Politiquería tiene en estado de coma al Hospital de Florida, Valle

Aunque son varias las presuntas irregularidades que denunciaron los funcionarios del Hospital Benjamín Barney, por parte de la gerente Olga Mariño, el punto álgido del paro fue el despido injustificado de 52 contratistas que no accedieron a presiones políticas.

Bajo tres improvisadas carpas que bloquean la entrada al hospital Benjamín Barney Gasca de Florida, Valle, un centenar de empleados lleva dos semanas reclamando atención de las autoridades buscando que frenen una serie de prácticas que califican como corruptas y que creen están relacionadas con la cercanía de las elecciones.“Si no nos declaramos en asamblea permanente, la gerente y sus aliados quiebran este hospital en menos de seis meses”, asegura David Castro, vicepresidente del Sindicato Nacional de la Salud y la Seguridad Social, Sindess, Seccional Valle del Cauca.Castro se refiere a las denuncias que él y varios miembros del Sindess pusieron en conocimiento de Tulio González, alcalde de Florida, así como de Ricardo Salazar, personero del Municipio, ante acciones ejecutadas por Olga Mariño Ortiz, gerente del hospital desde julio del año pasado.Aunque son varias las presuntas irregularidades que esta funcionaria y sus subalternos habrían cometido, por las que el Personero de Florida ya inició una investigación, la paciencia de los trabajadores del hospital se agotó luego de un despido masivo de contratistas el viernes 24 de enero.Pidiendo votosSegún le contó Ignacio Pino, miembro del Sindess, a El País, en esa semana cerca de 52 contratistas bajo la modalidad de prestación de servicios fueron despedidos del hospital sin ninguna justificación.Pino señaló que a esas personas no se les renovó el contrato, precisando que llevaban varios años en la institución y que además las directivas, a puerta cerrada y sin que mediara la participación de los funcionarios de planta, “seleccionaron a dedo más de 120 personas, la mayor parte procedentes de otras localidades y especialmente de Yumbo, para llenar las vacantes, duplicando la cantidad de personal”.Según explicaron varios de los asambleístas, tanto los 120 contratos como otros documentos que comprometerían a la directiva del hospital, están bajo llave en la oficina de la gerencia y los trabajadores que protestan no los dejarán sacar de allí hasta que se presente una autoridad competente para dejar constancia de lo que encuentren. El País entrevistó a la gerente Mariño sobre las denuncias en su contra. Ella negó cada punto y dio algunas explicaciones sobre lo que está detrás de la parálisis del hospital.“No es cierto el cuento de una masacre laboral. Lo primero es decir que cuando llegué al cargo la nómina de prestación de servicios había pasado de 52 a 117 contratistas”, informó Mariño.La funcionaria sostiene que muchos de ellos están calificados y prestan buenos servicios pero otros “tiene padrino político y llegaban a trabajar borrachos o a la hora que querían, eso no lo puedo permitir, por eso no se les renovó”, dice.El vocero del sindicato además afirmó que “a los que querían permanecer en sus cargos e incluso a los que llegaban nuevos, les pidieron que contribuyeran con la consecución de votos para la candidata a la Cámara por el partido Alianza Verde, Ana Cristina Paz”.Para confirmar esta versión El País habló con Paola Rodríguez, auxiliar de enfermería, quien lleva trabajando cinco años en el hospital. Ella confirmó que a finales de enero el médico general, Boris Mina, traído a la entidad por la gerente Mariño, le exigió conseguir 50 votos para la candidata del partido Verde en las próximas elecciones.“Se me acercó y me pasó una hoja en la que tenía que anotar 50 nombres con sus cédulas, y que si no los conseguía, no contara con mi puesto de trabajo”, dijo Rodríguez. Dos días después de que la mujer intentara obtener los votos y fallara, Mina le dijo que no continuaría “porque no era partidaria de la política”.“Tengo una niña de cinco años y la situación está muy difícil. Cuando le dije al doctor que no iba más con el asunto me respondió que mi contrato quedaba anulado a partir de ese momento”, concluyó Rodríguez.Algo similar le sucedió a Claudia Montero, auxiliar de enfermería de hospitalización. A ella también la citó Mina junto a otra compañera en un auditorio y les explicó que debían conseguir 50 votos por Ana Cristina Paz.