El embargo es una medida cautelar, por eso, solo puede ser autorizado mediante un juez a quien llega la solicitud de un acreedor para que proceda y garantice que sean pagadas sus deudas.

También aplica para quienes no responden por las cuotas alimentarias de sus hijos, puesto que las madres de estos pueden adelantar denuncias por incumplimiento.

En este sentido, la medida cautelar de un embargo de sueldo puede proceder sin que sea notificado el deudor, puesto que se busca actuar con rapidez antes de que quien tiene la obligación disponga del dinero.

La ley en Colombia que regula este procedimiento es la 1564 del 2012, “por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

En el caso de los embargos a sueldos, en particular los de entidades financieras, establece que todos son susceptibles de aplicar esta medida cautelar desde el 20 % hasta en un 50 % del salario, excepto a las personas que ganen un salario mínimo.

No obstante, cuando los embargos proceden por cuotas alimentarias para hijos, es permitido embargar un salario mínimo, aunque esta medida es excepcional. En estos casos, el juez evalúa las necesidades de los hijos y las condiciones del padre para determinar el porcentaje a embargar de su sueldo.

Vale recordar que como medida cautelar el juez no está en la obligación de notificar, de hecho, la orden de embargo va directamente al empleador para que desde su área de tesorería impongan el descuento desde la nómina de pagos, de tal forma que la persona termina por enterarse cuando revisa cuenta y nota que no recibió completo el sueldo, o cuando revisa el desprendible de pago.

Además, después de aplicarse el embargo, en algunos casos los afectados reciben en sus correos electrónicos o domicilios una circular con la información del proceso que se realizó en su contra y el fallo dictado por el juez.

Cuando se trata de personas, organizaciones y empresas que deben sus impuestos, en algunos casos de grandes deudas, es permitido que entidades como la DIAN o una secretaría de Hacienda adelante un embargo como medida cautelar.

El propósito, según las autoridades, es fortalecer los esfuerzos de emprendimiento de decenas de mujeres empresarias y en general de los productores locales, para que esto contribuya a dinamizar la economía local.

También se busca que las familias caleñas puedan adquirir productos a precios de costo, el calzado para las madres y los padres, homenajeados en esta temporada.

El evento, en el cual participan las 30 empresas más destacadas del sector, se lleva hasta el lunes festivo 18 de mayo, en La Estación Centro Comercial, de la carrera 1ª con calles 36 y 38, con entrada libre, un espacio que presenta condiciones de seguridad, facilidad de parqueo y de acceso para la movilización de personas en condición de discapacidad.

Cristian Camilo Betancourt Lopera, quien es uno de los empresarios que participa de la feria, propietario de Calzado Addis, resaltó lo que los consumidores pueden encontrar.

“Vamos a encontrar una gran cantidad de artículos, desde un llavero en cuero hasta una chaqueta en cuero, calzado, bolsos. O sea, es una variedad enorme con muy buenos precios, precios que le van a gustar a toda la familia”, destacó.

Agregó también que este gobierno ha tratado de impulsar a los emprendedores no solo en los mercados locales sino pensando en destinos como Estados Unidos, en especial ahora que hay mercados tan afectados como el de Ecuador por los aranceles que el gobierno del vecino país impuso a Colombia (75 % desde el mes de junio, según la reducción reciente).

“Es un apalancamiento que nos brindan y que, por ende, nos permiten avanzar. Entre más unidos estemos, entre más nos apoyemos, creo que va a ser mucho mejor. Porque si la ciudad tiene como base las empresas, pues creo que va a ser un bien para todos”.

Destacó el empresario, que detrás de cada compañía, detrás de cada artículo, hay familias que están trabajando. “O sea, que si el empresario progresa, pues van a progresar más familias detrás de él”.

Las voces que se escucharon en el recinto fueron la del invitado, el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, así como la de los panelistas Lorena Garnica, abogada de Veria Asociados; Andrés Guerra, senador de la República; Marco Antonio Carabalí, cultivador del norte del Cauca; y Jorge Bedoya, presidente de la SAC.

El primero en tomar la palabra fue el magistrado Jorge Ibáñez, quien se refirió a la seguridad jurídica y el marco constitucional necesario para el desarrollo del sector cañero con garantías incluso de seguridad y orden público.

