Sin energía están más de mil familias de zona rural del centro del Valle

Zona rural de los municipios de Tuluá, San Pedro y Buga se encuentran sin servicio de energía desde hace dos meses tras ser dinamitados equipos ce central eléctrica por miembros de las Farc.

Hombres armados, pertenecientes al parecer a la columna móvil Alirio Torres de las Farc, impiden el acceso de los operarios de la Empresa de Energía del Pacífico, Epsa, a la zona montañosa de Tuluá, San Pedro y Buga, por lo que 1.236 familias de esos sectores se encuentran sin el servicio eléctrico.Así lo corroboró el gerente general de esa compañía, Óscar Iván Zuluaga, quien dijo que la situación tuvo su origen en la voladura de las centrales eléctricas Alto y Bajo Tuluá, ocurrida el pasado 9 de agosto.Epsa debió suspender el cobro del servicio en la zona, y a la fecha no se tiene un estimado de las pérdidas causadas por el atentado terrorista y la parálisis del recaudo.La voladura de las dos estaciones, cuya construcción demandó una inversión de $250.000 millones por parte de Epsa, ha generado un grave perjuicio a los habitantes de una vasta zona rural del centro del Valle, según dijeron líderes comunitarios. “Sin duda que el perjuicio es muy grande especialmente para las familias campesinas que no tenemos como conservar los alimentos y en las noches permanecemos a oscuras”, manifestó un dirigente cívico del corregimiento de La Moralia, en Tuluá, en donde el servicio no se ha podido restablecer debido a que los funcionarios de la Epsa no han podido ingresar al sitio en donde fueron dinamitados los equipos de la central eléctrica para hacer las reparaciones debidas.“La situación es muy delicada porque a varios funcionarios nuestros los han intimidado y hasta les han quitado las motocicletas, por lo que las labores de mantenimiento y de lectura de los medidores son se han podido realizar”, indicó el señor Zuluaga.Pero el atentado tiene otras repercusiones, además del 'apagón' forzoso que viven los habitantes de la zona rural. En efecto, se han dejado de entregar $860 millones a las arcas de los municipios de Tuluá, San Pedro y Buga, y a la CVC, correspondientes a las regalías que se deben transferir anualmente por concepto de generación eléctrica.Por otro lado, los problemas de orden público tiene totalmente paralizada la inversión de recursos por $1.500 millones que la Epsa tiene planeada en diferentes proyectos de carácter social y ambiental en el centro del Valle.Óscar Iván Zuluaga, dijo que ante estos hechos, cerca de un centenar de personas que laboraban en esos proyectos se quedaron cesantes. “Sólo quedaron los vigilantes”, indicó el directivo de la Epsa.