Municipio repondrá dineros de proyecto de reubicación

Un total de 196 familias de Los Ángeles y San Agustín recibirán un millón de pesos adicional a lo previsto.

Tras irregularidades detectadas en el proyecto de reubicación de 500 familias que habitaban en zonas de riesgo en Cartago, la actual Administración deberá cubrir un déficit de $196 millones.El dinero provendrá de los recursos propios del Municipio y se destinará a apoyar a 196 familias de los sectores de Los Ángeles y San Agustín, quienes hacen parte del programa inicial, pero no cuentan con recursos para pagar sus viviendas.Ese es el ‘hueco’ que cubrirá la Administración, luego de que no se concretara el apoyo de la Gobernación del Valle, pues el convenio para la reubicación se declaró nulo en enero del 2008 ante las múltiples irregularidades que presentaba.Carlos Augusto Duque, gerente del Incavi, señaló que a su llegada encontró a 327 familias -de las 500- con una carta cheque, pero sin lote ni dinero para la infraestructura de servicios públicos, salvo el convenio asociativo con Milton Oviedo para construir las viviendas.Dicho documento fue firmado cinco semanas antes de finalizar el 2007 por Jaime Escandón -quien para la fecha ya no era gerente del Incavi-, pero sin ser aprobado por la Junta Directiva del Instituto y sin licitación, pese a que su monto superaba los $4.000 millones.La abogada Diana de Gómez, quien para la época era asesora jurídica del Incavi, indicó que a este convenio no se le dio el visto bueno y que aún así fue firmado. Jaime Escandón, por su parte, aseguró que lo que hizo fue pasar el proyecto para gestionar los subsidios en el 2006, que se estaba definiendo el lote y que la idea del entonces alcalde Luis Alberto Castro era hacer un traslado presupuestal para el proyecto.Sin embargo, Castro fue destituido de su cargo en junio del 2007, lo que indica que la fecha del convenio fue modificada, según la propia abogada.Lo cierto es que cientos de familias, como la de María Isabel Giraldo, esperan que la actual Administración haga lo necesario para que ellas no vayan a perder sus viviendas, ante las altas cuotas que deberían pagar.