Según el magistrado Ibáñez, el progreso del campo colombiano depende de una “tríada de seguridad” que consta de la física, la jurídica y la alimentaria. Para el jurista, este equilibrio es el pilar fundamental que permite garantizar un desarrollo rural sólido y sostenible.

“Sin seguridad física no existen condiciones materiales para producir, sin seguridad jurídica no hay incentivos para invertir ni confianza en el orden constitucional, y sin seguridad alimentaria se debilita la estabilidad social económica”, resaltó.

Además, señaló que trabajar el campo en Colombia históricamente ha sido un reto debido a la “grave dificultad con motivo de la expansión de las estructuras criminales de distintas naturalezas, unas de alto impacto, otras estructuras criminales dedicadas principalmente a la toma de buenas partes de las poblaciones y con ellas en los territorios urbanos y rurales que son los más importantes para la realización de sus objetivos totalmente ilícitos".

📌Magistrado Jorge Ibáñez advirtió sobre inseguridad jurídica y presencia de estructuras criminales en el agro en el marco de la III Asamblea Anual de Afiliados de Procaña en Cali.

👉Más información, aquí: https://t.co/frWgfzi3Dq

🎤Kevin Martínez / El País
📽️José Luis Guzmán /… pic.twitter.com/HFy7s5l6cQ

— El País Cali 📰 (@elpaiscali) May 15, 2026

Retos del sector cañero en Colombia

Ya en la participación de los panelistas, sin duda uno de los temas que estuvo en el centro del debate fue el catastro multipropósito, el cual estaría afectando la expansión y consolidación del sector cañero, especialmente de los pequeños campesinos ubicados en el sur del Valle y norte del Cauca.

Esa modificación (catastro) no fue trivial; básicamente terminó con la política pública. Lo que terminó ocurriendo fue que volvimos el catastro una herramienta meramente fiscalista. Y en la práctica, ¿en qué se traduce en términos de seguridad jurídica? Tenemos ciudadanos en Saravena, Arauca, en las que el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) dijo que era posible al 30 de diciembre del año pasado que su avalúo catastral se subiera 2.5 millones por ciento. No es un error de tipografía, no es un error de mecanografía: 2.5 millones por ciento", enfatizó Lorena Garnica, abogada de Veria Asociados.

Acto seguido, en su intervención, el senador por el Centro Democrático, Andrés Felipe Guerra, aseguró incluso que el cobro de catastro se ha politizado en el país A su criterio, debido a una persecución del gobierno Petro a los “terratentientes”, especialmente de la caña.

“Gustavo Petro trató de hacernos una reforma estructural, la comunicó mal, la implementó peor y, tratando de buscar ideológicamente a los terratenientes, se está llevando por delante al campesino colombiano”, argumentó el legislador.

Por su parte, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), fue claro en resaltar que el sector necesita seguridad, inversión y, sobre todo, un marco jurídico que brinde garantías.

“Si no tenemos seguridad jurídica, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay empleo. Y si no hay empleo, hay hambre. Por eso, esa tríada de la que habla el magistrado Ibáñez es fundamental para el desarrollo del campo colombiano”, subrayó Bedoya.

En ese contexto, la divisa estadounidense terminó en $3.796,81, con un incremento de $12,11 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que está certificada en $3.784,70. Durante la sesión alcanzó un mínimo de $3.776,50 y un máximo de $3.820. En total se realizaron 1.867 operaciones por un monto de US$1.433 millones.

El fortalecimiento del dólar coincidió con un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que alcanzaron máximos de un año, en medio de una mayor expectativa de que la FED mantenga una política monetaria restrictiva y eleve nuevamente las tasas de interés.

La moneda estadounidense ha venido ganando terreno durante la semana gracias a señales de que, pese al aumento de la inflación y la tensión geopolítica en Oriente Medio, la economía de Estados Unidos mantiene un comportamiento resiliente.

“El dólar se está poniendo al día con los sólidos datos que hemos visto esta semana”, afirmó Francesco Pesole, estratega de divisas de ING. “Da la sensación de que se está tomando conciencia de que la situación de Estados Unidos en la crisis energética podría acabar siendo mucho mejor que en muchos otros lugares del mundo”.

