“Proceso contra Useche no arrancó cuando lo eligieron”: Contraloría

Marzo 03, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Margarita Vidal
“Proceso contra Useche no arrancó cuando lo eligieron”: Contraloría

Sandra Morelli, contralora General de Colombia.

La contralora general, Sandra Morelli, dice que la reforma al Estatuto Anticorrupción, “nos dio elementos para vigilar en tiempo real y abrir procesos oportunos”.

Personal de la misma Contraloría, avezados opinadores del país y buena parte de la jauría mediática, la recibieron con las espuelas arriba y trataron de hacerle la vida a cuadritos, porque no tenían ni la más remota idea del carácter, la personalidad y la voluntad de hierro que blindan a esta interesante y recia mujer, aparentemente frágil y emotiva.Pero, en año y medio al frente de la Contraloría General de la Nación, Sandra Morelli, bogotana, de ascendencia italiana, laureada en sus estudios dentro y fuera del país, y dueña de una hoja de vida impresionante, ha demostrado que sabe lo que tiene entre las manos y ha dicho -duro y a la mandíbula como es su estilo- que contra viento y marea se propone rescatar la entidad a su cargo, del desgreño, la politiquería y la corrupción en que había caído. Y, claro, cayó mal porque en la tierra del “tapen tapen” y de la robadera la Contralora no suena “políticamente correcta”.Morelli no es indiferente a la crítica, pero sabe que si la deja ganar terreno, sus esfuerzos se perderán, de modo que ha aprendido a tomarla con beneficio de inventario. Ella quiere equipar la oficina a su cargo con la importancia, la credibilidad y el respeto inherentes a una entidad que investiga, controla y sanciona los manejos sospechosos que, de billones de pesos del presupuesto nacional, se hacen a través de innumerables entidades y funcionarios públicos.Sin embargo, aparecieron ya las orejas del lobo: luego de que el Consejo de Estado, dejara acéfala la Fiscalía, ahora las baterías se enfilan contra una mujer de quien el ingenio popular ha dicho que “tiene madera, recibe madera, y da madera”. Ese mismo Consejo, que la eligió, deberá decir si se equivocó o no al seleccionarla.Están demandando su elección a la Contraloría, ¿está nerviosa? Yo nombré a mi mamá, que es abogada, para que lleve el caso. Ya ella presentó los memoriales del caso. No he estado encima del tema porque no quiero intervenir. No estoy nerviosa porque tengo la certeza de que el Consejo de Estado, a través de los conjueces que se verá obligado a nombrar, tomará la decisión que en Derecho corresponda y, cualquiera que sea su sentido, tengo que acatarla.Fue gran estudiante y su tesis de grado fue laureada, ¿qué tema escogió?Un tema que el país está padeciendo y es precisamente que, como nosotros adoptamos el modelo francés de organización territorial, en que asumimos que todos los municipios, departamentos y regiones son iguales, tenemos dificultades, porque resulta que aquí hay una gran diversidad en desarrollo, cultura, recursos naturales, infraestructura, etc., entre las regiones, de tal manera que no se puede hacer tabla rasa. Entre otras cosas eso explica por qué no se han podido ejecutar los recursos de la ola invernal. Cada lugar necesita una solución diferente. No es lo mismo pasarle recursos a Antioquia que dárselos a Guainía. Adoptamos un régimen jurídico formalista, pero ya es hora de que descendamos a las particularidades, como hacen los anglosajones. ¿Qué tipo de reformas se necesitarían para lograr eso?El Congreso tiene una reforma territorial en curso y debería ponerle mucho cuidado. Por otro lado, también hay una norma en la Constitución que dice que se pueden adoptar regímenes distintos de servicios públicos, en función de las particularidades de cada entidad territorial. Por ejemplo, para la Rama Judicial se deberían poder crear distintos números de juzgados, jueces de tierras, etc. Ese es un régimen muy importante y el tema territorial para Colombia no es menor, porque es un país que no ha logrado ejercer totalmente su soberanía. Por eso el fortalecimiento de las autoridades locales es