Según se conoció, luego del evento, el cansancio acumulado hizo que Samuel intentara regresar al hotel de manera rápida. Si bien inicialmente Morales habría pedido un servicio de transporte por medio de plataformas, el conductor habría cancelado el viaje.

Debido a que estaba con gran urgencia, el músico decidió tomar un taxi convencional en las calles de Bogotá. Después de esto se perdió su rastro hasta las 3:00 a.m.

El hecho encendió inmediatamente las alarmas en sus familiares, quienes vieron que su ubicación desde su teléfono móvil, que les había compartido, indicaba un punto extraño en suburbios desconocidos de esta ciudad. De manera inmediata subieron a las redes un cartel con su fotografía, junto con un mensaje de su abogada Wendy Herrera y su tío, el también cantante Kanner Morales.

Sin embargo, pronto Ricardo Rodríguez, mánager del artista, logró localizarlo, horas después. Según indican los primeros reportes, Samuel fue víctima de la delincuencia bajo la modalidad de sumisión química, presuntamente con escopolamina. Los delincuentes lo habrían paseado por diferentes puntos de la ciudad para despojarlo de su celular, su cadena y su billetera, dejándolo abandonado y con evidentes lagunas mentales producto de la sustancia química.

Luego de esto el cantante fue trasladado a un centro médico en donde se sometió a exámenes toxicológicos para evaluar su estado de salud general. A través de un comunicado oficial, su equipo dio un parte de tranquilidad. En él confirmaron que el joven artista ya se encuentra sano y salvo en su hogar, rodeado del cuidado de sus seres queridos. Sus representantes aseguraron que la agenda de conciertos para este fin de semana se mantendrá en pie.

Este hecho, que por fortuna no pasó a mayores, vuelve a abrir el debate acerca de la seguridad en las calles bogotanas, en donde cada vez son más los casos de hurtos a través de estas modalidades en transporte público.

La determinación quedó consignada en la Sentencia T-028 de 2025, en la que la Sala Quinta de Revisión analizó el caso de una integrante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) cuyo retiro fue aplazado por la institución pese a sus problemas de salud y a su situación familiar.

El fallo se convirtió en un nuevo precedente para el Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la FAC, al precisar los límites que tienen las autoridades militares frente al derecho de los uniformados a desvincularse voluntariamente del servicio.

Según explicó la Corte, los miembros de las Fuerzas Militares sí tienen derecho a solicitar su retiro por razones personales, familiares, profesionales o médicas. Sin embargo, recordó que existen escenarios excepcionales en los que la institución puede negar o postergar esa salida.

El alto tribunal indicó que únicamente se podrá impedir temporalmente el retiro cuando existan razones relacionadas con la seguridad nacional o circunstancias especiales del servicio que hagan necesaria la permanencia del uniformado.

No obstante, la Corte enfatizó que esas decisiones no pueden tomarse de manera automática ni con argumentos generales. Las Fuerzas Militares deberán demostrar que existe una relación directa entre las funciones del integrante y las necesidades específicas de la institución.

Además, las entidades castrenses estarán obligadas a justificar por qué la medida resulta idónea, necesaria y proporcional frente a las condiciones laborales y personales del funcionario que solicita la baja.

La decisión judicial surgió después de estudiar el caso de una uniformada de la FAC que había pedido su retiro desde 2023 luego de ser diagnosticada con síndrome antifosfolípido, lupus, trastorno de ansiedad mixto y depresión.

Pese a esas condiciones médicas, la institución decidió aplazar su salida hasta diciembre de 2026, situación que terminó siendo cuestionada por la Corte Constitucional.

De acuerdo con el expediente, el Tribunal Médico notificó en mayo de 2024 un acta en la que se determinó que la integrante presentaba una pérdida de capacidad laboral del 19,02 % y que no era apta para la vida militar.

En el documento también se recomendaba su reubicación laboral. Sin embargo, la Sala Quinta concluyó que la FAC no tuvo en cuenta adecuadamente la condición médica de la accionante ni el hecho de que también cumplía funciones de cuidadora de su hijo.

El escrito, fechado el 13 de mayo de 2026 y firmado presuntamente por la columna móvil Jaime Martínez, señala a la mujer de supuestos actos de corrupción y le exige abandonar el territorio en un plazo máximo de 24 horas. En el texto también advierten sobre posibles acciones violentas si continúa en el municipio.

El panfleto fue difundido públicamente y generó una rápida reacción de líderes políticos y autoridades locales, aún más teniendo en cuenta que se trata de la madre de la exsecretaria de Seguridad del Valle del Cauca, Ana María Sanclemente.

En uno de los apartados del documento, el grupo ilegal afirma que cualquier alteración del orden público que ocurra en Dagua sería responsabilidad de la funcionaria por no acatar la advertencia. Además, aseguran que la declararían “objetivo militar” por presuntas irregularidades relacionadas con recursos públicos.

Tras conocerse el contenido del panfleto, Ana María Sanclemente, exalcaldesa de Dagua entre 2020 y 2023 y ex secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, rechazó públicamente las amenazas contra su madre y pidió la intervención inmediata de las autoridades.

“La violencia no puede seguir siendo la respuesta al trabajo por la comunidad”, expresó Sanclemente en un mensaje difundido en redes sociales, en el que además solicitó a la Defensoría del Pueblo y a la Unidad Nacional de Protección activar de manera urgente los protocolos de protección.

La exmandataria aseguró que la labor de Ceneibe Jaramillo ha estado enfocada en el bienestar de las comunidades de Dagua y cuestionó que nuevamente mujeres vinculadas a procesos sociales y políticos sean blanco de intimidaciones.

Sanclemente también recordó el reciente asesinato de Mileidy Villada, concejal del municipio de Obando, y pidió a la Fiscalía, la Policía y los organismos de seguridad acelerar las investigaciones para determinar el origen y autenticidad del panfleto.

Por su parte, la alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo, confirmó que fue convocado un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación y definir medidas de acompañamiento y protección para la gestora social y otros funcionarios del municipio.

La mandataria reveló además que ella misma había recibido amenazas semanas atrás mediante otro panfleto en el que advertían sobre una supuesta intensificación de acciones armadas dentro del casco urbano de Dagua.

“De inmediato tomé acciones, interpuse las denuncias respectivas y convoqué un consejo extraordinario de seguridad”, señaló Villarejo al referirse a los hechos, indicando que las autoridades ya fueron notificadas sobre la nueva amenaza.

La iniciativa plantea crear un sistema interoperable capaz de conectar en un mismo entorno digital la información relacionada con fórmulas médicas, dispensación de medicamentos, tratamientos y seguimiento clínico de los pacientes.

#Comunicado | #Minsalud informa que, en el marco del fortalecimiento de la interoperabilidad de la historia clínica electrónica y la transformación digital del sector salud, se publica para consulta pública un proyecto de resolución que adiciona la Resolución 1888 de 2025,… pic.twitter.com/XER52HZvjP

— MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) May 16, 2026

Según explicó la cartera de Salud, el objetivo principal es fortalecer la trazabilidad de los tratamientos y mejorar el control sobre el acceso efectivo de los usuarios a medicamentos y tecnologías médicas.

El proyecto fue publicado oficialmente el 15 de mayo de 2026 y hace parte del proceso de fortalecimiento de la Historia Clínica Electrónica Interoperable en Colombia. La propuesta adicionaría nuevas disposiciones a la Resolución 1888 de 2025.

De acuerdo con el documento, el nuevo modelo incorporará el llamado Resumen Digital de Atención (RDA), una herramienta que permitirá integrar información sobre prescripción, direccionamiento, programación y entrega de medicamentos en un único sistema digital.

La medida surge en medio de las constantes quejas de usuarios por retrasos en la entrega de fórmulas, medicamentos incompletos y dificultades para acceder a tratamientos médicos en distintas regiones del país.

Precisamente, semanas atrás el Ministerio de Salud expidió la Circular Externa 017 de 2026, mediante la cual ordenó a las EPS responder por retrasos y fallas en la entrega de medicamentos, especialmente en pacientes crónicos y poblaciones vulnerables.

Con el nuevo proyecto, el Gobierno busca avanzar un paso más allá y consolidar una plataforma que permita hacer seguimiento detallado a todo el ciclo de atención en salud, desde la formulación realizada por el médico hasta la entrega efectiva del medicamento al paciente.

#Comunicado | #Minsalud expidió la Circular Externa No. 017 de 2026, con la que las EPS y demás actores del sistema deberán garantizar que los pacientes reciban sus medicamentos completos y a tiempo, sin que los problemas entre entidades afecten sus tratamientos. pic.twitter.com/x0bbcZi5En

— MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) May 13, 2026

Según el Ministerio, este modelo facilitaría la consulta de información clínica y asistencial relevante en tiempo real, reduciendo reprocesos, registros duplicados y problemas administrativos dentro del sistema de salud.

Además, permitiría mejorar la capacidad institucional para verificar si los pacientes están recibiendo realmente los tratamientos ordenados y en qué tiempos se están entregando.

Otro de los puntos destacados del proyecto tiene que ver con la interoperabilidad entre EPS, IPS, gestores farmacéuticos y demás actores del sistema, quienes compartirían información bajo estándares unificados.

La cartera de Salud aseguró que inicialmente la implementación se enfocará en medicamentos financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y posteriormente podría ampliarse a otras tecnologías en salud.

La actividad contó con la presencia del director de dicha entidad, Giovanni Yule, autoridades ancestrales, líderes comunitarios, habitantes de la zona y representantes de distintas instituciones departamentales, quienes se reunieron para rendir homenaje a las personas fallecidas y acompañar a sus familias en medio del dolor que dejó esta tragedia.

Durante la jornada se desarrolló un ritual espiritual liderado por mayores y mayoras del territorio, además de una eucaristía oficiada por un sacerdote del municipio de Piendamó. El encuentro se realizó en el lugar donde ocurrieron los hechos en las primeras horas de la tarde de ese sábado 25 de abril, considerado por las comunidades como un espacio de memoria y reflexión frente a la violencia que continúa afectando al departamento.

“Abrazo a la Vida” fue el nombre dado a esta iniciativa con la que se buscó enviar un mensaje de fraternidad, solidaridad y reconciliación a las comunidades golpeadas por el conflicto armado. Según manifestó Giovanni Yule, el propósito principal fue brindar fortaleza espiritual y acompañamiento a los familiares de las víctimas, así como rechazar los actos violentos cometidos por grupos armados ilegales en esta región del país.

El funcionario señaló además que muchas de las personas asesinadas eran civiles inocentes que nada tenían que ver con el conflicto, situación que, aseguró, refleja la compleja realidad de violencia que atraviesa el Cauca. También reiteró el compromiso del Gobierno Nacional y de las instituciones del Estado para acompañar a las comunidades afectadas.

Posteriormente, la comisión institucional se desplazó hasta la vereda La Pedregosa, comunidad de donde provenían varias de las víctimas que se movilizaban en la chiva atacada el día de la masacre. Allí se adelantó un espacio de diálogo con los habitantes y seguimiento a los procesos de restitución de tierras que actualmente se desarrollan en ese territorio.

