el 18 de marzo de 2026, mientras que el plazo de ejecución de la interventoría es hasta el 31 de diciembre de 2026.

“El noventa y cinco por ciento (95%) del valor del contrato se pagará al contratista mediante actas de pago con corte mes calendario, previa presentación del respectivo informe de ejecución del servicio prestado, aprobados por la supervisión, y la respectiva factura de venta, adjuntando los soportes necesarios durante la ejecución del contrato”, mientras que el 5% restante del valor será pagado con la finalización del proceso, aclaró la Gobernación del Valle del Cauca.

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A finales del mes de febrero de 2026, exactamente el 27, la Alcaldía de Cali publicó un aviso de convocatoria pública para entidades interesadas en adelantar estos estudios.

“Contratar la realización de estudios de campo geotécnicos para exploración de componentes de suelos, taludes, geológicos, hidrología y topografía incluyendo ensayos de laboratorio para verificar condiciones de terreno en las intervenciones que requiere adelantar la Secretaría de Infraestructura”, dice el objetivo principal del contrato.

El plazo para presentar ofertas a este proceso ya culminó, pero el contrato será firmado el 30 de abril del 2026.

Según los documentos del proceso de contratación, la Alcaldía realizará estos estudios para poder cumplir las siguientes metas:

• Ordenar los estudios necesarios para determinar las obras de infraestructura vial que puedan ser ejecutadas por el sistema de concesión.
• Gestionar las acciones necesarias para la contratación de construcción y mantenimiento de la red vial del Municipio de Santiago de Cali y supervisar el cumplimiento de las mismas.
• Coordinar y adquirir la maquinaria, equipos y programas adecuados a las necesidades de la Secretaría.

Algunas de las obligaciones específicas del contratista serán las siguientes:

• Realizar un reconocimiento del sitio de la obra con visitas técnicas y recopilación de antecedentes (geológicos, geotécnicos, hidrológicos, cartográficos, ambientales y urbanísticos)
• Verificar condiciones actuales del terreno, accesibilidad, riesgos aparentes y presencia de servicios públicos o interferencias
• Diseñar un plan de exploración del subsuelo ajustado a las características del proyecto, conforme a lo establecido en el Título H de la NSR-10

• Ejecutar los siguientes trabajos, según corresponda al tipo de obra y terreno: a) Sondajes mecánicos (con penetración estándar —SPT— o CPT, según el caso). b) Muestreo representativo de suelos (alterado e inalterado). c) Perforaciones manuales o mecanizadas. d) Instalación de piezómetros si se requiere evaluar nivel freático
• Realizar ensayos de laboratorio sobre muestras obtenidas, en un laboratorio debidamente acreditado (si aplica). Los ensayos deben incluir, como mínimo, los siguientes (según naturaleza del suelo y necesidad del proyecto): a) Granulometría. b) Límites de Atterberg. c) Límite de contracción d) Humedad natural. e) Densidad seca y húmeda. f) Compactación (Proctor estándar o modificado). g) Permeabilidad. h) Corte directo o triaxial. i) Consolidación. j) Resistencia a la compresión simple. k) compresión inconfinada

Hasta el momento, la Alcaldía de Cali no ha manifestado cuál es la entidad que se quedará con el proceso, pero ya algunas de las que se postularon para realizar estos estudios fueron Consorcio EyD Cali, Dhelta Ingeniería Civil SAS, Consorcio GEO Valle, entre otros.

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La Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana es la dependencia que lidera este proceso, quien además se encargará de velar para que la inversión de $1.437.475.677 se haga de manera correcta.

El proceso contractual indicó que las sedes comunales que serán beneficiadas son las que están ubicadas en la comunas 3, 5, 11, 14,15 y 19.

El aviso de la convocatoria pública fue colgado en el Secop II (plataforma de contratación estatal) el 13 de febrero de 2026 y la firma del contrato está pactada para el 30 de marzo del mismo año.

Una vez firmado el contrato, la entidad que sea ganadora del proceso tendrá un plazo de 6 meses para cumplir las labores.

Obras estipuladas

Cada una de las sedes comunales tendrá labores distintas. Por ejemplo, algunas de las que están pactadas para las de las comunas 3 y 14 son las siguientes:

Comuna 3

• Realizar mantenimiento preventivo de las sedes comunales de Comuna 3
• Realizar mantenimiento correctivo de las sedes comunales de Comuna 3
• Realizar mantenimiento de redes eléctricas en las sedes comunales de Comuna 3

Comuna 14

• Enchapar muros y estructuras
• Impermeabilizar cubierta
• Impermeabilizar fachada
• Instalar cielorrasos
• Instalar ventanas
• Construir zonas duras
• Instalar canales
• Instalar cubierta
• Instalar estructura metálica
• Instalar salidas de iluminación
• Instalar tubería, cable y accesorios

En resumen, el presupuesto para cada una de las sedes comunales es el siguiente:

• Sede de la Comuna 14: $ 300.000.000
• Sede de la Comuna 3: $ 274.121.582
• Sede de la Comuna 11: $ 300.084.302
• Sede de la Comuna 5: $ 153.741.412
• Sede de la Comuna 19: $ 209.528.381
• Sede de la Comuna 15: $ 200.000.000

La Alcaldía de Cali estipuló en su proceso contractual que la entidad que sea escogida debe tener un personal mínimo. En ese listado hay cargos como un director de obra, residente de obra, director de estudios y diseños, diseñador eléctrico, diseñador hidrosanitario, entre otros.

Con pocos días para cerrar el proceso, en el Secop II ya se pueden ver algunas entidades que están interesadas en el proceso. Algunos de los nombres son los siguientes:

• Consorcio ON&26
• Henet S.A.S
• Armelco SAS
• Dicoin Ingenieros S.A.S
• Veiccon S.A.S
• Consorcio Eurocais
• Intervecop SAS
• Basa Diseño S.A.S
• Consorcio Territorios y Participación Pro&Coin
• Consorcio Ventura & Co
• Juan Carlos Briceño Chaves
• Adriana Álvarez
• Teleaccess Ltdaphva Constructores SAS

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