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Suspensión provisional de fallo contra Doney Ospina no afecta gobernabilidad

Inicialmente la sanción por detrimento patrimonial ascendía a $106.000 millones, pero luego se bajó a $40.000 millones. A los afectados se les ordenó el embargo.

18 de junio de 2013 Por: Redacción de El País

Inicialmente la sanción por detrimento patrimonial ascendía a $106.000 millones, pero luego se bajó a $40.000 millones. A los afectados se les ordenó el embargo.

La suspensión provisional del fallo de responsabilidad fiscal por el detrimento patrimonial en la Licorera del Valle que emitió, hace 15 meses, la Contraloría General de la República contra el exgerente de esa entidad, Doney Ospina, y que de paso cobija a otros 17 implicados, entre ellos al exgobernador Héctor Fabio Useche, es una medida que no afecta la gobernabilidad en el departamento. Así lo explicaron abogados consultados por este diario, quienes aseguraron que el auto proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado se dio luego que esa corporación admitiera una demanda de acción de nulidad, en mayo pasado, que presentaron Ospina y otras exfuncionarias de la Licorera, quienes pidieron la suspensión de la sanción. El Consejo de Estado en auto emitido el pasado viernes ordenó la suspensión provisional de los actos administrativos que contenían los fallos de responsabilidad fiscal de la Contraloría al considerar que a los demandantes se les aplicó una ley (1474) que para el momento de los hechos no estaba vigente y que su aplicación solo comenzó a partir de julio del 2012. El jurista Víctor Hugo Vallejo explicó que en este caso los sancionados, argumentando la violación del principio de la legalidad y del debido proceso, solicitaron la suspensión provisional de los actos administrativos, de primera y segunda instancia, que emitió la Contraloría el 20 de febrero del 2012 y el 22 de marzo del mismo año, respectivamente, donde se les halló responsables fiscalmente del detrimento patrimonial en la ILV. En otras palabras, agregó el abogado, con la decisión del Consejo de Estado, el organismo de control no puede hacer efectivo el cobro del monto del detrimento que se impuso hasta tanto finalice el proceso en el alto tribunal, el cual puede tardar meses o años.Vallejo sostiene que este el hecho no genera ningún tipo de inestabilidad ni afecta la gobernabilidad en el Valle. “Lo que sí podría pasar, de fallarse a favor de los demandantes es que habría que resarcir económicamente a los servidores públicos”, indica el abogado. Por su parte el constitucionalista Gilberto Gómez aseguró que si bien es cierto que existe una suspensión provisional de los actos administrativos que declaró responsable, en su oportunidad, a Doney Ospina, Useche y a otros afectados, la decisión no tiene implicaciones en este momento, dado que hay que esperar un fallo definitivo, que también cree podría darse a favor de los implicados. Cabe recordar que el proceso contra Donney Ospina, los exgobernadores Héctor Fabio Useche, Juan Carlos Abadía y otras 15 personas se originó por un contrato suscrito entre la Industria de Licores del Valle, ILV, y la Unión Temporal Comercializadora Logística Integral S.A., que implementó el plan promocional y de distribución de los productos de la empresa. A la Contraloría le cabe un recurso de reposición ante el Consejo de Estado, pero la entidad solo se pronunciará una vez conozca el auto.

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