Desde la Unidad de Restitución de Tierras indicaron que continuarán realizando acompañamiento integral a las familias afectadas, mientras las comunidades insistieron en la necesidad de que cesen los hechos de violencia y se garantice la protección de la población civil en las zonas rurales del Cauca.

A través de un comunicado oficial, la familia de Uribe Turbay, representada por la viuda de la víctima, María Claudia Tarazona, cuestionó el proceso judicial.

“Resulta inaceptable otorgar beneficios desproporcionados a alias El Costeño, dado su rol determinante en el magnicidio... constituiría un premio a la impunidad y un agravio directo al esclarecimiento de los hechos”, se lee en la misiva.

En el pronunciamiento, los familiares señalaron que alias El Costeño habría tenido un rol clave dentro de la estructura criminal señalada de ejecutar el asesinato, actuando presuntamente como coordinador y enlace en la planeación del atentado.

Bajo esa premisa, señalan que el capturado no ha contribuido de manera efectiva al esclarecimiento de los hechos: “Lejos de aportar una colaboración efectiva a la verdad, su defensa ha desplegado maniobras dilatorias sistemáticas para burlar a la justicia”.

En el documento también cuestionaron que se contemplen beneficios para una persona que, según indicaron, habría participado en la coordinación del crimen y en la utilización de un menor de edad para ejecutar el ataque armado.

“Conceder privilegios a quien fungió como coordinador y enlace jerárquico, presenció el crimen y fue el determinador para que el menor de edad accionara el arma, constituye un premio a la impunidad y un agravio directo al esclarecimiento de los hechos", añaden.

Pese a que en el documento reiteraron el respeto por la autonomía de la Fiscalía, cuestionaron la posible contemplación de una negociación con alias El Costeño.

“Este preacuerdo nos revictimiza, falla en el deber de proteger la verdad frente a su nivel de responsabilidad en el magnicidio, y envía al país un mensaje que incentiva la criminalidad”, manifestó la familia.

“Hemos transmitido a nuestro abogado la decisión de rechazar cualquier acuerdo que se presente entre la Fiscalía y alias El Costeño, además de acudir y utilizar todos los recursos e instancias legales, tanto nacionales como internacionales, para que la verdad plena salga a la luz y este atroz crimen no quede sepultado en la impunidad“, concluye el comunicado.

Por su parte, María Claudia Tarazona publicó un mensaje adicional en sus redes sociales en el que reiteró su rechazo a cualquier negociación con alias Elder Arteaga.

“Rechazo, en nombre mío y de mis hijos, la presentación del preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y el señor Elder Arteaga, alias El Costeño“, dijo Tarazona.

En la publicación, ella señaló que: “Este señor tuvo un papel determinante en el magnicidio de mi esposo. No ha realizado ninguna colaboración significativa; por el contrario, se ha dedicado a entorpecer y desviar el proceso".

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“Alias “El Costeño” es un asesino y reclutador de menores que merece todo el peso de la ley. Por ende, no merece ningún privilegio“, culminó.

Sin embargo, un estudio realizado con base en más de 87.000 propiedades publicadas en Metrocuadrado.com reveló cuáles son los barrios más económicos para adquirir vivienda usada en Bogotá durante 2026, especialmente en zonas del sur y suroccidente de la ciudad.

El análisis evaluó apartamentos y casas usadas con antigüedad entre dos y ocho años, así como propiedades construidas entre nueve y 15 años atrás.

Entre los sectores con apartamentos usados más económicos aparece Diana Turbay, en la localidad de Rafael Uribe-Uribe. Allí, el valor del metro cuadrado para viviendas entre dos y ocho años ronda los 924.499 pesos, mientras que en inmuebles con mayor antigüedad el precio llega a cerca de 873.138 pesos.

Arboleda Sur, también ubicada en Rafael Uribe-Uribe, figura igualmente entre las zonas más asequibles para quienes buscan vivienda usada. En este barrio, el valor promedio del metro cuadrado alcanza 954.545 pesos en apartamentos más recientes y aproximadamente 901.515 pesos en inmuebles entre nueve y 15 años de antigüedad.

León XIII completa el listado de barrios con menores precios para apartamentos usados. En este sector, el metro cuadrado se ubica en 1’022.727 pesos para propiedades entre dos y ocho años y en cerca de 965.909 pesos para viviendas más antiguas.

El estudio también identificó otros sectores del suroccidente de Bogotá con precios relativamente bajos frente al comportamiento general del mercado inmobiliario de la ciudad.

En Arborizadora, el valor del metro cuadrado oscila entre 1’028.683 y 1’089.194 pesos, dependiendo de la antigüedad del inmueble. Por su parte, en Alquería La Fragua Norte los precios varían entre 1’042.946 y 1’104.296 pesos.

En el segmento de casas usadas, Vista Hermosa aparece como uno de los barrios más económicos de Bogotá. Allí, el valor del metro cuadrado para viviendas entre dos y ocho años se ubica en aproximadamente 909.091 pesos, mientras que las casas construidas entre nueve y 15 años alcanzan cerca de 858.586 pesos.

Chuniza también figura entre las zonas con menores costos. En este sector, el metro cuadrado llega a 912.919 pesos para viviendas más recientes y a 862.201 pesos para propiedades con mayor antigüedad.

San Benito hace parte igualmente del listado de barrios más económicos para comprar casa usada en Bogotá. Según el estudio, una vivienda construida entre dos y ocho años tiene un valor cercano a 942.458 pesos por metro cuadrado, mientras que las casas más antiguas rondan los 890.099 pesos.

Santa Inés Sur y San Javier también aparecen entre los sectores con menores precios en el mercado de casas usadas. Los precios en el primero oscilan entre 896.732 y 949.481 pesos, mientras que en San Javier se ubican entre 907.185 y 960.549 pesos.

El gran temor entre expertos, organismos internacionales y autoridades es que El Niño se transforme en el “Súper Niño”, un fenómeno que la sociedad colombiana no ha visto ni vivido en los últimos 100 años y que avizora sequías, incendios forestales, eventuales racionamientos de agua y energía eléctrica y nefastas consecuencias sociales.

Aún sin aterrizar en el país, el Ideam, la Ungrd y el MinAmbiente ya advirtieron de un aumento inusitado del calor en algunos lugares del país como Valledupar que alcanzó los 38.4 grados centígrados (°C), Santa Marta con 37.2 °C y hasta Quibdó con 34.4 °C, además del aumento de las alertas sobre posibles incendios forestales que hasta hace unas semanas era de siete y ahora es de 90, en departamentos como La Guajira y Magdalena.

“Esta situación compleja evidencia que estamos ante un escenario de variabilidad climática, donde la intensidad de los fenómenos y la severidad de sus impactos son mayores. Ello nos obliga a una permanente articulación interinstitucional multiescalar, y a comprometernos con acciones preventivas que permitan una mejor preparación y mitigación de mayores impactos”, afirmó la ministra de Ambiente, Irene Vélez.

¿Qué es el “Súper Niño”?

Según Camilo Prieto, profesor de energía y sostenibilidad de la Universidad Javeriana, un “Súper Niño” ocurre cuando la temperatura superficial del Pacífico ecuatorial aumenta considerablemente en un periodo corto de tiempo.

“Un Súper Niño ocurre cuando la temperatura superficial del Pacífico ecuatorial aumenta alrededor de +2 °C o más durante al menos cinco meses consecutivos. No se trata solo de más calor. Es una enorme acumulación de energía en el océano y la atmósfera. Esta energía altera profundamente los patrones climáticos del planeta”, explicó el académico.

Aunque en los últimos años el fenómeno de El Niño se ha vuelto considerablemente más frecuente, su presencia más longeva se remonta al 2015, no obstante, las proyecciones de las autoridades revelan que en esta ocasión, esta anomalía climática podría ser la más fuerte que se haya presentado alguna vez.

Esta situación ha incrementado la preocupación de las autoridades, ya que en condiciones normales “El Niño” genera alteraciones climáticas globales como sequías intensas, aumento de temperaturas, incendios forestales e inundaciones, mientras que en el caso de un eventual “Súper El Niño” el escenario sería otro y por ahora desconocido.

Los efectos en Colombia

Gina Polo, investigadora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana y coordinadora general del Centro de Cambio Climático y Salud para América Latina y el Caribe (Climas) alertó que el país podría atravesar efectos adversos no solo en términos climáticos, sino en material social.

“Un Súper Niño no solo implica temperaturas más altas, para Colombia puede traducirse en una intensificación de las desigualdades territoriales y sociales ya existentes. Aunque muchas veces el debate se concentra en las grandes ciudades y en el posible racionamiento de agua o energía, las afectaciones más profundas suelen sentirse en las zonas rurales”, indicó la Coordinadora General de Climas.

“En varias regiones del país podríamos enfrentar sequías prolongadas, disminución de caudales de ríos, pérdidas de cultivos, mortalidad de animales y afectaciones importantes a la soberanía alimentaria. Esto impacta directamente a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que dependen del agua y de los ciclos climáticos para producir alimentos y sostener sus economías locales”, añadió la investigadora.

Polo también indicó que un “Súper Niño” podría aumentar los riesgos en salud pública derivados de golpes de calor, enfermedades transmitidas por vectores, deterioro de la calidad del aire por incendios forestales y dificultades en el acceso al agua segura.

La investigadora aseguró que los impactos de este tipo de fenómenos van más allá de lo superficial: trabajadores informales que pasan largas jornadas en el espacio público, como vendedores ambulantes, recicladores, trabajadores de construcción o transportadores podrían verse afectados ya que estarían expuestos a temperaturas extremas.

Además, en ciudades capitales podrían presentar racionamientos temporales y en regiones del país donde el acceso al agua ya es precario, incluso en condiciones “normales”, un evento como “Súper Niño” podría encender las alarmas.

“Las sequías afectan cultivos, disponibilidad de agua para consumo humano y animal, y profundizan escenarios de inseguridad alimentaria. Por eso, el fenómeno también evidencia una profunda desigualdad climática. Hay territorios históricamente más expuestos y con menor capacidad de adaptación, donde los impactos no son sólo ambientales, sino también sociales, económicos y humanitarios”, añadió Polo.

Ante esta situación, el Gobierno ha anunciado una hoja de ruta para prevenir afectaciones en el territorio nacional. El Ministerio de Minas implementó medidas para garantizar el suministro energético en el país.

La estrategia reúne medidas de preparación, coordinación y seguimiento permanente para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico y de gas natural, ante los posibles impactos climáticos.

“Estamos actuando desde ahora. El país no puede esperar a que llegue la emergencia para tomar decisiones. Hemos construido una hoja de ruta con 50 acciones concretas que involucran a todas las entidades del sector energético y del Gobierno, que buscan garantizar confiabilidad, prevención y capacidad de respuesta”, aseguró el jefe de la cartera energética, Edwin Palma.

Con el fenómeno de El Niño o el “Súper Niño” a la vuelta de la esquina, faltan aún las acciones que deberán emprender los alcaldes y gobernadores que por ahora guardan silencio ante el tamaño de la advertencia de la coral de voces expertas que alertan por las posibles consecuencia de una fenómeno climático desafiante.