imperativo y ojalá que las regalías se utilicen para eso.Bueno, todo el mundo, hasta usted, quiere una tajada de las regalías.Exacto. Yo quiero una tajada chirriquitica. No es mucho. No estaría bien que el organismo de control pretendiera tener el mismo tamaño del estado.Usted aspira a tener 120 funcionarios de control adicionales. ¿De qué perfil?Aspiro a ese número de funcionarios, pero también a un régimen distinto en el sentido de que sea un funcionario medio, profesional, especializado, de libre nombramiento y remoción, con un buen nivel de experiencia y que pueda atender realmente esta situación de coyuntura con el tema del incremento de la regalías y su redistribución en todo el territorio nacional, que se ha convertido en un desafío muy grande.¿En qué está representado ese desafío?Metafóricamente podría decir que en este país están abriendo un huequito en cada centímetro cuadrado. Todo eso toca vigilarlo porque es por allí por donde se va el agua, sacan el oro, y otros minerales, y no sabemos si se están pagando las regalías. Hay casos en que se contaminan los ríos y se afectan las comunidades indígenas en sus resguardos, se arrasan las reservas forestales y se afectan los páramos. En la pasada administración se hizo una feria de repartición de licencias de exploración y explotación minera. ¿Qué va a hacer con ese abuso?Habrá que revisar la legitimidad de esas licencias e incluso desconocer las que no cumplen los requisitos, porque esos no son derechos adquiridos. Por otra parte, hay muchas situaciones irregulares que queremos identificar, respecto a las llamadas puertas giratorias de los funcionarios públicos, porque que éstos salen de sus cargos y entran a trabajar en otras compañías, muchas de ellas extranjeras, y no tienen inconveniente en litigar con los argumentos que conocieron en la entidad de donde salieron y de la que conocen sus partes débiles. Ustedes lograron una reforma en el Estatuto Anticorrupción. ¿Qué nuevas herramientas -y con qué alcances- obtuvieron?Es muy positivo el balance al respecto porque se trata de una concepción nueva del control fiscal. Logramos una reforma que nos pone a tono con el tiempo. Y precisamente me aterra en el tema del control fiscal el problema del tiempo, porque ahora todo es instantáneo y simultáneo, mientras que en el pasado el control fiscal se hacía solo cuatro años después, o no se hacía. Esta reforma nos dio algunos elementos para hacer vigilancia en tiempo real y abrir procesos oportunos. ¿Y qué diría usted que ha sido la parte negativa en año y medio de gestión?Hay varios temas, por ejemplo la demora en la definición de los procesos de responsabilidad fiscal. Todavía no logramos concentrarnos en los temas macro. Estamos aún muy lejos de lo ideal.En un país tan corrupto es natural que no hubiera muchos deseos de que la Contraloría funcionara a plenitud, ¿no?Así es. Yo encontré, por ejemplo, conceptos que dicen que el contralor no puede juzgar a los magistrados de las altas cortes cuando afectan el patrimonio público. No puede dictar sentencia, porque el poder judicial es la última instancia. Pero sí puede intervenir en todas las instancias en que se configure daño fiscal.Esta era una entidad autoincapacitada y selectiva sobre todo en el ámbito local. Era deprimente ver cómo se utilizaba como herramienta política, y hay que decir que, desde el punto de vista local, hoy todavía es difícil terminar de controlar esa situación.¿Cómo encara el alud de peticiones y presiones políticas?No son tantas. Yo he encontrado que al final la gente entiende que las reglas de juego igualitarias son lo que más conviene. Los políticos locales piden cita y se quejan y dicen que lo único que demandan es imparcialidad. Piden que no los persigan, pero no exigen preclusiones ni prescripciones. Lo que buscan es que se los juzgue con el mismo rasero. Allí ha habido un efecto pedagógico interesante por el cual las presiones van siendo cada vez menos. Usted tiene una papa caliente entre las manos con el tema de la salud. Algo de difícil pronóstico. ¿Cómo lo afronta?Dentro de esta crisis de