Actualmente, los inversionistas asignan una probabilidad superior al 55 % a un aumento de tasas por parte de la FED en diciembre, frente a menos del 20 % registrado hace apenas una semana, según la herramienta CME FedWatch.

Petróleo sigue en ascenso

Los precios internacionales del petróleo también registraron fuertes alzas, cercanas al 2 %, luego de que declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, y del ministro de Asuntos Exteriores de Irán redujeran las expectativas de un acuerdo para poner fin a las tensiones y ataques en el estrecho de Ormuz.

Así las cosas, el barril de Brent subió US$2,50, equivalente a 2,4 %, hasta US$108,22, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó US$2,86, también 2,4 %, y cerró en US$104,03.

En la semana, el Brent acumula un aumento de 6,8 % y el WTI de 9 %, reflejando la incertidumbre sobre la estabilidad del alto el fuego en el conflicto con Irán.

“El tono entre Estados Unidos e Irán se ha vuelto nuevamente mucho más beligerante. Aunque el alto el fuego se mantiene, las esperanzas de una rápida reapertura del estrecho de Ormuz se han desvanecido”, señalaron analistas de Commerzbank.

Por su parte, Trump afirmó que su paciencia con Irán “se está agotando” y sostuvo que acordó con el presidente chino, Xi Jinping, que no se puede permitir que Irán desarrolle armas nucleares y que el estrecho de Ormuz debe reabrirse.

Aunque Xi no se pronunció directamente sobre Irán, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China aseguró en un comunicado que “este conflicto, que nunca debió ocurrir, no tiene razones para continuar”.

Desde el Gobierno, el Ministerio de Hacienda destacó el dato como una señal positiva para la actividad económica nacional. “Buenas noticias para la economía. En el primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 2,2 % frente al mismo periodo de 2025, mostrando un avance en la actividad económica del país”, señaló la cartera en su cuenta de X.

Sin embargo, las críticas no tardaron en aparecer. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, hoy candidato a la Vicepresidencia, aseguró que la administración de Gustavo Petro “definitivamente estancó la economía”.

Según afirmó, en su red social X, “creyó que a punta de derroche de gasto público y sobreendeudamiento iba a mejorar el país y acabó con sectores claves como construcción, agricultura, industria y minería”.

El gobierno @petrogustavo definitivamente estancó la economía !! Creyó que a punta de derroche de gasto público y sobre-endeudamiento iba a mejorar el país y acabó con sectores claves como construcción, agricultura, industria y minería.

En nuestro gobierno con @ABDELAESPRIELLA… https://t.co/qOksCcwixd pic.twitter.com/2AH1OXDF4G

— José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) May 15, 2026

Para Wilson Tovar, gerente de Investigaciones Económicas de Acciones y Valores, el dato tiene un “sabor agridulce”. Explicó que la economía mostró una recuperación frente al débil cierre de 2025, especialmente impulsada por marzo, luego de un comienzo de año “bastante congelado”. El analista sostuvo que el crecimiento estuvo jalonado principalmente por el gasto público, que avanzó más de 5 %, junto con el comercio y parte de la actividad manufacturera.

Asimismo, indicó que, aunque el crecimiento “luce muy malo para la historia de Colombia”, sí resulta favorable frente al contexto internacional y latinoamericano marcado por tensiones geopolíticas, el aumento de los precios de la energía y la incertidumbre global. En ese sentido, afirmó que Colombia podría mantenerse entre las economías con mejor desempeño relativo en la región.

No obstante, advirtió que el segundo trimestre podría mostrar una desaceleración por cuenta del ambiente electoral, las altas tasas de interés y la persistencia de una inflación todavía restrictiva para la actividad productiva y el consumo.

En la misma línea, Daniel Velandia, Managing Director de Research y Chief Economist de Credicorp Capital, señaló que el resultado estuvo ligeramente por debajo de las expectativas del mercado. Aunque reconoció un mejor comportamiento del consumo privado frente al trimestre anterior, afirmó que se esperaba un mayor impulso derivado de factores como el aumento del salario mínimo.