Entre los activos que ahora quedaron bajo administración de la entidad figuran hoteles, sociedades comerciales, vehículos y un exclusivo salón de eventos ubicado en el Centro Histórico de Cartagena.

Parte de las propiedades están ubicadas en la Ciudad Amurallada y otras en Barú, una de las zonas turísticas de mayor valorización del Caribe colombiano, informó la entidad.

De acuerdo con la SAE, uno de los bienes más representativos es el hotel Casa Córdoba Barú, un complejo privado conformado por tres cabañas con cinco habitaciones cada una, acceso mediante reserva y muelle exclusivo para visitantes.

“Los valores de hospedaje oscilarían entre 600 mil y 800 mil pesos la noche por persona”, detalló la entidad.

#EsNoticia 📣 11 bienes en Cartagena y Barú pasan a administración de la SAE.

Hoteles, sociedades y un exclusivo salón de eventos en el Centro Histórico hacen parte de los activos relacionado al llamado ‘príncipe belga’, Henri de Croÿ.

La Sociedad de Activos Especiales asume su… pic.twitter.com/RiUU8QRWMI

— Sociedad de Activos Especiales (@activosSAE) May 14, 2026

Otro de los activos incluidos en la diligencia es Casa Córdoba Cabal, un salón de eventos ubicado en el Centro Histórico de Cartagena, donde la realización de eventos privados podría alcanzar valores cercanos a los 22 y 23 millones de pesos.

La toma de posesión de estos bienes se produjo en medio de las medidas decretadas por la Fiscalía sobre la sociedad Casa Córdoba S.A.S. y varios establecimientos de comercio vinculados a esta estructura empresarial.

Según la información entregada por la SAE, los activos estarían presuntamente relacionados con el ciudadano europeo Henri de Croÿ, conocido públicamente como el ‘príncipe belga’, quien ha sido mencionado en investigaciones internacionales por posibles operaciones financieras irregulares y movimientos de capital.

Las investigaciones buscan establecer el origen de los recursos y la posible relación de las sociedades involucradas con operaciones que actualmente son materia de revisión judicial.

“Con esta diligencia, la SAE avanza en el proceso de recepción, custodia y conservación de los activos mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes”, indicó la entidad.

Henri de Croÿ es un ciudadano europeo de origen belga, con nacionalidad francesa y colombiana, cuyo nombre apareció en 2018 tras la filtración de los llamados ‘Dubái Papers’, una investigación periodística que expuso operaciones financieras y sociedades creadas en paraísos fiscales para ocultar patrimonio y movimientos de dinero de clientes europeos.

Hasta el momento, en Colombia no existen condenas judiciales contra Henri de Croÿ. Sin embargo, autoridades europeas mantienen abiertas investigaciones relacionadas con presunto fraude fiscal, blanqueo de capitales y administración irregular de recursos.

Por ello, la campaña hizo énfasis en adoptar medidas básicas de prevención y autoprotección por parte de los mismos ciudadanos que residen en esta parte del occidente de la Ciudad Blanca, buscando así contrarrestar esta problemática.

Durante los recorridos, los uniformados también dialogaron con comerciantes y residentes sobre la importancia de fortalecer las redes de apoyo comunitario y mantener una comunicación permanente con la Policía Nacional, esto como forma de fortalecer la confianza con las autoridades

Según indicaron los uniformados, la denuncia ciudadana y la rápida reacción ante cualquier hecho sospechoso son fundamentales para prevenir delitos y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades.

Paso seguido, los integrantes de la Policía Comunitaria recomendó además evitar dejar documentos, computadores, bolsos o pertenencias de valor visibles dentro de los vehículos, así como verificar siempre el correcto aseguramiento de motocicletas mediante candados o sistemas de bloqueo adicionales. Igualmente, invitó a los conductores a estacionar en lugares iluminados y con presencia de vigilancia.

“Como autoridades hemos intensificado diferentes campañas de prevención contra el hurto en las diferentes comunas, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y reducir delitos como el robo de motocicletas, vehículos, celulares y atracos a personas, este el componente preventivo de nuestra labor como garantes del orden”, explicó el comandante encargado de esta institución en la capital del Cauca, teniente coronel Julián Arley Castañeda Tabares.

En la capital caucana, una de las estrategias más reconocidas fue la campaña “Yo cuido mi moto”, lanzada por los agentes del orden y la Alcaldía Municipal para prevenir el hurto de motocicletas, de ahí que en medio de esta actividad de aconseja el uso de dispositivos de seguridad, parqueaderos autorizados y recomendaciones de autoprotección para conductores.

Finalmente, las autoridades señalaron que estas jornadas preventivas hacen parte de una estrategia integral de seguridad que continuará desarrollándose en distintos sectores de Popayán, especialmente en zonas comerciales y residenciales donde se han identificado factores de riesgo asociados al hurto. La meta, aseguraron, es generar mayor confianza entre la ciudadanía y fortalecer la cultura de la prevención en la capital caucana.

El Invima sostiene que se desconoce el origen de estos productos, además de su composición y las condiciones de fabricación, lo que lo hace peligroso para los pacientes que los consuman.

Estos son los productos identificados: Bicarbonato de Sodio 1mEq/mL frasco x 240 mL lote 251023274; Naproxeno 1,6 gr/80 gr + Indometacina 2 gr + Vitamina E 3,375 gr/80 gr lote 251023275; y Ketoconazol 2% + Desonida 0,1% + Triclosán (Irgasan) 0,6% loción tópica x 100 mL lote 250921380.

Según explicó la entidad, la alerta fue emitida luego de que la empresa de Tecnología Galénica de Colombia S.A.S., confirmaron la falsificación de dichos productos magistrales e informó su desconocimiento acerca de la procedencia y trazabilidad de las preparaciones detectadas en el mercado.

El coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, William Saza, advirtió que este grupo de productos representan un riesgo significativo para la salud pública, toda vez que no existe garantía sobre su calidad, seguridad ni eficacia.

“Cuando hablamos de productos magistrales falsificados, estamos frente a preparaciones cuya procedencia, trazabilidad, condiciones de almacenamiento, transporte y contenido real son completamente desconocidos. Esto significa que no existe garantía de calidad, seguridad ni eficacia para los pacientes, aumentando el riesgo de eventos adversos y afectaciones a la salud pública”, señaló el funcionario.

Y añadió: “Es importante tener en cuenta que, de acuerdo con el Decreto 780 de 2016, una preparación magistral corresponde a un medicamento elaborado específicamente para atender la prescripción médica de un paciente individual y que requiere procesos técnicos especializados para su fabricación“.

A propósito de esta alerta, la autoridad sanitaria reiteró el llamado a la ciudadanía para abstenerse de adquirir medicamentos y productos sin registro sanitario vigente, especialmente aquellos comercializados a través de redes sociales, páginas web, establecimientos no autorizados o cadenas de mensajería instantánea.

También explicó que muchos de los productos fraudulentos ingresan al mercado por medio de canales informales que no cumplen con controles sanitarios, así como tampoco garantizan condiciones adecuadas de almacenamiento y distribución.

Por lo pronto, la entidad solicitó suspender inmediatamente el uso de dichos productos, así como le solicitó a las secretarías de salud e IPS reforzar las acciones de inspección, vigilancia y control a los medicamentos para garantizar que sean fabricados según las normas.

Según reportan medios de esa zona, los manifestantes llegaron en vehículos tipo chiva y se ubicaron en estaciones de peaje como: San Bernardo del Viento, Tarapacá y Las Pavas.

Durante su paso, algunos participantes retiraron las talanqueras con machetes y palos, con el fin de permitir el paso libre de vehículos, lo que interrumpió temporalmente el recaudo en estos puntos.

Además, el tránsito en la vía entre Manizales y Medellín presentó bloqueos desde horas de la mañana.

La jornada estuvo relacionada con las protestas impulsadas por el representante a la Cámara por Caldas, Santiago Osorio Marín, quien ha cuestionado desde hace varios años la presencia de peajes en la región y asegura que estos tienen “encerrado” el departamento.

A través de redes sociales, Osorio Marín compartió unas fotos de su visita al peaje de San Bernardo, resaltando que durante este día acompañó a los campesinos, estudiantes, emprendedores y ciudadanía en general que se moviliza para rechazar los peajes de Autopistas del Café.

“Solicitamos a la ANI rechazar de tajo la IP CONEXIÓN CENTRO, la manera creativa con la que el Grupo Empresarial Antioqueño y Odinsa quieren quedarse 30 años más con la plata del Eje Cafetero", declaró el político.

LLEGAMOS AL PEAJE DE SAN BERNARDO 🔴Hoy acompañamos a los campesinos, estudiantes, emprendedores y ciudadanía en general que se moviliza para rechazar los peajes de Autopistas del Café. Solicitamos a la ANI rechazar de tajo la IP CONEXIÓN CENTRO, la manera creativa con la que el… pic.twitter.com/qRXcYdhZuG

— Santiago Osorio M. (@osoriosantiago) May 15, 2026

Seguido, el funcionario señaló que Manizales está sitiada por 4 peajes y que estos “no aguantan más la mezquindad de quienes se han enriquecido a costa de la gente”.

Finalmente, el funcionario instó a la Agencia Nacional de Infraestructura a pronunciarse sobre el caso.

Cabe destacar que durante el jueves, 14 de mayo, Osorio Marín estuvo liderando unas marchas pacíficas en las Autopistas del Café. No obstante, estas fueron foco de violencia.

“A pesar de las dos personas que agredieron a mi equipo de trabajo, el mensaje es claro: LA MOVILIZACIÓN PACÍFICA EN CONTRA DE LOS PEAJES VA. Hoy tuvimos que llegar a una reunión de personas presuntamente enviadas por la concesionaria que querían sabotear la movilización”, dijo Osorio Marín.

NO NOS VAMOS A DEJAR INTIMIDAR🚨Hoy la clase política tradicional de Caldas, encabezada por quienes durante años han defendido los peajes, se reunió para intentar sabotear las marchas pacíficas que realizamos en las Autopistas del Café. Como siempre, la violencia fue su tono, la… pic.twitter.com/rYucaRAnoA

— Santiago Osorio M. (@osoriosantiago) May 15, 2026

Por el momento, la jornada de manifestaciones generó rechazo por parte de distintos sectores sociales y gremios de transporte, entre ellos camioneros, empresas de transporte intermunicipal y camperos interveredales.

En ese sentido, a través de comunicados, varios representantes señalaron su preocupación por las afectaciones a la movilidad y afirmaron no querer verse involucrados en escenarios políticos en medio del ambiente preelectoral del país.

La decisión, según explicó el director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, busca garantizar que la cobertura sea efectiva en todas las regiones. “Debemos garantizar la cobertura nacional y que estos beneficios lleguen a los hogares que más lo necesitan”, afirmó.

#EsNoticia | Ampliamos hasta el miércoles 20 de mayo el plazo para reclamar los recursos del segundo ciclo de #RentaCiudadana y #DevoluciónIVA. ¡Aún estás a tiempo de recibir tu transferencia!

