Procuraduría investiga al Concejo de Tuluá por elección de la personera

La irregularidad por la cual los concejales de Tuluá están inmersos en esa investigación disciplinaria tiene que ver con el procedimiento que utilizaron para elegir a la representante del Ministerio Público.

La Procuraduría Regional del Valle revocó una resolución proferida por la Procuraduría Provincial de Buga a través de la cual se ordenaba el archivo definitivo de un proceso disciplinario contra los 17 concejales del municipio de Tuluá por la elección irregular de la personera, Beatriz Eugenia Jiménez González, para el período 2012-2015.

El ente de control, en primera instancia y por segunda vez, había ordenado terminar el proceso disciplinario y como consecuencia el archivo definitivo de la investigación en favor de los ediles tulueños, luego de la elección de la personera.

La presunta irregularidad y por la cual los concejales de Tuluá están inmersos en esa investigación disciplinaria y que podría acarrearles la pérdida de la investidura, tiene que ver con el procedimiento que utilizaron para elegir a la representante del Ministerio Público.

Durante esa sesión, realizada el 10 de enero de 2012, los 17 concejales hicieron una votación pública y nominal, en contravía de lo que dice el artículo 3 de la Ley 1431 de 2011 en donde se establece claramente que esta clase de elecciones en las corporaciones públicas se deben hacer con voto secreto.

Sin embargo, los concejales en su momento argumentaron que el reglamento interno del Concejo Municipal les permitía votar de forma nominal y pública, por lo que consideraban que no estaban violando ninguna norma.

También argumentaron que el voto público era la regla general en las corporaciones públicas y que el régimen de bancadas los facultaba, pero la misma Ley consagra excepciones legales y constitucionales cuando se trata de la elección de organismos de control como del personero o el contralor, para garantizar la independencia de los electores.

La decisión de revocar el archivo y ordenar que continúe la investigación, se fundamenta en las pruebas aportadas por los quejosos como las actas de elección de la personera, los testimonios de los concejales y el mismo acto de apertura de la investigación donde se evidenciaba el cumplimiento de requisitos para formular pliegos de cargos, posición que luego fue modificada.

En esta decisión de segunda instancia, la procuradora regional, Adriana Patricia Barco Ortiz, le ordena al procurador de Buga, Epifanio Riascos Angulo, continuar con la investigación y notificar de esta decisión a los 17 concejales investigados disciplinariamente.

Asimismo, se conoció que la Procuraduría Regional le llamó la atención al procurador provincial de Buga a un mayor juicio jurídico, ya que estarían los elementos probatorios necesarios para formular pliegos de cargos por falta disciplinaria gravísima, como inicialmente fueron calificadas.

Por su parte, el concejal de Tuluá, Llener Darío Borja, dijo que los ediles están confiados en la justicia ya que según su criterio, los concejos municipales son autonómos para darse sus propios reglamentos.