Las imágenes, que ya están en poder de las autoridades, se convirtieron en una de las principales pruebas dentro de la investigación que busca esclarecer qué ocurrió con la mujer después de la intervención estética. Según los registros revelados, dos hombres sacaron a Yulixa del establecimiento y la subieron a un vehículo particular que posteriormente tomó rumbo hacia la Autopista Sur.

De acuerdo con el material analizado por la Policía, el hecho habría ocurrido hacia las 7:44 de la noche del 13 de mayo. Desde ese momento no se volvió a tener información sobre su ubicación ni sobre las personas que la acompañaban.

#ATENCIÓN. Aparece video del momento exacto en el que dos hombres sacan alzada a Yulixa Toloza de la estética ubicada b/Venecia, donde le realizaron un procedimiento. Desde entonces, no se tiene información de su paradero y crece la incertidumbre entre sus familiares y amigos. https://t.co/gHctVyFDXh pic.twitter.com/fFyLKslz8C

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El caso comenzó a tomar relevancia luego de que amigas y familiares denunciaran que Yulixa ingresó en horas de la mañana al establecimiento conocido como Beauty Láser Medicina Estética para realizarse un procedimiento estético y nunca regresó a su vivienda. Testigos aseguraron que, tras la intervención, la mujer presentaba un delicado estado de salud.

Videos grabados dentro del lugar muestran a Yulixa desorientada, pálida y con dificultades para mantenerse en pie. Una de sus amigas, quien la acompañó durante parte del procedimiento, relató que la mujer hiperventilaba y se desmayaba constantemente.

Uno de los testimonios clave en la investigación fue el de una persona que afirmó haber visto cómo la mujer era prácticamente cargada por dos hombres hasta un vehículo, mientras los del establecimiento afirmaron que la mujer se fue por sus propios medios.

Ante esa versión, una de sus amigas expresó que “es ilógico que nos digan que ella salió sola de ese establecimiento”. Según relató, el estado físico de Yulixa era alarmante, pues tenía los labios morados y aparentaba estar inconsciente.

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Tras la denuncia, las autoridades realizaron un operativo en el centro estético. La Alcaldía de Tunjuelito y organismos de control confirmaron que el establecimiento no contaba con los permisos necesarios para operar procedimientos médicos o quirúrgicos.

Las autoridades continúan revisando cámaras de seguridad, testimonios y registros telefónicos para reconstruir las últimas horas de la mujer desaparecida. Hasta ahora, no existe información oficial sobre su paradero.

Las víctimas, quienes se movilizaban juntas en una moto, son Rogers Mauricio Devia, exalcalde de Cubarral y quien se desempeñaba como coordinador de la campaña en esta población, también Fabián Cardona, exsecretario de Gobierno del mismo municipio.

La noticia fue compartida por Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga y actual gerente regional de la campaña de Abelardo de la Espriella. Desde su cuenta de X, Beltrán dijo que “debo confirmar con mucho dolor y preocupación, que hace pocos minutos fue asesinado nuestro coordinador en Cubarral, Meta”.

También informó sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque, “Roger era un entusiasta, comprometido y trabajador incansable por esta causa política. Hoy estuvo recogiendo publicidad en Villavicencio y al llegar a su municipio fue atacado por desconocidos”.

Devia y Cardona fueron ejecutados con arma de fuego y sus cuerpos quedaron abandonados a un lado de la carretera. En imágenes compartidas por Beltrán se puede observar que una de las víctimas portaba un chaleco con distintivos de la campaña de Abelardo de la Espriella.

“Rechazo total a este acto vil contra un joven lleno ganas de trabajar por su gente en el Meta. Envío mi más sentido de condolencia a su familia, los acompañamos en este duro momento”, manifestó Beltrán.

Por su parte, De la Espriella publicó un video en su cuenta oficial. “Con el alma rota, pero más firmes que nunca. Hoy lloramos a Roger Mauricio Devia y a Fabián Cardona, dos patriotas asesinados cobardemente por el narcoterrorismo mientras llevaban la bandera de esta campaña y el sueño de una Colombia distinta”, escribió en la publicación.

Con el alma rota, pero más firmes que nunca.

Hoy lloramos a Roger Mauricio Devia y a Fabián Cardona, dos patriotas asesinados cobardemente por el narcoterrorismo mientras llevaban la bandera de esta campaña y el sueño de una Colombia distinta.

No eran políticos de escritorio.… pic.twitter.com/viqLZT3But

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 16, 2026

“No eran políticos de escritorio. Eran hombres del pueblo, tigres de verdad, que recorrían las calles defendiendo la democracia, la libertad y la esperanza de millones de colombianos. Su único delito fue creer en la Patria y no arrodillarse ante los violentos. La sangre derramada sobre los afiches del Tigre no será en vano. Su sacrificio nos obliga a seguir adelante con más fuerza, más carácter y más determinación”, agregó.

Por último, el candidato lanzó un mensaje contundente: “A los criminales les decimos claro: Colombia no se rinde, Colombia no se arrodilla y el Tigre no se calla. Roger y Fabián vivirán para siempre en la memoria de esta manada y en la lucha por recuperar nuestra Patria del narcoterrorismo. Firme por el Meta. Firme por la Patria”.

La captura se produjo en medio de operativos adelantados por unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Valle sobre el corredor vial Mediacanoa – La Virginia, en jurisdicción del municipio de Bolívar.

De acuerdo con las autoridades, los hoy capturados se movilizaban en un automóvil particular color gris y cubrían la ruta entre Zarzal y Cali cuando fueron interceptados durante labores de control y patrullaje.

Según informó la Policía, el procedimiento hace parte de la estrategia de corredores viales seguros, implementada para fortalecer la seguridad en las carreteras del departamento y combatir diferentes modalidades delictivas.

Durante la inspección al vehículo, los uniformados encontraron dos equipos celulares ocultos dentro del automotor. La situación despertó sospechas entre los policías, ya que los ocupantes no lograron explicar claramente la procedencia de los elementos.

Tras realizar verificaciones con estaciones de Policía de la jurisdicción, las autoridades establecieron que poco antes se había registrado un hurto a una vivienda en el municipio de Zarzal.

La investigación preliminar permitió relacionar a los cuatro ocupantes del vehículo con el robo, gracias a elementos materiales encontrados durante el operativo y a información recopilada por los investigadores.

Según explicó la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle, la reacción de las autoridades se dio luego de que ciudadanos alertaran sobre las características del vehículo en el que habrían escapado los presuntos responsables.

📌General Sandra Rodríguez, comandante Policía Valle, dio detalles del operativo que permitió la captura de cuatro ladrones tras robo en una vivienda del Valle.

👉Más detalles, aquí: https://t.co/eUP0u9JXkU

📽️Policía Valle#Noticias #Valle #Zarzal #robodevivienda pic.twitter.com/f1s4WyU34u

— El País Cali 📰 (@elpaiscali) May 16, 2026

“Estos sujetos llegaron a una residencia del municipio de Zarzal, donde intimidaron a las personas y hurtaron varios elementos. Algunos vecinos informaron las características del vehículo y se activó la reacción policial”, señaló la oficial.