Velandia destacó que el principal motor del crecimiento continúa siendo el gasto público, que crece a tasas reales superiores al 7 %, reflejado tanto en la administración pública como en un deterioro continuo de las cuentas fiscales. “Ese mayor crecimiento del gasto público impacta positivamente la actividad en el corto plazo, pero pagar la cuenta de ese deterioro fiscal seguramente le va a salir costoso al país en los próximos años”, afirmó.

El economista alertó, además, sobre la caída persistente de la inversión total, asociada, según dijo, a la elevada incertidumbre regulatoria en sectores estratégicos como petróleo, minería, agricultura, construcción, infraestructura, vivienda y energía.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, aseguró que al analizar el crecimiento económico tanto desde la perspectiva sectorial, como desde el gasto, preocupa la contribución del gasto público en el desempeño económico reciente, precisamente en un momento donde el principal problema económico es la sostenibilidad de las finanzas.

“El crecimiento lo está liderando el gasto público en un momento cuando el déficit fiscal está alrededor del 7 %, la caja está en mínimos históricos, el rezago presupuestal es significativo y el Ministerio de Hacienda está colocando TES a tasas del 14 % para lograr cumplir con este gasto desbordado”, subrayó.

Para el líder gremial es también preocupante que “el crecimiento del país se ha mantenido por debajo de nuestra tendencia histórica: prácticamente nos hemos estancado en el 2 % cuando hace unos pocos años estábamos en 4% y nuestra meta era niveles del 6 %, 7 %. Tampoco estamos generando las condiciones para el crecimiento futuro. La inversión se ha rezagado y hoy apenas alcanza el 17 % del PIB”.

De acuerdo con los datos entregados por Piedad Urdinola, directora de la entidad estadística, al comparar el primer trimestre de este año con el del año anterior, el PIB creció 0,6 %.

#PIB📈 El Producto Interno Bruto creció 2,2% en el 1. er Trimestre de 2026pr. pic.twitter.com/iTOBjVSGWq

— DANE Colombia (@DANE_Colombia) May 15, 2026

En cuanto a las actividades que más aportaron al crecimiento de la economía en el país para el periodo en estudio, fueron administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales que en conjunto crecieron 5,7 %, contribuyendo 0,9 puntos porcentuales. Es decir, se crece por el aporte del Estado.

Según explicó Piedad Urdinola, el buen comportamiento del sector de administración pública estuvo impulsado por factores como las elecciones, que demandan mayores recursos para la Registraduría y toda la logística electoral, además del incremento en el pie de fuerza de los organismos de seguridad. A ello se suman el alza del salario mínimo y el aumento en algunas primas que reciben las Fuerzas Militares.

El comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crecieron en conjunto 2,9 %, con un aporte del 0,6 puntos porcentuales.

Asimismo, la industria manufacturera creció 2,9 %. En conjunto, esos tres sectores —administración pública, comercio e industria— explicaron 1,8 puntos porcentuales del crecimiento total de 2,2 por ciento reportado por el Dane.

En el primer trimestre de 2026, el valor agregado de las actividades financieras y de seguros creció 2,8 %

En contraste, entre las actividades económicas con resultados negativos se destacaron la construcción, que se contrajo 5,4 %; el agro y la ganadería, con una variación de -1,4 %; y la explotación de minas y canteras, que cayó 0,1 %.

De hecho, uno de los resultados que más llamó la atención fue el del agro, que pasó de crecer 5,8 % en el primer trimestre del año pasado (2025) a registrar una contracción de 1,4 %.

El comportamiento se explica, según el Dane, principalmente, por la caída en el cultivo de café, que venía de un periodo excepcional en producción y precios internacionales, pero que ahora comenzó a normalizarse, afectando el desempeño de todo el sector.

Uno de los primeros en reaccionar frente a los resultados del PIB fue José Ignacio López, presidente de Anif, quien señaló que el 40 % del crecimiento de la economía colombiana “se explica por un solo sector: administración pública y defensa, educación y salud. El sector de construcción sigue en caída con una contracción anual de 5,4 %”.

Igualmente, Jacinto Pineda, director del grupo de investigación Grimap, destacó el crecimiento de la administración pública y lamentó el hecho de que el sector de la construcción siga cayendo (-5,4 %).

