Procuraduría fijó a 10 años inhabilidad de exgobernadores Abadía y Useche

Por considerar que los exmandatarios no habían sido sancionados anteriormente, la Procuraduría General de la Nación fijó en 10 años la destitución e inhabilidad.

La Procuraduría General de la Nación fijó en 10 años la destitución e inhabilidad contra los exgobernadores del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía y Héctor Fabio Useche, al considerar que los exmandatarios no habían sido sancionados en los cinco años anteriores al fallo por el que fueron destituídos.En junio del 2012, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por el término de 17 y 12 años , respectivamente, a los exgobernadores del Valle Juan Carlos Abadía y Héctor Fabio Useche, por haber suscrito de manera directa un contrato por mil millones de pesos con la IPS Bolaños Ltda. para la realización de unas cirugías bariátricas (de reducción de peso).De acuerdo con el boletín de la página oficial de la Procuraduría, "la Sala Disciplinaria confirmó la sanción consistente en destitución e inhabilidad general por el término de 10 años, por haber suscrito dicho contrato desconociendo los requisitos señalados en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como el Manual de Contratación Administrativa del Departamento del Valle".Es decir, la Procuraduría confirmó la destitución de ambos exgobernadores, pero su inhabilidad política se redujo a diez años, después de que Abadía tenía 17 años y Useche 12 años.En junio del año pasado, el procurador delegado para la vigilancia administrativa, Fernando Brito, señaló que se trató de una falta disciplinaria gravísima a título de dolo por parte de Useche y Abadía. Por lo cual a este último (Abadía) le impuso la sanción de 17 años, por ya tener una destitución.Sin embargo, este 28 de febrero, la Procuraduría modificó la sanción en cuanto al término de duración de la inhabilidad ya que los exgobernadores no habían sido sancionados disciplinariamente dentro de los cinco años anteriores a la comisión de la conducta que aquí se investigó y por la degradación del grado de culpabilidad de dolo a culpa que tuvieron, es decir, sin conocimientos del acto ilícito que estaban cometiendo.Según la información de la Procuraduría, Juan Carlos Abadía, entonces mandatario departamental, incurrió en culpa gravísima por desatención elemental, ya que como representante legal de la entidad territorial y responsable de la dirección y manejo de la actividad contractual tenía el deber funcional de verificar el proceso de selección y no lo hizo al confiar ciegamente en la labor desplegada por sus subalternos.Cabe recordar que el contrato, que puso en líos a Useche y Abadía y cuyo monto ascendía a mil millones de pesos, tenía por objeto que la IPS prestara “servicios de salud de cirugía bariátrica por laparoscopia de alta complejidad en el marco de la protección del derecho a la salud de la población pobre no asegurada”.De acuerdo con la denuncia, el contrato se celebró entre la Gobernación y la IPS Eduardo Bolaños, pero la propuesta aceptada fue presentada el 6 de mayo de 2009 por un grupo de médicos denominado Cirugía para la Obesidad, integrado, entre otros, por Eduardo Bolaños y Carlos F. Chaux. Es decir que se habría contratado con una persona jurídica distinta a la que hizo la propuesta.