Por desacato de tutela ordenan arresto del gobernador del Valle, Ubéimar Delgado

Mayo 11, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País, Cartago

La orden de arresto también incluye a la secretaria de Educación Martha Lucía Balcázar, por desacato a una tutela que ordena dar cumplimiento a un proceso de nulidad y restablecimiento que le otorgó pensión a dos huérfanos.

[[nid:335357;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/563x/2014/08/ubeimar-delgado.jpg;full;{Ubéimar Delgado, gobernador del Valle. Foto: Elpaís.com.co | Archivo}]]

El Juzgado Civil del Circuito de Roldanillo, Valle, expidió una sanción por desacato de una tutela, por la cual se ordenó tres días de arresto y una multa de un salario mínimo legal mensual vigente en contra el gobernador del Valle, Ubéimar Delgado Blandón, y la secretaria de Educación del Valle, Martha Lucía Balcázar.

El fallo del pasado 4 de mayo fue expedido como respuesta al incumplimiento por parte del Departamento de la Sentencia 278 del 30 de septiembre de 2013, proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Cartago, en la que se ordena a la Gobernación pagar una pensión de sobrevivientes a Jhoana Alexandra Tamayo Buriticá y Carlos Alberto Ramírez Tamayo, hijos de la docente Barbara Rosa Tamayo Buriticá, quienes a la fecha del deceso de la señora (año 2004), aún eran menores de edad.

Jairo Andrés Macías Sánchez, voz autorizada dentro del proceso para dar información por parte del apoderado judicial del caso Óscar Mauricio Gómez Padilla, le dijo a El País que la decisión judicial ordena el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes hasta los 25 años de los hijos de la fallecida.

Por su parte, el Juzgado Civil de Roldanillo indicó a la Gobernación y Secretaría de Educación que: "si aún no lo ha hecho incluya a Carlos Alberto Ramírez Tamayo (único accionante que no ha alcanzado los 25 años de edad) en la nómina de pensionados, y por tanto, en adelante pague la mesada pensional a que tiene derecho y cumpla oportunamente con el pago de la pensión teniendo en cuenta los reajustes, incrementos y mesadas adicionales reconocidas por la ley, siempre y cuando acredite en los términos de ley su condición de estudiante".

Macías Sánchez indicó que "los accionantes ya son mayores de edad y han acreditado estudio ante el Departamento y los despachos judiciales y aún así no se les ha dado cumplimiento al derecho que la ley les otorgó. Les pagaron por un periodo pero les deben años atrasados y no están incluidos en nómina, realmente hay mucho dinero que falta por pagar por parte del Departamento".

El fallo también señala que: "en palabras de la Corte Constitucional, nos encontramos ante 'una burla a la orden constitucional, a la autoridad que la impartió y a la propia administración de justicia en general', toda vez que no existe justificación idónea alguna dentro del expediente que amerite la desobediencia de la parte demandada a dar cumplimiento a lo ordenado, lo que denota sin temor a equívocos una conducta negligente y un desacato frontal a una orden judicial".

En el documento, además, se especifica que en un término no superior a los 10 días contados a partir de la expedición del acto administrativo (es decir 14 de mayo) se tomarán las medidas correspondientes, sin embargo esta decisión fue remitida a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Buga, para que decida si confirma o revoca la decisión.

 

 

 

 

 

 

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