Asimismo, el economista Diego Montañez, resaltó que el crecimiento de la economía sigue mostrando “una composición sectorial heterogénea, donde sectores claves como la construcción, la agricultura y minas siguen contrayéndose”.

El análisis indica que el Gobierno mantuvo niveles importantes de respaldo legislativo durante buena parte del mandato. Por ejemplo, la reforma tributaria aprobada en 2022 obtuvo mayorías amplias tanto en comisiones como en plenarias con apoyos superiores al 60% en ambas instancias, donde en las comisiones económicas no se registraron votos negativos.

“Esto es relevante porque las reformas tributarias suelen enfrentar altos costos políticos y niveles importantes de resistencia legislativa. En ese momento, el Congreso respaldó la estrategia fiscal planteada por el nuevo Gobierno y acompañó las expectativas de aumento del recaudo presentadas al inicio de la administración”.

Agregaron en el informe, que el respaldo también se mantuvo durante la aprobación de los presupuestos de la nación de los años 2023 y 2024. En el caso del 24, el apoyo alcanzó 78,7% en las comisiones económicas y 55,6% en las plenarias. Aunque comenzaron a observarse mayores niveles de abstención y no participación (que en plenarias llegaron a 34,9%) el Gobierno todavía conservaba capacidad para articular coaliciones legislativas y asegurar la aprobación de sus principales proyectos fiscales.

Pero el cambio se dio con el presupuesto del 2025. En las comisiones económicas, el apoyo cayó a 6,3%, mientras que el voto negativo alcanzó 71,9%. “Para ese momento ya eran visibles varios elementos de presión sobre las finanzas públicas como menores ingresos frente a las metas oficiales de recaudo, desaceleración económica, mayores presiones sobre el gasto y crecientes debates sobre la sostenibilidad de la senda fiscal”.

De acuerdo con el análisis, la reducción del respaldo también se reflejó en la Ley de Financiamiento presentada para 2025, que obtuvo únicamente 36,2% de votos favorables en las comisiones económicas y no logró consolidar las mayorías necesarias en el Congreso. “A partir de ese momento, las principales iniciativas fiscales del Gobierno enfrentaron mayores dificultades para avanzar legislativamente”.

En 2025, el Gobierno activó la cláusula de escape de la Regla Fiscal ante el elevado nivel del déficit fiscal y las dificultades para retornar en el corto plazo a la senda prevista por el marco fiscal.

En ese escenario se presentó el presupuesto General de la Nación 2026, nuevamente acompañado de una propuesta de Ley de Financiamiento para respaldar parte del plan de gasto.

“Aunque el presupuesto fue aprobado por el Congreso, el apoyo legislativo fue menor al observado en los primeros años del gobierno: 39,4% de aprobación frente a 12,8% de rechazo y 47,9% de abstención o no participación. Posteriormente, la Ley de Financiamiento 2026 registró 26,7% de apoyo y 60% de votos negativos”.

La conclusión de los investigadores es que la reducción del respaldo parlamentario a las iniciativas fiscales del Gobierno no ocurrió de forma repentina ni puede explicarse únicamente por factores ideológicos o partidistas.

Por el contrario, “los cambios en el comportamiento legislativo ocurrieron en paralelo con un período de mayores tensiones sobre las finanzas públicas, menores resultados de recaudo frente a las metas oficiales, mayores presiones sobre el gasto público y debates crecientes sobre la sostenibilidad de la senda fiscal”.

Agregaron que “desde una perspectiva de economía política, los datos de las votaciones del Congreso no respaldan la narrativa de que las reformas fiscales del gobierno Petro se cayeron principalmente por razones políticas. El caso colombiano ilustra cómo las coaliciones legislativas alrededor de las políticas fiscales son sensibles a cambios en la percepción de sostenibilidad de las finanzas públicas. Cuando las expectativas de recaudo se deterioran, aumentan las necesidades de financiamiento y se reduce el margen fiscal disponible, los incentivos de los actores legislativos también cambian. En ese contexto, sostener mayorías para aprobar presupuestos expansivos o nuevas reformas tributarias se vuelve progresivamente más costoso en términos políticos e institucionales”.