la salud la Contraloría identifica una conducta de apropiación particular de esos recursos. Y pareciera ser la única entidad del estado que tiene esa apreciación. Pero así seamos los únicos, estamos convencidos de que eso no puede seguir así. Por eso adelantamos acciones muy firmes y tenemos procesos en curso, de tal manera que en la medida en que no se pueda establecer la legitimidad de conductas ampliamente publicitadas, vendrán las sanciones fiscales. Pero, después del escándalo inicial de SaludCoop, el caso parece haber entrado en una operación tortuga...En términos generales pienso que la posición del Gobierno es como de que no pasa nada. Nosotros tenemos un proceso en curso por 1.3 billones de pesos que está andando normalmente. Debemos, obviamente, escuchar argumentos y planteamientos de los imputados y de los defensores, y en los casos en que tengan razón, se les dará. En aquellos en que ésta no les asista, simplemente se procederá. Hay otras seis investigaciones frente a las demás EPS, por cuantías muy similares. Está también la Nueva EPS, que tiene prácticas monopólicas; ¿cómo puede ser posible que se abastezcan con su propia red de medicamentos?Se manejan unas lógicas que afectan el libre mercado y, por consiguiente al usuario. El caso de Caprecom es muy preocupante. Esperamos que las intervenciones que viene haciendo el Superintendente de Salud sean para garantizar el servicio y no para sanear las entidades y devolvérselas a los inversionistas. Y le cuento que estamos al borde de que eso suceda. ¿Hasta qué punto es cierto que no hay plata y que el futuro es negro?Yo creo que eso es lo que realmente piensa el alto gobierno, porque no le ha quedado claro que la verdad es que sí hay recursos, y que el problema es más bien de una adecuada administración y aplicación. Hay recursos en el Fosyga, en el Régimen Contributivo, en la UPC. Cuando uno registra que hay 1.3 billones de pesos en una sola entidad que en los últimos cinco años no se han aplicado a la salud y eso lo multiplica por ene veces, le suma la cuota de la administración fiduciaria y se le hace una auditoría a 70 municipios, y ve que suman 1.5 billones de pesos, de los cuales se ha perdido más de un billón, encuentra que plata hay. Lo que debemos hacer es evitar que se pierda. Nosotros hemos estado muy incisivos, muy antipáticos, le caemos muy mal a todo el mundo, pero no vamos a parar.El tema de pensiones, que es concomitante con el anterior, parece ser un cuello de botella impenetrable.Es un tema muy difícil para la Contraloría porque toca a todos. Pero resulta que Colombia no es el primer país del mundo donde todos tienen que hacer un sacrificio, ni tampoco el primero donde la gente tendrá que rebajarse un punto de su pensión. No es el primer país donde toca poner en evidencia las situaciones irregulares y donde el Ministro de Hacienda tiene que revelar, no fondear como él ha querido, cuál es el pasivo pensional real, porque con base en eso se hacen las proyecciones económicas. De donde se deduce que no podemos subvalorar el pasivo pensional. Allí vamos a hacer un ajuste de cifras, a revelar situaciones irregulares, a demandar decisiones ilegales, hacer recomendaciones frente a muchas que hay, que no son ilegales ni irregulares, pero que tampoco son convenientes, de tal modo que el Congreso pueda fijar una política pública. ¿Sí le marchará a eso el Congreso?El parlamento es joven. Allí no hay gente beneficiada con quince pensiones; lo mismo pasa en el poder judicial, y ni siquiera en las Altas Cortes hay miembros que se estén beneficiando ilegítimamente con pensionesPerdóneme pero la Revista Semana acaba de publicar un artículo sobre una especie de “operación tortuga” en la Corte Constitucional para analizar y fallar el caso de los consejeros que obtuvieron palomas transitorias, para cobrar millonarias pensiones, que le cuestan un ojo de la cara al Estado.El informe de Semana habla de un riesgo que podremos evitar a medida que vayamos clarificando las cifras. Uno no puede confundir peras con manzanas. No se pueden confundir decisiones inconvenientes