La comandante agregó que el automóvil fue ubicado posteriormente sobre la vía entre Mediacanoa y La Virginia, donde finalmente se produjo la interceptación.

Las autoridades indicaron que los cuatro capturados presentan diferentes antecedentes judiciales por delitos como homicidio, hurto calificado, receptación, violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes, falsedad en documento público y concierto para delinquir.

Uno de los detenidos, de 26 años, registra anotaciones por homicidio en etapa de juicio, disparos con arma de fuego, incendio y tráfico de drogas. Otro de los capturados presenta antecedentes por acceso abusivo con menor de 14 años.

Asimismo, un hombre de 53 años figura con antecedentes por fraude procesal, receptación, lesiones en accidente de tránsito y falsedad documental.

Aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado las circunstancias y la identidad de la persona que murió en este hecho de violencia, se viralizó un video en el que la madre del joven muerto llega a la escena del crimen y ante la mirada de los curiosos que rodeaban el cuerpo de su hijo expresó unas palabras desgarradoras, dejando en evidencia el profundo dolor de su pérdida.

Mientras otra mujer, al parecer una hermana, estaba agachada sobre el cuerpo de la víctima, llorando y gritando por su muerte, la madre comenzó a dirigirse a las personas que estaban viendo la escena. La mujer contó que “yo le dije que no saliera porque una madre siente. A él lo llamaron. Le digo: ‘No vayas’. ‘Mamá, es que yo estoy bien encerrado en la casa’, me dijo. Que sea la voluntad de Dios. Si Dios lo llamó, ahí es”.

Luego, la madre lanzó fuertes palabras aludiendo a quien acabó con la vida de su hijo: “El que lo hizo que tenga paz en el Señor, porque todos los días de su vida se atormentará, porque Dios lo va a atormentar. Y al velorio va a llegar. Yo sé que sí. Al velorio va a llegar con cara avergonzada, porque le está quitando la vida”.

Sobre su el joven asesinado confesó que “no es que mi hijo fuera perfecto. Porque para una madre no hay hijo malo. Siempre le digo a las madres: ‘De la puerta para fuera uno no sabe qué hacen los hijos. Pero la puerta para dentro uno sabe qué hijos tiene”. Y mi hijo no era una joyita, yo la tengo clara".

La mujer, visiblemente afectada, con un tono de tristeza y enojo, también manifestó que era cristiana y que había criado sola a sus hijos, porque el padre los abandonó. Y habló de una discapacidad en uno de sus pies.

“SALIÓ Y NO REGRESÓ”: EL DOLOROSO TESTIMONIO DE UNA MADRE TRAS EL ASESINATO DE SU HIJO

Entre lágrimas y con la voz quebrada, una madre relató el profundo dolor que vive tras perder a su hijo en un hecho violento que hoy enluta a su familia. “Le dije: hijo no vaya… pero me… pic.twitter.com/CyRqusDTFp

— Cali informa (@caliinforma) May 16, 2026

“Tengo una discapacidad de mi pie, vea. Mocha y toda le di de comer a mi hijo. ¿Si me ves? mocha y todo le daba a mi hijo, todo se lo daba. El papá me abandonó cuando me vio mocha. Fui papá y mamá para mi hijo. No le pido nada a nadie, sino que yo trabajé para él. Se lo digo, madres, que uno no sabe el día de mañana, vea. Mi hijo salió y no regresó“, se lamentó la mujer.

Por otro lado, también se registró el asesinato de otro hombre a las afueras de una barbería en el barrio Valle Grande, también al oriente de Cali.

Según información conocida este viernes 15 de mayo, hacia las 5:57 de la tarde se reportaron fuertes confrontaciones en el sector de El Estanquillo, sobre la vía Panamericana, zona rural del corregimiento de La Fonda, en inmediaciones de El Bordo.

De acuerdo con el reporte entregado por habitantes de la zona, los combates se presentaron entre unidades militares y miembros de la estructura armada ilegal que mantiene presencia en varios sectores de la cordillera patiana. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado personas heridas o fallecidas, aunque la situación generó temor entre conductores, campesinos y comunidades asentadas cerca del corredor vial.

La nueva confrontación ocurre en medio del recrudecimiento de la guerra que durante este 2026 sostienen las disidencias del frente Carlos Patiño y la Fuerza Pública en el sur del departamento del Cauca.

En los últimos meses se han registrado operaciones militares, ataques con explosivos, hostigamientos y combates en municipios como Patía, Argelia y El Tambo, territorios considerados estratégicos por los grupos armados ilegales debido a las rutas del narcotráfico y los cultivos de uso ilícito.

Informes elaborados por la prensa regionales establece que durante este año señalan que el frente Carlos Patiño intensificó su accionar armado en corredores rurales del sur del Cauca, donde también han sido denunciadas acciones contra la infraestructura vial y restricciones a la movilidad de las comunidades campesinas. En El Patía, sectores como La Fonda y el puente Portugal han sido escenario de confrontaciones y afectaciones derivadas del conflicto armado.

La situación humanitaria también se ha agravado en municipios vecinos como Argelia, especialmente en el corregimiento de El Plateado, donde continúan los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias. Organizaciones sociales y habitantes de la zona han advertido que numerosas familias campesinas han tenido que abandonar sus viviendas por temor a quedar atrapadas en medio de los combates o por amenazas de los grupos armados.

Varias de esas familias desplazadas han llegado en las últimas semanas hasta El Bordo buscando refugio, ayuda humanitaria y acompañamiento institucional. Líderes comunitarios aseguran que muchas personas arriban con escasos recursos, luego de dejar abandonadas sus parcelas y cultivos a causa de la confrontación armada que persiste en la región.

La presencia del frente Carlos Patiño en el sur del Cauca ha sido señalada reiteradamente por las autoridades como uno de los principales factores de inseguridad en esta zona del país. Incluso, líderes sociales relacionan a esta estructura armada con ataques explosivos, utilización de drones acondicionados con morteros artesanales y acciones violentas registradas durante este año en el departamento.

Mientras tanto, habitantes del sur caucano reclaman aún mayor presencia institucional y garantías de seguridad, en medio de una crisis que sigue dejando confinamientos, desplazamientos y temor permanente entre las comunidades rurales.

Hasta la fecha, el ente judicial ya condenó a cinco de las seis personas capturadas por su implicación en el crimen. Solo falta la sentencia del cabecilla de la organización criminal: alias ‘el Costeño’.

En medio de los avances de la investigación y las pruebas recaudadas contra estas personas, la Fiscalía pactó un acuerdo con Arteaga, con el compromiso de que él colabore con la justicia, y por esta acción, tendrá una pena de 26 años de cárcel.

Además, el sujeto adquirió otros compromisos con las víctimas, la justicia y la verdad procesal. El reporte expone que alias El Costeño deberá pedir perdón a la familia del fallecido aspirante presidencial.

“La actitud del ciudadano, de aceptar su responsabilidad, se puede considerar colaborativa con la administración de justicia, pues permite visualizar el arrepentimiento frente al daño causado y es por ello que el ciudadano se compromete a pedir perdón de manera pública a las víctimas y a la sociedad ante el honorable juez como muestra de perdón”, se lee en el preacuerdo.