Así lo destacó Guillermo Herrera, presidente de Camacol, durante el Congreso de Vivienda Verde, escenario en el que resaltó los avances de un modelo de construcción enfocado en el uso eficiente de recursos y en mejorar la calidad de vida de quienes habitan estos proyectos.

La meta del gremio era alcanzar ese indicador en 2030, pero el sector constructor logró anticiparse cinco años. Como resultado, el país ya suma 25 millones de metros cuadrados certificados con sello verde, posicionando a Colombia como líder mundial en construcción de vivienda sostenible entre 170 países evaluados.

Vivienda, eje de la reactivación económica

La recuperación del sector vivienda es una de las prioridades que Camacol busca poner sobre la mesa de los candidatos presidenciales que competirán el próximo 31 de mayo por llegar a la Casa de Nariño.

Herrera insistió en que la construcción de vivienda concentra varios de los motores que hoy requiere la economía colombiana: generación de empleo, atracción de inversión, dinamización de bienes y servicios y, en el caso de la vivienda sostenible, aportes concretos a la protección ambiental.

En ese contexto, el próximo 20 de mayo, Camacol, junto con Asobancaria y Asocajas, presentarán un libro de propuestas para el sector, elaborado con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, con el propósito de impulsar la reactivación de la vivienda en el país.

Entre las iniciativas planteadas sobresale una estrategia de internacionalización orientada a aprovechar el aumento de las remesas y el creciente interés de compradores desde el exterior. Según Herrera, en 2025 el 10 % de las viviendas vendidas en Colombia fueron adquiridas por personas residentes fuera del país.

Las cifras muestran diferencias regionales importantes. En Cartagena y Santa Marta, las compras desde el exterior representan el 20 % del mercado; en el Eje Cafetero alcanzan el 25 %, mientras que en Medellín llegan al 14 % entre extranjeros y colombianos que viven fuera del país.

Recuperar los subsidios y créditos para vivienda

El documento de propuestas también plantea retomar políticas que, según Camacol, dieron resultados positivos y fueron desmontadas durante el actual gobierno, entre ellas el subsidio Mi Casa Ya.

“Fue un ejemplo internacional. Permitió que 360.000 familias accedieran a vivienda con cuotas incluso inferiores a las de un arriendo”, recordó Herrera.

Además, el gremio propone facilitar el acceso al crédito hipotecario no solo para hogares vulnerables, sino también para jóvenes y familias de clase media. A esto se suma la promoción de vivienda en arrendamiento especializado, un modelo que, según el dirigente, ya muestra resultados favorables en países como Chile.

Analistas atribuyeron parte de la desaceleración de la actividad económica al actual ciclo contractivo del Banco Central, que entre enero y marzo elevó su tasa de interés en 200 puntos básicos con el fin de contener las presiones inflacionarias. No obstante, en abril decidió hacer una pausa y mantenerla estable en 11,25 %.

Según la Encuesta de Expectativas Económicas, EEE, del Banco de la República, se redujo la proyección de expansión del PIB de 2,8 % a 2 %. “Los empresarios iniciaron el primer trimestre de 2026 con una confianza moderada, con expectativas favorables en ventas y empleo, especialmente en los sectores de construcción y comercio”, señalaron los analistas del Emisor.

Entre tanto, para Corficolombiana las estimaciones apuntan a un crecimiento anual de 1,9 %, inferior al 2,6 % observado un año atrás y al 2,2 % registrado en el cuarto trimestre de 2025.

César Pabón, director de Investigaciones de la corporación, explicó que para el primer trimestre, la economía habría avanzado apenas 0,2 %, superando el 0,1 % registrado en el cuarto trimestre de 2025. “De mantenerse este ritmo en los siguientes trimestres el crecimiento de todo 2026 sería inferior a 1,5 %. Por lo anterior, mantenemos un sesgo a la baja en nuestra proyección de crecimiento de 2026 de 2,3 %”, dijo.

“Nuestro pronóstico de crecimiento del primer trimestre, de 1,9 %, implica una revisión a la baja importante desde el 2,4 % que anticipábamos a comienzos de año y por debajo lo esperado por los analistas en los últimos meses, en la medida que las cifras han venido mostrando una desaceleración más marcada de la actividad, particularmente en los sectores ligados a producción e inversión", agregó.

