¿Quiénes deben devolver el dinero por regalías en el Valle?

Marzo 22, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Unidad Investigativa de El País
¿Quiénes deben devolver el dinero por regalías en el Valle?

Este era el panorama en el 2011 en la vía que comunica al corregimiento de El Retiro, en el municipio de Pradera, y que pese a recibir los recursos desde el 2008, la administración no realizó las obras.

En el Valle el Fondo de Regalías en Liquidación decretó 'pérdida de fuerza ejecutoria' a varios proyectos.

Los casos más lamentables que se han presentado en el Valle tienen que ver con los proyectos a los que se les decretó la ‘pérdida de fuerza ejecutoria’ y que han sido notificados por el Fondo de Regalías en Liquidación para que devuelvan el dinero.

Una decisión que llega producto del descuido o la pereza administrativa, como han señalado funcionarios del Departamento Nacional de Planeación, porque pese a contar con los recursos nunca hicieron gestión alguna ni enviaron información sobre lo que estaba pasando con el proyecto, pese a los requerimientos que se les hizo.

No obstante, la ley es clara en señalar que estos municipios  no solo deben devolver el dinero, sino que deben hacerlo con los intereses generados en el tiempo que llevaba el recurso en manos de los entes y, además, realizar por obligación la obra con recursos propios. 

Así lo señala la información que tiene un proyecto en el municipio de Pradera, donde en el 2008 se autorizó el mejoramiento de vías terciarias en seis corregimientos por $1440 millones. 

La obra contemplaba el fortalecimiento de las bancas, obras de drenaje y el desmonte y limpieza de las vías para lo que se contrató a la Constructora Genesab S.A., otra empresa costeña de la que nadie da razón, y en junio del 2013 encontró que no se terminó y solo se ejecutó en un 68 %.

Según información obtenida mediante bases de datos, la constructora apenas se constituyó en el 2007, menos de un año antes de la firma del contrato con la Alcaldía de Pradera y sus representantes legales son Julio César Yanez y Alberto José Assis, ambos de Montería.

Fuentes periodísticas en Córdoba aseguraron que normalmente esas firmas de contratistas que salieron a realizar obras con regalías en otras regiones del país lo hicieron a través de los congresistas Musa Besaile y Bernardo Elías, del Partido de la U.

Exfuncionarios de la administración del exalcalde de Pradera Guido Caicedo, elegido también por el Partido de la U, le indicaron a El País que “esas obras grandes las direccionaba directamente la senadora Dilian Francisca Toro”.

Sin embargo la excongresista dijo no tener ni idea de quiénes eran esas personas que realizaron la obra. “Yo no ejecuto; los que ejecutan son los alcaldes. El único que le puede dar información sobre eso es el alcalde de la época”.

La obra de Pradera, en particular, estuvo suspendida en ocho ocasiones durante 412 días y en mayo del 2013 se liquidó unilateralmente el contrato por los problemas de orden público y la ola invernal, según documentos en los que no hay concepto del interventor. 

El actual alcalde de Pradera, Adolfo León Escobar, aseguró que la información está desactualizada porque de esa obra se ejecutaron mil millones de pesos y se hizo la gestión para devolver los restantes $440 millones y se liquidó el convenio tras declararse el incumplimiento de los contratistas.

“A nosotros nos tocó buscar una solución porque hasta mediados del 2014 estaba el municipio bloqueado para recibir ayudas porque todas las entidades del Estado están enlazadas”, indicó el alcalde Escobar.

El segundo proyecto es del 2007 y en él las Empresas Municipales de Cali debían construir un colector combinado en Nápoles. El propósito era reducir los vertimientos líquidos sin ningún tipo de tratamiento al río Cauca y  tenía un costo de $1010 millones.

La última visita que hizo el interventor administrativo y financiero fue en junio del 2013, seis años después, y encontró que la obra aún no empieza y por no tener avances en los últimos 30 meses y no tener giros en los últimos 24 meses ni reportar ninguna información se decretó la pérdida de fuerza, como lo señala el Artículo 142 de la Ley 1530 del 2012.