La investigación del caso permitió también recopilar testimonios y elementos probatorios entregados por otros involucrados en el crimen, entre ellos el menor de edad vinculado al proceso. Según las declaraciones recolectadas, habría sido alias El Costeño quien contactó al joven para ejecutar el asesinato.

“Reparación, puesto que esta persona, al buscar el perdón de la familia y la sociedad en general, cumple con el requisito intangible, sin que ello signifique que no tengan el deber de reparar económicamente por los daños causados en ocasión a la realización del delito”, añade el documento.

Cabe destacar que la familia de Miguel Uribe Turbay rechazó la negociación entre la Fiscalía y Arteaga, y por medio de un comunicado oficial expedido por la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, resaltaron que las pruebas existentes eran suficientes para llevarlo a juicio y buscar una condena superior a los 40 años de cárcel.

“Resulta inaceptable otorgar beneficios desproporcionados a alias El Costeño, dado su rol determinante en el magnicidio... constituiría un premio a la impunidad y un agravio directo al esclarecimiento de los hechos”, se lee en la misiva.

Asimismo, los representantes señalaron que alias El Costeño no habría contribuido con la justicia y “lejos de aportar una colaboración efectiva a la verdad, su defensa ha desplegado maniobras dilatorias sistemáticas para burlar a la justicia”.

Finalmente, los familiares de Uribe Turbay solicitaron un aplazamiento para sustentar formalmente su oposición al preacuerdo, argumentando que las condiciones pactadas no garantizan una reparación integral.

De esta manera, y tras una petición de extradición de parte del gobierno norteamericano, la Policía Nacional, en coordinación con la Interpol, logró la captura de Chuqui y otros tres presuntos delincuentes que deberán responder por sus crímenes en el exterior.

Sobre José Enrique Martínez Flores se sabe que es de origen venezolano, identificado como uno de los cabecillas del ‘Tren de Aragua’ en Bogotá, era el terror de comerciantes en Kennedy y Bosa, donde lideraba redes de extorsión mientras coordinaba el envío de cocaína hacia Estados Unidos. Por estos hechos, ya se encuentra bajo custodia de los US Marshals para responder ante una corte de Texas.

Tren de Aragua Leader Extradited on Terrorism and International Drug Distribution Charges Following Homeland Security Task Force Investigation

First TdA Member Extradited from Colombia to United States

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— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) May 15, 2026

Junto a ‘Chuqui’, también fue enviado a Estados Unidos Rafael Fernando Caicedo Estrada, alias Morrongo. A Caicedo se le vincula con una red de lavado de activos que utilizaba empresas fachada para cometer dicho ilícito.

Por otro lado, hacia República Dominicana fue enviado Edgar Armando Burbano Benavides, un piloto que, según las investigaciones, era pieza clave en el transporte de droga que salía desde Colombia con destino al Caribe.

El último de los extraditados es Jhonnys Carlos Barrios Gómez, quien es requerido por el feminicidio de su pareja sentimental, una mujer de 20 años, en el estado de Mérida.

Cabe recordar que, en lo que va del 2026, las autoridades han logrado la retención de 18 personas mediante notificaciones rojas de Interpol, consolidando a Estados Unidos como el primer aliado estratégico del país en la localización de fugitivos con fines de extradición, en segunda posición se encuentra España.

El éxito de estas retenciones radica en el intercambio de información en tiempo real y el uso de bases de datos estratégicas. El teniente coronel Ferney Martín Romero, director encargado de la Dijín e Interpol, destacó que el análisis migratorio y el apoyo de agencias estadounidenses y organismos aliados han sido fundamentales para obtener estos resultados en el primer semestre del año.

Se espera que en los próximos meses se logren dar más capturas importantes en territorio colombiano para fortalecer dichas alianzas y poder sacar a los delincuentes de las calles.

La acción militar fue desarrollada por soldados del Batallón de Infantería No. 18 coronel Jaime Rooke, adscrito a la Sexta Brigada del Ejército Nacional, en medio de intensos combates registrados en la vereda El Paraíso, una zona montañosa ubicada en el sur del departamento.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades militares, durante la operación fueron capturados alias Esteban y otros tres integrantes de esta organización armada ilegal, mientras que otro presunto integrante del grupo residual falleció en desarrollo de los enfrentamientos con los soldados profesionales.

Según información obtenida mediante labores de inteligencia militar, esta estructura venía fortaleciendo su presencia en varios sectores rurales de Rovira con el objetivo de consolidar corredores estratégicos y ejercer control ilegal sobre las comunidades campesinas de esa del centro del país.

Las investigaciones señalan que alias Esteban sería el principal responsable de coordinar actividades de extorsión contra campesinos, comerciantes y habitantes de distintas veredas, a quienes les exigían pagos económicos para permitirles permanecer en sus fincas y territorios.

De acuerdo con las denuncias conocidas por las autoridades, los integrantes de esta estructura armada ilegal estaban cobrando hasta un millón de pesos por cada núcleo familiar asentado en las veredas bajo su influencia, situación que había generado temor entre las comunidades rurales del sur del Tolima.

Las autoridades indicaron además que el Frente Joaquín González hace parte de las estructuras residuales que continúan expandiendo su accionar en varias regiones del país bajo la orientación de alias Calarcá, uno de los principales jefes de las disidencias de las Farc que mantiene confrontaciones armadas con la fuerza pública.

En los últimos meses, organismos de seguridad habían advertido sobre la intención de estos grupos armados de fortalecer redes de apoyo, reclutamiento y extorsión en zonas rurales del Tolima, especialmente en municipios con corredores hacia Huila y Cauca.

Por eso, las operaciones militares se intensificaron en esta región del país con el propósito de evitar la consolidación de estructuras ilegales y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas por amenazas, intimidaciones y cobros extorsivos.

Tras la captura de alias Esteban, las tropas continúan desplegadas en la zona adelantando labores de registro, control territorial y verificación para ubicar a otros posibles integrantes de esta organización armada ilegal.

Las personas capturadas quedaron a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por delitos relacionados con concierto para delinquir, extorsión y pertenencia a grupos armados organizados residuales.

Entre los activos que ahora quedaron bajo administración de la entidad figuran hoteles, sociedades comerciales, vehículos y un exclusivo salón de eventos ubicado en el Centro Histórico de Cartagena.

Parte de las propiedades están ubicadas en la Ciudad Amurallada y otras en Barú, una de las zonas turísticas de mayor valorización del Caribe colombiano, informó la entidad.

De acuerdo con la SAE, uno de los bienes más representativos es el hotel Casa Córdoba Barú, un complejo privado conformado por tres cabañas con cinco habitaciones cada una, acceso mediante reserva y muelle exclusivo para visitantes.

“Los valores de hospedaje oscilarían entre 600 mil y 800 mil pesos la noche por persona”, detalló la entidad.

#EsNoticia 📣 11 bienes en Cartagena y Barú pasan a administración de la SAE.

Hoteles, sociedades y un exclusivo salón de eventos en el Centro Histórico hacen parte de los activos relacionado al llamado ‘príncipe belga’, Henri de Croÿ.