Por su parte, Camilo Pérez señaló que la economía colombiana habría continuado mostrando señales claras de desaceleración desde finales del año pasado. Según explicó, sectores clave como la agricultura, el petróleo y la minería registraron niveles de producción históricamente bajos, no vistos en más de una década, mientras que la construcción también habría frenado el ritmo de crecimiento del país.

No obstante, el analista destacó algunos factores positivos dentro del panorama económico. Entre ellos, mencionó el buen comportamiento del comercio y el impulso del sector público, especialmente en materia de generación de empleo, dinámicas que podrían ayudar a mitigar parcialmente la debilidad observada en otras actividades productivas.

Desde Davibank, los economistas pronostican un evidente signo de desaceleración. “De acuerdo con el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), en enero y febrero la actividad se expandió 1,5 %, bajando el ritmo frente al crecimiento promedio de 2,3 % registrado en el último trimestre de 2025″, dijeron.

“La superación de la bonanza agrícola y la moderación de rubros particulares dentro del sector de servicios son las principales razones detrás de esta dinámica. Con estos resultados, es muy probable que se revisen a la baja las expectativas de crecimiento para el año 2026, en medio de un entorno local e internacional cambiante”, agregaron.

Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, sostuvo que las proyecciones del banco plantean que en el primer trimestre de 2026, la actividad económica habría presentado un crecimiento moderado (2,5 % real anual), que iría acorde “con un entorno en el que la economía aún muestra resiliencia en la demanda, pero con retos importantes por el lado de la inversión”.

“Estimamos que la demanda interna habría sido el principal soporte de la actividad, junto con un aporte positivo en el frente externo. Por un lado, el consumo privado continúa siendo un pilar relevante de la dinámica económica, pese a los desafíos inflacionarios y monetarios existentes, junto a un gasto público que se mantiene elevado. Por otro lado, la inversión habría mostrado una contracción importante, similar a lo observado en trimestres previos”, añadió.

Como es sabido, muchos trabajadores también hacen otras labores para ganar dinero adicional y así completar los gastos que cada mes tienen en sus hogares, pero esto no es tenido en cuenta en su liquidación al momento de pensionarse. De modo que cuando se pensionan, solo reciben lo que refleja el promedio del salario que recibían.

Según algunos expertos en sistemas de pensiones hay dos formas de lograr que la mesada que finalmente reciban los pensionados sea más alta.

El régimen pensional colombiano funciona bajo dos esquemas: el público estatal que es Colpensiones, y los fondos privados de pensión. Cada uno tiene sus propios métodos para calcular la mesada de los pensionados, dependiendo de las semanas cotizadas y los ingresos de cada cotización.

En Colpensiones, donde cotizan la mayoría de los colombianos, se establece la mesada teniendo en cuenta el ingreso promedio de los últimos 10 años de cotizaciones, es decir, del sueldo que tuvo el trabajador durante este tiempo, lo que se conoce como Ingreso Base de Liquidación (IBL).

Según esta lógica, para que una persona reciba una mesada de 6 millones de pesos, tendría que haber ganado como sueldo mensual entre 8 y 9,5 millones, y cotizar de acuerdo a este salario durante los últimos 10 años, antes de cumplir las semanas y edad de jubilación.

De modo que las recomendaciones de expertos, según una publicación de Valora Analitik replicada por El Tiempo, entre las formas de lograr una mesada más alta, la más obvia es comenzar a cotizar por sueldos más altos en los últimos 10 años.

También es posible cuando la persona superar el número de semanas cotizadas, esto influye para subir la mesada, así como hacer aportes voluntarios que incrementen el capital acumulado.

Cabe recordar que el mínimo de semanas cotizadas el régimen público es de 1300 semanas, y la edad de jubilación es de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres. Aunque desde este año, comenzará una reducción progresiva de las semanas de cotización para las mujeres, que quedará en 1000 semanas para el año 2036.

En cuanto a los fondos privados de pensión, las mesadas se determinan de acuerdo al capital y los intereses acumulados durante la vida laboral, de modo que para tener una mesada de 6 millones, la persona debe reunir en promedio entre 1.100 y 1.300 millones de pesos, para lo que además de las cotizaciones mensuales, puede hacer otros aportes.