Otros efectos del fallo de la Contraloría contra funcionarios de la Gobernación del Valle

Otros efectos del fallo de la Contraloría contra funcionarios de la Gobernación del Valle

Marzo 29, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País
Otros efectos del fallo de la Contraloría contra  funcionarios de la Gobernación del Valle

De acuerdo con el fallo, la Contraloría traslada a la Procuraduría la decisión para que investigue las conductas del excontralor del Valle Carlos Hernán Rodríguez y el gerente encargado de la ILV Marco Aurelio Puentes.

Sancionados tendrán que pagar o sus bienes serán ejecutados. Alcalde de Florida también sería suspendido.

Pese a que la responsabilidad por la sanción fiscal que impuso la Contraloría General de la República a los implicados en el detrimento patrimonial a la Industria de Licores del Valle ha recaído sobre el gobernador Héctor Fabio Useche, el fallo también contempla duras sanciones a los otros 17 implicados.Para todos los casos, la Contraloría estableció que las faltas se dieron a “título de culpa grave” por las actuaciones que tuvieron cada uno de los responsables en el detrimento de la Licorera, tasado en más de $40.000 millones. Entre ellos doce personas naturales y seis empresas.Sin duda, señalan los analistas, quienes sentirán de manera inmediata y contundente los efectos de la sanción fiscal serán el gobernador del Valle, Héctor Fabio Useche, y el alcalde del municipio de Florida, Donney Ospina, porque son quienes ejercen como servidores públicos.Y es que al igual que el gobernador Useche, el exgerente de la Licorera y actual Alcalde de Florida deberá apartarse del cargo tan pronto quede en firme la sanción que interpuso la Contraloría porque en ambos casos, aparecerían en el nuevo boletín de responsables fiscales como deudores del Estado.Para los especialistas es claro que en el caso de Donney Ospina, quien ayer habría solicitado a la Contraloría General una aclaración del fallo, también se debe nombrar a un alcalde encargado, que lo designaría quien remplace a Useche, mientras se cumple el plazo establecido para el pago de la deuda o se convoca a elecciones. No obstante, la contralora general, Sandra Morelli, ha planteado esta semana un dilema al asegurar que así se pague la deuda, los funcionarios públicos no podrán regresar a sus cargos porque la inhabilidad en la que incurrieron “no es saneable”.Opinión de la que discrepan varios abogados que consideran que el pago de la multa libera la responsabilidad, aunque coinciden en que la norma puede prestarse para diversas interpretaciones.De acuerdo con el Código Disciplinario Único, en su Artículo 38: “Quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. Esta inhabilidad cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General excluya al responsable del boletín de responsables fiscales”.No la tienen nada fácilEl hecho de que la Contraloría General de la República haya cambiado el fallo para la segunda instancia y estableciera que el pago del monto del detrimento patrimonial debe hacerse de manera solidaria y compartida, ha dejado en una situación más complicada de lo que parece a todos los involucrados. Para el abogado administrativista Fernando Jordán la sanción pueden hacerla efectiva contra uno de ellos o contra todos porque “al Estado lo que le interesa en este momento es que le paguen”.“Esta sanción tiene dos efectos: para el funcionario público tiene el efecto de que por ser deudor moroso se le genera un problema de una inhabilidad sobreviniente. Y para el mismo funcionario, para los que no están ejerciendo cargos públicos y para las empresas que fueron sancionadas con la medida, pues tienen que pagar directamente o el Estado tiene que entrar a ejecutar”, indicó Jordán.Otro reconocido abogado en el tema administrativo aseguró que “la sanción fiscal que impuso la Contraloría a los responsables del detrimento patrimonial en la Industria de Licores del Valle debe preocupar a todos por igual.“Esto no es de que no pago y que no vuelvo a contratar con el Estado ni a ejercer cargos públicos y listo. Tan pronto esa sentencia quede ejecutoriada, equivaldrá a un título ejecutivo. Con ese título ejecutivo el Estado, mediante un proceso coactivo, le van a caer a las empresas si tienen activos y a las personas naturales si tienen propiedades. Ellos tienen dos meses para pagar y si en ese tiempo no lo hacen, vendrán los cobros coactivos, los embargos y los remates”, dijo el jurista.Además de Useche y Ospina, los otros responsables del detrimento a la Licorera del Valle son: el exgobernador Juan Carlos Abadía, Juan Pablo Muñoz, Raimundo Tello, Luis Telmo Rojas, Luis Alfredo García, Luis Humberto Castrillón, Paula Andrea Martínez, Ezequiel Lenis, Édgar Salazar y Édgar Doronsoro.Otro abogado fue más allá y aseguró, en relación a las empresas sancionadas y que continúan vinculadas mediante contratos con la ILV, que deben cesarse los contratos con ellas.El jurista explicó que al Artículo 9 de la Ley 80 dice que cuando hay inhabilidad sobreviniente del contratista, éste queda inhabilitado para seguir ejecutando el contrato. Sin embargo, existe la posibilidad de cederlo con autorización de la empresa contratante. De no darse eso, debe renunciar a la ejecución del mismo. Las seis empresas sancionadas son: Agropecuaria Los Robles, Empresa Encargo Logístico Integral, Empresa Salazar Transportes Unidos, UT Comercializadora Logística Integral S.A., Empresa Comercializadora Logística Integral, UT Comercializadora Logística Integral S.A.S., socias del distribuidor.(Lea aquí el editorial de El País solicitando la renuncia de Héctor Fabio Useche a la Gobernación del Valle)Consulte fallo en segunda instancia contra Useche por caso de la Industria de Licores del Valle

VER COMENTARIOS
CONTINÚA LEYENDO
Publicidad