con actuaciones irregulares y delictivas. Debe, sí, darles la oportunidad a las Cortes de que revisen la situación y la reconduzcan. Creo que, en lugar de poner a las Cortes contra la pared, que es un poco lo que hace Semana, es mejor aquerenciarlas (sic), por decirlo de alguna manera, porque no podemos seguir estigmatizando a diestra y siniestra. De hecho yo les consulté, les expresé mi punto de vista, les dije que íbamos a intervenir y nunca me encontré con una oposición, ni una descalificación. Cambiando de tema un poco, de usted he oído decir algo divertido: que “tiene madera, recibe madera y da madera”. ¿Cómo se ha sentido en un cargo tan complejo y de tantas aristas?Pues si usted rebobina, recordará que a mí me recibieron muy mal. Todo el mundo opinaba, presionaba, criticaba y argumentaba. Tenía un round todos los días y hasta en la oficina jurídica seguían metiendo conceptos -dicen las malas lenguas que absolutorios- aún cuando yo ya estaba ahí sentada, con fechas pretéritas, porque tenían un numerador. Entonces, entenderá que yo entré en un campo minado. Mi antecesor se queja mucho de cómo me comporté al llegar, pero es que él y su gente no se querían ir y seguían allí haciendo cosas que no tocaban. La sacudida fue muy dura, asimilable a lo que le pasa a esos gatos callejeros a los que uno no se les puede acercar, porque lo muerden. Era una lucha y una pelea permanente. Después las cosas se han ido decantando. También resolví adoptar una actitud más fresca, e ironizar un poco frente a las preguntas y situaciones malintencionadas. Interesa mucho en la región los temas de la corrupción en el Valle del Cauca y en Cali y, ahora, el del gobernador Useche. ¿Qué puede decir sobre eso?A raíz de unas denuncias muy serias que se hicieron sobre muchos focos de corrupción en el Valle, intervinimos conjuntamente con la Procuraduría y la Fiscalía. Nosotros asumimos el tema de concesiones, el de la Licorera y el de la CVC. Este último tiene una investigación por 28.000 millones de pesos, que ahí va. En el tema de la licorera hay una infeliz coincidencia -y lo digo con la neutralidad que corresponde- por cuanto mientras el proceso estaba en curso, algunas de las personas que ya estaban imputadas terminaron siendo candidatos y ganando las elecciones. Eso tiene que quedarle claro al país y es que el proceso no arrancó cuando a los tipos los eligieron. Ellos mismos lo tienen muy claro, porque sabían que estaban siendo investigados y sin embargo asumieron el riesgo. Todavía me tienen que sustentar la segunda instancia, pero la situación fáctica es que alguien tendrá que responder, porque en la Licorera del Valle más del 30% de la producción se usaba para promoción, sin contar degustación y publicidad, y sin que eso se reflejara en el incremento de las ventas.¿En qué va la apertura de procesos contra algunos personajes, y contra miembros de la Consejería de Paz y del Ejército, por el tema de las desmovilizaciones de la cuasi-columna guerrillera La Gaitana?Hace unos días abrimos proceso contra Sabas Pretelt, contra Luis Carlos Restrepo, contra algunos militares y contra algunos miembros de la Consejería de Paz. El proceso terminó y se definió de la siguiente manera: hay responsables fiscales, básicamente unos coroneles, mandos medios que conocían el hecho de que había una defraudación, por cuanto había personas que no pertenecían a estos grupos, o que estaban muertas. No encontramos responsables ni a Pretelt, ni a Restrepo, porque realmente había unas instancias de vigilancia y verificación. Lo que hemos visto es que en el proceso de la Fiscalía han ido surgiendo hipótesis nuevas y estamos muy atentos. Nosotros nos limitamos al censo: quiénes eran los que tenían derecho a recibir y quiénes no. Respecto a estos últimos lo consideramos detrimento patrimonial. Pero vemos que por el tema de las armas, han surgido puntos de vista distintos al enfoque que nosotros teníamos, y estamos a la espera de ver cómo evoluciona esto, para decidir si abrimos procesos por hechos nuevos.

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