El director de la entidad, @mao_rodriguez1 dijo que es prioridad garantizar la… pic.twitter.com/if7jqCPYr4

— Prosperidad Social (@ProsperidadCol) May 15, 2026

Este segundo ciclo contempla una inversión total de 322.013 millones de pesos. De acuerdo con el balance entregado por la entidad, el proceso presenta un avance del 70 % frente a la meta establecida. En total, las transferencias están destinadas a 774.837 hogares en diferentes departamentos y municipios del territorio nacional.

La entrega de los recursos continúa realizándose bajo la modalidad de giro, mecanismo que permite a los beneficiarios retirar el dinero en puntos físicos habilitados en sus municipios. Para garantizar la cobertura, el proceso cuenta con la red de atención de SuperGiros y SuRed, operadores encargados de facilitar el retiro de los pagos.

Desde Prosperidad Social hicieron un llamado a los beneficiarios a nivel nacional para que se acerquen dentro del plazo establecido a los puntos autorizados y así evitar que los recursos queden sin reclamar.

La entidad indicó que para este ciclo se mantiene la misma focalización definida en entregas anteriores, con el propósito de garantizar continuidad en la entrega de los apoyos económicos sin afectar a quienes ya venían recibiendo estas transferencias.

Estos subsidios, explicó la entidad, buscan complementar los ingresos de los hogares más vulnerables, permitiéndoles cubrir necesidades básicas como alimentación, cuidado personal y gastos esenciales del hogar.

Prosperidad Social reiteró que todos los trámites relacionados con estos programas son completamente gratuitos y no requieren intermediarios. La entidad insistió en que los ciudadanos consulten únicamente los canales oficiales de información para evitar fraudes o desinformación durante el proceso de cobro.

Prosperidad Social recordó que el Gobierno nacional mantiene en marcha distintos programas de transferencias monetarias orientados a reducir la pobreza monetaria y la desigualdad en el país.

La entidad insistió en que la ampliación del plazo busca facilitar que ningún hogar beneficiario se quede sin recibir estos recursos, especialmente en zonas del país donde, por razones de movilidad, distancia o información, el retiro no se había podido realizar dentro del cronograma inicial.

El pronunciamiento se conoce luego de los reparos expresados por magistrados ante la plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia frente al artículo que permitiría a la ANT resolver directamente algunas controversias sobre la propiedad de terrenos baldíos, sin intervención de jueces.

Lenis Gómez aclaró que la Corte no está en contra de que el Estado, por medio de la ANT, siga entregando terrenos baldíos como lo ha hecho históricamente. Sin embargo, señaló que cuando surjan conflictos o reclamos por esas decisiones, estos deben ser resueltos por jueces de la Jurisdicción Agraria.

“La Corte Suprema de Justicia es enfática en señalar que la adjudicación de los terrenos baldíos ha sido y es, como en los últimos noventa años, una facultad del estado y en el esquema actual, a través de la Agencia Nacional de Tierras Con el fin de aplicar los lineamientos de la sentencia de la Corte Constitucional C-099 de abril de 2026 al diseño institucional que se está construyendo y acorde a la naturaleza de la jurisdicción agraria, se propuso que se asignen a esta, por ejemplo, las controversias que se susciten en torno a la validez de las resoluciones que expida la Agencia Nacional de Tierras o la disputa sobre terrenos baldíos. Este esquema es una garantía para asegurar la legalidad, la transparencia y la seguridad jurídica en dichos procesos”.

#JurisdicciónAgraria
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, afirmó que la corporación es enfática en señalar que la adjudicación de los terrenos baldíos ha sido y es, como en los últimos 90 años, una facultad del Estado, y en el esquema actual,… pic.twitter.com/GZ7kH5O8ZM

— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) May 15, 2026

Según explicó el magistrado, la idea es que la nueva Jurisdicción Agraria funcione en línea con lo que ya señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-099 de abril de 2026 y que las decisiones que tome la ANT puedan ser revisadas por jueces especializados.

Tras este pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro reaccionó y señaló que respeta la posición del presidente de la Corte Suprema, pero advirtió que la Jurisdicción Agraria, contemplada en el Acuerdo de Paz, debe servir para agilizar la solución de los conflictos de tierras.

Me parece respetable la posición del presidente de la Corte Suprema de Justicia.

La jurisdicción agraria pedida en el acuerdo de paz es para acelerar la solución a los conflictos de tierras en Colombia y no debe ser transformada en instrumento para retrasar las soluciones a… https://t.co/tOO8DPD278

— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 15, 2026

Desde la Corte Suprema explican que la propuesta no le quita funciones a la ANT. Lo que plantea es que, si hay reclamos o dudas sobre sus decisiones o disputas por terrenos baldíos, sean los jueces agrarios quienes actúen como garantes.

En Colombia, la obligación de suministrar alimentos aplica a hijos biológicos, adoptivos y de crianza. Esta cuota busca cubrir necesidades básicas y, por norma general, no puede superar el 50% de los ingresos del responsable. Su incumplimiento puede derivar en procesos judiciales, pues la inasistencia alimentaria está tipificada como delito y puede generar sanciones penales.

Sin embargo, la legislación y la jurisprudencia contemplan situaciones en las que esta obligación puede cesar. De acuerdo con lo explicado por el abogado Jimmy Jiménez en redes sociales, la responsabilidad puede extenderse hasta los 25 años si el hijo continúa estudiando, no tiene pareja estable y no cuenta con ingresos propios.

Pero también existen escenarios en los que la cuota alimentaria puede terminar incluso antes de que el hijo alcance la mayoría de edad. Esto ocurre cuando el menor tiene hijos, convive con su pareja y obtiene su propio sustento, condiciones que configuran una emancipación.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha señalado que, si un hijo logra proveerse por sí mismo, deja de existir la obligación de alimentos, ya que se considera emancipado. Este concepto está regulado en el Código Civil, cuyo artículo 312 establece que la emancipación pone fin a la patria potestad y puede darse de manera voluntaria, legal o judicial.

A estas condiciones se suma un precedente judicial reciente. La Corte Suprema de Justicia, mediante la Sentencia SP1897-2025, analizó el caso de un hombre en Ibagué que dejó de pagar la cuota alimentaria por su grave situación económica. El alto tribunal concluyó que no tenía capacidad real para cumplir con la obligación y revocó la condena, al determinar que el incumplimiento no fue intencional, sino consecuencia de su imposibilidad financiera.

En esa decisión, la sala precisó que la obligación alimentaria depende tanto de la necesidad del beneficiario como de la capacidad económica del deudor, sin que esto implique poner en riesgo su propia subsistencia.

Estos casos evidencian que, aunque la cuota alimentaria es un deber legal prioritario en favor de los menores, existen excepciones respaldadas por la ley y la jurisprudencia que pueden liberar a algunos padres de esta responsabilidad.

Hay que tener presente que la paciente esperaba una remisión especializada hacia un centro asistencial de mayor complejidad, situación que generó preocupación entre sus allegados debido al deterioro de su estado de salud y a la demora en la autorización por parte de la entidad prestadora de salud. Por eso optaron por la protesta pacífica como forma de ser escuchados por las directivas de esta entidad, intervenida por el gobierno nacional.

Ante la falta de respuestas oportunas, familiares y personas cercanas realizaron en la mañana de este jueves 14 de mayo un plantón frente a la sede de la Nueva EPS para exigir atención inmediata y garantías para el traslado de la mujer. Durante la protesta, los manifestantes denunciaron presuntas demoras administrativas y pidieron celeridad en el proceso médico, como expresaron en un video realizado por los medios de comunicación de esa ciudad del sur del país.

Tras la presión ejercida por los familiares y la reunión sostenida con una delegada de la EPS, se logró finalmente la autorización para remitir a la adulta mayor a la ciudad de Villavicencio, donde recibirá atención médica especializada. Este acto es la respuesta de la entidad, buscando así proteger la vida y salud de esta ciudadana.

El traslado fue realizado en ambulancia durante las últimas horas de este viernes 15 de mayo, poniendo fin a más de tres semanas de espera en el centro hospitalario del departamento del Guaviare, como bien lo denunciaron los familiares al momento de encadenarse a la entrada de esa entidad. Luego los periodistas los entrevistaron, de ahí que el caso trascendió por todos los rincones de Colombia y llegó precisamente a las personas que deben autorizar esta clase de traslados.

Y es que el caso volvió a poner sobre la mesa las denuncias ciudadanas relacionadas con las demoras en los procesos de remisión y acceso a servicios especializados de salud, especialmente para pacientes adultos mayores y habitantes de regiones apartadas del país, como sucede también en departamentos como Nariño y Cauca, donde las comunidades se movilizan pacíficamente, exigiendo que la Nueva EPS les brinde una atención de calidad.

Según la entidad, estos son: Bicarbonato de sodio 1 mEq/mL frasco x 240 mL lote 251023274; Naproxeno 1,6 gr/80 gr + Indometacina 2 gr + Vitamina E 3,375 gr/80 gr lote 251023275; y Ketoconazol 2% + Desonida 0,1% + Triclosán (Irgasan) 0,6% loción tópica x 100 mL lote 250921380.

En ese sentido, el Invima asegura que se desconoce la procedencia, contenido real, calidad, seguridad y condiciones de fabricación de estos productos, lo que puede representar un riesgo para la salud pública.

La alerta surgió como consecuencia de la confirmación del establecimiento Tecnología Galénica de Colombia S.A.S. Este le comprobó al Invima que existe una falsificación de estos productos magistrales.

Para el Grupo de Farmacovigilancia del Invima, este tipo de productos fraudulentos representa un riesgo importante debido a que no existe una garantía sobre su composición ni sobre las condiciones en las que fueron elaborados.

La entidad adscrita al Ministerio de Salud resalta que el Decreto 780 de 2016 define como “preparación magistral” al preparado o producto farmacéutico para atender una prescripción médica, de un paciente individual, que requiere de algún tipo de intervención técnica de variada complejidad.

#BoletínDePrensa
El Invima informa sobre la detección de la comercialización fraudulenta de tres productos magistrales falsificados: Bicarbonato de Sodio, Naproxeno y Ketoconazol. pic.twitter.com/Xpr8oXJgsP

— Invima (@invimacolombia) May 15, 2026

“Cuando hablamos de productos magistrales falsificados, estamos frente a preparaciones cuya procedencia, trazabilidad, condiciones de almacenamiento, transporte y contenido real son completamente desconocidos. Esto significa que no existe garantía de calidad, seguridad ni eficacia para los pacientes, aumentando el riesgo de eventos adversos y afectaciones a la salud pública”, explicó William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima.

A raíz de lo anterior, el Invima instó a la ciudadanía a evitar comprar estos productos o medicamentos que carecen de un registro sanitario vigente. Al mismo tiempo, destacó que estos productos fraudulentos se comercializan a través de redes sociales, portales web, establecimientos comerciales y cadenas de mensajería instantánea.

En caso de que haya personas usando los productos relacionados en esta alerta, deben suspenderlos de manera inmediata. Asimismo, en caso de cualquier evento adverso asociado, se debe hacer el reporte por medio de los canales oficiales de farmacovigilancia del Invima.