La Sociedad de Activos Especiales asume su… pic.twitter.com/RiUU8QRWMI

— Sociedad de Activos Especiales (@activosSAE) May 14, 2026

Otro de los activos incluidos en la diligencia es Casa Córdoba Cabal, un salón de eventos ubicado en el Centro Histórico de Cartagena, donde la realización de eventos privados podría alcanzar valores cercanos a los 22 y 23 millones de pesos.

La toma de posesión de estos bienes se produjo en medio de las medidas decretadas por la Fiscalía sobre la sociedad Casa Córdoba S.A.S. y varios establecimientos de comercio vinculados a esta estructura empresarial.

Según la información entregada por la SAE, los activos estarían presuntamente relacionados con el ciudadano europeo Henri de Croÿ, conocido públicamente como el ‘príncipe belga’, quien ha sido mencionado en investigaciones internacionales por posibles operaciones financieras irregulares y movimientos de capital.

Las investigaciones buscan establecer el origen de los recursos y la posible relación de las sociedades involucradas con operaciones que actualmente son materia de revisión judicial.

“Con esta diligencia, la SAE avanza en el proceso de recepción, custodia y conservación de los activos mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes”, indicó la entidad.

Henri de Croÿ es un ciudadano europeo de origen belga, con nacionalidad francesa y colombiana, cuyo nombre apareció en 2018 tras la filtración de los llamados ‘Dubái Papers’, una investigación periodística que expuso operaciones financieras y sociedades creadas en paraísos fiscales para ocultar patrimonio y movimientos de dinero de clientes europeos.

Hasta el momento, en Colombia no existen condenas judiciales contra Henri de Croÿ. Sin embargo, autoridades europeas mantienen abiertas investigaciones relacionadas con presunto fraude fiscal, blanqueo de capitales y administración irregular de recursos.

Esta vez, las señaladas son la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, y la exviceministra Lilia Tatiana Roa Avendaño, hoy integrante de la junta directiva de Ecopetrol, quienes serán investigadas por la Fiscalía General de la Nación.

La noticia fue revelada en primicia por la FM, quien indicó que “la Fiscalía compulsará copias a la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para que investigue a varios funcionarios de alto nivel. En la lista están la actual ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, y la exviceministra Lilia Tatiana Roa Avendaño, hoy integrante de la junta directiva de Ecopetrol”.

De acuerdo con la publicación, mediante la Resolución 1339 del 19 de septiembre de 2025, expedida por Vélez, se designó como ejecutora del proyecto de regalías número 202532010142 a Aremca por un valor superior a los $24.240 millones. Según el fiscal delegado, esta resolución sería “contraria a la ley”, por ello, la necesidad de que la Fiscalía delegada ante la Corte adelante las indagaciones correspondientes.

El ente explicó que Aremca no tiene la capacidad técnica, experiencia e idoneidad necesarias para ejecutar un proyecto por el monto designado en un sector en el cual debería estar especializado el Ministerio de Ambiente y saberlo, “como es la implementación de procesos integrales de restauración de áreas ambientales estratégicas en los municipios cesarenses deValledupar, San Diego, El Copey, Agustín Codazzi y Chiriguaná”.

Asimismo, se estableció que en 2025 la entonces directora ejecutiva de Aremca, Emilia Álvarez Guerrero —hoy capturada—, aceptó la designación como ejecutora del millonario proyecto ambiental, financiado con los recursos del Sistema General de Regalías. “En el expediente se señala que Aremca aplicó su propio manual de contratación ilegal y eligió como único proponente al consorcio Restaurando el Cesar”, dice el informe del medio citado.

Entre tanto, sobre el contrato que enreda a la exviceministra Lilia Tatiana Roa, se dio a conocer que en 2024 designó como ejecutora del proyecto de regalías y de interventoría a Aremca por un valor de $19.195 millones. Dicho contrato, que tenía como objeto la implementación de acciones de conservación para el ordenamiento alrededor del agua y la justicia ambiental en el complejo cenagoso de la Zapatosa, en el Cesar, no cumpliría con los requisitos legales.

Según la investigación de la Fiscalía “un contrato (…) se le entrega al primero que aparece, sin una real competencia, sin que medie una competencia que asegure los fines del Estado, en punto de que se contrate la mejor oferta para los fines estatales”.

El caso Aremca

Las investigaciones que las autoridades han realizado hasta el momento sobre Aremca, señalan que hubo un desvío de al menos 101 proyectos por un monto que ascendió al medio billón de pesos, los cuales supuestamente se suscribieron para desarrollo de obras civiles, interventorías o planes ambientales, de saneamiento básico, agricultura y alimentación.

De la misma forma identificó que esos presuntos casos de corrupción se habrían dado en Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba.

Con información de Colprensa

Según la investigación de las autoridades, el hombre utilizaba a los animales para crear contenido en redes sociales, donde difundía mensajes sobre conservación ambiental con el propósito de aumentar su número de seguidores.

De acuerdo con la Fiscalía, muchos de los ejemplares habrían sido obtenidos de manera ilegal y varios de ellos pertenecen a especies en peligro de extinción. En el operativo realizado en la propiedad, las autoridades encontraron una amplia variedad de fauna silvestre, entre ellas tres guaras, varias especies de loras y guacamayas, dos chigüiros, zarigüeyas, un pecarí de collar, borugas, un mono soldado, tucanes, una pava amazónica y dos zorros cangrejeros.

En total, los animales pertenecían a 17 especies distintas. Médicos veterinarios del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal, Gelma, fueron los encargados de hacer la evaluación médica a los ejemplares y concluyeron que permanecían en condiciones inadecuadas de confinamiento.

El informe evidenció restricciones de movilidad, deficiencias higiénico-sanitarias y problemas de alimentación que afectaban su bienestar y salud.

La Fiscalía indicó que los animales eran exhibidos constantemente en videos publicados en redes sociales, en los que el creador de contenido aparentaba promover el cuidado y la protección de la fauna silvestre. Sin embargo, las investigaciones apuntan a que detrás de estas publicaciones existía un aprovechamiento irregular de las especies.

Jesse Adonai Daza no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Sin embargo, deberá responder por los delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables agravado y lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física de los animales.

La Ley

Colombia cuenta con una legislación amplia para la protección y conservación de la fauna silvestre, que prohíbe prácticas como la tenencia de animales silvestres como mascotas, su comercialización ilegal y cualquier forma de maltrato. El marco normativo contempla incluso penas de prisión para quienes incurran en tráfico ilegal de especies.

Entre las principales normas se encuentran la Ley 2111 de 2021, que fortaleció los delitos ambientales; la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes; y la Ley 1801 de 2016 o Código Nacional de Policía, que establece medidas de protección y sanciones frente al maltrato animal. A estas se suman las recientes Leyes 2402 y 2404 de 2024, orientadas a endurecer controles y reforzar las acciones de protección de la fauna en el país.

Como bien explicaron los integrantes de esta institución, el operativo fue adelantado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte sobre la vía Panamericana, en el sector de San Rafael, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, en el corredor vial que comunica a Popayán con la ciudad de Cali, Valle.

De acuerdo con la información entregada por el coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, durante actividades de registro y control fue requerido un automóvil conducido por un ciudadano. Al inspeccionar detalladamente el automotor, los policías detectaron compartimientos ocultos en las puertas laterales y en las paredes del baúl, por eso se dieron a la tarea de inspeccionar las causas de esta situación.