“Nos dio un listado donde teníamos que registrar los datos personales, que después iban a llamar a cada una de las personas en la lista a decirles por quién debían votar y en que mesa”, señaló Montero. Ambas mujeres pusieron la denuncia ante la Fiscalía y la Personería.Cuando El País se comunicó con el médico Boris Mina, para conocer su versión, este solo contestó: “eso no es verdad” y colgó el teléfono. Luego apagó su celular y no se lo pudo volver a contactar.Por su parte, Ana Cristina Paz, candidata por la Alianza Verde a la Cámara de Representantes, en diálogo con El País negó cualquier responsabilidad en los suceso que son investigados. “No conozco al médico Boris Mina ni hace parte de mi campaña, jamás he dado instrucciones a nadie para que den puestos a cambio de votos, ni tengo a ningún amigo o partidario contratado en el hospital de Florida, tampoco conocía a su gerente, Olga Mariño, hasta que escuché su nombre en los medios de comunicación ”, aclaró Paz, quien hasta febrero de 2013 se desempeñó como directora jurídica del municipio de Yumbo.Consultado sobre esta situación, Ricardo Salazar, personero de la localidad, aseguró que sí ha recibido las quejas por una presunta participación indebida en política de parte de algunos funcionarios del hospital, entre ellos la gerente y el médico Mina.También dijo que le pidió a la Procuraduría Regional que tomará el caso, pues teme por su seguridad ya que existen muchas presiones de “todos los lados” para que actúe. Pero esto no fue posible pues como se lo recordó la Procuradora Regional del Valle, “usted es el competente para calificar las quejas, investigar y, si lo requiere, suspender a los funcionarios involucrados mientras toma una decisión en primera instancia”.Esta consulta generó suspicacias entre los denunciantes, llegando incluso a afirmar que el retraso en tomar las medidas disciplinarias contra la gerente del hospital es porque tanto el Personero como el presidente del Concejo y hasta el Representante a la Cámara Heriberto Sanabria, “tienen cuotas y familiares en la nómina del hospital”.Al preguntar por este señalamiento en su contra el Personero respondió que entre las quejas recibidas y las versiones callejeras hay una que dice: “El problema en el hospital es que dicen que es porque el alcalde de Yumbo, Fernando David Murgueitio, invirtió plata para que Tulio González pudiera ser elegido alcalde de Florida en la elección atípica. Luego manejaron el proceso político para poner de gerente a la doctora Mariño. Como al parecer ahora ella solo está ayudando al señor de Yumbo, que patrocina a la candidata Ana Cristina Paz del partido Alianza Verde, eso es lo que dicen que tiene molesto al alcalde de Florida”.Medidas polémicasSegún una docena de empleados consultados por este diario, la llegada de Olga Mariño a la gerencia del hospital marcó una ruptura con los procesos que se venía llevando a cabo en el centro asistencial.Los 100 empleados con que contaba la entidad el año pasado, 48 de planta y 52 por prestación de servicios, comenzaron a darse cuenta de algunas movidas que, en su criterio, no correspondían a una sana administración.Entre ellas la primera fue el reacomodo de los turnos de trabajo. Dado que por ley el personal de planta solo puede laborar 44 horas a la semana en el sector salud, los contratistas son necesarios para suplir algunos turnos. “De ahí que existiera un equilibrio muy cuidadoso en las cargas laborales” explica Maribel Sarria, jefe de enfermeras.La orden impartida por la gerente para que todo el personal, sin distinción por tipo de contrato, hiciera turnos por igual afectó al hospital pues buena parte de los empleados de planta sobrepasaron el límite de 50 horas extras que permite el Estado, algunos acumularon hasta 90 horas extras, y el presupuesto del hospital para cubrir la nómina se agotó antes de lo previsto.