Por último, pidió que actores del sector sanitario, como las secretarías de salud de municipios y departamentos e IPS, fortalezcan todas las acciones de inspección, vigilancia y control para evitar la distribución y comercialización de estos productos falsificados.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario aseguró que el sistema enfrenta graves presiones económicas derivadas no solo de los costos asistenciales, sino también de procesos administrativos y de facturación que, según afirmó, resultan excesivos e insostenibles.

“Para nadie es un secreto de las presiones financieras que tenemos en el sistema de salud, como para nadie es un secreto los altísimos costos que tiene el sistema en facturación, auditorías médicas y administrativas”, expresó Ospina en la publicación.

Para nadie es un secreto de las presiones financieras que tenemos en el sistema de salud, como para nadie es un secreto los altísimos costos que tiene el sistema en facturación, auditorias médicas y administrativas, pero adicionalmente es imposible sostenerlo con exabruptos como…

— Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) May 15, 2026

El interventor también cuestionó algunos procedimientos de remisión de pacientes que actualmente se realizan dentro de Nueva EPS.

Según indicó, durante lo corrido de este año, cerca de 350 pacientes afiliados en el Valle del Cauca fueron trasladados hacia Neiva para recibir atención médica, incluso en algunos casos mediante avión medicalizado.

Ospina calificó la situación como un “exabrupto”, especialmente porque Cali cuenta con una de las redes hospitalarias “más importantes del país y de Latinoamérica”. Para el funcionario, este tipo de decisiones representa costos difíciles de sostener para un sistema que atraviesa una compleja crisis financiera.

La declaración se conoció en medio de las alertas emitidas recientemente por Nueva EPS sobre una presunta red de intermediarios que estaría cobrando comisiones a clínicas y proveedores para agilizar pagos pendientes o facilitar el ingreso a la red de servicios de la entidad.

“Pero a todo esto, lo que más me indigna es la idea de cobrar o pagar una comisión por servicios prestados o pagar para ser parte de nuestra red de servicios”, afirmó el interventor.

Las palabras de Ospina se producen en un contexto de creciente preocupación por la situación económica de varias EPS intervenidas y por las millonarias deudas acumuladas con hospitales y clínicas del país.

Organismos de control y asociaciones médicas han advertido sobre retrasos en pagos, dificultades operativas y problemas de sostenibilidad financiera dentro del sistema de salud colombiano.

El agente interventor también manifestó su intención de combatir este tipo de prácticas presuntamente irregulares. “No sé si tenga vida para erradicarlo, pero haré mi apuesta y me la gastaré borrando estas prácticas que impiden satisfacer el sagrado derecho a la salud, que es a la vida”, concluyó en su publicación.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartago señaló que, al parecer, al firmar un negocio jurídico en 2025 por más de $1.000 millones, la funcionaria pasó por alto su condición de servidora pública y desconoció el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado, ni de forma directa ni por interpuesta persona.

El ente de control indicó que Montaño Hurtado habría vulnerado con su presunta actuación el principio de moralidad, por lo que de manera provisional la calificó como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima.

Este caso se suma a recientes hallazgos hechos al interior de la institución. El pasado mes de marzo, la Fiscalía reveló un presunto caso de corrupción en contratos del Icbf en La Guajira destinados a poblaciones vulnerables, por un valor que superó los $860 millones.

El hecho se conoció tras una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación; se pudo descubrir que tres contratos destinados a la atención de estas poblaciones vulnerables habrían sido direccionados presuntamente por un grupo de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) junto con varios particulares.

Las indagaciones permitieron establecer que los convenios, firmados entre febrero y diciembre de 2019, tenían como finalidad la prestación de servicios de atención integral, incluyendo el suministro de alimentación para niños, niñas y mujeres gestantes pertenecientes a comunidades étnicas y rurales de estos municipios.

Según los hallazgos de la Fiscalía, el proceso contractual habría estado marcado por un “entramado” que terminó concentrando la contratación en favor de determinados intereses.

En ese contexto, la seccional del Icbf en La Guajira suscribió los contratos con una asociación privada encargada de ejecutar los programas dirigidos a la población vulnerable, bajo un enfoque diferencial.

No obstante, durante la ejecución de los convenios se habrían presentado irregularidades. De acuerdo con el material probatorio recopilado por los investigadores, los supervisores de los contratos habrían avalado actas de revisión y al menos 12 pagos que incluían sobrecostos en favor de la empresa contratista, representada por Rosidis Barliza Rivera.

Las actuaciones estaban respaldadas en facturas y cuentas de cobro que figuraban a nombre de Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira y Pedro Pablo Romero Pinilla, quienes aparecían como proveedores de productos perecederos, carnes y verduras.

Las predicciones indicaban que para el trimestre mayo-junio y julio había una probabilidad de ocurrencia del 62 %, pero estas ya incrementaron a un 82 %.

“De acuerdo con el análisis de corto plazo y la predicción climática del Ideam para mayo de 2026, se prevé una mayor recurrencia de días secos y lluvias por debajo de los valores normales en amplios sectores del país, especialmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica”, indicó el MinAmbiente.

Asimismo, se precisó que hacia finales de 2026 se tendría un 96 % de probabilidad de ocurrencia de este fenómeno, con una intensidad entre fuerte y muy fuerte.

Las autoridades indicaron que el aumento de las condiciones de El Niño coincidirían con con la segunda temporada seca del año, entre junio y septiembre, haciendo que regiones como la Andina y la Caribe sean más afectadas.

Cabe recordar que El Niño en Colombia usualmente hace que algunos ríos bajen considerablemente sus niveles, además de que las lluvias son casi que inexistentes. Por ello, se afectan algunos cultivos, animales y personas.

“El llamado es a adoptar medidas desde ahora, activar los planes de contingencia y estar preparados ante sequías, posible desabastecimiento hídrico y presión sobre el sistema energético, particularmente hacia finales del año. Es indispensable ahorrar agua y energía e identificar las zonas con mayor riesgo de incendios forestales”, agregó Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

Piden cuidar los embalses ante la llegada de El Niño

La presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez, pidió al Gobierno nacional adoptar medidas que permitan proteger a los embalses ante la llegada del fenómeno de El Niño.

La líder gremial reiteró que ante la llegada de un “Súper El Niño”, cuidar los embalses se presenta como una de las prioridades del país, pues son la reserva de energía ante eventuales escenarios adversos.

Ante esta situación, Gutierrez instó al Gobierno nacional a impulsar otro tipo de energías como la generación térmica, con el objetivo de ahorrar agua en un momento de tensión climática.

“¿Cómo se cuidan los embalses? Privilegiando la generación térmica cuando sea necesario, usando otras fuentes de generación, aprovechando excedentes de energía, administrando el agua con visión de largo plazo para no gastar hoy lo que puede hacer falta mañana y, desde el papel de los usuarios, no malgastando la energía. ¡El ahorro de agua y energía es clave!”, indicó la presidenta de Acolgen.

“El operador del sistema eléctrico, ha recomendado llegar al inicio de la temporada seca con los embalses por encima del 80%, precisamente para tener suficiente respaldo si se presenta una sequía fuerte”, añadió la líder gremial.

No obstante, Acolgen indicó que los recientes anuncios del Gobierno podrían reducir los niveles de los embalses, haciendo difícil la conservación de sus niveles.

Por esta situación Acolgen pidió al Ministerio de Energía adoptar medidas como acelerar la entrada de nuevos proyectos de energía, garantizar combustibles para las plantas térmicas, habilitar sistemas de almacenamiento de energía, y fortalecer la liquidez del sector para que las empresas puedan seguir operando y comprando combustible.

“La seguridad energética no se improvisa. Todavía estamos a tiempo de prepararnos, pero necesitamos decisiones técnicas, coordinación entre entidades y reglas claras para proteger la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano”, concluyó la presidenta de Acolgen.

Con información de Colprensa*

La iniciativa busca regular el uso de patinetas eléctricas, scooters, monociclos y bicicletas eléctricas, con el objetivo de promover una movilidad más sostenible, moderna y segura en las ciudades del país.

Está disponible para comentarios el proyecto de resolución que establece la clasificación, características técnicas, condiciones de seguridad y reglas de tránsito para vehículos de micromovilidad y movilidad personal, así como su identificación en el RUNT https://t.co/OWtdTm4KP5 pic.twitter.com/r0A0Hrl6e2

— MinTransporte (@MinTransporteCo) May 14, 2026

La propuesta fija requisitos mínimos de seguridad para este tipo de vehículos, entre ellos sistemas de frenos delantero y trasero, luces, elementos reflectivos, señal acústica, limitadores de velocidad y mecanismos de protección frente a manipulaciones técnicas. Además, contempla el uso obligatorio de casco certificado y chaleco reflectivo durante la noche.

El proyecto también plantea la creación de un sistema de identificación para los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) a través del RUNT, que permitirá registrar e individualizar estos medios de transporte mediante una placa visible con información técnica y un código único.

“Colombia necesitaba reglas claras frente a una realidad que ya está en las calles. Por eso hoy ponemos a consideración de la ciudadanía esta regulación que busca proteger la vida, ordenar la movilidad y avanzar hacia ciudades más sostenibles y seguras”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

La iniciativa también establece límites de velocidad y condiciones específicas de circulación. Entre ellas, una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora en espacios recreativos y deportivos, y de hasta 40 kilómetros por hora para bicicletas eléctricas autorizadas fuera del perímetro urbano.

“Queremos construir esta reglamentación escuchando a los ciudadanos, usuarios, autoridades locales y actores del sector. Esta publicación abre un espacio de participación para fortalecer una norma que responde a las nuevas dinámicas de movilidad urbana del país”, agregó la Ministra.

El documento fue elaborado bajo el enfoque de sistema seguro y en línea con el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, incorporando referentes técnicos internacionales para fortalecer las condiciones de convivencia y seguridad en las vías.

El proyecto de resolución permanecerá abierto a comentarios y observaciones de la ciudadanía a través de los canales oficiales del Ministerio de Transporte.

Multas por mal uso

Estos son los aspectos que debe tener en cuenta para evitar multas al movilizarse en patineta eléctrica:

• El uso de este medio está limitado al transporte personal urbano.
• Está prohibida la circulación por la Red Vial Nacional, salvo en aquellos tramos que cuenten con cicloinfraestructura, siempre que esta no haya sido restringida expresamente por la autoridad competente.

• La velocidad máxima permitida es de 25 km/h en cicloinfraestructura y 40 km/h en vías permitidas.
• No se debe transitar por acera, andenes o lugares que son destinados a peatones.
• Llevar dispositivos en la parte delantera que proyecten luz blanca y en la parte trasera que proyecten luz roja.
• Respetar las señales y normas de tránsito de la cicloinfraestructura y de las vías permitidas.
• No transportar objetos que disminuyan la visibilidad, incomoden la conducción o constituyan un peligro para los demás actores en la vía.
• No deben adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten por sus respectivos carriles. Siempre utilizarán el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar.

