Polémica: ¿pagar otro impuesto para financiar seguridad en el Valle?

Polémica: ¿pagar otro impuesto para financiar seguridad en el Valle?

Julio 15, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País
Polémica: ¿pagar otro impuesto para financiar seguridad en el Valle?

Posiciones encontradas generó la propuesta de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y que se haría vía factura de energía. Estas son las posiciones sobre la idea.

Posiciones encontradas generó entre políticos, mandatarios, usuarios de servicios públicos y empresarios la propuesta de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, de cobrar un impuesto, vía factura de energía, con el fin de crear un fondo para garantizar la seguridad en el departamento.

Se trata del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonset, que sería financiado a través de una tarifa mensual sobre el consumo de este servicio, que dependería del tipo de predio y el estrato al que esté suscrito el usuario.

De esta forma, según el proyecto de ordenanza, los predios residenciales estrato 4 pagarían  1 %; los  de estrato 5, el 2 %; y los  de estrato 6, el 3%. Así mismo, los predios industriales contribuirían con el 6%, los comerciales con el 4 %, los oficiales aportarían el 2 %, los usuarios no regulados el  8 % y los autogeneradores y cogeneradores también pagarían el 8 %. Esta medida no cobijaría a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3.

Lea también: Polémica por solicitud de la Gobernación a la Asamblea de aprobación de millonario préstamo

Con este nuevo cobro, la Gobernación estima que se pueden recaudar $ 4.000 millones anualmente, que serían invertidos en programas e infraestructura que refuercen la seguridad en el departamento.

Según estimaciones de la Secretaría de Gobierno del Valle, con base en información del Sistema Único de Información de Servicios Públicos, en el departamento hay un total de 1.205.137 predios proyectados, de los cuales 175.882 residenciales aplicarían  al cobro y otros 93.453 no residenciales también pagarían. 

[[nid:556265;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/270x/2016/07/fondo_seguridad_tasa.jpg;left;{}]]

De acuerdo con los registros de Epsa, que brinda el servicio de energía en 39 municipios (exceptuando Cartago, Yumbo y Cali), la empresa tiene 30.070 usuarios en estratos 4, 5 y 6. El País conoció que  en Argelia, Florida, Toro y El Cairo no hay usuarios residenciales adscritos a dichos estratos. Entre clientes industriales y comerciales, Epsa cuenta con un total de 29.797 usuarios.  

Por su parte, Emcali reporta un total de 133.547 usuarios residenciales de estratos 4, 5 y 6; mientras que los suscriptores industriales y comerciales suman 51.835.

Polémica por nuevo cobro

El inicio del estudio del  proyecto de ordenanza en la Asamblea generó una polvareda de críticas por parte de fuerzas vivas del departamento, como políticos, empresarios y dirigentes. No obstante, la Gobernación defiende la adopción de la tasa para soportar el fondo para garantizar la seguridad.  

La Mandataria de los vallecaucanos aseguró que el proyecto es bien intencionado, pues busca mejorar los indicadores y la percepción ciudadana sobre la seguridad. Además, contempla sacar del atraso tecnológico al departamento para enfrentar de mejor forma los fenómenos de inseguridad y fortalecer las herramientas de las autoridades en torno a este tema.

“Es nuestro propósito disminuir la inseguridad que está afectando al departamento. Sabemos que las comunidades están siendo afectadas por los hurtos a personas, motocicletas y celulares. El Valle está atrasado tecnológicamente y por eso hemos establecido una tasa al consumo de energía eléctrica que no van a pagar los estratos 1, 2 y 3. Estos recursos serán exclusivamente para mejorar la tecnología y la seguridad”, aseguró Toro.

En ese sentido, la secretaria de Gobierno del Valle, Noralba García, indicó que “dependiendo de los recursos hay que hacer el centro de comando y control del departamento, organizar el comando operativo, implementar tecnología para la seguridad y programas de convivencia en los municipios. Esta tasa ayudará a financiar proyectos estratégicos, como los CAI móviles en los municipios y no  por regiones, como se hace actualmente”.

García añadió que el fondo para la seguridad que actualmente opera en el departamento cuenta con un presupuesto estimado en $1000 millones, que son financiados con una contribución del 5 % de los contratos de obra pública y el 2,5 por mil del valor total del recaudo bruto que generan las concesiones de construcción y mantenimiento de vías del Valle.

De otra parte, la diputada Mariluz Zuluaga indicó que “estamos en un momento en el que requerimos inversión en seguridad, pero es importante que la gente tenga claridad en qué se va a gastar el recaudo proyectado”.

 La diputada Juana Eloísa Cataño remarcó que “es irresponsable tratar de imponer una tasa mensual sin ser socializada, en medio de las condiciones económicas que atraviesa el país y seguir afectando el bolsillo de la gente. Preocupa que este impuesto no parece ser transitorio ni estar amarrado a resultados de las autoridades, lo que lo podría convertir en otro cuatro por mil o el impuesto de guerra”.

 Al respecto, el alcalde de Cali, Norman Maurice Armitage, indicó que “aumentar más los impuestos o subir el precio de la energía a la industria y el comercio sería ahuyentar a los empresarios y perder muchos empleos. Los recursos hay que conseguirlos tratando de corregir la corrupción que hay en la Nación, el Departamento y el Municipio. Hay que buscar el dinero  con eficiencia, no cobrándole más a la gente”.

"Con la tasa la idea no es que haya más inversión en unos municipios que en otros, sino fortalecer los corredores de seguridad para que la estrategia sea integral”, Noralba García, secretaria de Gobierno del Valle

El gerente seccional de la Andi, Gabriel Velasco, indicó que con la tasa propuesta por la Gobernación se “castiga” al sector industrial y que las implicaciones de dicho impuesto impacta la competitividad.

Explicó, además, que de implementarse el nuevo tributo, una compañía real y vallecaucana que consume $23.000 millones anuales de energía, pagaría más de $1600 millones, casi el 40 % de sus utilidades.

VER COMENTARIOS
CONTINÚA LEYENDO
Publicidad