Villa Campestre, una infamia contra 72 familias de Florida, Valle

Villa Campestre, una infamia contra 72 familias de Florida, Valle

Mayo 12, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Unidad Investigativa | El País
Villa Campestre, una infamia contra 72 familias de Florida, Valle

Los habitantes de Villa Campestre llevan ocho años esperando ser reubicados, mientras eso ocurre viven en peligro de sufrir accidentes y problemas de salud.

El País revela cómo se fraguó la construcción de una urbanización irregular en ese municipio y por qué los responsables aún no han sido castigados. Panorama, denuncia y soluciones.

Villa Campestre es una ironía. Una burla ante la desgracia que padecen 400 personas desde finales de 2007. Es una calle larga donde se apiñan 72 casas que amenazan con venirse abajo. Pero este remedo de urbanización es también un humedal y una quebrada, aunque sus habitantes no reciban agua potable.El drama que sufren los pobladores de Villa Campestre es un nefasto monumento a la desidia de las autoridades y a la corrupción administrativa. Y está muy cerca, a una hora de Cali, en Florida, Valle. Esta obra es el modelo de lo que no debería pasar con los subsidios estatales de vivienda y, especialmente, con las ilusiones y los ahorros de las familias pobres de la región.Villa Campestre es una obra hecha en el lugar equivocado, una vergüenza de tal tamaño que hace tres años y medio el juez 13 Administrativo de Cali ordenó al municipio de Florida, en fallo de primera instancia, demoler las casas y reubicar a sus pobladores, así como recuperar ambientalmente el terreno, impedir su uso en nuevas construcciones, cuantificar los costos y recuperar de los dineros invertidos para evitar el detrimento patrimonial.También compulsó copias a la Contraloría y la Procuraduría, así como a la Fiscalía para que encuentren a los responsables de este atraco a las finanzas públicas y a la confianza de esas familias que hoy viven en peligro.El golpeVilla Campestre quiso ser un proyecto de vivienda de interés social que nació el 12 de diciembre de 2005, cuando el Concejo de Florida aprobó el Acuerdo 326 por medio del cual “se adiciona un área de expansión” al Plan de Ordenamiento Territorial, medida que se vendió como favorable pues solucionaba, en parte, la falta de espacio donde construir nuevas residencias que aun hoy afecta a ese Municipio.El proyecto, que fue liderado por el alcalde de la época, Hugo Venancio Córdoba, y su secretario de Planeación, Alexánder Pérez, obtuvo la aprobación del Concejo, tanto en la comisión de plan y tierras como en la plenaria.Tal parece que a ninguno de los concejales del momento, ni al Alcalde y su Secretario de Planeación, les generó dudas que el propietario del lote seleccionado para la obra, el cual se benefició con el permiso otorgado por el Concejo, fuera el cabildante Luis Gonzaga Granada.Tampoco llamó la atención de los funcionarios y concejales que dieron el visto bueno, que este no contara con permiso de la Corporación Autónoma del Valle, CVC. Algunos de los implicados aseguran que cuando estudiaron el proyecto si contaba con el permiso de la autoridad ambiental, incluso afirman que el documento fue aportado por el propio Gonzaga.Consultada la entidad sobre este incidente, un vocero autorizado confirmó que dicho papel era falso y que por tal razón el funcionario de la CVC, Manuel Fernández, formuló en su momento, denuncia penal por el presunto delito de falsedad en documento público.Por estas razones y por haber violado el POT, la secretaría jurídica de la Gobernación del Valle mediante oficio fechado el 18 de enero de 2006, dirigido al alcalde de Florida, devolvió el Acuerdo del Concejo que daba vida al proyecto de vivienda porque, según el documento, “no se cumplieron los trámites de concertación y consulta ciudadana ordenados en los artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 1997”.Pero era tanto el afán por levantar Villa Campestre que Pérez, el secretario de Planeación de Florida en esos años, sin tener en cuenta la objeción de la Gobernación, expidió la Resolución de Urbanismo y Construcción #15 con fecha del 17 de marzo de 2006, mediante la cual otorgó permiso de construcción a la firma Dimerco (ver recuadro), seleccionada por la Alcaldía para ejecutar la urbanización.Ni la Administración Municipal liderada por Córdoba, ni el Presidente del Concejo del momento, Miyer Huependo, actual diputado del Valle, acataron la objeción hecha por la Gobernación, pues siguieron adelante con las gestiones que permitieron la construcción irregular.La demandaMientras el Alcalde de la época y su Secretario de Planeación firmaban los trámites que dieron vida a la urbanización campestre, 72 familias de corteros de caña juntaban ahorros y se hipotecaban con los bancos para completar su aporte, todo eso para convertirse en propietarios.Sin embargo, las sospechas de que algo andaba mal comenzaron a mediados del 2007, cuando la constructora Dimerco y algunos políticos locales empezaron a entregar las viviendas sin mucho ruido, una por una, “como si les diera vergüenza”, recuerdan algunos vecinos de la zona.“Acá no hubo inauguración ni grandes fiestas, solo vimos al concejal Gonzaga y algunos de sus amigos, pero no volvieron porque la gente les reclamaba por lo mal hechas que quedaron las casas”, confirmó uno de los líderes de Villa Campestre.La dicha de ser propietarios les duro muy poco. Corría el 2008, un año después de estrenar las casas, cuando los corteros de caña se quejaron con el senador del Polo Democrático, Alexánder López, por las pésimas condiciones en que vivían y los riesgos para la salud que los afectaban.