La problemática afecta especialmente a universitarios que buscan oportunidades de corto plazo mientras continúan sus estudios. Aunque sectores como comercio, logística, restaurantes, hotelería y atención al cliente suelen aumentar sus vacantes en temporadas vacacionales, muchas empresas prefieren contratar perfiles con experiencia previa o disponibilidad permanente.

Según cifras del Dane, la tasa de desempleo juvenil en Colombia alcanzó el 16,5 % durante el trimestre móvil diciembre de 2025 y febrero de 2026, una cifra considerablemente superior al promedio nacional. Además, más del 55 % de los trabajadores del país permanecen en condiciones de informalidad.

La consecuencia directa es que muchos estudiantes terminan aceptando trabajos sin contrato, sin seguridad social y con largas jornadas laborales. Casos recogidos por SEMANA muestran cómo jóvenes universitarios optan por empleos informales en tiendas, comercios o servicios, debido a la imposibilidad de acceder a una oportunidad formal.

Valentina Martínez, estudiante de Mercadeo y Publicidad, relató al medio que varias empresas rechazaron su hoja de vida por no contar con experiencia laboral previa. Finalmente, encontró trabajo en una tienda de ropa bajo condiciones informales. Una situación similar vivió Paula Tovar, estudiante que buscó oportunidades en servicio al cliente y call centers, pero terminó vinculada de manera informal en un establecimiento comercial.

Expertos aseguran que existe una contradicción estructural en el mercado laboral colombiano: las compañías solicitan experiencia incluso para cargos básicos, mientras los jóvenes necesitan precisamente una primera oportunidad para adquirirla.

Natalia Urrego Reyes, directora de comunicaciones y asuntos públicos de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset), explicó que muchos estudiantes buscan empleo no solo para generar ingresos adicionales, sino también para graduarse con experiencia y mejorar sus posibilidades futuras de contratación.

La situación también refleja un cambio económico y social entre los universitarios. Cada vez más jóvenes deben trabajar mientras estudian porque sus familias ya no pueden asumir completamente los costos educativos y de sostenimiento.

Aunque existen iniciativas para conectar estudiantes con empleo formal temporal, la barrera de la experiencia sigue limitando el acceso de miles de jóvenes al mercado laboral. Acoset anunció recientemente una maratón nacional de empleo temporal con más de 15.000 vacantes dirigidas a perfiles sin experiencia en distintas ciudades del país.

La falta de oportunidades flexibles, la informalidad y las exigencias del mercado siguen dejando a numerosos universitarios atrapados entre el desempleo y el trabajo precario.

Según el grupo armado, esta suspensión, que aplicará en todo el territorio nacional, llegará a su fin el próximo miércoles 10 de junio a las 00:00, lo que significa que no aplicaría para una eventual segunda vuelta presidencial que se celebraría el domingo 21 de junio.

Sin embargo, en la misiva enviada a “los que luchan por construir una patria distinta”, lanzaron una advertencia en caso de que la Fuerza Pública emprenda operaciones militares en su contra.

“Nos reservamos el derecho a la legítima defensa ante cualquier agresión de las fuerzas del Estado colombiano o estadounidense, u otro actor armado contra nuestras unidades”, advirtieron los disidentes.

De manera cínica, señalaron que garantizarán las condiciones de “tranquilidad” para que la ciudadanía colombiana pueda desplazarse masivamente hacia sus mesas de votación asignadas para que elijan al candidato presidencial de su preferencia.

“Esperamos que esta decisión se aparte del guerrerismo, la politiquería y el paramilitarismo que algunos candidatos pretenden posicionar”, expresaron los criminales.

Sobre sus acciones armadas, dijeron que la opinión pública los utiliza para hacer una campaña política en su contra.

“Rechazamos los actos de manipulación mediática y política que, por estos días, buscan convertir nuestras acciones militares y defensivas en instrumento para imponer en las urnas una visión retrógrada que el pueblo colombiano siempre ha rechazado con su memoria y su lucha”.

Los alzados en armas dijeron que en Colombia se necesita paz con justicia social, una solución de negociación al conflicto armado, bienestar para la ciudadanía y transformaciones estructurales.

A pesar de que este mensaje de las disidencias de las Farc promete una tregua por elecciones, todavía persiste la preocupación por el orden público, ya que aún no cesan las acciones de grupos armados como el Clan del Golfo, el ELN y los mismos guerrilleros disidentes.

En medio de ese contexto, recientemente se conoció el audio de un señalado disidente de las Farc que presiona para votar por el candidato Iván Cepeda. El senador del Pacto Histórico se pronunció rechazando las presiones de grupos armados que favorezcan a su campaña.

El incidente ocurrió en el vuelo P5 7664, el cual se encontraba en fase de aproximación al aeropuerto Ernesto Cortissoz, en Barranquilla, cuando se activaron los protocolos preventivos establecidos para este tipo de situaciones. Según confirmó la aerolínea en un comunicado oficial, la tripulación declaró una emergencia técnica como medida de precaución.

De acuerdo con la información entregada por Wingo, la situación fue manejada bajo los procedimientos de seguridad aeronáutica y los pasajeros fueron informados oportunamente sobre el desarrollo de la contingencia durante el trayecto.

La compañía indicó que la aeronave logró aterrizar sin inconvenientes y que no fue necesaria asistencia adicional en pista. “Se actuó siempre bajo los protocolos y procedimientos establecidos para este tipo de situaciones”, puntualizó la aerolínea.

La Aeronáutica Civil también confirmó el reporte de emergencia emitido por la tripulación antes del aterrizaje. Según el organismo, el vuelo RPB7664 aterrizó “sin novedad” hacia las 11:27 p. m. en la terminal aérea barranquillera, luego de que se activaran los protocolos correspondientes ante una alerta técnica relacionada con uno de los motores.

Tras el aterrizaje, los pasajeros desembarcaron de manera normal y no se reportaron personas heridas ni afectaciones entre los viajeros o integrantes de la tripulación. La aerolínea tampoco informó daños adicionales en la operación aeroportuaria ni interrupciones en las actividades del terminal aéreo de Barranquilla.

El hecho generó preocupación entre algunos pasajeros y usuarios en redes sociales, donde circularon mensajes y reportes sobre la emergencia presentada durante la noche. Sin embargo, tanto la compañía aérea como las autoridades insistieron en que el procedimiento se realizó de manera controlada y bajo estrictos estándares de seguridad operacional.

Hasta el momento, Wingo no ha entregado detalles adicionales sobre el origen exacto de la falla técnica detectada en el motor de la aeronave. Se espera que los equipos técnicos correspondientes adelanten las revisiones necesarias para determinar las causas exactas del incidente.

La situación resalta la importancia de ejecutar oportunamente los protocolos de emergencia en la aviación comercial y la capacidad de respuesta de las tripulaciones frente a eventos técnicos durante las operaciones aéreas. En este caso, la rápida activación de los procedimientos permitió que el vuelo concluyera sin consecuencias para los ocupantes de la aeronave.

Frente a este contexto, se conoció un nuevo testimonio de una ciudadana que también fue paciente del centro estético mencionado. Se trata de Mercedes Campiz, quien aseguró que al interior de Beauty Láser no hay un quirófano, sino solamente una camilla.

“Allá no hay quirófanos. Básicamente, lo atiende a uno una enfermera que es esteticista, pero, pues, cuando ya llega el momento de la operación, pues, se cree que se va a encontrar un quirófano, pero no, es un cuarto”, indicó Campiz en entrevista con una reconocida emisora nacional.

Además, advirtió que la atención médica es limitada y son insuficientes los controles médicos que se realizan previo al procedimiento. Afirmó que la persona que le realizó la cirugía es Eduardo David Ramos Ramos, el mismo venezolano que operó a la hoy desaparecida Toloza.

Según su relato, las operaciones tanto de ella como de las demás mujeres fueron realizadas mientras se encontraban canalizadas en una sala con dos camillas, razón por la cual desde un inicio se dio cuenta de que era un espacio no adecuado para intervenciones médicas como esta.

Y destacó que la preparación minutos antes de la cirugía, incluyó suero intravenoso y anestesia colocada.

“Lo llevan a uno como a una sala donde hay dos camillas y, pues, ahí lo conectan a uno, un suero intravenoso, y, posteriormente, 5 minutos antes que la anestesia, y básicamente, cuando uno ya llega al quirófano, pues, ya uno llega sedado”, explicó la paciente Mercedes Campiz al medio radial.

Sobre el espacio en que se hizo el procedimiento, señaló que había escasez de equipamiento, de lo que se dio cuenta solamente después de ser sedada. También resaltó que nunca la sometieron a exámenes médicos especializados para comprobar su estado de salud previo a la cirugía.

“Exactamente, el mismo, una anestesióloga y una enfermera esteticista, solo tres personas. A mí nunca me vio un cardiólogo, y lo que me dijeron fue que tenía que llevar un electrocardiograma, y, pues, me lo leyeron 10 minuticos antes de entrar a procedimiento".

En cuanto al costo que debió asumir, fue un total de $4.600.000. Por lo tanto, $3.600.000 eran la intervención quirúrgica y el millón de pesos adicional a insumos postoperatorios como fajas, medicamentos, entre otros.

Así lo advirtió el exalcalde de Cali y actual agente interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina. Al mismo tiempo, señaló que ya se adelantan seguimientos a particulares y firmas que al parecer estarían usando contactos internos para ofrecer dichos servicios.

Y es que, de acuerdo con las informaciones periodísticas, la entidad sanitaria se dio cuenta de unos movimientos vinculados con una firma de abogados que, para facilitar pagos pendientes al interior de la Nueva EPS, estaría brindando intermediación irregular. Según la entidad, los proveedores están siendo engañados por unos particulares.

Estas personas estarían haciendo promesas de resultados rápidos en el cobro de cartera por medio de unos presuntos vínculos al interior de la Nueva EPS.

“Unos irresponsables señalan ser intermediarios para cobrar comisión por dichos pagos”, dijo el agente interventor Ospina en un video compartido por la entidad en sus redes sociales.

Hoy se han pagado 147.000 millones de pesos para la estabilización estratégica de los servicios de salud de la Nueva EPS. Sin embargo, el mensaje, como lo menciona el Dr. @JorgeIvanOspina, Agente Interventor, es claro: no deben existir intermediarios que pretendan cobrar… pic.twitter.com/fGNWCa0Gd6

— NUEVA EPS (@NuevaEPS_) May 12, 2026

En ese sentido, el funcionario del sector salud instó a no dejarse engañar a los prestadores de servicios de salud, proveedores y contratistas por aquellas personas que ofrecen. Asimismo, pidió que las personas detrás de estas estrategias sean denunciadas ante la Fiscalía.

“Sea esta una oportunidad para insistirles a todos los proveedores de servicio de salud de la Nueva EPS, que no se dejen llevar por esas voces criminales que intermedian la contratación. No tienen que pagar un peso, solamente prestar un servicio de alta calidad para los usuarios de la Nueva EPS. Y si de verdad quieren a nuestra institución y quieren recuperarla, estamos esperando sus nombres para denunciarlos ante la Fiscalía General de la Nación”, enfatizó el exmandatario caleño.

