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"Suspender sanción a Abadía es una burla": Procuraduría

El ente criticó la medida de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura.

16 de junio de 2010 Por: Redacción El País

El ente criticó la medida de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura.

La Procuraduría General de la Nación rechazó enfáticamente la decisión de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle, que ordenó suspender provisionalmente el fallo con el cual fue destituido e inhabilitado por diez años para ejercer cargos públicos el ex gobernador Juan Carlos Abadía.“Para el Ministerio Público la medida provisional adoptada por la magistrada Ruth Patricia Bonilla Vargas en el auto admisorio de la acción de tutela interpuesta por el doctor Juan Carlos Abadía, carece de motivación y de fundamento jurídico, burla la función disciplinaria agraviando el ordenamiento y la moralidad pública”, expresa un comunicado expedido por la Procuraduría.Una semana atrás la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle acogió una acción de tutela en la que el ex gobernador Abadía alega que le fue violado el debido proceso.Para la Procuraduría al ordenarse la medida cautelar “se desconoce que el disciplinado contaba con medios de defensa judicial tales como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual puede promover ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en la que resultaba pertinente formular la solicitud de suspensión provisional” y señala que la decisión del Consejo Seccional “suple de forma inapropiada la existencia de otros mecanismos de defensa judicial”. La presidenta de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, Carlina Varela, calificó el comunicado de la Procuraduría como una “intromisión de una jurisdicción en otra jurisdicción constitucional” porque el Ministerio Público puede apelar a otros mecanismo legales “y no tratar de tergiversar” las cosas.“Lo que hizo la Procuraduría General de la Nación fue impugnar la medida cautelar, pero fue negada por improcedente”, explicó la presidenta Varela.El Ministerio Público subrayó que la decisión del organismo judicial “pone en riesgo el derecho fundamental de la comunidad del Valle del Cauca a elegir popularmente a su gobernador debido a que hasta el 30 de junio del 2010 subsiste el derecho de convocar a elecciones”.Con lo anterior, la Procuraduría da a entender que lo que se está buscando es que no haya nuevas elecciones y siga gobernando el movimiento de Abadía. “Pero la Procuraduría acudirá a todos los recursos para defender el Estado de Derecho, la moralidad pública y garantizar la salvaguarda del principio de legalidad”. Adicionalmente, el Ministerio Público planteó su inconformidad ante el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional Valle del Cauca, debido a que no existe situación de urgencia que impida la gobernabilidad del citado departamento, dado que el Presidente de la República designó como Gobernador encargado al doctor Víctor Manuel Salcedo, mediante Decreto 2061 del 8 de junio de 2010, y, de otra parte, porque con los fallos de la Procuraduría no se ocasiona al disciplinado un perjuicio irremediable en razón a que cuenta con el medio de defensa judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y con la medida provisional pertinente en dicha instancia.Pronunciamiento del GobiernoAl respecto, el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, aseguró que hasta ahora el Gobierno Nacional ha actuado de acuerdo con lo establecido en la legislación colombiana.“Todo eso son decisiones de tipo judicial. El Procurador General de la Nación le da al Gobierno una orden de destitución y de encargar a un Gobernador, nosotros la cumplimos. Se dictó el decreto y se encargó a una persona”, manifestó el ministro valencia Cossio.Agregó el alto funcionario que: “Hasta ahora el Consejo de la Judicatura no me ha notificado; solamente por algunas noticias de prensa hemos conocido que parece que restablecen en el cargo al Gobernador... Nosotros tenemos que cumplir eso como una orden judicial, o sea, obviamente, el Gobierno lo único que hace ahí es acatar las decisiones”.

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