“En estos escondites o caletas eran transportados 94 kilogramos de clorhidrato de cocaína, sustancia que, según nuestros investigadores judiciales, tendría como destino redes dedicadas al tráfico de estupefacientes del departamento del Valle, donde después la despachan hacia el exterior, aprovechando la cercanía con el puerto de Buenaventura”, agregó el oficial, quien está al frente de todos estos operativos de control.

Además, la Policía señaló que este resultado representa una afectación significativa a las rentas criminales derivadas del narcotráfico y evita que miles de dosis lleguen a las calles, especialmente a los consumidores en el exterior, quienes son los que terminan aportando los millonarios recursos que usan los grupos armados ilegales para adelantar la guerra en esta parte del suroccidente del país.

“Como es una zona controlada por los terroristas de las Farc, entonces los traficantes adelantan alianzas con esta organización criminal para que los dejen movilizar esta clase de cargamentos, pagando, claro está, el respectivo impuesto, que es la forma como obtienen los recursos para comprar armas y explosivos para así atacar a la fuerza pública y a la comunidad del norte del Cauca”, explicaron los investigadores que conocieron de este caso.

Las autoridades reiteraron que los controles sobre los principales corredores viales del departamento continuarán de manera permanente con el propósito de combatir las economías ilícitas y fortalecer las condiciones de seguridad en la región, más cuando se adelante el proceso electoral, donde las comunidades necesitan movilizarse por esta parte del territorio para participar en dicha actividad democrática.

Durante la madrugada y la mañana de ayer, jueves 14 de mayo, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, en compañía de la Policía y otros organismos realizaron labores de investigación en una vivienda ubicada en la autopista Sur con calle 51D, tras recibir denuncias sobre el presunto paradero de la paciente y de otra mujer, quienes estarían en el interior del lugar.

La situación de la mujer comenzó a tomar fuerza, especialmente luego de que allegados de la mujer hicieran pública la denuncia en la que explicaban que habían perdido contacto con ella luego de una lipólisis con láser que se había realizado el miércoles 13 de mayo. Según explicó a Noticias Caracol Yuri Paola Mora, una de sus amigas, el procedimiento era “ambulatorio”: “Prácticamente tú te vienes, te la haces y te vas para tu casa”.

En la entrevista, Mora aseguró que vio por última vez a Yulixa alrededor de las 4:00 p.m. de ese día. Pese a que la intervención había sido realizada hacia las 7:00 a.m., dentro del centro estético les habrían indicado que la paciente debía permanecer más tiempo bajo observación debido a su estado. Esta razón las llevó a pagar una habitación para ella y un acompañante dentro del lugar.

Según Mora, cuando regresaron al establecimiento, encontraron circunstancias diferentes. Toloza presentaba síntomas que les generaron preocupación inmediata: “Ella se ve muy mal, pálida, sus labios súper morados, le faltaba el aire muchísimo”, dijo, y explicó que incluso le llegaron a aflojar la faja que le habían puesto luego del procedimiento estético.

Luego se conocieron más detalles: Mora también habló con Cititv, en el que dijo lo siguiente: “situación de ella cuando la dejamos era exageradamente pésima, pésima. Lo que hicieron ahí, estuvo mal hecho”.

La mujer, que poco después desapareció, alcanzó a enviar algunos mensajes de texto. Uno de ellos, que ahora es clave dentro de la búsqueda, decía: “Voy casa, tengo sueño”. Después, según relató Mora, recibieron otra información indicando que la trasladaban a un hospital. “Al ratísimo dicen que para el Hospital Meissen”, agregó.

Familiares y amigos aseguran que comenzaron a recorrer centros médicos cercanos, pero no encontraron respuestas: “Recorrimos seis hospitales, los más cercanos de aquí, donde todos nos dijeron que ella no está en ningún hospital”.

Mientras las autoridades continúan enfocadas en las investigaciones para revelar pronto detalles sobre este crimen, Cristian Buitrago Villada, hijo de la cabildante, reveló las amenazas previas que sufrió su señora madre. Además, aseguró que actualmente tanto él como su familia han recibido amenazas e intimidaciones.

Buitrago Villada confirmó las informaciones que se han revelado acerca de que las amenazas contra la concejal comenzaron en el año 2020 y que la Unidad Nacional de Protección solo le brindó un chaleco antibalas y un botón de pánico.

“Ella las había reportado desde ese año y hasta la fecha. Habían salido unos panfletos en los que la amenazaban de muerte. Mi mamá radicó varias denuncias desde el año 2022, solicitando un esquema de protección y nunca le fue brindado”, relató el joven en una entrevista concedida a Noticias Caracol.

Además, reveló que la concejal Villada González tenía entre sus planes futuros renunciar a su curul, ya que quería ser candidata para la Alcaldía de Obando durante las elecciones regionales del 2027. Pero al mismo tiempo tenía presentimientos de que le iban a quitar la vida.

“Desde que ella ejerció sus funciones como cabildante por el Centro Democrático se volvió un fenómeno político. Con el alcalde pasado fuimos oposición y desde ahí comenzaron las amenazas. Ella sentía miedo por el abandono del Estado y de que la UNP nunca nos dio una respuesta. Eran muchas las amenazas que recibía a diario a su teléfono. En la semana eran 2, 3 o hasta 4 panfletos en los que amenazaban de muerte y que teníamos que irnos del municipio".

De hecho, reveló que en el día del atentado la funcionaria estaba "muy contenta" porque faltaban pocos días para hacer el anuncio oficial de su candidatura a la Alcaldía del municipio.

“Ya nos habían dicho que sí podía ser candidata a la alcaldía y veníamos hablando sobre ese tema, pero siempre me manifestó que ella temía por su vida. Inclusive, tengo todas las denuncias y todas las respuestas de la UNP porque las amenazas más recientes fueron dos días antes de su muerte”, relató al informativo de televisión citado.

En cuanto a lo que sucedió minutos previos a su magnicidio, el hijo de la presidenta del Concejo Municipal señaló que, antes de dirigirse al lugar donde estaba almorzando, tuvo una reunión con el alcalde Diego Armando Ortiz para discutir sobre unos proyectos para Obando. Posteriormente, ambos se desplazaron junto al secretario de Gobierno para almorzar.

“Nos sentamos nosotros a departir y no notamos nada raro. Un día normal, común y corriente, cuando de un momento a otro vemos pasar una moto, una moto que a mí sí me pareció sospechosa. Yo le decía a mi mamá que esa moto me ha parecido rara y mi mamá me dijo, ‘no, hijo, tranquilo. Ella como que en estos momentos no le causó desconfianza porque pues había seguridad en el municipio, ya se habían realizado consejos de seguridad, pero 10 minutos más tarde esta moto apareció“.

El documento, que ya está en manos del despacho presidencial, advierte sobre posibles maniobras para eludir la supervisión estatal en la contratación de obras destinadas a la región de La Mojana, un sector históricamente afectado por problemas ambientales y de infraestructura.

#ATENCIÓN

Llegarán demandas por acoso laboral al Ministerio de Trabajo contra Angie Rodriguez de funcionarios del Fondo de Adaptación. También se radicará una queja disciplinaria en la Procuraduría.