“Hoy es el día que a varios compañeros les adeudan esas horas y aunque la gerente se comprometió a darles días de descanso, eso no ha podido programarse por la demanda de turnos en el hospital”, afirma Sarria.Ante esto Mariño dice que esa acusación es falsa y que por el contrario “lo que sucede es que había unos personajes ‘intocables’ que solo laboraban de 7 a 5 y otros que debían doblar sus turnos para cumplir con la carga laboral del hospital, hoy todos trabajan por igual”.En el sindicato creen que cuando se terminó el presupuesto para contratación de personal en 2013, los dineros que había reservados para construir una ampliación de la sala de urgencias fueron usados para pagarle a los trabajadores.Dichos recursos se venían ahorrando paulatinamente gracias al juicio con que las administraciones pasadas manejaron el presupuesto del hospital. Tanto así que la Contraloría del Valle en su informe anual de 2012, no solo aprobó las cuentas del centro asistencial, sino que certificó un ahorro de $1.800 millones.“Ese es el dinero que usaron para suplir el aumento en la nómina ya que la contratación por prestación de servicios se disparó, llegando a sumar casi 150 personas”, señala el vocero del sindicato.La gerente Mariño aseguró que los recursos se encuentran un una fiducia del banco Pichincha.Los empleados también denuncian la aparición de una serie de cargos exorbitantes. Tal sería el caso de un diseñador gráfico y un jefe de prensa, así como de varios asistentes de la gerencia. También trajeron un nuevo jefe de enfermería, a pesar de que el hospital ya contaba con Maribel Sarria, funcionaria de planta y gran experiencia, que se ocupaba del cargo.Como si esto no fuera suficiente, los empleados no recibieron durante el 2013 sus insumos de dotación ni los uniformes. “Hoy es el día que la junta directiva no sabe qué se hizo con el dinero destinado para esa compras”, señala Sarria.La gerente explicó que nos los recibían desde 2010 y que ella dejó lista la cotización pero debido a la parálisis no se ha podido ejecutar.También acusan a la gerente Mariño de no haber presentando su plan de gestión pasado el primer mes de nombrada en el cargo, como lo ordena la ley. De eso da fe un acta de junta directiva donde el máximo órgano administrativo del hospital le exige el documento, que debe estar acorde con el plan de desarrollo presentado por el alcalde del municipio, Tulio González.En otra acta de junta directiva también se puede ver como es rechazado el presupuesto que presentó a la gerente Mariño para el 2014. Entre otras razones porque es una copia del ejecutado en 2013 y no fue ajustado ni actualizado. Mariño dice que eso también es falso y que “desde octubre de 2013 presenté un borrador al Confis de lo cual tengo todos los soportes documentales, pero la Junta Directiva me está poniendo todo tipo de trabas, porque estoy en medio de una disputa política, por eso no hemos podido hacer gestión ni pagar las cuentas, como energía y agua, tampoco algunos proveedores, es que el hospital se lo tomaron de manera ilegal y no entiendo por qué el alcalde no asume las medidas para recuperar el manejo de la entidad”.Otro punto álgido que enfrenta a los trabajadores con la gerente es el uso que le dio a una camioneta Hilux propiedad del hospital y cuya misión es llevar al personal de salud a la zona rural del municipio. “Al mes de posesionada resolvió quitar los emblemas del centro médico, polarizarla y usarla para su transporte personal. Ahora la camioneta esta en el parqueadero inutilizada por falta de mantenimiento”, dicen varios de los funcionarios entrevistados.La gerente explicó en su momento que necesitaba ese vehículo por seguridad pues había sido amenazada. Pero nadie corrobora esta versión.Mariño también afirmó que la usó para su gestión administrativa con permiso de la Junta Directiva. “Una vez se la robaron, en el tiempo que estuvo en manos de los ladrones sufrió un accidente y me quieren echar la culpa”.Debido a estas denuncias unas cien personas se mantienen en asamblea permanente en el interior del centro hospitalario. Sin embargo, según explicó el vicepresidente del sindicato, “se está garantizando la prestación de los servicios en el área de urgencias al igual que en consulta prioritaria. La protesta se mantendrá hasta que se retire del cargo a la gerente Mariño”.La gerente Mariño aceptó conocer a Murgueitio, “fuimos compañeros de clase”, pero negó estarlo favoreciendo y su participación en hechos irregulares.Carlos Santander, delegado de la Contraloría, anunció que seguirá adelante con las pesquisas. El País buscó durante una semana a Tulio González, alcalde de Florida para conocer su versión de los hechos, pero no contestó los mensajes dejados en su celular.