Nada hay seguro con la tierra prometida del centro del Valle del Cauca

Abril 28, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Unidad Investigativa
Nada hay seguro con la tierra prometida del centro del Valle del Cauca

Dificultad. James Londoño, presidente de Ecoupalt, ha tenido que sortear el lío de la entidad por ensayar un modelo fallido de administración que sólo opera el 30% de los predios.

Revocar títulos de adjudicación de 1.600 hectáreas de Sandrana y Samaria acabaría laboratorio de paz. James Londoño, presidente de Ecoupalt, ha sorteado el lío de la entidad por ensayar un modelo fallido de administración que sólo opera el 30% de los predios.

Los de menos dijeron que era un ‘caigamos juntos’. Otros, que se trataba de un coctel explosivo imposible de mezclar. Pero cuando el Gobierno Nacional puso a andar la adjudicación de 1.600 hectáreas hace seis años, lo definió como un laboratorio de paz porque bajo un mismo techo vivirían desplazados, desmovilizados y campesinos sin tierra.Ese temor estuvo suspendido sobre la hacienda Sandrana y Samaria desde antes de que arrancara el proyecto, ya que se trata de las tierras más productivas del centro del Valle expropiadas al abatido narcotraficante José ‘Chepe’ Santacruz en el 2005, y de todas las implicaciones que conllevaba que su posesión pasara a manos de víctimas y victimarios.Y aunque se ha desinflado la prevención por la extraña mezcla de los 181 beneficiarios iniciales del proyecto agrícola comunitario a desarrollarse en las 991 hectáreas aptas para el cultivo de caña (el resto es área amortiguadora del río Cauca), el sino trágico que acompañó esta planicie, bañada por el río Cauca y enclavada entre Buga y San Pedro, no desaparece.En un principio el riesgo que pendía sobre la explosiva fórmula se avivó con la muerte violenta de una docena de beneficiarios entre 2007 y 2009.Entonces se dijo que esos homicidios se produjeron a raíz de diferencias irreconciliables entre los mismos adjudicatarios del terreno. Se llegó a rumorar que “se estaban matando entre ellos”.Fue así como se esparció ese halo misterioso y trágico que ha acompañado a Sandrana y Samaria desde que los 36 predios que la componen fueron unidos por el poder de quien fuera el tercer hombre al mando del cartel de Cali.Sin embargo, el tiempo mostró que fueron consecuencias sobrevinientes y puntuales relacionadas con las actividades previas de las víctimas, ya que algunas de ellas persistieron en conductas al margen de la ley.A la dificultad que implicaba la convivencia de unos beneficiarios (83 desplazados, 50 desmovilizados y 48 campesinos) con diferencias supuestamente irreconciliables, se sumó el error en la adjudicación.Simultáneo al trámite inicial, tanto el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, Incoder, entidad adjudicataria, como los mismos beneficiarios, se percataron de errores insalvables en el proceso mientras se persistiera con el proyecto tal como había arrancado.La desconfianza de los favorecidos estuvo a punto de dar al traste con el anhelado laboratorio de paz porque la solución implicó que renunciaran a la adjudicación inicial. Algo a lo que se resistían. El 28 de diciembre del 2006 se les adjudicó definitivamente.Empero, el aumento de favorecidos, a 195, y el recorte de un predio en el total del terreno generó nuevas quejas y peticiones de los afectados.Según sostiene James Londoño, presidente de la junta actual de Ecoupalt, la empresa comunitaria creada por los beneficiados para manejar el proyecto, la respuesta del Incoder fue rechazar la figura de contratación con los ingenios. Todo un contrasentido, porque la entidad entregó las tierras ya contratadas.Londoño argumenta que “además de ser un laboratorio de paz es un proyecto diferente a los demás que ha adjudicado el Incoder, pero eso no lo hace inviable”.La objeción que se maneja al interior del Instituto es que los beneficiarios no trabajan la tierra, razón por la cual no se ajusta al principio de la política del Gobierno que encarna el organismo. Sin embargo, la oposición en Incoder estuvo presionada porque la Contraloría General de la República inició un proceso contra esa entidad por desatender las advertencias que hiciera sobre el proyecto.“... se les entregaron predios con cultivos de caña ya existentes y en explotación (…) los adjudicatarios están recibiendo un arriendo por la explotación que realiza el ingenio sin que estén viviendo en el predio (…) el Instituto estaría en el deber de (…) exigir su devolución y recuperar los predios entregados en forma irregular”, rezan apartes del informe de la Contraloría reportado en el 2008, ratificado en 2010 y vigente a la fecha, según el sitio web del organismo de control.Como consecuencia, Incoder realizó una auditoría a Ecoupalt, que entre otras conclusiones precisó que “no existe contabilidad alguna, no se han presentado estados financieros a consideración de la asamblea y los dineros se manejan en efectivo. Los pagos de caña los hacen a través de cheques, pero a nombre del representante legal, a través de una persona natural, y no a nombre de la empresa Ecoupalt, situaciones que podemos considerar de aberrantes e insólitas”.Expertos y conocedores de la problemática sostienen que “Incoder adjudicó sin ninguna capacitación y en vez de acompañamiento ha descalificado”.Insisten en que “se debe a la inestabilidad en el manejo del organismo y a la presión y necesidad que hay sobre el programa de restitución de tierras que conlleva la aplicación de la ley de víctimas”.Empero, Londoño acepta que las observaciones del Incoder son ciertas “porque empezamos desorganizados, pero estamos corrigiendo los reparos del Incoder. Un error es que no hemos podido producir al 100% y nos hemos limitado a apagar incendios”.El directivo hace referencia a las nuevas tragedias que Sandrana y Samaria ha afrontado últimamente.“En 2008 empezamos a estabilizarnos económicamente con dos contratos de cuentas en participación donde el riesgo y los ingresos son compartidos, pero llega el fenómeno del Niño, luego el invierno del 2010 que repite en 2011”.“Se perdieron bajo el agua 658 hectáreas sembradas en caña”, asegura Londoño. Por efectos de la ola invernal, 300 hectáreas aún permanecen inundadas.La apreciación es ratificada por Álvaro Gómez, jefe de Ingeniería Agrícola del Ingenio Pichichí, una de las dos empresas con las que Ecoupalt tiene contrato vigente (Trapiche Alsacia es la otra). Plantea que el proyecto de Sandrana y Samaria en manos de los beneficiarios es viable, pero le ha faltado acompañamiento.“Está más cerca de ser una buena práctica, pareciera que son errores de forma que se pueden corregir”, sostiene.Gómez precisó que para sortear la objeción del Incoder se ha planteado que la mano de obra que requieran los contratos la suministren los mismos asociados.Desde enero comenzaron a correr los 90 días que Incoder dio a Ecoupalt para subsanar las fallas. Sus 195 beneficiarios se apuran para erradicar de una vez por todas el sino trágico que los ha acompañado y que nos les quiten las tierras.

CONTINÚA LEYENDO
Publicidad
VER COMENTARIOS
Publicidad