UNA REUNIÓN EXPLOSIVA ♨️ 👇

📌 La directora los habría forzado a renunciar,… pic.twitter.com/ZzgRpo8qoO

— Sebastián Nohra (@SebastianNohra) April 28, 2026

Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido bajo la dirección de Angie Rodríguez, quien se desempeña como administradora pública al frente de esta entidad adscrita al Ministerio de Hacienda.

El texto menciona la existencia de mecanismos diseñados para evitar los controles ordinarios de la contratación estatal en Colombia, utilizando la intermediación de organismos internacionales para asignar recursos de manera discrecional.

Uno de los puntos más polémicos del documento radica en el relato de una supuesta reunión donde Angie Rodríguez se habría referido al presidente en términos desobligantes.

El denunciante asegura haber presenciado una conversación en la que la funcionaria manifestó al senador Julio Elías Chagüi la necesidad de agilizar los procesos, sugiriendo que al mandatario le era indiferente el cumplimiento de las promesas hechas a los habitantes de La Mojana.

El esquema de corrupción denunciado incluiría el cobro de una comisión ilícita que alcanzaría el 8 % del valor de cada convenio adjudicado. Este porcentaje, de acuerdo con el oficio radicado, habría sido pactado de antemano como parte de un acuerdo para repartirse beneficios económicos derivados del direccionamiento de los contratos estatales en esta zona estratégica del país.

Dentro del entramado también es mencionado el contratista Mario Felipe Maldonado, quien estaría vinculado a la operación de lo que el denunciante describe como una oficina paralela.

#Noticia | El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, acudió a la Procuraduría para radicar una denuncia por posibles hechos de corrupción en el Fondo de Adaptación, dirigido por Angie Rodriguez.
De acuerdo con Carrillo, se habría presentado el cobro de coimas de hasta el 10% en… pic.twitter.com/7kbc4XTiin

— Noticias RCN (@NoticiasRCN) May 7, 2026

Se afirma que la directora del Fondo habría utilizado un apartamento ubicado en el exclusivo sector de Los Rosales, en el norte de Bogotá, el cual estaría asociado patrimonialmente al congresista involucrado, a pesar de figurar a nombre de terceros.

Además del uso de inmuebles, la denuncia señala que la funcionaria se habría movilizado en vehículos vinculados al senador Julio Elías Chagüi.

Al ser consultado sobre estos vínculos, el congresista reconoció que mantiene una relación de amistad con Rodríguez desde hace años, específicamente desde su paso por el Ministerio de Salud, aunque negó rotundamente tener injerencia en las decisiones del Fondo Adaptación.

Por su parte, Angie Rodríguez ha salido al paso de los señalamientos calificándolos como panfletos que buscan afectar su buen nombre. La directora aseguró que los procesos de contratación para la región de La Mojana se realizan bajo estrictos estándares de licitación pública y que su gestión ha estado enfocada en empoderar a las veedurías ciudadanas para prevenir el robo de dineros públicos.

De acuerdo con información conocida por esta casa periodística, el asalto ocurrió en el sector conocido como La Y, jurisdicción del municipio de Mercaderes, donde sujetos armados interceptaron un vehículo de carga de placas SNX-542 que cubría la ruta entre Buenaventura y la ciudad de Pasto, departamento de Nariño.

El camión transportaba 46 motocicletas marca Suzuki cuando fue abordado por varios sujetos que se movilizaban en una camioneta Kia Sportage gris. Según el reporte preliminar, los delincuentes utilizaron armas de fuego para intimidar al conductor y cometer el hurto.

Las autoridades investigan si detrás de este hecho estaría el Frente Franco Benavides del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, estructura armada ilegal que mantiene presencia en esta zona del sur del Cauca y norte del Cauca, donde ha sido señalada en reiteradas ocasiones de participar en actividades relacionadas con extorsión, retenes ilegales y asaltos sobre la vía Panamericana.

El caso vuelve a poner en evidencia la compleja situación de seguridad que enfrenta este corredor vial estratégico para el suroccidente del país. Durante 2025 y lo corrido de 2026 se han registrado múltiples hechos similares en el tramo entre Mojarras, El Patía, Mercaderes y Popayán.

Uno de los episodios más graves ocurrió en agosto de 2025, cuando hombres armados interceptaron varios vehículos de carga cerca del sector de El Bordo y despojaron a los conductores de mercancía y pertenencias, generando cierres parciales sobre la carretera internacional.

En enero de 2026 también se denunciaron retenes ilegales y robos a transportadores en sectores rurales de Mercaderes y Patía, donde conductores aseguraron haber sido detenidos por hombres armados que se identificaban como integrantes de grupos ilegales.

Asimismo, gremios transportadores han advertido que durante los últimos meses se incrementaron los casos de atracos a camiones que movilizan electrodomésticos, motocicletas, alimentos y mercancías provenientes del puerto de Buenaventura con destino al sur del país.

La vía Panamericana, especialmente en el corredor entre Popayán y Pasto, continúa siendo uno de los puntos más sensibles en materia de orden público debido a la presencia de estructuras armadas ilegales, narcotráfico y economías ilícitas que operan en zonas rurales del Cauca y Nariño.

Las autoridades mantienen operativos militares y policiales sobre este eje vial para tratar de contrarrestar nuevos asaltos y garantizar la movilidad de carga y pasajeros en el sur del país.

Palacio Vélez participó como modelo entre el 8 y el 10 de mayo en la 16ª edición de Expotatuaje, evento de arte corporal desarrollado en el Centro de Convenciones Plaza Mayor. Durante las tres jornadas consecutivas del certamen (viernes, sábado y domingo), un artista le plasmó una pieza de grandes dimensiones, la figura de un mago que cubrió la totalidad de su pierna derecha.

Según relataron los familiares de la víctima, el deterioro de su salud fue fulminante. El lunes posterior a la feria, el joven manifestó una fuerte indisposición general, y para el martes su cuadro clínico se agravó drásticamente al sufrir un paro cardíaco.

Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital General de Medellín, donde el personal médico le realizó múltiples maniobras de reanimación, el paciente presentó muerte cerebral y fue desconectado a las 7:30 a. m. del miércoles.

La madre del fallecido, la fiscal Alexandra Vélez, aseguró a medios locales que el dictamen médico preliminar apunta a que el procedimiento desencadenó el ingreso de una bacteria a su organismo.

“Esto pasó por una sepsis de ese tatuaje, es decir, que el tatuaje le provocó una bacteria”, afirmó, descartando problemas de alergia a los componentes de las tintas, dado que su hijo ya poseía varios tatuajes previos en el cuerpo.

Vélez cuestionó públicamente las medidas de asepsia bajo las cuales operaban los artistas en el recinto comercial, señalando que los procedimientos se realizaban “a la vista de todo el mundo” y presuntamente sin los estándares rigurosos que demanda una intervención sobre la piel.

Ante el deceso, el abogado de la familia, Michell Pineda, anunció el inicio de acciones legales y buscará que se imputen cargos por homicidio culposo tanto al tatuador implicado como a los organizadores de Expotatuaje y a la administración de Plaza Mayor por permitir actividades reguladas sin el aparente cumplimiento de los requisitos de salubridad exigidos.