La Nueva EPS reiteró que ningún proveedor debe recurrir a terceros para agilizar pagos pendientes, ya que los pagos se tramitan bajo mecanismos internos establecidos, razón por la cual habría riesgos de fraude o corrupción en caso de que una gestión se ejecute por fuera de los canales internos.

Tal como lo manifestó Jorge Iván Ospina, la entidad promotora de salud aclaró que cualquier funcionario o tercero que se vea involucrado en prácticas de fraude, tráfico de influencias o estafas relacionadas con pagos de cartera será denunciado ante la justicia para que responda por sus actos.

El registrador nacional Hernán Penagos advirtió que en al menos 104 municipios existen riesgos para las elecciones presidenciales y enfatizó que la garantía no se limita al día de votación, sino a que los ciudadanos puedan decidir sin presiones. “El riesgo verdadero no está en la Registraduría, está afuera en las calles de Colombia, en la compra de votos, en la coacción al ciudadano”, indicó el funcionario.

En Guaviare, donde operan disidencias de las Farc, se conocieron audios atribuidos a un integrante del grupo de alias ‘Calarcá’ en los que se mencionan presuntas presiones a comunidades y referencias a la campaña de Iván Cepeda. “Ojalá gane el compañero Cepeda (…). Ahí sí los vamos a apretar otros cuatro años nosotros”, se escucha en las grabaciones.

Las grabaciones, que ya están en manos de las autoridades, hacen parte de las verificaciones en curso sobre posibles constreñimientos al elector.

Tras conocerse el material, Cepeda rechazó cualquier forma de presión y pidió que los responsables sean investigados y sancionados.

Llamados institucionales y reportes de riesgo

La defensora del pueblo Iris Marín Ortiz respaldó un pronunciamiento contra el lenguaje ofensivo en campaña y reiteró la necesidad de garantías reales en los territorios.

La Misión de Observación Electoral (MOE) informó que el 34,4 % de los municipios del país presenta algún nivel de riesgo electoral: 125 en riesgo medio, 122 en alto y 139 en extremo.

Reportes de inteligencia también mencionan situaciones similares en Cauca, Meta, Nariño, Arauca, Norte de Santander y Putumayo, donde se denuncian restricciones a la movilidad, reuniones obligatorias y presuntas orientaciones del voto por parte de actores ilegales.

La senadora Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez han señalado presuntas presiones en municipios del Cauca y La Guajira, respectivamente.

Desde Cambio Radical pidieron evaluar el traslado de mesas rurales a cascos urbanos. Penagos indicó que esa decisión corresponde a las comisiones municipales de garantías.

Por su parte, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez solicitó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, implementar caravanas de seguridad electoral en zonas con alertas.

El ministro Benedetti aseguró que el Gobierno ha brindado garantías “como nunca antes” y cuestionó al magistrado del CNE Álvaro Hernán Prada por sus declaraciones sobre la situación en las regiones.

De acuerdo con el relato de amigas de la mujer, Toloza ingresó en la mañana del 13 de mayo a Beauty Láser para practicarse una lipólisis láser con sedación. Horas después, su estado de salud se deterioró: testigos la describieron pálida y desorientada, al punto de requerir ayuda para levantarse del suelo. Permaneció en el lugar “en observación” mientras una acompañante salió por ropa y artículos de aseo. Cuando regresó, el establecimiento había cerrado y Toloza ya no estaba.

Según la oferta difundida en redes por el centro, el paquete incluía intervención en tronco completo, lipotransferencia glútea, exámenes, faja, masajes postoperatorios, controles médicos y sedación, bajo la promesa de un tratamiento “sin dolor” y a un precio considerablemente inferior al de cirugías formales.

¿Qué es la lipólisis láser?

El cirujano plástico José Díaz Viloria explicó a Citytv que la lipólisis se promociona como alternativa menos invasiva a la liposucción y busca destruir grasa mediante energía transmitida por cánulas. Sin embargo, cuestionó el uso de sedación en este caso, señalando que si necesitaron sedar, podría tratarse de algo más cercano a una liposucción.

La Cleveland Clinic describe este procedimiento como una técnica de contorno corporal que usa láser para reducir grasa en zonas como abdomen, espalda, cuello, caderas y glúteos. Puede ser mínimamente invasiva, con una pequeña incisión para introducir el aplicador, o no invasiva, cuando el láser se aplica sobre la piel.

Otra duda clave es el tiempo. Una amiga señaló que el mismo procedimiento, realizado antes, tomó cerca de dos horas. En el caso de Toloza, la intervención se extendió casi cinco horas, un lapso que encendió alarmas entre sus allegados.

Para Díaz, el valor cobrado por el centro resulta “alejado de la realidad” frente a los costos habituales de una lipoescultura formal. A esto se suma el cuestionamiento por la sedación y por las condiciones del sitio.

El cirujano Santiago Coral, especialista de la Universidad Nacional de Colombia, advirtió que estos procedimientos deben hacerse en quirófanos habilitados, por un cirujano plástico certificado y con anestesiólogo, conforme a las normas de seguridad del paciente. Alertó que muchas personas se dejan atraer por ofertas económicas sin verificar permisos, protocolos y capacidad de respuesta ante emergencias.

Las autoridades informaron que el establecimiento no contaría con autorización para prestar este tipo de servicios ni con concepto sanitario favorable, por lo que estaría operando de manera ilegal. El local estaría a nombre de María Fernanda Delgado Hernández, de nacionalidad venezolana.

La exfuncionaria señaló que seguirá respondiendo ante la justicia en su condición de libertad, lanzando al mismo tiempo un fuerte llamado a las autoridades para que le garanticen toda la seguridad y condiciones procesales. La razón es porque teme por su integridad y la de su familia.

“Quiero pedir hoy el favor a mi juez que garantice mi seguridad“, expresó Ortiz en declaraciones reveladas por la emisora La FM.

Según sus declaraciones, unos meses antes de que fuera imputada, había denunciado ante la Fiscalía un intento de atentado contra su vida. Asimismo, aclaró que durante su tiempo en prisión al interior de la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional tenía una custodia especial.

“Antes que me imputaran, tres meses antes me hicieron un atentado. Yo denuncié por tentativa de homicidio ante la Fiscalía. (...) Estando privada de mi libertad, también tenía seguridad especial, aparte de la guarnición. Yo era la única privada de la libertad que tenía custodios solo para que estuvieran pendientes de mi seguridad”.

Además, afirmó que el magistrado Francisco Farfán de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia habría pedido para ella medidas de protección cuando fue citada como testigo ante el Alto Tribunal.

“Voy a afrontar este proceso, este triste momento de mi vida y pido dos cosas, seguridad y garantías procesales”, enfatizó Ortiz ante el medio de comunicación citado.

Por su parte, ante la misma emisora, su abogado Mauricio Camacho denunció que su clienta fue víctima de un atentado antes de que fuera enviada a prisión y que está siendo investigado por la Fiscalía.

“Le cambiaron las mangueras a un carro último modelo y el carro tuvo problemas de frenos, ese proceso está activo en la Fiscalía Seccional de Tunja”, denunció Camacho.

El jurista, en la misma línea de Ortiz, sostuvo que el proceso judicial contra la exconsejera presidencial ha aumentado los riesgos contra su seguridad personal.

“La única mujer que le ha dado la cara a la administración de justicia, eso genera ampollas y también riesgos. Hoy tiene mucho temor por la seguridad de ella y de su pequeña hija”.

También aprovechó el espacio periodístico para decir que él y su equipo de abogados que conforman el equipo de defensa han enfrentado dificultades para tener acceso a la información de las acusaciones.

“Muchos jueces nos negaron en principio el acceso a mucha información reservada. (...) Pero sí se siente digamos, entre comillas, el matoneo por lo que ella representaba para el presidente Gustavo Petro”, señaló.

Finalmente, ratificó la inocencia de Sandra Ortiz al asegurar que le han hecho un falso positivo judicial, advirtiendo que eventuales responsabilidades dentro de la investigación pueden involucrar a más personas del Gobierno Petro y de otras orillas políticas.

Mientras avanzan las investigaciones para dar con el paradero de la mujer, la noche de este jueves sus familiares y allegados realizaron una velatón. Entre tanto, varios detalles se han conocido sobre cómo operaba el centro estético en Bogotá, donde fue intervenida.

Según confirmaron las autoridades, que tienen en la mira al centro Beauty Láser M. L., este establecimiento habría operado durante más de seis meses, sin cumplir con los requisitos legales para realizar procedimientos invasivos, evadiendo todo tipo de inspecciones, para trabajar desde la ilegalidad.

Hasta allí, llegó Yulixa, quien acudió al lugar, ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, para practicarse una lipólisis láser, un procedimiento estético invasivo, por el cual presentó graves complicaciones de salud, tal como quedó captado en video.

De acuerdo con el relato de sus amigas, tras la intervención, Yulixa comenzó a presentar complicaciones de salud, entre ellas dificultad para respirar, palidez extrema y episodios de desmayo, recibiendo una mínima atención postquirúrgica.

Sin embargo, ante la grave condición de salud que presentaba, sus acudientes decidieron salir del establecimiento, para ir en busca de algunos artículos personales de la mujer.

No obstante, horas más tarde, cuando sus allegadas regresaron al sitio para acompañarla durante su recuperación, la mujer ya no estaba y desde entonces se desconoce su paradero.

En medio de la investigación, la alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante, reveló que el centro no contaba con la habilitación exigida por la Secretaría Distrital de Salud para prestar servicios médicos de carácter invasivo, y que ya se habían identificado varias irregularidades en el establecimiento, aunque lastimosamente no existían denuncias previas por lo que allí se hacía.

En su intervención, la funcionaria explico que, en múltiples ocasiones, no fue posible ingresar al lugar para realizar las inspecciones correspondientes.

“La Secretaría de Salud los había identificado, había hecho visita y no había sido posible el acceso para hacer la verificación”, dijo la alcaldesa, quien agregó que, al no permitir la inspección, el establecimiento estaba prestando servicios “en condiciones de ilegalidad”.

Y añadió que, “Como Fondo de Desarrollo Local no habíamos recibido quejas de ese lugar”, sostuvo.

Cabe decir que, durante el operativo realizado en el inmueble, las autoridades encontraron a otra mujer de 34 años que se recuperaba sola de un procedimiento estético, situación que aumentó las alertas sobre las condiciones en las que se prestaban estos servicios.

Los cuestionamientos de los magistrados, y de algunos sectores en el país, tienen que ver con la propuesta de que le sea entrega a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la entidad encargada de administrar las tierras del Estado, la facultad de resolver directamente, sin pasar por un juez, algunos conflictos sobre quién es el dueño de un predio rural.

Ante esto y el freno que ha tenido la reglamentación en el Congreso, el Presidente volvió a convocar a todas las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes a iniciar “la gran lucha por la tierra y el cumplimiento de la constitución en Colombia”.