“Por estas casas que están llenas de goteras y que amenazan con caernos encima, la constructora Dimerco nos cobró $18 millones, la mitad se pagó con el subsidio estatal y el saldo ($9.000.000) nos tocó reunirlo a cada familia”, le explicó uno de los voceros de la comunidad.Fue entonces cuando el abogado Rubén Darío Sánchez, quien trabajaba en ese momento con el senador del Polo, instauró una acción popular contra el Municipio y el Concejo de Florida, la Secretaría de Planeación y Dimerco, con el fin de proteger los derechos colectivos de esa comunidad pues buena parte de las construcciones empezó a mostrar deterioro y los servicios públicos prometidos jamás llegaron, amén del daño ambiental.La acción popular fue fallada a favor de los corteros de caña en primera instancia por el Juez 13 Administrativo de Cali en noviembre de 2010. Como los condenados apelaron la decisión, la magistrada Bertha Lucía González, del Tribunal Administrativo del Valle, luego de estudiar el caso, confirmó la condena y la amplio vinculando también a la constructora Dimerco como responsable, eso ocurrió en julio de 2011.Ante la inconformidad de la constructora, su apoderado judicial solicitó al Consejo de Estado seleccionar para revisión la acción popular, sin embargo, en noviembre de 2011 esa alta corporación confirmó la totalidad del alcance de la sentencia de segunda instancia, lo que dejó sin más posibilidades de pataleo a las entidades condenadas.No hay plata pa’ tanta genteSuperado el enredado jurídico, finalmente la Administración Municipal de Florida quedó obligada a reubicar las 72 familias, para lo cual los jueces le dieron dos años. Plazo que se cumplió hace un año y medio, en noviembre de 2012, ya que la sentencia quedó en firme tras el pronunciamiento del Consejo de Estado.El Municipio, además, debe realizar la recuperación ambiental de la zona, una vez saque a las familias del lugar y haga la demolición de las 72 viviendas. Para dicho trabajo tiene que seguir un plan de acción definido por la CVC y contaba con un plazo de tres años pero este se venció hace seis meses.Los jueces también ordenan a la Alcaldía de Florida que cuantifique los costos que le signifique acatar dichas órdenes y que proceda a cobrarles a los exfuncionarios que hicieron posible este descalabro con el fin de evitar un detrimento patrimonial.Sin embargo, ni el concejal Gonzaga que vendió su lote para construir la urbanización, ni los concejales que aprobaron la obra, como Miyer Huependo actual diputado del Valle, ni el exalcalde Córdoba y el secretario de Planeación Pérez, que la propusieron y la adjudicaron, ni la constructora Dimerco que la ejecutó con graves defectos, ni uno solo de los implicados en este entuerto, ha pagado un solo peso por lo que hizo.La razón, según el alcalde actual de Florida, Tulio González Forero, es que “solo puedo cobrarles cuando terminemos todas las obras y sepamos cuánto en realidad nos van a costar” y agrega “hemos calculado que la reubicación de las personas, la demolición y recuperación ambiental del sector nos pueden terminar costando un poco más de $4000 millones”.El mandatario aclara que para cumplir con el fallo “ya seleccionamos otro lote que si tiene los permisos y estamos en negociaciones con una constructora para que inicie las obras; estamos atrasados porque el municipio no contaba con esos recursos, recuerde que esta es una herencia que me dejaron los anteriores alcaldes. Pese a ello, logré comprometer de las regalías $10 millones por cada familia y el Ministro de Vivienda nos prometió un aporte de $15 millones por cada casa, al final vamos a tener unas soluciones de vivienda de $25 millones cada una”.Pero la solución que plantea el Alcalde no es tan sencilla de poner en marcha, como explica Fredy Perea, actual secretario de Planeación, “la sentencia habla de 72 viviendas pero solo existen 30 viviendas con escritura, las demás tienen promesa de compraventa, otras solo tienen un recibo y algunos nada que demuestre que son propietarios, adicionalmente, existen ocho casas que aun aparecen a nombre de Dimerco” y concluye, “vamos a construir las 72 nuevas viviendas pero solo vamos a incluir en la reubicación a las familias que puedan demostrar que son propietarios”.En el limbo seguirán las familias que no puedan demostrar que son propietarios, aunque la Alcaldía dijo a este medio que reconocerá una ayuda a quienes viven de arriendo en el lugar.Llama la atención que la Administración de Florida tampoco ha adelantando ninguna gestión u obra de mitigación en Villa Campestre, aunque el fallo incluye la orden para que tome todas las medidas necesarias con tal de evitar un drama mayor mientras la reubicación está lista.Y eso que el alcalde González ya fue multado con diez salarios mínimos mensuales por el desacato a una tutela que lo obliga a cumplir la totalidad de la sentencia. “Me pueden meter preso por ese tema pero es que no me puedo volver plata. Para mediados del próximo año tenemos el asunto resuelto”, aseguró a reporteros de este diario.Mientras tanto, en esa calle larga de 72 casas por donde no ha pasado el progreso y la gente vive sin agua, el nombre de Villa Campestre es entendido como un absurdo.

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