La organización de la feria, que este año congregó a más de 15.000 asistentes y delegaciones de 25 países, manifestó que se encuentra analizando detalladamente la situación. Indicaron que establecieron comunicación con el tatuador involucrado —cuya identidad plena aún no ha sido difundida de forma oficial— y con asesores médicos para esclarecer el caso.

Asimismo, se conoció que dentro de la investigación formal se verificará la existencia y validez del consentimiento informado, documento estándar de la industria donde se notifican los riesgos inherentes al procedimiento y las pautas de cuidado posterior a cargo del usuario.

La fiscal Camargo explicó que la suspensión de las órdenes no está prevista antes del 25 de junio, fecha en la que se espera realizar una revisión detallada del listado de miembros del Clan del Golfo que participarían en el proceso de negociación.

Entre las conclusiones del encuentro, que se extendió por cerca de cinco horas, quedó definido que la lista no incluiría personas con solicitudes de extradición, como alias “Chiquito Malo”, máximo cabecilla del grupo, requerido por Estados Unidos por delitos asociados al narcotráfico.

En ese contexto, se prevé que en los próximos días continúen las reuniones para definir el alcance de este proceso. El tema cobra relevancia luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara, durante el consejo de ministros del pasado miércoles, que autorizó a la Consejería Comisionada para la Paz a trasladar integrantes de grupos armados ilegales a cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), con el propósito de avanzar en las negociaciones con estas estructuras.

Una de las principales líneas rojas trazadas durante las conversaciones interinstitucionales es la situación de las personas solicitadas por tribunales internacionales.

La Fiscalía enfatizó de manera categórica que bajo ninguna circunstancia se incluirá en estos beneficios a ciudadanos extraditables, lo que excluye de forma automática a alias Chiquito Malo, el máximo cabecilla de la organización criminal que es requerido por la justicia de los Estados Unidos debido a delitos de narcotráfico.

Los argumentos técnicos plasmados por el organismo judicial en un comunicado de ocho puntos aclaran que para proceder con un beneficio de tal magnitud se requiere, de forma obligatoria, la plena identificación de los 29 sujetos.

La entidad advirtió que el Estado no puede fundamentar sus decisiones exclusivamente en los datos suministrados por la propia estructura criminal, sino que debe operar un sistema de verificación independiente, rastreable y riguroso.

Después de años alcahueteando criminales con la falsa “paz total”, ahora la Fiscal quiere mostrar firmeza negando la suspensión de órdenes de captura contra miembros del Clan del Golfo. Demasiado tarde.

El daño que le hicieron al país, fortaleciendo narcoterroristas mientras… pic.twitter.com/zQ9RaVKlFy

— Jose Jaime Uscátegui (@jjUscategui) May 13, 2026

Adicionalmente, la institución judicial exige muestras claras y contundentes de desmantelamiento antes de modificar sus actuaciones penales.

El listado de condiciones básicas incluye la suspensión total de actividades delictivas, el abandono definitivo de economías ilegales como la extorsión, la entrega inmediata de todos los menores de edad reclutados de forma forzosa, y el aporte de información verídica sobre personas desaparecidas en sus zonas de influencia.

También para atender a los cerca de mil desplazados que llegaron a las áreas urbanas de estas poblaciones tras salir huyendo de sus territorios, todo por temor a las intensas confrontaciones que van a cumplir ya una semana.

Por eso, tras varias horas de combates registrados en sectores rurales de ambos municipios, la Gobernación de Nariño convocó un Consejo Extraordinario de Seguridad en el que participaron autoridades departamentales, alcaldías locales y representantes de la fuerza pública. Durante la reunión se evaluó la situación humanitaria y de seguridad que enfrenta la población civil.

Las administraciones municipales de ambas poblaciones confirmaron que desde las primeras horas del pasado jueves 14 de mayo fueron activados planes de atención para las familias que abandonaron sus viviendas y se desplazaron hacia los cascos urbanos buscando refugio ante las confrontaciones armadas.

En el municipio de Los Andes, las autoridades decretaron toque de queda en el corredor vial Sotomayor – Puente Junín y en la vereda El Arenal – Río Guáitara, como medida preventiva frente a la alteración del orden público.

Entre tanto, unidades del Ejército y de la Policía mantienen presencia permanente en la zona con el objetivo de garantizar la seguridad de las comunidades y evitar nuevos enfrentamientos.

El secretario de Gobierno de Nariño, Fredy Andrés Gámez, aseguró que la prioridad institucional es proteger a la población civil y brindar acompañamiento integral a las familias afectadas, buscando ante todo protegerlas de esa confrontación entre las Autodefensas Unidades de Nariño y las disidencias de las Farc.

“La Fuerza Pública mantiene presencia en las zonas y ejecutará acciones conforme a sus capacidades, en cumplimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, agregó el funcionario.

Durante el Consejo de Seguridad también se acordó la realización de Comités de Justicia Transicional en ambos municipios para coordinar ayudas humanitarias y acciones de atención integral para las personas desplazadas.

Las autoridades además desmintieron versiones difundidas en redes sociales sobre supuestos fallecidos o heridos durante los enfrentamientos. Según el reporte oficial, hasta el momento no se registran víctimas mortales ni personas lesionadas.

De igual forma, precisaron que no existe un desplazamiento masivo desde el sector de El Arenal hacia Linares. El balance oficial habla de cerca de 380 personas desplazadas desde zonas rurales hacia los cascos urbanos, cifra muy inferior a la que había circulado en algunos reportes no confirmados.

El informe entregado por las autoridades también confirmó la suspensión temporal de clases en dos instituciones educativas rurales de Linares, debido a afectaciones registradas en sus instalaciones durante los hechos violentos.

Otro de los puntos analizados durante la reunión fue la preparación de la jornada electoral prevista para finales de mes. Las autoridades anunciaron que en el próximo Comité Electoral se revisarán medidas especiales de seguridad para garantizar el normal desarrollo de las votaciones en ambos municipios.

Finalmente, las alcaldías de Linares y Los Andes informaron que pondrán en marcha estrategias de prevención frente al reclutamiento forzado de menores de edad, una de las principales preocupaciones en medio de la confrontación armada que afecta a esta zona de Nariño.

De acuerdo con información oficial que compartieron integrantes de la Policía, guerrilleros del frente disidente Jaime Martínez de las Farc atacaron las instalaciones de la estación mediante el lanzamiento de un artefacto explosivo improvisado, AEI, o tatuco transportado por una aeronave remotamente tripulada o dron.

Y es que el reporte preliminar de este hecho, registrado en la tarde de este jueves 14 de mayo, el explosivo cayó sobre la parte superior de una de las garitas de la estación, la cual terminó dañada en su estructura, confirmaron los uniformados.

Por el momento, las autoridades confirmaron que no se registraron policías, militares ni civiles heridos durante la acción armada, la cual se presenta en medio de la intensa guerra que ahora se registra en este municipio y otros de esta zona del país; donde tiene una marcada presencia la estructura Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco.

