Por desacato, ordenan arresto a secretario de Educación del Valle

Por desacato, ordenan arresto a secretario de Educación del Valle

Mayo 20, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País Cartago

La orden, que implica ocho días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales, también cobija al subsecretario de es misma cartera, Carlos Alberto Quintana Trujillo.

El Juzgado Civil Circuito de Roldanillo expidió una sanción por desacato que ordena ocho días de arresto y una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes en contra del secretario de Educación del Valle, Nelson Rafael Vargas, y el subsecretario de es misma cartera, Carlos Alberto Quintana Trujillo.El fallo, con fecha del 6 de mayo de 2013, fue expedido en respuesta a la falta de cumplimiento de una sentencia que desde el año 2012 obliga a la Gobernación a pagar las cesantías a las que tiene derecho la familia del señor Arístides Jaramillo, quien laboró durante 32 años con el Departamento y que falleció el pasado 24 de julio de 2011.“La reclamación del pago de las cesantías a las que tienen derecho la esposa y el hijo menor del señor Arístides Jaramillo se radicó en septiembre de 2011, pero a la fecha la Gobernación no ha expedido el acto administrativo”, explicó Andrés Macías, abogado demandante.Según Macías, la Gobernación se ha escudado en la situación fiscal precaria por la que atraviesa para no expedir el acto administrativo, tal y como lo dio a conocer la oficina jurídica de la Gobernación ante el requerimiento. El abogado indica que el pago esperado es de $2.800.000 por año, durante 32 años. Sin embargo, el Juzgado Civil de Roldanillo, indicó que: "Ante el desdeño hacia la orden judicial impartida, no queda otro camino que sancionar por desacato a Nelson Rafael Vargas, en su calidad de secretario de Educación; y a Carlos Alberto Quintana Trujillo, como subsecretario de Educación, con arresto por el término de ocho días y una multa equivalente a $2.947.500". Además, compulsó copias a la Fiscalía Seccional de Reparto de la ciudad de Cali y a la Procuraduría General de la Nación, para las respectivas investigaciones de tipo penal y disciplinaria.Por el momento, la Secretaría de Educación, a través de sus asesores jurídicos, no se han pronunciado sobre el tema.

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