Funcionarios de la empresa y que no tienen la autorización para figurar como voceros aseguraron que Emcali tuvo inconvenientes justo en el sector del Cantón Militar y que se intentó realizar algunas ajustes pero no fueron aceptados.

Datos de el Fondo de Regalías señalan que, además, la empresa entregó “información errónea o incompleta” y tuvo problemas por el pago de impuestos y gravámenes en las cuentas en las que estaba consignados los giros, cuando la ley los considera exentos.

El tercer municipio que debe devolver los recursos es Toro, en el norte del Valle, por no realizar el mejoramiento y la optimización de acueducto y alcantarillado ni construir una planta de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento El Bohío.

Para este proyecto se le autorizaron en el 2009 $630 millones y se le alcanzó a realizar un giro por $189 millones para el contrato firmado con Luis Federico Valencia en septiembre del 2010, pero en la última visita que hizo la interventoría administrativa y financiera, en septiembre del 2013,  se encontró que la ejecución física de la obra era del 0%.

¿Por qué siguen en ejecución proyectos del Fondo de Regalías de 10 y 15 años atrás?

Eso no quiere decir  que  no estén culminados,  como es el caso de los tres proyectos del Valle que  corresponden a vigencias del 2004. El cierre de los proyectos es un proceso que se da con la liquidación del FNR y no es solo un balance de recursos con saldos a favor o en contra. El proceso  implica el seguimiento a proyectos, agotar  investigaciones contra los ejecutores en  el control de  recursos y culminar el reporte de presuntas irregularidades a  entes  de control.

¿Quién responde por los proyectos  que no se entregaron a tiempo?

Los responsables de ejecutarlos son las entidades territoriales, que hacen la contratación. Los  proyectos referidos del 2004 fueron ejecutados en el  plazo previsto, sus alcances corresponden a garantizar la cobertura del servicio educativo.

¿Qué saben de  Vivienda Digna, que dejó obras abandonadas en el Valle?

La selección de los contratistas es responsabilidad exclusiva de los entes territoriales y no  de Planeación Nacional. Vivienda Digna fue seleccionada por varios municipios para obras de vivienda rural y dentro del control y vigilancia del FNR se han identificado y reportado  a  Contraloría y  Procuraduría 10 presuntas irregularidades por  incumplimiento de la presentación de garantías, obligaciones contractuales, mala calidad y abandono de obras.  Tienen proyectos en otras zonas del país y se han reportado otras 11 presuntas irregularidades.

¿Por qué hay proyectos en el Valle que se les giró el 100% del dinero y la ejecución es del 0%?

Al Valle le fueron aprobados recursos para  4 proyectos de vivienda urbana en  Riofrío, Yotoco  y La Unión y conforme a lo informado por los ejecutores, 3  tienen avances físicos entre el  1% y el 10% y  otro  está en el 28%. Estos  adquieren  la particularidad que son ejecutados  con  normas de Fonvivienda y los recursos aprobados tienen el objetivo de  garantizar el  cierre financiero  de estos; en ese sentido en diciembre de 2014, por pedido de los ejecutores,  se giró el  100 % del dinero para  su administración  en  encargos fiduciarios.

¿Fallaron las interventorías?

Desde luego. Se cree que  interventorías  técnicas contratadas por municipios deben ejercer  un estricto seguimiento a las obras y generar alertas. De los 68 proyectos aprobados al Valle, en 18 se indentificaron y reportaron 22 presuntas irregularidades a los órganos de control por incumplimientos de  interventoría, inadecuando seguimiento, informes incompletos, ausencia de interventoría o recibo de obras no ejecutadas. Y los entes territoriales deben adelantar las acciones para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de sus contratistas.

Lea aquí la primera parte de este informe exclusivo

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