“Pueden expresarse ya como poder constituyente al lado de la población colombiana. Solo el pueblo decide si retrocedemos a la constitución de 1886, atrás incluso de la ley 200 de tierras de 1936 en la “Revolución en Marcha, dejando la tierra en manos de terratenientes o se aplica el estado social de derecho de la constitución de 1991 y el acuerdo humano de la ONU sobre los derechos campesinos a la propiedad de la tierra”, expresó en la red social X, donde ha puesto varios mensajes.

El mandatario volvió a hablar del tema de pensiones: “Ya vemos como han ayudado a los banqueros a robarse el ahorro del pueblo trabajador y ahora, literalmente, queda en pie el robo del narcotráfico a las tierras de la nación que son del pueblo colombiano y fue la causa de la muerte de 200.000 personas”.

¡Dios santo!

Miren la justificación que da la @CorteSupremaJ a su propuesta de excluir a la @AgenciaTierras de su potestad en la administración del régimen de tierras de la nación.

¡Está proponiendo algo abiertamente inconstitucional! Esto contraría lo dispuesto en la CP del… https://t.co/EaoSFoyhr5 pic.twitter.com/esAtfRSUMS

— Sergio Estevan García Cardona (@SergioEstevan22) May 14, 2026

Minutos antes de este mensaje había colocado otro en el que aseguró que informará al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que el Estado colombiano está incumpliendo el primer punto del Acuerdo de Paz, dedicado a la reforma del campo.

“Tendré que dar información sobre el compromiso del Estado colombiano incumplido ante la paz, no en virtud del actual gobierno, sino en virtud de una revancha conservadora que se ha tomado los dos poderes públicos para frenar el mandato del pueblo que sigue el gobierno y el compromiso con la humanidad que se declaró ante la ONU en gobierno anterior y que vincula la totalidad del Estado sin excepción”.

El primer mandatario también advirtió que “este cierre judicial a la democratización de la propiedad de la tierra ojalá no sea respondido con la violencia social de nuevo en los campos, solo una Corte Constitucional muy afín al Estado social de derecho puede detener lo que sobreviene, solo el poder constituyente puede ahora evitar la violencia”. Y le pidió al movimiento campesino e indígena “expresarse.

Lo que pasó en el Congreso

Los pronunciamientos del mandatario se dieron luego de la sesión del 13 de mayo de 2026 en la Cámara de Representantes. Ese día, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Hilda González Neira, Patricia Guzmán Álvarez, Fernando Jiménez Valderrama, Adriana Consuelo López Martínez y Carlos Mantilla acudieron a la plenaria para exponer reparos al proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Agraria, es decir, el sistema de jueces especializados que resolverán los conflictos por la tierra en el campo.

Las observaciones se centraron en el artículo noveno del proyecto. Ese artículo le entrega a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la entidad encargada de administrar las tierras del Estado, la facultad de resolver directamente, sin pasar por un juez, algunos conflictos sobre quién es el dueño de un predio rural.

El magistrado Mantilla expresó la postura del alto tribunal en estos términos: “Consideramos que sin perjuicio de las funciones de la Agencia Nacional de Tierras, consideramos que las controversias agrarias tienen su materialización práctica frente a la reforma constitucional y la ley estatutaria, cuando ellas son conocidas por la autoridad judicial”. En palabras simples, los magistrados sostuvieron que esos conflictos los deben resolver los jueces, no la ANT.

Con información de Colprensa

Al evento asistió el magistrado de la Corte Constitucional de Colombia Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien habló sobre los mayores riesgos jurídicos que enfrenta la propiedad privada rural en diálogo con El País.

El magistrado señaló que actualmente existe una “grave dificultad con motivo de la expansión de las estructuras criminales de distintas naturalezas, unas de alto impacto, otras estructuras criminales dedicadas principalmente a la toma de buenas partes de las poblaciones y con ellas en los territorios urbanos y rurales que son los más importantes para la realización de sus objetivos totalmente ilícitos".

Seguido, Ibáñez afirmó que una de las mayores preocupaciones está relacionada con la falta de presencia estatal en varias regiones del territorio nacional.

“Esa es la gran preocupación que tenemos en este instante, la falta de seguridad que se genera precisamente por la ausencia de pie de fuerza en buena parte del territorio tomado por estas estructuras criminales“, señaló el funcionario.

📌Magistrado Jorge Ibáñez advirtió sobre inseguridad jurídica y presencia de estructuras criminales en el agro en el marco de la III Asamblea Anual de Afiliados de Procaña en Cali.

👉Más información, aquí: https://t.co/frWgfzi3Dq

📽️José Luis Guzmán / El País#Noticias #Procaña… pic.twitter.com/f82ZRMWw5R

— El País Cali 📰 (@elpaiscali) May 14, 2026

De acuerdo con su pronunciamiento, también existen dificultades relacionadas con el despojo y la restitución de tierras, además de los problemas que enfrentan quienes recuperan sus predios.

“Y, por supuesto, partir de ahí fuera del despojo y la imposibilidad de la restitución de las tierras, adicionalmente la dificultad para los propietarios o los poseedores luego de recuperarlas y lo que genera una inseguridad jurídica que a su turno se refleja en una situación de sobreincertidumbre para el país”, añadió.

Frente a las inquietudes de productores agropecuarios sobre posibles cambios en las reglas del sector del agro, Ibáñez aclaró que no hablaba en representación oficial de la Corte Constitucional, aunque explicó cuál es el papel de las altas cortes frente a la seguridad jurídica.

“Yo no soy el vocero en este instante de la Corte, lo es la presidenta de la institución, pero yo, como magistrado de esa corporación, encuentro que le corresponde al legislador en todo caso adoptar las medidas que corresponden para garantizar la estabilidad y la seguridad jurídica", declaró.

Asimismo, defendió la función de control constitucional que ejerce la Corte junto con otras instituciones judiciales: “A nosotros nos corresponde hacer el control de constitucionalidad de las normas con fuerza de ley, entre otras cosas para garantizar la estabilidad institucional y la seguridad jurídica del país, y lo estamos haciendo conjuntamente, como lo hace también el Consejo de Estado en su labor de control sobre la actividad pública”.

Frente a la incertidumbre que genera el proceso de la reforma pensional, la cual está frenada por la Corte, Ibáñez se abstuvo de pronunciarse sobre el tema: “Yo no le puedo informar absolutamente nada sobre eso”.

Cabe destacar que el magistrado Ibáñez compartió un discurso con los asistentes al evento, y ahí enfatizó que la función de la rama judicial está relacionada con la protección del Estado de derecho y la preservación de las garantías democráticas.

“La rama judicial del Poder Público, cuya función principal justamente es garantizar y preservar el estado de derecho, garantizar y preservar el orden constitucional, garantizar y preservar la democracia y garantizar y preservar el futuro, así como el presente, pero sobre todo el futuro de nuestro país”, sostuvo.

Ibáñez también destacó la importancia de la participación del sector privado en la construcción institucional del país.

“Con ustedes, el sector privado, construir, mantener y preservar ese orden constitucional que de entrada garantiza unos elementos sustanciales desde la Constitución, no solamente un sistema político como es el que se consagra en la Carta Constitucional, que es el territorio, un sistema de gobierno presidencial pero no autoritario y adicionalmente un sistema de carácter territorial o un elemento territorial donde prima la autonomía de las entidades territoriales”, concluyó.

Según informaciones preliminares, al parecer el vehículo presentó fallas mecánicas y se rodó por la vía. Aunque no es oficial se habla de un balance de 30 menores que habrían resultado heridos en el siniestro, cuatro de ellos de gravedad.

*#Judicial |* ⭕🚨 Bus escolar sufrió accidente en zona rural de Lourdes : reportan varios estudiantes heridos. _*Esto se sabe:*_ https://t.co/9NjVge5DBe

— Noti Cúcuta (@noticucuta) May 14, 2026

De acuerdo con información del Diario la Opinión, el hecho ocurrió sobre la vía que comunica hacia las veredas La Alianza y La Armenia, en el sector conocido como la Curva de Los Parra.

Algunos medios han asegurado que los menores fueron trasladados inicialmente al puesto de salud de la cabecera municipal, donde recibieron atención médica y permanecen bajo observación.

Cuatro de ellos fueron remitidos al Hospital San Vicente de Paúl, en Gramalote, y dos más, por la gravedad de sus lesiones, fueron trasladados a la ciudad de Cúcuta.

Más tarde se informó que cuatro menores de entre 11 y 16 años sufrieron politraumatismo de cráneo y siguen bajo vigilancia médica.

Mientras que la mayoría, que sufrieron golpes y otras lesiones, ya fueron dados de alta.

Hasta ahora las autoridades no han informado la razón del accidente, pero se especula que el bus escolar habría perdido los frenos.

Accidentalidad en Norte de Santander

Según cifras oficiales, en 2025, el departamento de Norte de Santander cerró el año con 1.105 siniestros viales, es decir, 107 casos más que en 2024.

Asimismo, para comienzos de 2026, la Agencia Nacional de Seguridad Vial reportó que en los dos primeros meses del año ya habían muerto 43 personas en accidentes de tránsito en Norte de Santander.

En Colombia, en el primer trimestre de 2026 se reportaron 2.244 víctimas fatales en las vías del país, un aumento cercano al 20 % frente al mismo periodo de 2025.

“Los vehículos nuevos de servicio particular, diferentes de motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes a partir del sexto (6.º) año contado a partir de la fecha de su matrícula. Los vehículos nuevos de servicio público, así como motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes al cumplir dos (2) años contados a partir de su fecha de matrícula”, se lee en el artículo 52 de la ley 769 de 2002.

Pero a la hora de realizar este proceso, el usuario debe llevar consigo la licencia de tránsito, un documento conocido popularmente como la tarjeta de propiedad.

“Para efectuar las revisiones técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor deberá llevar el vehículo a un Centro de Diagnóstico Automotor Habilitado o línea móvil autorizada y registrada en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), presentando la Licencia de Tránsito vigente”, señala el Ministerio de Transporte.

No obstante, el Ministerio de Transporte reforzó los controles para los vehículos que realizan la revisión técnico-mecánica en Colombia y advirtió que quienes no tengan vigente el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) podrían enfrentar sanciones económicas e incluso la inmovilización de su carro o motocicleta.

“Los Centros de Diagnóstico Automotor – CDA deben exigir para todo trámite de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes que el respectivo vehículo cuente con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT vigente, en línea a través del aplicativo dispuesto en el RUNT”, afirma la circular que emitió el Ministerio de Transporte.

La medida quedó establecida en la circular 20244000000877 del 24 de diciembre de 2024, que comenzó a aplicarse desde el 24 de marzo de 2025.

De acuerdo con la iniciativa, los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) están obligados a verificar, a través del sistema RUNT, que el vehículo cuente con el SOAT activo antes de adelantar el trámite.

En dado caso de que los CDAT detecten que algún vehículo no tiene SOAT vigente, deberá informar de inmediato al organismo de tránsito correspondiente para que se inicie el proceso sancionatorio.

Además, la legislación colombiana establece que conducir sin SOAT vigente conlleva multas, inmovilización del vehículo y costos derivados del proceso.

“Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley. Además, el vehículo será inmovilizado”, dice el tipo de infracción D2 del artículo 131 del Código de Tránsito.