El hecho se suma a la creciente jornada de ataques y hostigamientos contra la fuerza pública que se ha intensificado en dicho municipio durante los últimos meses. Solo entre el 8 y el 18 de enero de este 2026 se registraron al menos nueve acciones violentas contra la Policía y el Ejército en ese municipio, según denunciaron las autoridades y las comunidades. Después, de forma reiterada, se presentaron más de estos ataques.

De hecho, una de las últimas de estas situaciones se presentó el pasado 6 de mayo de 2026 se reportó un ataque simultáneo contra la Policía y unidades militares de esta zona del norte del Cauca. Según las autoridades, los insurgentes utilizaron drones cargados con explosivos para atacar a los uniformados, resultando heridos varios de ellos.

Entre las violentas agresiones se cuentan hostigamientos armados, ráfagas de fusil, lanzamiento de explosivos artesanales o tatucos y atentados con drones contra la estación de Policía y bases militares instaladas en inmediaciones del casco urbano de esta localidad, donde entidades como la alcaldía y las organizaciones sociales luchan día a día por sacar adelante proyectos o iniciativas para beneficiar a las comunidades.

“La gente tiene mucho temor de caminar incluso por el casco urbano, menos por las calles cercanas a los policías o soldados”, indicaron comerciantes y líderes políticos de este municipio al evidenciar el ambiente de temor que reina en esta localidad.

Hay que recordar que uno de los casos más graves ocurrió en enero de 2025, cuando disidentes atacaron con drones la estación de Policía de Suárez y un explosivo cayó sobre un establecimiento comercial, dejando tres personas afectadas.

En noviembre de 2024 también se reportó otro hostigamiento contra la estación policial, luego de que integrantes de la estructura Jaime Martínez lanzaran explosivos desde drones y posteriormente dispararan ráfagas de fusil contra los uniformados.

La situación de seguridad en el norte del Cauca continúa siendo crítica debido a la disputa territorial entre estructuras armadas ilegales y la ofensiva de las disidencias de las Farc contra la fuerza pública. Las autoridades mantienen operativos militares y policiales en la zona para evitar nuevas acciones violentas, buscando proteger a la población civil.

“Hoy alzo mi voz por mi hija, por el dolor que me causaron, porque me arrebataron a mi hija. Era una niña de 17 años y me partieron el alma y el corazón”, expresó la mujer en declaraciones recogidas por Semana, al exigir justicia y respuestas frente al crimen que hoy es investigado por las autoridades bajo la modalidad de sicariato.

En medio de su relato, Rivas sostuvo que su hija habría sido víctima de conflictos y amenazas previas. “Por envidia, me la odiaban y acorralaban sin perdón”, afirmó la madre, quien además aseguró que varias personas habían llegado hasta su vivienda para intimidarlas.

La mujer pidió a las autoridades avanzar en las investigaciones y esclarecer lo sucedido. “Espero que se haga justicia y todos los que tocaron mi puerta a amenazar y atentaron con su vida, paguen”, manifestó.

Durante sus declaraciones también señaló a algunos vecinos, indicando que existían problemas anteriores relacionados con su hija. Según relató, incluso se habrían presentado agresiones físicas antes del asesinato.

“Hoy se ríe esa maldita familia que me acorralaba a mi hija y partieron mi casa, me la apuñalaron y aun así evité todos los problemas”, dijo la madre de la menor asesinada.

Rivas insistió en que su hija apenas comenzaba su vida y pidió que el caso no quede impune. “No fue un animal, era una niña de apenas 17 años. Me la mataron y pido justicia por mi hija porque no se merecía morir así”, expresó.

De acuerdo con información preliminar entregada por la Policía Metropolitana de Cali, el ataque ocurrió hacia las 7:40 p. m. en inmediaciones de la Transversal 103 con Carrera 26P, zona conocida como el Bulevar de Oriente. Hombres armados habrían interceptado a las víctimas y disparado en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Testigos señalaron que una de las mujeres intentó refugiarse en un establecimiento comercial cercano tras resultar herida, pero falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades judiciales adelantan labores de inspección, revisión de cámaras de seguridad y recopilación de testimonios para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

Los enfrentamientos han dejado hasta el momento la muerte de seis presuntos integrantes de este grupo ilegal, cuyo jefe es conocido con el alias de “Fernando Gómez”.

A esta hora las operaciones continúan en la zona. “Con el objetivo de consolidar el área, verificar la situación y establecer plenamente las identidades de los abatidos”.

“Continuamos de manera sostenida el despliegue operacional en esta zona del suroccidente del país, a fin de seguir golpeando con contundencia a los grupos armados ilegales que delinquen en los departamentos de Cauca y Huila”, dijeron.

Los combates se desarrollan en áreas rurales y montañosas cercanas a la frontera entre ambos departamentos, una región donde históricamente se reporta la presencia de campamentos ilegales, movilidad de hombres armados y confrontaciones entre estructuras armadas al margen de la ley y la fuerza pública.

#AEstaHora I Nuestras tropas sostienen combates contra la estructura residual Ismael Ruiz, del Bloque Isaías Pardo, en zona rural del municipio de Belalcázar, #Cauca, zona limítrofe con el departamento del Huila.

Esta acción ofensiva deja hasta el momento la neutralización de… pic.twitter.com/lFmg7DtNHU

— Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) May 14, 2026

Las operaciones militares también se extienden hacia sectores limítrofes con varios corregimientos del municipio de Páez-Belalcázar, Cauca, territorio donde mantienen presencia e influencia armada los frentes Isaías Pardo y Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, cuyos integrantes ahora tiene una marcada presencia militar.

Según las autoridades, estas estructuras armada ilegales son señaladas de participar en homicidios, amenazas, reclutamiento forzado, extorsiones y ataques contra integrantes de la fuerza pública en municipios del Cauca y Huila.

“El objetivo es consolidar el área, verificar la situación y establecer plenamente las identidades de los abatidos”, agregó el Ejército Nacional al confirmar que las operaciones continúan activas en esta zona del país.

Mientras tanto, tropas militares permanecen desplegadas adelantando labores de control territorial y seguridad para evitar nuevos enfrentamientos y garantizar la protección de las comunidades campesinas e indígenas asentadas en esta región limítrofe entre Cauca y Huila.

De igual forma, y desde los Territorios Ancestrales del Consejo Regional Indígena del Huila, Crihu, se informó a las comunidades del Territorio Ancestral Kwe Zirj’, Llano Buco y demás territorios de Río Negro y Páez, sobre enfrentamientos entre unidades del Ejército Nacional y grupos armados ilegales en la zona limítrofe de estos dos municipios.

“Evitar el tránsito por las vías terciarias del territorio que conectan a Páez. A la población civil, se le insta a permanecer dentro de sus hogares, alejados de ventanas y estructuras ligeras de la zona de enfrentamiento. También abstenerse de transitar cerca de grupos armados para evitar quedar en el fuego cruzado y mantenerse informado únicamente a través de comunicados de las alcaldías municipales, personerías o la Guardia Indígena”, expresaron los integrantes de esta organización indígena.

Por último, las autoridades señalaron además que continuarán las operaciones ofensivas en el suroccidente colombiano con el propósito de golpear las estructuras armadas ilegales que mantienen presencia en esta parte del territorio nacional.